En el pleito de los millonarios Jenkins está en juego el futuro de la Universidad de las Américas Puebla, de cuyo patronato formaron parte antes de ser demandados por el primogénito, Guillermo Jenkins, debido a que presuntamente se apropiaron de casi todo el patrimonio de la fundación que lleva su apellido y lo trasladaron a paraísos fiscales. Los hermanos, ya con órdenes de aprehensión, acudieron a un bufete legal de Washington y amenazan con demandar a México en el marco del T-MEC por “persecución” de autoridades federales y estatales contra ellos, en su calidad de “inversionistas estadunidenses”.
PUEBLA, Pue.- Los hermanos Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa se asumieron como inversionistas estadunidenses y en esa calidad notificaron al gobierno de México de su intención de reclamar una indemnización por “cientos de millones de dólares” en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del T-MEC.
En el documento, entregado a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, acusan que tanto ellos como las fundaciones Mary Street Jenkins (FMSJ) y de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) son “víctimas de una campaña de represalias” de autoridades federales y estatales.
La supuesta persecución incluye la toma del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que se mantiene desde el 29 de junio, y aseguran que les ha causado “pérdidas significativas” en honorarios legales, daños a la reputación, oportunidades de inversión, pérdidas y propiedades confiscadas.
Por ello, los hermanos Jenkins piden al gobierno federal someterse a un arbitraje internacional en el que diriman “amigablemente” las controversias en negociaciones con los representantes del Estado mexicano, o bien, advierten, activarán su reclamo de una millonaria indemnización.
“Hasta la fecha, estos daños ascienden a cientos de millones de dólares, pero sin duda aumentarán si México toma nuevas medidas”, expone el escrito, que la familia presentó el 8 de julio invocando el capítulo 11 del TLCAN, y volvió a enviar el 16 del mismo mes con una enmienda: se refiere también al Anexo 14-C del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Para interponer este recurso los hermanos, quienes cuentan con al menos dos órdenes de aprehensión, contrataron los servicios del despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, con oficinas en Washington.
El abogado Carlos Serna, quien ha representado a Guillermo Jenkins de Landa –primogénito de la familia que desde 2013 denunció a sus parientes–, afirma que esta reclamación internacional, además de ser “una tomadura de pelo”, es sólo una patada de ahogado porque sus hermanos Jenkins han ido perdiendo todos los juicios.
Explica que la última resolución acaba de ser emitida por un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, el cual ordenó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) de Puebla pronunciarse sobre la donación que los Jenkins de Landa autorizaron en 2014, de casi la totalidad del patrimonio de la FMSJ.
Para él, es seguro que la Junta va a declarar nulo el contrato que firmaron el 30 de abril de 2014 para ceder 720 millones de dólares (casi todos los activos que tenía la FMSJ) a otra llamada Bienestar de Filantropía, con sede en Aguascalientes, que trasladó ese capital a los paraísos fiscales de Barbados y Panamá.
“Lo que buscan ahora es no pisar la cárcel. Por la vía administrativa están perdidos y tendrán que devolver a la fundación los 720 millones de dólares de los cuales se apropiaron”, señala el abogado.
En tanto los juicios se agotan, la UDLAP sigue bajo dos autoridades, pues el personal académico y administrativo se mantiene leal a la anterior administración, que nombró rectora a Cecilia Anaya Berríos. Su predecesor, Luis Ernesto Derbez, no ha vuelto a aparecer públicamente desde el 16 de julio, cuando se dio a conocer que tiene una orden de aprehensión vigente y ésta involucra a sus colaboradores cercanos.
El campus de la Universidad sigue bajo control del patronato nombrado por el gobierno de Puebla a través de la JCIAP y que preside Horacio Magaña. Este órgano reconoce como rector a Armando Ríos Piter.
El pasado sábado 9, decenas de estudiantes, egresados, padres de familia y académicos marcharon por las calles de Cholula para exigir la reapertura del campus bajo la administración de Anaya Berríos y lanzaron consignas contra la intervención del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en la casa de estudios.
Contrato
El abogado Carlos Serna afirma que esta reclamación en el marco del TLCAN, además de la revisión del amparo que solicitaron atraer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revertirá contra los hermanos Jenkins de Landa, pues saldrán a relucir más detalles de la ruta que siguió el dinero.
Uno de esos documentos, expone, es el contrato que firmó el patriarca de la familia, el fallecido Guillermo Jenkins Anstead, con el despacho de abogados Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto y Compañía, al cual le ofrecieron como pago por sus honorarios 15% de los activos del ente filantrópico, que equivale a unos 120 millones de dólares.
El contrato, del que Proceso tiene copia, estipula que los abogados, con oficinas en Jalisco, recibieron un primer pago de 55 millones de dólares por parte de la FMSJ, recursos que se supone debían haberse destinado a la beneficencia pública.
Según el documento firmado por el abogado Virgilio Rincón Salas –contra quien se libró una orden de aprehensión–, 40% del pago de los honorarios se entregaría cuando el patrimonio de la fundación estuviera en “resguardo a través de una tercera institución” y se liquidaría el resto cuando los activos estuvieran “domiciliados en diversa jurisdicción”.
Uno de los objetivos pactados en el contrato es “lograr la liquidación o en su caso reversión del patronato de la fundación y el reparto del capital de la misma entre los patronos en caso de que exista la pretendida intervención en la administración de la fundación por cualquier autoridad”.
De acuerdo con Serna, esto lo consumaron los abogados cuando la Fundación Bienestar de Filantropía se mudó a Panamá y ahí cambió su nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, ente a través del cual los integrantes de la familia se declararon únicos beneficiarios de los bienes.
Así, agrega, pretendieron burlar la voluntad del empresario William O. Jenkins, quien creó en 1954 la fundación a nombre de su difunta esposa y decidió desheredar a todos sus descendientes bajo la premisa de que “nadie debe disfrutar de dinero que no fue ganado con su propio esfuerzo”.
En cuanto a la justificación de los Jenkins sobre una persecución de los gobiernos federal y estatal, el abogado indica que ésta no existe, pues lo que estaba en proceso eran denuncias e investigaciones por malos manejos en los que incurrieron cuando tomaron el control del patronato de la fundación, cambiaron los estatutos y empezaron a hacerse préstamos que nunca pagaron.
Demanda
El principal argumento de los hermanos Jenkins de Landa en su reclamación en el marco del TLCAN y del T-MEC es que, ante las denuncias que presentó el primogénito en 2016 por esta operación, la entonces Procuraduría General de la República emitió el 4 de mayo de 2018 una resolución de “no ejercicio de la acción penal”.
En la reclamación señalan que, según el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta resolución prohíbe el enjuiciamiento de los acusados sobre la base de los mismos hechos. Sin embargo, agregan, la FGR reabrió la investigación por cuenta propia “en clara violación a la ley mexicana”, según el principio de non bis in ídem: no se puede iniciar una acción penal dos veces por la misma causa.
“Esta reinvestigación abusiva sirvió como eje para las acciones ilegales de los órganos federales y estatales mexicanos que buscaban perjudicar a los inversionistas estadunidenses y despojar a la fundación y a la UDLAP de sus valiosos activos”, acusan. Este semanario dio a conocer la reapertura del caso en julio pasado (Proceso 2332).
Después de que el pasado 24 de febrero se emitieron órdenes de aprehensión en su contra, dicen, el 28 de abril el gobierno de Puebla los pretendió destituir como patronos de la FMSJ y de la FUDLAP.
Finalmente, señalan que el 29 de junio casi un centenar de policías estatales, bajo el mando del gobernador Miguel Barbosa, irrumpieron por la fuerza en las instalaciones de la UDLAP y se apoderaron del campus.
“Según los funcionarios locales, la orden de expulsión se justificó por la mera existencia de las órdenes de aprehensión federal y local y la reinvestigación, que según estos funcionarios indicaban un ‘riesgo’ de que el patronato pudiera ‘afectar’ las operaciones de la FUDLAP (ignorando que la universidad es una de las mejor administradas en México)”, añaden los Jenkins.
“Estos incumplimientos han causado grandes daños a los inversionistas estadunidenses, por los cuales México debe ahora indemnizarlos. Con sus acciones y omisiones, los órganos federales y estatales de México también amenazan con destruir dos de las instituciones más respetadas de México, con una historia combinada de casi dos siglos de servicio público y contribución al bien público en México.”
Para evitar que “esa tragedia” ocurra, indican que buscarán una compensación de los daños sufridos por estas instituciones “con la esperanza de que continúen sus obras de caridad y otras para el beneficio público del pueblo de México (y en particular del pueblo de Puebla)”.
“Sin embargo”, aclaran, “los inversionistas estadunidenses reiteran su oferta de dirimir la controversia amigablemente y solicitan pláticas de negociaciones con los representantes del Estado mexicano, cuya responsabilidad bajo el derecho internacional, de otra manera, corre el riesgo de ser activada por los actos de sus órganos federales y estatales”.
El abogado Serna sostiene que los tres hermanos Jenkins no pueden ostentarse como “inversionistas”, pues “nunca en su vida han trabajado” ni han estado a cargo de empresa alguna, ya que la fundación no es un comercio ni tiene como fin generar ganancias, por lo tanto no podría ser parte del TLCAN.
“¿Qué indemnización le tendría que pagar México a esta gente que se llevó 720 millones de dólares a paraísos fiscales?”, cuestiona.
Añade que el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales, que los demandantes invocan, está ligado al 327 del mismo, que trata del sobreseimiento de las causas. Según éste, para que el “ejercicio de no acción penal” emitida por un Ministerio Público pueda ser “cosa juzgada”, como alegan los hermanos, tendría que haber sido emitida después de ser confirmada por un juez, y los Jenkins nunca han sido exonerados por autoridad judicial alguna.
