La detención de una pareja como presunta responsable del ataque con explosivos que el domingo 19 provocó la muerte del dueño y del gerente del restaurante-bar Barra 1604 en Salamanca, Guanajuato, despertó suspicacias sobre un caso que al principio fue considerado como “atentado terrorista” pero que en menos de una semana fue reducido a una “venganza personal”. Para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y para su fiscal Carlos Zamarripa el caso está “resuelto”, pero guardan silencio sobre uno de los socios de ese establecimiento: Anselmo Conejo Cornejo, colaborador directo del mandatario estatal.
GUANAJUATO.- En menos de una semana, las versiones oficiales sobre el atentado con uso de explosivos que cobró la vida del propietario y el gerente de un restaurante-bar en Salamanca pasaron de reconocerlo como “un ataque terrorista sin precedentes” a reducirlo a un acto de venganza personal por un negocio fallido.
Hubo un drástico giro en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quienes inicialmente expresaron preocupación por el uso de explosivos –cuyo origen no ha quedado hasta ahora debidamente aclarado– en un ataque que dejó muertos, heridos y terror, en el exterior del restaurante Barra 1604 de la Avenida Faja de Oro, de Salamanca, la noche del domingo 19 de septiembre.
Anunciada como resultado de una “investigación conjunta”, la pronta detención de una pareja presentada el jueves 23 por el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, como presunta responsable de planear, elaborar y entregar a un mensajero el paquete explosivo dirigido al empresario restaurantero Mauricio Salvador Romero no hizo sino despertar más dudas e incredulidad que certezas, y así fue expresado profusamente en redes sociales, ante el resultado del que informó el polémico funcionario.
El fiscal Zamarripa puso ante medios de comunicación una presentación con fotografías de teléfonos celulares, grabaciones de videocámaras y de la pareja detenida (Eduardo y Georgina, ambos residentes en Cortazar y Valle de Santiago) y aseguró que ambos prepararon y mandaron el paquete explosivo para asesinar a Mauricio Romero porque éste los dejó fuera de la sociedad cuando abrió Barra 1604 y se quedó con 1 millón de pesos que ambos le entregaron para este negocio.
Aunque tanto el fiscal como el gobernador Rodríguez Vallejo han asumido que el caso está resuelto y fue una venganza entre socios, ninguno ha hablado de la persona con la que a fin de cuentas se asoció Mauricio Romero para echar a andar su restaurante: el titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del estado, Anselmo Conejo Cornejo, colaborador directo del gobernador.
El portal digital POPLab.mx documentó cómo el funcionario estatal anunció en sus redes sociales su “nuevo proyecto” e invitó a clientes a acudir al restaurante el día de la inauguración, donde apareció cortando el listón.
El viernes 24, en la comparecencia de la pareja detenida ante una juez penal para que la Fiscalía formalizara la acusación en su contra, ambos expusieron haber sido golpeados y amenazados, lo mismo que sus familias, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la propia Fiscalía estatal, y las evidencias físicas llevaron a la juez a ordenar al Ministerio público iniciar una carpeta para investigar presuntos actos de tortura.
Como si faltara un ingrediente más para alimentar el miedo que cotidianamente se respira en Guanajuato, la explosión a las puertas del restaurante Barra 1604 (que también dejó a cuatro personas heridas) en la tarde del domingo 19 avivó para los salmantinos la pesadilla que por la inseguridad han padecido, particularmente desde 2017.
Los últimos tres años han transcurrido con la administración municipal encabezada por Morena, con la expanista Beatriz Hernández Cruz, quien será relevada en octubre próximo por el también morenista César Prieto Gallardo, ahijado del presidente Andrés Manuel López Obrador y candidato ganador de la elección de junio pasado.
Ernesto Prieto, padre del alcalde electo, fue director de la Lotería Nacional hasta septiembre del año pasado y actualmente es titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP); mientras que el hermano de César, Ernesto, es dirigente de Morena en el estado.
La alcaldesa saliente de Salamanca mantuvo una muy ríspida relación con el gobierno del estado, lo que es resentido por sectores de esa ciudad que exigen que los tres niveles de gobierno zanjen sus diferencias políticas y se coordinen mejor para reinstaurar la paz.
“Que ya dejen a un lado esas estupideces de si yo soy azul, rojo, amarillo, verde, ya rebasó más allá de eso. Ésta es la vida de los ciudadanos y la paz de una ciudad que está deseosa de continuar su vida social, su vida económica; desgraciadamente hemos estado secuestrados por este tipo de acciones”, dice molesto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, Raymundo Gómez.
“Estamos fastidiados de la polarización –agrega–; ya lo que queremos es trabajar, que nuestros niños salgan a gusto; que tú salgas a tomar un helado en la noche y no estés pensando nada más a ver a qué hora; que tú salgas en tu coche y no estés nada más espejeando a ver cuándo se te acerca una moto y te pones helado. Ya estamos cansados de todo eso.”
Lo cierto es que cualquier explicación sobre lo ocurrido en la Avenida Faja de Oro, zona de restaurantes y bares de Salamanca, donde decenas de personas departían ese domingo 19 en los distintos establecimientos, no alcanza para dar tranquilidad ni desvanecer la psicosis y el miedo que regresó a su máximo nivel en esa ciudad.
No pases por Salamanca
Como ocurre con municipios de la región Laja-Bajío (Celaya y los Apaseos, entre otros) Salamanca ha estado sitiada por la incidencia de extorsiones y ‘cobro de piso’ a comercios y empresas, así como homicidios, desaparición de personas y ataques a negocios, incluyendo locales en mercados, lo que provocó cierres temporales y definitivos de distintos giros, particularmente después de la masacre en el bar La Playa, de esa ciudad, en marzo de 2019. En el lugar fueron asesinadas 16 personas.
Las autoridades de los tres niveles han adjudicado esta crisis de seguridad a la incursión del Cártel Santa Rosa de Lima y después a la pugna de éste con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Pero investigadores y especialistas en seguridad y conflictos armados consultados por Proceso advierten que, más allá de que se trate de un asunto de seguridad interna (entre particulares) o pública, las características del grave incidente muestran un escalamiento de la violencia y la falta de control que existe por parte del Estado en todos los niveles de autoridad, para prevenir y proteger a empresas y clientela de estos negocios.
Lo dice en entrevista Jésica Vega, investigadora del área de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato: “Fue (un ataque) muy expuesto. Hay un asunto de mayor desafío, no les preocupa a los responsables hacerlo tan público y pone en más evidencia la falta de estrategia de las autoridades”.
Vega sugirió que el ataque pudo estar orientado a una extorsión de las que han sido víctimas decenas de empresarios en Salamanca y la región.
“Desde el inicio de la pandemia, y podría decir que antes porque ya se presentaba esto en Celaya desde 2017 o 2018, las extorsiones van muy centradas hacia los sectores productivos y comerciales del estado; es evidente y esto también demuestra el tema de que estos sectores no confían en las autoridades para denunciar este tipo de delitos.”
Y aun si se tratara de un ataque “particular”, la investigadora evidencia que estos eventos delictivos exhiben la vulnerabilidad de sectores económicos del estado como los prestadores de estos servicios, y el hecho de que no existan programas o alianzas de las autoridades con estos sectores para protegerlos eficientemente.
“Es el escalamiento de la violencia en Guanajuato otra vez, y se demuestra cómo no están siendo atendidos, sino también cómo los diferentes sectores están vulnerables ante estas acciones, como ante desapariciones, desplazamientos, homicidios, descuartizamientos. Son consecuencias de la desarticulación social.”
La falta de confianza en las autoridades de los tres niveles de gobierno para denunciar delitos como la extorsión o las amenazas, señala Jésica Vega, obedece a la inexistencia de una estrategia de acercamiento social, y pone un ejemplo:
“La Guardia Nacional tampoco ha construido una estrategia de acercamiento, que iba a ser acompañada por un programa de paz y reconciliación que ha quedado como en el olvido.”
El hecho de que no sea éste el primer evento delictivo dentro del territorio guanajuatense en el que se utilizara algún tipo de explosivo, bomba o granada y las implicaciones de evento terrorista que pudo tener, fueron tema el lunes 20 –al día siguiente del ataque– del propio presidente López Obrador.
Durante su conferencia matutina, habló nuevamente de la violencia en Guanajuato:
“Tenemos el antecedente de que en Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha han comenzado a utilizar explosivos para cometer crímenes, para crear terror, miedo”, dijo el presidente, quien mencionó la posibilidad de que la Fiscalía General de la República ejerciera la atracción de la investigación por el uso de explosivos, y luego acotó: “no quiero entrar en el terreno de las especulaciones”.
Fue la enésima mención que sobre las condiciones de inseguridad en el estado ha hecho AMLO desde junio del año pasado, cuando puso la mirada en el desempeño del Fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre y por primera vez pidió públicamente al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez removerlo del cargo.
Tanto el exgobernador Márquez como el actual mantienen una defensa a ultranza del fiscal. Por eso no sorprendió que el jueves 23 Rodríguez se anticipara al anuncio de Zamarripa sobre la captura de los supuestos responsables del ataque con explosivos en Salamanca y, eufórico, celebrara la actuación de la Fiscalía, a la que calificó como “la mejor de México”.
Sinhue Rodríguez celebró que en lo que va de este año se hayan reportado 800 asesinatos menos que en el mismo lapso de 2020. Aunque según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a agosto 2 mil 383 personas han sido asesinadas, 649 menos que en el mismo lapso del año pasado, pero el estado se mantiene en el primer lugar nacional en este delito.
El presidente López Obrador no mostró el mismo entusiasmo por la anunciada “resolución del caso”. En la mañanera del viernes 24 dijo que la investigación en Salamanca se realizó de manera conjunta entre la federación y el estado, y aseguró que así debe ser “a pesar de las
diferencias”.
Luego, soltó: “Vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad, lo vamos a seguir haciendo con los gobiernos estatales, en colaboración, porque en el tema de seguridad no puede haber diferencias políticas partidistas. Hasta en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que tenemos más diferencias, porque sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato… y aún con esa diferencia, porque no han querido cambiar al fiscal. Y no es que nosotros estemos en contra del fiscal; es que no son buenos los resultados”.
