En Veracruz fueron detenidos recientemente varios perredistas que llegaron a ser legisladores, funcionarios o dirigentes de su partido. Se les acusa de delitos como extorsión, coacción, amenazas, secuestro, abuso de autoridad y hasta homicidio. Sus correligionarios y algunos diputados panistas los defienden y atribuyen al gobierno del morenista Cuitláhuac García actos de “persecución política”, en tanto que el mandatario asegura que esas prácticas son cosa del pasado y señala a la prensa de no informar adecuadamente.
XALAPA, Ver.- Con vestido naranja y esposada de las manos, la exdiputada federal del PRD Norma Azucena Rodríguez Zamora fue sacada de “la perrera” –como se conoce a la camioneta del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo– el miércoles pasado para acudir a la sala de juicios orales, donde se le dictó su vinculación a proceso por el homicidio de su exmarido, el también exlegislador perredista Nicanor Martínez Holguín.
El crimen ocurrió el 1 de julio pasado, cuando Martínez ya militaba en Morena y era candidato suplente a la alcaldía de Tihuatlán, en el norte de Veracruz.
Junto con Rodríguez Zamora también fue vinculada a proceso Ethel Margarita Gómez Lorenzo, secretaria del excandidato a la alcaldía de Tihuatlán y aspirante a diputado local por el PRD Gregorio Gómez, quien se encuentra en prisión desde abril.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), Gómez fue aprehendido por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y por participar en un enfrentamiento, pero sus compañeros de partido aseguran que fue sacado con abuso de autoridad de su negocio de autopartes para que policías ministeriales le “sembraran pruebas”.
Por otros delitos hay otros dos perredistas en prisión: el exsecretario de Gobierno y actual diputado federal plurinominal electo, Rogelio Franco Castán, por presunto abuso de autoridad y extorsión; y el candidato a la alcaldía de Minatitlán, Nicolás Ruiz Roset, acusado de coacción, amenazas y secuestro. En la mira se encuentran otros militantes del mismo partido: el alcalde de Sayula Alemán, Fredy Ayala González, y el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, según filtraron jueces del Poder Judicial del Estado involucrados en la liberación de las correspondientes órdenes de aprehensión.
Para Sergio Cadena se trata de una “cacería y persecución política” del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y del secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros, quienes –señala– quieren pulverizar a la oposición para ejercer el autoritarismo al puro estilo de Morena.
“La diputada está sujeta a proceso y lo que exigimos es que no haya motivaciones de revancha política hacia una mujer que, como legisladora, denunció irregularidades y abusos de poder por ser una crítica del gobierno estatal”, dijo Cadena en la última entrevista que concedió en Xalapa.
Entrevistado al respecto, el gobernador Cuitláhuac García declara en el salón Venustiano Carranza del Poder Legislativo que la “persecución política” es cosa del pasado, pues el actual gobierno no es responsable de los delitos que cometen actores políticos de otros partidos, mucho menos cuando hay homicidios entre parejas sentimentales.
“Eso nadie lo dice. La prensa no lo comenta –prosigue el mandatario–. Que la hoy imputada, Norma ‘N’ era esposa del difunto Nicanor… pero sí dicen que es un encarcelamiento político, que hay una persecución. ¿Nosotros qué tenemos que ver? Se le acusa de homicidio, no tengo más detalles. Lo que sí hay que dejar en claro es que en esta detención se actuó conforme a derecho”.
En el ámbito penitenciario se sabe que la exdiputada federal Azucena Rodríguez era la actual pareja sentimental de Goyo Gómez. Proceso buscó en varias ocasiones a la fiscal Verónica Hernández Giadáns para solicitarle una entrevista y obtener avances de la carpeta de investigación, pero la funcionaria se ha negado a través de sus voceros.
“Encono” contra el PRD
Jesús Alberto Velázquez Flores, exlíder estatal del PRD que el 1 de octubre asumirá como diputado federal suplente en caso de que Rogelio Franco continúe en la cárcel, asegura en entrevista que hay una clara persecución política.
No es excusa ni invento de las tribus del PRD, afirma, pues de otra manera no hay cómo justificar que Franco lleve más de seis meses en prisión por “ultrajes a la autoridad” (le rompió la camisa a un policía estatal durante su detención).
“Ya en prisión y cuando ganó un amparo para que Franco siguiera su proceso en libertad –continúa Velázquez–, le fincaron una nueva orden de aprehensión por extorsión. En lo del abuso de autoridad, si Rogelio fuera un ciudadano común y corriente hubiera pagado su fianza y no hubiera tocado ni la prisión.”
El exlíder perredista advierte que existe mucho encono de Morena contra el PRD, pese a que éste fue la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador durante 18 años y la escuela política de muchos integrantes del actual gobierno estatal.
“Entiendo que Andrés Manuel decide cortar lazos con el PRD, y se llevó a muchos… el 80% de quienes hoy están en Morena militaron en el PRD, y sí se generó una situación de enfrentamiento directo de Morena con el PRD. Desde mi punto de vista no lo vemos correcto. Andrés Manuel fue candidato del PRD durante 18 años. Tres veces lo llevamos en la boleta.” (Sic.)
Velázquez considera excesivas las acciones contra Goyo y Azucena Rodríguez. Cuestiona que si la FGE ya tenía una carpeta de investigación abierta, por qué no citó a comparecer a la exdiputada cuando estaba en funciones y casi esperaron a que entregara la charola en el Congreso de la Unión para detenerla.
“A Goyo lo sacan de su local, de un negocio de autopartes, y después dijeron que lo agarraron en un enfrentamiento en Álamo. En el caso de Azucena, la acusan de algo que sucedió en el mes de julio. Nunca fue notificada de nada, no la citaron a comparecer, se esperaron a que entregara la diputación y le ejecutaron una orden de aprehensión. Si las cosas se hicieran de otra manera parecería más creíble, pero como fueron, todo parece que es una persecución política.”
El caso Franco
Desde la prisión de Amatlán de los Reyes, en las montañas de Veracruz, Rogelio Franco Castán asegura que es un “preso político”, pues la intención del gobierno es “mermar” a la oposición e “intimidar” a las distintas fracciones del PRD. Instituto político, recalca, donde militaron el gobernador Cuitláhuac García y su padre, el exlegislador Atanasio García.
Diputado federal electo por la tercera circunscripción del PRD, Franco no pudo rendir protesta por su condición penitenciaria. “Sus derechos políticos están salvaguardados; cuando Rogelio salga de prisión, la curul en San Lázaro es suya”, insiste Flores. El hoy imputado es amigo del exgobernador Miguel Ángel Yunes, quien en su bienio le dio el cargo de secretario de Gobierno. Yunes y sus hijos son acérrimos detractores de los gobiernos de Cuitláhuac García y de López Obrador.
Franco también ha tenido relaciones políticas con los exgobernadores priistas Javier Duarte y Fidel Herrera.
El legislador electo fue detenido el pasado 13 de marzo en Tuxpan, en el norte de la entidad, para atender una querella por “violencia intrafamiliar”. Cuando se ejecutó la orden tuvo “jaloneos” con policías y a uno de ellos le rompió la camisa, motivo suficiente para que la FGE lo vinculara a proceso por “ultrajes a la autoridad” con siete meses de prisión preventiva oficiosa.
Cuando el proceso penal avanzó y Franco iba a obtener su libertad, el Poder Judicial obsequió otra orden de aprehensión por el probable delito de extorsión en agravio del jefe policiaco de Duarte, Arturo Bermúdez, Capitán Tormenta.
Desde su Facebook las hijas de Franco Castán hacen constantes publicaciones donde aseguran que el exsecretario de Gobierno es un “preso político”. A esta batalla de internet para limpiar la imagen de Franco se sumaron diputados locales y federales del PAN.
En cambio, dos exlíderes estatales del PRD (Sergio Rodríguez Cortés, procurador de Medio Ambiente del gobierno morenista, y Juan Vergel Pacheco, quien fue precandidato a la alcaldía de Xalapa) despotrican contra su exjefe.
Con sorna, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, respondió a los periodistas que lo interrogaron sobre el caso: “En Veracruz no hay presos políticos, pero sí muchos políticos presos”.
