A los pobladores de Tula les cuesta trabajo recuperarse de la tragedia que los devastó. En medio del desolado entorno exigen apoyo a las autoridades de los tres niveles que, aseguran, los han abandonado. Hasta ahora sólo han recibido el apoyo de la sociedad civil, dicen a Proceso varios de los damnificados. Y claman justicia.
A 10 días del colapso en Tula, Hidalgo, por el desbordamiento de los ríos, cuyo saldo fue 17 muertos, 75 mil damnificados y daños estimados en 6 mil 500 millones de pesos en nueve municipios de la entidad, las aguas comenzaron a descender, pero los apoyos no han llegado.
Los lugareños temen una contingencia sanitaria a causa de fiebres, conjuntivitis, dolores estomacales y diarreas agudas presentados después de la inundación; la Secretaría de Salud estatal no descarta tampoco algún probable caso de cólera ni la propagación del covid-19. Así, sin digerir aún la tragedia, la sociedad traza los primeros esbozos de reconstrucción.
A la incierta espera de que las investigaciones deslinden responsabilidades en los tres órdenes de gobierno por su actuación antes, durante y después de las inundaciones, se suma el temor por la delincuencia en ese municipio controlado desde hace más de una década por grupos de huachicoleros que merman los ductos de la refinería Miguel Hidalgo.
El domingo 12, en la localidad de San Francisco Bojay, un grupo armado tiroteó a cuatro personas que pepenaban los escombros de la zona afectada por la inundación; la madrugada del viernes 15, en Tezontepec –a 21 kilómetros de ahí e incluido en la declaratoria de emergencia por las lluvias–, dos hombres atacados a balazos en San Gabriel, otro pueblo establecido sobre ductos; hubo un muerto y un lesionado.
Ese mismo día, en Alfajayucan, también en el Valle del Mezquital, se localizaron cuerpos humanos en dos cajas, junto a una cartulina con una advertencia.
Apoyos que no llegan
Cuando Michelle Velázquez y su familia abrieron las puertas y vieron su patrimonio sepultado en lodo, tres días después de la inundación, experimentaron una segunda tragedia: todos sus muebles y electrodomésticos quedaron inservibles: lo demás se lo llevó la corriente de agua negra durante la tormenta.
Relata Michelle: “Estamos realmente conmocionados. Al principio creo que era como estar en shock, o tal vez ni siquiera alcanzábamos a dimensionarlo. El día que pudimos entrar y ver en verdad los daños… Sientes que se te va la vida, porque en realidad todo es parte de personas que dieron su vida para construir, para hacerse de su casa, de sus pertenencias.
“No sabes cómo nos pega eso que dicen que lo material no importa. Porque todo eso que dicen que se puede recuperar nos ha llevado años tenerlo, nos ha costado carencias. Te endeudas… y que desaparezca todo de la noche a la mañana es devastador.”
Las puertas de sus habitaciones y los closets se quebraron; la madera cedió ante la fuerza del agua; tuvieron que quitar todo. Ahora, dice, sólo queda el esqueleto de lo que antes fue su casa: “sólo es una construcción, sólo cuartos. Así, sin siquiera un marco en la puerta; nada”.
“No puedo seguir esperando tanto tiempo por apoyo, tengo que buscar la manera de empezar, por lo menos vender algo para poder seguir restaurando, y ellos (el gobierno) ni siquiera tienen una respuesta”, comenta la afectada.
Michelle y su familia lograron sobrevivir al desborde de los ríos Tula, Rosas y Salado porque fueron rescatadas de la azotea de su domicilio en la calle 16 de Septiembre, en el centro de Tula, con una retroexcavadora. Ahí se refugiaron tras la inundación de los dos pisos de su casa.
La familia de Arturo Chávez Neri perdió dos negocios en el centro de Tula. Sepultados en agua quedaron su establecimiento de venta de uniformes, con 22 años de antigüedad, y el restaurante abierto hace seis. Él asegura que las despensas y los alimentos que sostienen a la ciudad llegaron por el acopio de la gente, no por acción gubernamental.
“Era necesaria la declaratoria de desastre, inmediata, pero fueron ocho días en que prácticamente la sociedad civil se las arregló sola para ir haciendo lo que podía, como la limpieza de escombros.
“La gente lleva de comer, lleva insumos de limpieza, se ofrecen a ayudar a limpiar, ofrecen maquinaria, camionetas, etcétera… Porque ningún nivel de gobierno –federal, estatal o municipal– lo hizo a tiempo; tal vez la magnitud del desastre fue tanta que no pudieron”, comenta.
Cuenta que no había trascabos ni camiones de volteo suficientes para llevar los escombros, la tierra seca que se hizo cuando secó el lodo, ni las ruinas de los muebles de los tulenses: “La basura y el lodo sigue aún en algunas calles, porque ni pipas para lavar hay. Y muchos particulares también prestaron maquinaria.
“Tula va a tardar en reponerse de esto. Nosotros, por el momento, no volveremos a abrir los negocios porque la mercancía era nuestro capital y no creo que se nos reponga todo. Las despensas, colchonetas e insumos de limpieza han sido donados por personas o empresas, nada del gobierno”, remarca.
Duplicidad de acciones
A la crisis social se suma la preocupación por una crisis sanitaria. Abigail y Diana, primas de Arturo, así como su tía Irma, que ayudaron a limpiar y sacar muebles, el contacto con la tierra y el agua que inundó las casas les provocó problemas gastrointestinales, acompañados de vómito, diarrea y fiebre.
Guadalupe Martínez Aguilar y su familia también fueron rescatados con la retroexcavadora cuando el agua alcanzó los 4 metros en la calle 16 de Septiembre. Los escombros de lo que fueron sus muebles están frente a su puerta de la casa marcada con el número 4; dentro, el lodo hizo una capa que cubre paredes, suelo y restos de lo que hubo antes de la inundación.
Sus sobrinas, su hermano y su cuñada también han tenido malestares tras la inundación: dolores estomacales, fiebre alta y diarreas.
“La ciudad está sucia, huele a excremento. De nuestro patrimonio sólo queda el casco de la casa, fue pérdida total. Sólo las autoridades municipales nos tomaron un registro, pero no más. No sabemos si la ayuda será económica o en cuestión de electrodomésticos, y ni para cuándo nos la den. No tenemos ni para comprar lo indispensable”, afirma.
Para Arturo Chávez, una muestra de la falta de coordinación y la forma en que han sido rebasadas las autoridades es la duplicidad de acciones: como el censo de damnificados. El gobierno del estado, encabezado por el priista Omar Fayad Meneses, hizo el primero; el municipio, emanado de la alianza PAN-PRD, aplicó después un cuestionario similar, acompañado del logo de esos partidos.
De acuerdo con un conteo preliminar de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, hubo mil 300 afectados por la inundación. Chávez tenía tres empleados, con el mismo número de familias. “Ya los habíamos apoyado al mantenerlos en su empleo durante el tiempo de la pandemia, aunque la situación era difícil, pero ahora con esto será imposible”, admite.
Señala que su tienda de uniformes padecía desde hace tiempo “las consecuencias de las decisiones del gobierno estatal”, que desde 2012 entrega las prendas de manera gratuita en nivel básico.
El año pasado, dice, el Congreso local mandató que las compras de uniformes se hicieran mediante vales, para evitar que sólo se favorecieran algunas empresas; sin embargo, durante la pandemia se asignaron nuevamente contratos; “eso afectó a toda una industria estatal de maquila de uniformes”, recrimina.
“Ojalá que con este suceso el gobierno federal voltee a ver a Tula y haga algo con la deuda histórica que tiene con el municipio, pues somos el vertedero de todas las aguas negras de la Ciudad de México”, señala el comerciante, de 40 años.
Una propuesta de 2017
Urge inversión en infraestructura hídrica y urbana, además de “retomar el revestimiento del río Tula, sostiene, pero con un proyecto que no tale 16 mil árboles en un lugar donde de por sí la situación ambiental es muy mala”, por la instalación de empresas como la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad, y el tren de refinación Miguel Hidalgo.
La mención a los árboles es por la propuesta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo para la rectificación del río Tula –que el gobierno federal frenó en 2017–, con el cual se buscaba mitigar los efectos de posibles inundaciones en la zona urbana cerca de la ribera, aunque su principal objetivo era resolver la insuficiencia hidráulica en la salida del sistema de drenaje urbano en la zona metropolitana del Valle de México.
Al tomar como referencia la descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, la obra iniciaba con limpieza, trazo, desazolve y rectificación del cauce, así como colocación de concreto armado para revestimiento del río. Uno de los grandes problemas de este proyecto, que ocasionó protestas sociales, es que existen muchos árboles en el río, por lo que 9 mil especies centenarias, entre ahuehuetes, pirules, carrizales, fresnos y tules, serían retiradas.
“Con ello se dañará directamente al ecosistema y uno de los principales pulmones que tenemos en nuestra región”, expuso el 16 de noviembre de 2017, en la tribuna del Congreso de Hidalgo, la entonces diputada local por este distrito, Marcela Vieyra Alamilla. Aquella fue otra de las reiteradas advertencias de un riesgo de inundación.
“El agua de la lluvia proveniente de la zona metropolitana del Valle de México, a través de los emisores central y oriente, así como los caudales aportados por los ríos Tepeji, Tlautla y Rosas, es conducida por el río Tula hasta la presa Endhó. Al concluir la construcción del emisor oriente, su descarga se incorporará al cauce del río Tula, mismo que podrá conducir un caudal del orden de 400 a 420 metros cúbicos por segundo, en un periodo de retorno de 50 y 100 años, respectivamente”, alertó entonces.
Además, la legisladora expuso que “a lo largo del cauce de poco más de 24.2 kilómetros, el río Tula recibe las aportaciones del agua de la presa Requena, de 147 metros cúbicos sobre segundo, el río Tlautla y el río Rosas (24 metros cúbicos sobre segundo entre ambos), con lo cual tendrá la capacidad de hasta 571 metros cúbicos sobre segundo”. E insistió: el riesgo de inundación era latente.
En busca de los responsables
La procuraduría local inició una carpeta de investigación por los acontecimientos en Tula por hechos posiblemente constitutivos de delito. Sólo en el momento procesal debido, y si se judicializa, se definiría cuál es la imputación y quiénes los
implicados.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició seis quejas de oficio para investigar la actuación de las autoridades ante las inundaciones, aunque centradas principalmente en probables responsabilidades de los municipios. Sólo en una de ellas considera a un funcionario estatal: el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enrique Padilla Hernández.
Con base en el artículo 16 tercero de la Ley de Protección Civil de la entidad, corresponde a Padilla prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro, así como coordinar los trabajos de investigación, estudios y evaluación de riesgos, peligros y vulnerabilidades, en coordinación con las dependencias responsables.
La queja en la que se involucra al funcionario es la CDHEH-TA-0177-21, en la cual se incluye también al alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, y su director de Protección Civil, Ignacio Rojas Martínez.
Cuatro quejas más involucran a los responsables de Comunicación Social, directores de Protección Civil y a los alcaldes de Tlahuelilpan, José Alfredo Días Moreno; Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón; Tepeji, Salvador Jiménez Calzadilla, e Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras.
La comisión local también inició la queja CDHEH-TA-0176-21 por posibles vulneraciones a los derechos a recibir atención médica integral y libre de negligencias, tras la muerte de 14 pacientes con respiración asistida que no recibieron oxígeno por la inundación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF), en Tula. No obstante, por tratarse de una autoridad federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La madrugada del miércoles 15, ocho días después de la inundación, el gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia en nueve municipios hidalguenses: Tula, Tepeji, Tlahuelilpan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tezontepec, Tlaxcoapan, Tasquillo y Chilcuautla. Con ello, afirmó, podrán acceder a recursos para la
reconstrucción.
El jueves 16 los damnificados marcharon en Tula “por la nula respuesta de las autoridades”. Corearon consignas contra el alcalde Manuel Hernández y el gobernador Omar Fayad, a quienes pidieron
renunciar.
