El pasado 14 de octubre la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a Luis Rivera como presunto “cobrador” de sobornos en la aduana de Reynosa. Éste es uno de los operadores de José Ramón Gómez Leal, exsuperdelegado de la 4T en Tamaulipas y actual jefe estatal de Morena, partido por el que espera ser candidato a gobernador en las elecciones del próximo año. Pero la UIF también relaciona a Rivera con una supuesta red de lavado de dinero que implica al mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuñado de Gómez Leal.
El pasado 14 de octubre, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fue designado dirigente de Morena en Tamaulipas, Luis Rivera, uno de sus operadores, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante un Ministerio Público federal.
Los delitos que la UIF pretende se le imputen son: “Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, todos relacionados con el llamado “huachicol fiscal” en las aduanas, consistente en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando con eso el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La operación era facilitada por personal aduanero.
El caso de Rivera, a quien se atribuye la recaudación de sobornos, es apenas el primer avance de una indagatoria que involucra a morenistas de Tamaulipas, a la Administración General de Aduanas (AGA) antes de su ocupación por personal de la Armada, así como a funcionarios relacionados con los programas sociales y que intersectan con las indagatorias al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Hasta el pasado septiembre Gómez Leal se desempeñaba como coordinador estatal de Programas de Desarrollo, es decir, “como “superdelegado”, la figura destinada a concentrar en una misma persona todas las funciones del gobierno.
Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien en diciembre de 2019 desestimó el hecho de que José Ramón –quien es apodado con sus iniciales, El JR, y así se hace llamar en sus redes sociales– fuera cuñado del gobernador García Cabeza de Vaca. El mandatario admitió, en la mañanera del 4 de diciembre de aquel año, que, en efecto, son familiares, pero “para decirlo con claridad: están peleados”.
Gómez Leal ya hizo público su interés de ser postulado por Morena como candidato a gobernador el próximo año. El primer paso es haberse convertido en el nuevo dirigente del partido en Tamaulipas, merced a la operación de Gabriel García Hernández, el senador y excoordinador general de Programas de Desarrollo, y su subordinado, Alejandro Peña, con aval del dirigente Mario Delgado.
La designación motivó la inconformidad de algunos miembros del Comité Nacional, entre éstos la de la secretaria de Organización del partido, Xóchitl Zagal.
Y es que entre morenistas, así como entre la clase política de Tamaulipas, El JR es considerado el “plan B” de García Cabeza de Vaca, cuyo hermano, el senador Ismael, a su vez, aspira a la candidatura del PAN, aunque con oposición interna por el escándalo de corrupción que tiene al actual mandatario frente a la posibilidad de un desafuero para enfrentar diversos delitos en los que la Fiscalía General de la República (FGR), debido al fuero constitucional, no ha podido avanzar.
Movimientos financieros
Una investigación del estadunidense FBI puso sobre la pista de García Cabeza de Vaca a la UIF, dado que el caso consiste en rastrear una red de lavado de dinero.
La dependencia, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha presentado tres denuncias desde julio de 2020, a partir de la información que ha recabado sobre movimientos financieros.
La primera de esas denuncias fue con base en el expediente DEN-UIF-65-2020, presentada el 28 de julio de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por una serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales vinculadas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Ese caso involucra, además del gobernador, a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario identificado por la FGR y la UIF como testaferro del primero y quien fue detenido el pasado 1 de julio en Texas para ser entregado a las autoridades mexicanas, que lo tienen vinculado a proceso.
En ese mismo caso figuran Francisco Javier Tamez Arellano y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, así como las razones sociales Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, T Seis Doce, Bluelimit Comercial e Inmobiliaria RC de Tamaulipas.
El segundo caso fue presentado ante la misma FEMDO el 27 de noviembre de 2020, con base en el expediente DEN-UIF-120-2020, en el que se acredita una riqueza personal del aún gobernador tamaulipeco por el orden de 104 millones de pesos, cuando sus ingresos reportados a lo largo de 20 años suman sólo 21 millones de pesos.
Finalmente, una tercera denuncia fue presentada el pasado 22 de enero, con base en el expediente DEN-UIF-004-2021, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, en tal caso, se trata de una serie de contrataciones públicas que implicarían daño al erario de Tamaulipas.
El primero de los casos es el que coincide con las investigaciones del FBI. Aunque la UIF presentó la denuncia en julio de 2020, mantiene líneas de investigación abiertas que le llevaron al aseguramiento y retención de las cuentas bancarias de El JR en mayo pasado, una acción inusitada pues aún era representante del gobierno federal en Tamaulipas; por cierto, uno de los más cercanos al coordinador nacional de Programas de Desarrollo, Gabriel García Hernández.
Según testimonios recogidos por el reportero a condición de anonimato, fue el propio García Hernández quien influyó en Aduanas para que desde el inicio de la administración el superdelegado tamaulipeco recomendara a los jefes aduanales de Nuevo Laredo y Reynosa.
La trama aduanera
Desde abril, cuando estaba iniciando la operación de la Secretaría de Marina, el titular de la AGA, Horacio Duarte Olivares, dio a conocer la numeralia de expedientes abiertos y señaló directamente el reto que suponía el creciente “huachicol técnico”, o “huachicol fiscal”, que sucedía en Reynosa.
El propio Duarte Olivares informó, el pasado 23 de abril, que ya habían cesado a 32 administradores de aduanas, mientras que en las ciudades fronterizas tamaulipecas la Secretaría de Marina había tomado el control. Además, dijo que otros 17 administradores estaban bajo investigación de la UIF y la FGR.
Las primeras 32 investigaciones se relacionan con funcionarios designados durante el primer año de gobierno; es decir, cuando Ricardo Peralta se desempeñó como titular de la AGA antes de convertirse en subsecretario de Gobernación, cargo del que salió en agosto de 2020 por circunstancias jamás esclarecidas.
En tanto, de los 17 administradores aduaneros restantes destacan tres jefes tamaulipecos: Ricardo Díaz de la Serna, exjefe en Nuevo Laredo; Luis Iván Carmaño y Fernando Guzmán Delgado, quienes estuvieron al frente de la aduana de Reynosa, la más identificada por el tráfico de hidrocarburos.
El Financiero publicó el pasado 11 de mayo que las investigaciones sobre los mencionados exadministradores de aduanas, destacadamente en el caso de Reynosa, se relacionaban precisamente con denuncias por la recolección de sobornos realizada bajo instrucciones de José Ramón Gómez Leal.
En esa línea de investigación Luis Rivera habría sido identificado como el presunto “cobrador” en Reynosa y, por las pruebas obtenidas, fue el primero en ser denunciado ante la FGR el pasado 14 de octubre.
Asimismo, Rivera, junto con otra persona identificada como Marcos Guerra, se relaciona con una supuesta red de lavado de dinero que implica tanto a García Cabeza de Vaca como a 10 personas más, entre ellas varios familiares que actuaban a través de 18 razones sociales.
El primer lance de las autoridades mexicanas involucraba al gobernador de Tamaulipas, así como a su esposa, Mariana Gómez Leal; a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez; y a sus hermanos, José Manuel e Ismael.
José Ramón no sólo es cuñado del gobernador Francisco Javier y del senador Ismael García Cabeza de Vaca, también es primo de quien hasta septiembre se desempeñó como presidenta municipal de Ciudad Victoria, la panista María del Pilar Gómez Leal, quien dejó el cargo el 30 de septiembre, el mismo día que El JR dejó la “superdelegación”.
Para relevarlo como superdelegado llegó el 1 de octubre Rodolfo González Valderrama, político tampiqueño que fue subalterno de Otto Granados Roldán en la coordinación de Comunicación Social del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Adoptado por el grupo político de Ricardo Monreal, González Valderrama se convirtió en titular sustituto de la alcaldía Cuauhtémoc para terminar su periodo en 2018 y transitar por el gobierno lopezobradorista como director de Radio, Televisión y Cinematografía.
González Valderrama será incluido en la encuesta de Morena para elegir candidato a la gubernatura, como parte de la lista que incluye a los cinco aspirantes: el diputado local Armando Zertuche, el diputado federal Erasmo González, el senador Américo Villarreal y José Ramón Gómez Leal, quien por ahora, indemne al escándalo familiar y persistente en deslindarse de su cuñado, es el nuevo dirigente del partido en esa entidad.
