Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, antecedente del Fonsabi, tenía un presupuesto robusto, pero de 2019 al primer semestre de 2021 se redujo 37.2%. Para 2022 el panorama es todavía más crítico: en su artículo decimocuarto transitorio, la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación propone que durante el primer semestre de 2022 el remanente del patrimonio de ese fondo se concentre en la Tesorería de la Federación y se utilice para la adquisición de vacunas y los gastos de operación asociados. Ello dejará en el desamparo a los enfermos de tercer nivel.
Sin un programa o plan que garantice los recursos para la atención de 66 enfermedades de alto costo para las familias mexicanas, como el VIH o diferentes tipos de cáncer, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está a punto de agotar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
La alerta se prendió cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2022, el cual contiene la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF).
En su artículo decimocuarto transitorio, la ILIF establece que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) instruirá a la institución fiduciaria del Fonsabi para que durante el primer semestre de 2022 concentre en la Tesorería de la Federación (Tesofe) el remanente del patrimonio de ese fondo, que antes de la llegada de la 4T era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).
El FPGC era parte del Sistema de Protección Social en Salud y buscaba otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del entonces Seguro Popular.
Con la ILIF 2022, los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan del remanente y que se concentren en la Tesofe se destinarán prioritariamente a la SHCP para la adquisición de vacunas y los gastos de operación asociados; para los requerimientos derivados de la atención a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, así como para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud.
De acuerdo con el artículo 77 bis de la Ley General de Salud (LGS), cuando el Fonsabi acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el PPEF para el ejercicio fiscal del año en turno, como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesofe o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar.
Los recursos acumulados en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos.
De acuerdo con la LGS, el Fonsabi es un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el Insabi funge como fideicomitente, y que tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a los siguientes rubros:
La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; las necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social; así como complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
Se trata de 66 intervenciones de padecimientos de alto costo como algunos tipos de cáncer, trasplantes, el VIH, malformaciones congénitas o adquiridas.
Las advertencias
De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el saldo del Fonsabi rondaba los 66 mil 475 millones de pesos este segundo trimestre de 2021, lo que significa una disminución de 34.8% respecto al saldo de 2020, que era de 101 mil 974 millones. Aunque gran parte lo utilizó el gobierno de López Obrador en la adquisición de vacunas contra el covid-19.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos crecieron de manera sustantiva; en 2012 eran de 41 mil 70 millones de pesos; para 2019, al inicio del gobierno de López Obrador, la cifra ascendió a 105 mil 873 millones, ya constituido como Fonsabi.
Ya bajo el gobierno de la 4T, el Seguro Popular dejó de existir y el Fonsabi se redujo 37.2% de 2019 al primer semestre de 2021.
Es por esa razón que organizaciones de la sociedad civil de lucha contra el cáncer y otras fundaciones pusieron el dedo sobre el renglón.
En primer lugar advirtieron en un comunicado que si bien es necesario atender la pandemia, esto no debe hacerse con los recursos destinados a cubrir las enfermedades de alto costo de pacientes del Insabi, quienes no cuentan con un esquema de seguridad social. “La disminución sustancial del patrimonio del fondo pone en riesgo la atención actual y futura de pacientes”, acotaron.
Resulta “preocupante” que las tres reformas recientes del Fonsabi sólo se hayan centrado a disponer de sus recursos sin fortalecerlo.
El comunicado se refiere a tres reformas aprobadas en los dos últimos años, que toparon el monto anual que el fondo puede gastar y/o acumular –estableciéndose en 32 mil millones de pesos– y permitieron al gobierno disponer del excedente de este monto.
De hecho, en dos años, por ley, se ordenó retirar del fondo hasta 73 mil millones de pesos, etiquetándolos para el Insabi y/o la compra de vacunas de covid-19, desconociéndose hasta la fecha cuánto de ese monto ya se ha erogado.
Si bien la existencia del fondo es positiva, su cobertura es aún limitada, pues en las enfermedades que sí son financiadas hay umbrales de edad para el acceso y existen ciertos padecimientos de alto costo que aún no son financiados por el mismo.
De ahí surge un dato revelador: en los últimos dos años el gasto ejercido para financiar enfermedades de alto costo se redujo, pasando de 7 mil 715 millones de pesos en 2018 a 5 mil 642 millones en 2020, lo que significa una disminución de 27%.
Esto significa que cada vez se realizan menos intervenciones y se dan menos tratamientos a pacientes del Insabi con enfermedades de alto costo cubiertas por el fondo.
Los descobijados
La coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, Judith Senyacen Méndez, sostiene que el debilitamiento de recursos del Fonsabi deja descobijados a quienes se atienden en hospitales de tercer nivel.
“Estamos invirtiendo en el primero y segundo nivel de atención, y lo que está quedando totalmente descobijado es el tema del tercer nivel de atención. Todas estas enfermedades de especialidad no encontramos cómo se van a financiar. Ahora también se está hablando del impulso que se le quiere dar a IMSS Bienestar, que está enfocado en primer nivel y algunas cosas del segundo nivel de atención”, explica en entrevista con Proceso.
Agrega que “todas estas intervenciones como vacunas no necesariamente son malas, pues resultan efectivas para evitar una enfermedad mayor. Sin embargo, la mayor presión a las finanzas públicas proviene de estas enfermedades crónicas que no están siendo protegidas ahora y tampoco por el Insabi.
La especialista advierte que “no hay medidas que puedan ser sostenibles o de largo plazo, no estás haciendo una reforma dentro del sistema fiscal que priorice al sector salud. Nosotros comentábamos que era una buena decisión tener mayor presupuesto para el sector salud, cosa que no habíamos visto en años anteriores, pero a vacunas y a primer nivel. No hay una reestructura y no se está pensando en cómo se va a invertir más en salud en niveles más altos”.
Las organizaciones civiles, por su parte, aseguraron que lo incluido en la ILIF 2022 aún deja varias dudas.
Por ejemplo, a cuánto asciende exactamente el remanente que quieren retirar y cómo se podrá dar seguimiento a la ejecución, gasto y destino del mismo, una vez que sea enviado a la bolsa común de la Tesofe.
De acuerdo con el documento Fondo de salud para el bienestar: cobertura y costos, elaborado por el CIEP, exceptuando el tratamiento de VIH/SIDA, la cobertura de los diferentes cánceres incluidos en el estudio es menor a 50% y que para cubrir la totalidad de casos, tras considerar la reciente creación del Insabi y el aumento en la población que podría requerir los servicios de tercer nivel, serían necesarios 27 mil 004.68 millones de pesos anuales, 4.67 veces más del presupuesto que se destinó en 2018.
“Al reto de la cobertura de atención es necesario considerar las condiciones coyunturales en relación con la reciente creación del Insabi y al covid-19, ambas impactan el saldo acumulado del fondo”, acota el documento.
Pese a que el gobierno federal plantea un gasto en salud de 794 mil millones de pesos para 2022, que implica un aumento de 15.2% respecto a 2021, el CIEP dejó claro: “Si bien existe un incremento presupuestario cercano a cuatro décimas del PIB, tiene el riesgo de no repetirse en el corto plazo, debido a que una parte del financiamiento proviene del Fonsabi, el cual no es una fuente recurrente de recursos y no se plantean cambios que impacten el espacio fiscal disponible para salud”.
Proceso solicitó una entrevista con las autoridades del Insabi para conocer el estado financiero que guarda el Fonsabi, así como una postura sobre la alerta de las organizaciones y fundaciones dedicadas al tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
