Ante la violencia en Tierra Caliente, Michoacán
–detonada por la disputa territorial entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos–, organizaciones empresariales y sociales, así como los obispos michoacanos, piden a las autoridades estatales y federales “acciones conjuntas inmediatas” para reestablecer la paz en la región. Pese a las promesas del gobierno de López Obrador, no hay un mínimo de seguridad, los servicios básicos siguen sin normalizarse –sobre todo la distribución de víveres, gas y energía eléctrica– y las llamadas “mesas de diálogo” no arrojan resultados.
La violencia en Michoacán detonada por los cárteles de la droga ya empezó a provocar un fuerte reclamo social, proveniente de organizaciones empresariales, sociales, académicas, religiosas, sindicales y de profesionistas, las cuales le están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, una acción “más contundente y permanente” para lograr la pacificación en la entidad.
Sin embargo, lejos de disminuir, la violencia se está extendiendo cada vez más, pues ya pasó de Aguililla –que continúa en poder del crimen organizado– a otros municipios de la Tierra Caliente michoacana, principalmente a Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista, los cuales son ahora el foco de atención por la grave crisis humanitaria que están viviendo.
El pasado 17 de septiembre, un día después de los festejos patrios, un “colectivo” de más de 100 organizaciones le exigió al presidente y al gobernador su “acción conjunta e inmediata” para frenar la violencia en Michoacán.
“Lo primero es restablecer el orden, la seguridad y el Estado de derecho a favor de las personas y sus bienes, por ello respaldamos y a la vez exigimos su acción conjunta e inmediata”, dijeron estas organizaciones en una misiva abierta dirigida a López Obrador y a Aureoles Conejo.
Y señalaron que la fuerza militar exhibida ostentosamente durante el desfile del pasado 16 de septiembre –con aviones, helicópteros, vehículos blindados y más de 15 mil uniformados que marcharon durante el festejo— debe verse reflejada en el combate al narcotráfico en Michoacán.
“Así como fuimos testigos del despliegue en el desfile militar conmemorando nuestro día de la independencia nacional, así quisiéramos se extendiera dicho desfile para que, con esa fuerza del Estado mexicano, restablezcan el orden en nuestro estado, de manera urgente en ese territorio, antes de que las consecuencias sean mayores”, dice la carta.
Agrega: “Respaldamos ampliamente la decisión que tomen las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes, en materia de seguridad y justicia, para que actúen de manera coordinada en la contención de la violencia en el estado de Michoacán, pero particularmente y de manera prioritaria y urgente en los municipios de Aguililla, Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec, siempre y cuando se respeten y privilegien los derechos humanos de la población”.
Por lo pronto, las organizaciones firmantes indican que comienzan a colaborar con el envío de “despensas” para los desplazados, acciones encaminadas a la “paz y la reconciliación”, proyectos de “economía social y solidaria”, jornadas de oración, programas contra las adicciones y otras acciones en distintos ámbitos.
Firman la carta 103 organizaciones, entre ellas la Asociación de Industriales de Michoacán, el Consejo Coordinador Empresarial del estado, Coparmex Michoacán, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Causa en Común, Asociación Nacional Cívica Femenina, varias universidades públicas y privadas, las diócesis de la entidad, México SOS, Barra Michoacana-Colegio de Abogados, Papeleros Unidos de Michoacán, Juventud por la Paz, Sindicato Empresarial Michoacano y varias Mesas Ciudadanas de Seguridad.
¡Arrepiéntanse!
Por su lado, las cinco diócesis que integran la Provincia Eclesiástica de Morelia dieron a conocer la semana pasada un comunicado conjunto en el que, igualmente, piden a las autoridades “reforzar” sus esfuerzos para darle “seguridad” a la población de Tierra Caliente.
De entrada, el comunicado señala que aunque “las violencias se manifiestan en todas las diócesis” de Michoacán, es en Tierra Caliente –especialmente en las “poblaciones de Aguililla, Coalcomán y ahora Tepalcatepec”– donde más se sufren “la dominación y las disputas territoriales de grupos armados”.
Agrega el documento: “A las nuevas autoridades municipales les pedimos que estén cerca de sus ciudadanos como constructores de fraternidad; a las nuevas autoridades estatales, a que en cuanto tomen posesión diseñen estrategias de seguridad humana que realmente tengan efectos positivos en el corto y en el mediano plazo; a las autoridades federales les exhortamos a reforzar tanto sus esfuerzos por el tejido social como por la seguridad”.
Del mismo modo, la Iglesia exhorta al “gobierno”, a “todos los michoacanos” y a los “organismos de la sociedad civil comprometidos con la construcción de la paz” a realizar cinco acciones urgentes:
En primer lugar, a “distender el conflicto” a través del dialogo; a construir “corredores de paz” que permitan el “libre tránsito” de las personas; a apoyar con “víveres” a las comunidades desplazadas por la violencia; a facilitar la “salida de gente” que está atrapada en las zonas de “conflicto”; y finalmente, a “impulsar una estrategia de generación de condiciones mínimas de seguridad para activar las economías locales”.
Y a los sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Carteles Unidos, las dos bandas rivales que se disputan el territorio, la Iglesia les dice: “¡Arrepiéntanse y cambien de vida! Nosotros acompañaremos ese camino” ya que –recalca– “nunca serán justificables la muerte ni los ataques a inocentes”.
Firman el documento: Carlos Garfias, arzobispo de Morelia; Cristóbal Ascencio García, obispo de Apatzingán; Gerardo Díaz, obispo de Tacámbaro; Javier Navarro, obispo de Zamora; y Armando Antonio Ortiz, obispo de Lázaro Cárdenas.
El sacerdote Gilberto Vergara García, párroco de Aguililla y uno de los principales mediadores en el conflicto en ese municipio, comenta a Proceso:
“Estos comunicados de los obispos y de distintos sectores sociales reflejan el hartazgo de la sociedad civil ante la violencia en la región. Son una presión para que el gobierno federal y el estatal trabajen conjuntamente para resolver el conflicto”.
Sin embargo, agrega preocupado que en lugar de disminuir la violencia sigue extendiéndose en la zona de Tierra Caliente: “Es como una ola que se propaga en todas las direcciones. Ahora no es solo Aguililla, sino que están surgiendo núcleos de violencia en sus alrededores, basta echarle un vistazo a Coalcomán o a Tepalcatepec”, dice.
Y señala que después de meses de haberse instalado mesas de diálogo todavía no hay avances para resolver el conflicto. “Todo va muy lento. Tenemos promesas del gobierno de que aquí se normalizarán los servicios básicos, como la distribución de gas, víveres, gasolina o energía eléctrica, incluso nos prometen que abrirán una sucursal del Banco del Bienestar, pero no hay nada todavía.
“Mire, hay una cosa fundamental: el talón de Aquiles de la región es la inseguridad. Y mientras no tengamos seguridad y las carreteras sigan tomadas por el crimen organizado no se concretará ningún proyecto gubernamental… ¡Sin seguridad no hay nada!”
Pone como ejemplo la falta de suministro de gas que padece Aguililla debido a que las compañías gaseras no quieren arriesgarse a enviar sus vehículos por caminos tomados por el narcotráfico.
“Yo he pedido directamente a las gaseras que restablezcan el servicio. Pero me dicen que no arriesgarán la vida de sus empleados ni tampoco expondrán sus vehículos. De manera que, por el desabasto de gas, ni las tortillerías pueden trabajar. Dejaron de hacer tortillas, un alimento tan básico para la población”, dice.
Vergara García refiere que igual ocurre con el transporte de víveres y de gasolina, que ya no pueden pasar por la carretera de 83 kilómetros que une a Apatzingán con Aguililla, tomada por el narcotráfico, sino que ahora se tiene que hacer un gran rodeo, por el rumbo de la costa, para llevar a la población esos productos básicos.
Señala que a la población también le falta suministro eléctrico, puesto que hay “líneas caídas”, y al sistema “le hace falta mantenimiento”, problemas ahora agravados por la temporada de lluvias. “Los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad no vienen hasta acá, quieren venir sólo si son resguardados por el Ejército”, comenta.
Indica que, en las mesas de diálogo con los representantes del gobierno, a la población de Aguililla también se le prometió una sucursal del Banco del Bienestar para recibir sobre todo dinero de los familiares que radican en Estados Unidos.
“Por lo menos el proyecto del Banco del Bienestar ya está autorizado. Sin embargo, debido a las carreteras tomadas, no pueden traer el material de construcción para levantar la obra”, dice.
Comenta que, pese a todo, se mantiene la campaña de vacunación contra el covid-19. “Se sigue vacunando a los mayores de 18 años. Y aparte comienzan a entrar algunos programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero todo va muy lento”.
Indica que a las mesas de diálogo han llegado funcionarios de distintas dependencias federales –de la Secretaría de Seguridad, de Gobernación, de Salud, de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes, entre otras–, y ahí la población de Aguililla les externa sus problemas y sus peticiones.
Refiere que incluso en abril pasado, cuando el nuncio apostólico en México Franco Coppola visitó la región, a éste se le entregó un pliego petitorio de los pobladores para que se lo hiciera llegar a López Obrador, con el fin de que el presidente intervenga para resolver el conflicto.
“A lo largo de los meses hemos elaborado varios pliegos petitorios… y nada… pasa el tiempo y la violencia continúa”, dice.
El párroco de Aguililla es entrevistado telefónicamente justo cuando acaba de ser inspeccionado por un retén de los Cárteles Unidos, que finalmente le permitió continuar su trayecto por la peligrosa carretera de Aguililla a Apatzingán.
“Voy camino a unas comunidades. Acabo de pasar un bloqueo de los Cárteles Unidos, que tienen guardias armados y una camioneta atravesada a la carretera. Tuve que esperar 40 minutos para que me inspeccionaran y me dejaran pasar. Pero vi cómo le bloquearon el paso a un par de adultos mayores que iban a la comunidad de Peña Colorada… Le repito: aquí no hay libre tránsito, las cosas siguen igual”, concluye el sacerdote.
