El desgajamiento del cerro del Chiquihuite puso al desnudo la corrupción que impera desde hace décadas en Tlalnepantla, uno de los municipios mexiquenses más densamente poblados del país. Las advertencias sobre los riesgos latentes datan de hace años, según muestran el Atlas Municipal de Riesgos actual y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal; pero nadie hizo nada por atender el problema. Y el viernes 10 hizo crisis; hoy cientos de familias viven en la zozobra y se niegan a dejar sus inmuebles, en los que muchos han vivido durante décadas. Las promesas del gobierno municipal les resultan inciertas.
TLALNEPANTLA, EDOMÉX.– El Atlas Municipal de Riesgos 2018-2021 de esta localidad ya advertía de “asentamientos bajo bloques potencialmente inestables” en dos secciones de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se desgajó el Chiquihuite; incluso alertaba que mil personas estaban en riesgo… Nadie hizo nada.
En su edición de abril de 2019 el documento registra el peligro en la zona y da cuenta también de por lo menos tres incidentes y alertas de riesgo en el mismo polígono entre 2015 y 2016. A su vez, el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio advierte que medidas como algunos “muros de contención”, que nunca se construyeron, menciona también la existencia de fallas y fracturas en una zona plagada de riesgos para cualquier persona.
Los dos documentos marcan con claridad que la franja de aproximadamente 2 mil 300 metros que comprende la empinada ladera es una zona de “alto riesgo”. Pese a esos avisos, los asentamientos irregulares continuaron proliferando hasta saturar el entorno; se consolidaron colonias densamente pobladas.
Hoy, tras la avalancha de rocas que aplastó al menos cuatro viviendas y colapsó otra decena de ellas el viernes 10, lo que provocó la muerte de dos personas, lesiones en una más y la desaparición de otras dos, la incertidumbre prevalece entre las familias de 141 inmuebles. Las autoridades les piden desalojarlos de inmediato como medida preventiva, ante el riesgo de nuevos deslaves.
¿Pero de qué manera se llegó al caos?
Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de México, asegura que las respuestas no son sencillas. Los orígenes del siniestro pasan por la necesidad de la gente, dice, pero sobre todo por los traficantes de tierra, fraccionadores clandestinos, inmobiliarias voraces y políticos corruptos que han convertido los cerros que rodean la zona metropolitana del Valle de México –donde se concentra 70% de la población mexiquense– en auténticas “bombas de tiempo”.
En la actualidad, asegura, al menos cinco municipios de la región tienen apretados asentamientos sobre laderas, zonas minadas, áreas cavernosas, zonas de vías y pasos federal. Son Naucalpan, Ecatepec, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, donde son previsibles las tragedias si no se atiende la problemática urbana.
Tan sólo en el punto donde se desgajó el cerro del Chiquihuite, precipitando enormes rocas desde una altura de unos 300 metros, sobre los techos de docenas de casas sobrepuestas, viven alrededor de 3 mil 500 personas, cuyo peligro de ser arrastradas o aplastadas por los taludes es elevado, según Chavarría.
Planes inoperantes
Don Bernabé Tinajero Ruiz tiene 61 años. Llegó a las laderas del Chiquihuite procedente de Guanajuato, de donde migraron sus padres y su media docena de hermanos; él era apenas un niño. No obstante, recuerda aún cuando la familia se asentó en un terreno inhóspito, comprado a pagos a caciques locales que controlaban la zona. Tenían que caminar hasta un kilómetro cuesta arriba para lavar la ropa y traer agua “del pocito”, hoy sepultado por el derrumbe.
No había luz ni alumbrado público ni calles para transitar con seguridad; ahí no llegaban los vehículos.
El padre de Bernabé era un campesino sin terreno para cultivar, por lo que se hizo albañil y buscó trabajo en las construcciones cercanas de la Ciudad de México.
Como pudo construyó sus precarias viviendas con láminas y palos. Con el tiempo les puso muros de concreto. Nadie alertó a la familia del peligro ni les impidió la consolidación de sus viviendas. Con los años, Bernabé y sus hermanos compraron predios más arriba.
En 20 años, aquello ya era una ciudad. Ni planes urbanos ni atlas de riesgo ni autoridades les alertaron del peligro o les ofrecieron alternativas. Hoy don Bernabé, a quien los recuerdos le quiebran la voz, debe dejar su casa ubicada a 100 metros del derrumbe. Pero él se niega.
El urbanista Chavarría Sánchez, quien ocupa una regiduría por Morena en el ayuntamiento de Toluca, aseguró que el desorden urbano del Estado de México es resultado de una cadena de fenómenos de corrupción, más que de “fenómenos perturbadores”.
En esa cadena, según él, quienes quedaron atrapadas innumerables familias marginales, víctimas de la especulación y el tráfico de tierras. El proceso que se intensificó durante décadas y terminó por desbordarse durante los años ochenta y noventa en la zona metropolitana.
En los noventa, recuerda, apenas si existían algunos planes de desarrollo urbano para unos 15 municipios con vocación turística, como Ixtapan de la Sal o Valle de Bravo. Sin embargo, durante su gestión como gobernador Arturo Montiel (1999-2005) determinó que cada uno de los 125 municipios deberían tener su propio plan de desarrollo.
Asimismo, a raíz de las explosiones ocurridas en San Juan Ixhuatepec en 1984 y 1996, el gobierno mexiquense pidió a cada localidad elaborar su plan de protección poblacional.
Al paso del tiempo, sin embargo y sin alternancia política real, los sistemas de corrupción imperantes en el Estado de México a todos los niveles, de acuerdo con Chavarría, terminaron por enterrar los buenos propósitos de generar un crecimiento ordenado en todo el territorio; los planes urbanos y los de protección civil cayeron en desuso y en algunos casos ya resultan inoperables ante la magnitud de los riesgos.
“Los planes municipales de desarrollo urbano no han dado resultado, porque se han convertido en menús a la carta para hacer grandes negocios, especular con la tierra, especular con el crecimiento, especular con el agua, con los bosques, con todo aquello de lo que se pueda sacar una ganancia”, expone el urbanista.
Tras el desgajamiento del cerro, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez, se apresuró a asegurar a los medios que toda la zona siniestrada “es irregular”, pese a lo cual las tres secciones de la colonia Lázaro Cárdenas aparecen en el padrón de colonias regulares del municipio y los vecinos aseguran que pagan los servicios.
El edil de extracción morenista señaló que todo el asentamiento es irregular y es resultado de políticas sin control.
“En su gran mayoría es una zona irregular, esto que vemos es producto del fenómeno de la expansión de la mancha urbana. Esta comunidad comenzó a habitarse a partir de los años ochenta, noventa; aquí muchas familias han hecho su vida y han forjado su patrimonio, pero la gran mayoría es una zona irregular, la gran mayoría no pagan los servicios”, sostuvo.
El morenista, a quien el siniestro le cayó del cielo a sólo tres meses de dejar el cargo, aseguró que para resolver los enormes riesgos que amenazan la zona, de por si ya poblada de fracturas, gaseras y tragedias añejas, deberá obtener recursos del gobierno federal y estatal, pues el municipio no tendría recursos suficientes para hacer la reconstrucción solo.
“Sea la cantidad que sea, el gobierno municipal no tiene la capacidad financiera para atender un problema de esta dimensión, necesariamente aquí debe intervenir el gobierno federal y el gobierno del Estado de México, y por supuesto el municipio… pero nuestras capacidades financieras son limitadas”, insistió.
Contra las peñas
Jorge García Carrillo, quien vive sobre la calle Club Alpino Chamonix, la cual se ubica justo en el declive donde ocurrió la catástrofe del Chiquihuite, asegura que se trata de cosas comunes en esta amplia franja de la ladera atravesada por fracturas, fallas y zonas expuestas a desastres, como las explosiones de San Juanico.
“Son cosas que pasan, ahora sí que cuando te toca, ni aunque te quites…”, comenta.
Recuerda que hace décadas sus padres compraron los terrenos a líderes locales a bajo costo. Hace medio siglo, en la década de los setenta, desarrolladores inmobiliarios intentaron recomprarlas para construir fraccionamientos exclusivos. Desistieron pues, según le dijeron sus padres, las empresas que intentaban quedarse con parte de las laderas del Chiquihuite se dieron cuenta de que era muy costoso reubicar a tantas familias.
De esta forma, relata, el crecimiento irregular continúo. Las calles que hoy muestran los embates de la vida montañosa comenzaron a poblarse en línea vertical hacia las alturas. Y surgieron barrios como Alpinos Ventisquera, Cráter, Comando Alpino o Club Excursionistas, los más conocidos, enclavados en una de las regiones más densamente pobladas de México, como admite el propio ayuntamiento de Tlalnepantla.
Santiago Villarosa, otro vecino originario de Iguala, Guerrero, tiene su casa dentro del polígono de seguridad que debe desalojarse. Él y su familia, aunque consternados por los deslaves, se niegan a abandonar su patrimonio y a sus nueve cachorros. Asegura que muchas veces les alertaron de los riesgos, pero la falta de recursos los hizo asentarse ahí, contra las peñas.
Considera injusto que se les juzgue por su pobreza. Sus padres, campesinos sin tierras, llegaron al lugar hace 50 años y construyeron los primeros cuartos con madera y láminas. Luego, cada cierto número de años, le fueron agregando cuartos. Ese es su patrimonio; la gente no sabe. “En este país cada quien sale adelante como puede”, dice.
El subsecretario general de gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem, aseguró que la evacuación de 141 inmuebles en el perímetro de seguridad que se estableció alrededor del derrumbe del Chiquihuite y casas colapsadas es por seguridad y será provisional, aunque no descartó que en algunos casos sea permanentes debido a los riesgos.
No obstante, aseguró que el gobierno mexiquense apoyará a todos, conforme a cada caso, pues algunos rentaban la vivienda que ocupaban.
