En su lucha por acogerse al criterio de oportunidad, Emilio Lozoya y el exsecretario técnico del Comité de Administración del Senado, Rafael Caraveo, ampliaron sus declaraciones a la FGR. Al precisar datos de sus acusaciones contra exlegisladores panistas e integrantes del gabinete de Peña Nieto presuntamente implicados en los sobornos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta Etileno XXI, el exdirector de Pemex reitera sus señalamientos contra Ricardo Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade, en tanto que Caraveo fortalece el caso contra el exsenador Jorge Luis Lavalle.
La Fiscalía General de la República (FGR) arrancó la ofensiva final del caso Lozoya-Odebrecht con la judicialización, en una misma semana, de los procesos penales contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el director de Pemex entre 2016 y 2018, Carlos Alberto Treviño Medina, además de nuevos señalamientos para reforzar sus primeras acusaciones contra el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.
De igual forma, el exdirector de Pemex Emilio Ricardo Lozoya Austin refrendó sus señalamientos contra el excandidato presidencial de la alianza PRI-Partido Verde, José Antonio Meade Kuribreña, y el exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya, a quienes acusa junto con Carlos Treviño de recibir dinero del consorcio Braskem-Idesa para mantener los contratos de operación de la petroquímica Etileno XXI.
Documentos a los que este semanario tuvo acceso indican que desde junio pasado Lozoya Austin y Rafael Caraveo presentaron ampliaciones a sus declaraciones ministeriales a fin de precisar los hechos que la FGR pretende imputar a los señalados por el propio Lozoya en la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020.
A poco más de un año de que Lozoya compareciera por primera vez ante un juez de control en México, la labor de la FGR ha sido lenta; sólo ha iniciado cuatro procesos penales contra los supuestos implicados y únicamente el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury fue imputado y vinculado a proceso, mientras que Carlos Treviño y Ricardo Anaya ya fueron citados a audiencias públicas para que puedan ser imputados de manera formal, pero se tuvieron que aplazar porque la Fiscalía no ha otorgado el acceso a la carpeta de investigación a sus respectivas defensas.
El cuarto proceso penal iniciado por la FGR es el que se le sigue al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, causa en la que se había girado orden de aprehensión contra el también exsenador del PAN, pero que se encuentra suspendida de manera indefinida por juicios de amparo, controversias constitucionales y recursos de reclamación que impiden a la fiscalía ejecutar el mandamiento de captura, ya que el Congreso estatal y el propio mandatario local han impugnado que el mandamiento judicial se haya librado sin respetar el fuero constitucional del que goza Cabeza de Vaca.
En busca de pruebas
En la denuncia inicial presentada por Lozoya para acogerse a un criterio de oportunidad y así evitar ir a la cárcel en los dos procesos penales que se le siguen por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, el exdirector de Pemex señaló a 70 personas por incurrir en presuntos actos de corrupción durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, desde el inicio fuentes de la FGR descartaron que se fuera a investigar a todos los exlegisladores, exservidores públicos y empresarios mencionados por Lozoya. Uno de los escenarios era proceder contra los exsenadores del PAN y el PRI que supuestamente habrían recibido sobornos de Odebrecht y su filial Braskem-Idesa para aprobar la reforma energética impulsada por el gobierno peñista, y contra los funcionarios federales que habrían aceptado dinero para favorecer a dicho consorcio con contratos de obra pública.
Derivado de que la denuncia de Lozoya fue ampliamente filtrada a los medios y al público, se conoció que Peña Nieto y parte de su gabinete, así como los dos rivales de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales de 2018, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, se encontraban entre los supuestos beneficiarios de la trama.
También se apuntaba a varios exlegisladores del PRI y del PAN, como los actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, pero los señalamientos en algunos casos eran muy genéricos, por lo que la FGR requería nuevos datos de prueba para judicializar las acusaciones particulares.
Además, la defensa de Lozoya y de otros imputados, como Rafael Caraveo, que han solicitado acogerse a un criterio de oportunidad, lograron que jueces de control ampliaran el plazo de investigación complementaria, por lo que éste ya se alargó durante más de un año, tanto en el proceso penal del caso Odebrecht como en la causa judicial relativa a la planta de Agronitrogenados.
Las últimas ampliaciones fueron autorizadas por jueces de control el viernes 27, sin que Pemex o la FGR se opusieran a la petición de la defensa de Lozoya Austin, debido a que se necesitan traducciones de documentos oficiales que autoridades de Brasil, Belice y Alemania enviaron a la FGR como parte de las indagatorias.
Para el caso de la compra a sobreprecio de Agronitrogenados, el juez José Artemio Zúñiga extendió una prórroga que vence el próximo 19 de noviembre, mientras que en el caso Odebrecht la nueva fecha para cerrar la investigación complementaria es el 3 de noviembre.
Fuentes judiciales explicaron que, además de las traducciones, la FGR y la defensa de Lozoya aprovechan el plazo para presentar ampliaciones de sus primeras declaraciones, las cuales se han ofrecido entre junio y agosto.
En el caso de Caraveo, la nueva declaración fue para corregir montos y fechas de los presuntos sobornos que le habría entregado al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle para la aprobación de la reforma energética.
De acuerdo con el diario Reforma, a pesar de que Lozoya habló de hasta 165 millones de pesos entregados en presuntos sobornos para campañas electorales, las declaraciones de Caraveo y cambios a las leyes sobre lavado de dinero sólo le permitirán a la FGR fincar responsabilidad por un cohecho de 97.1 millones de pesos y el delito de lavado de dinero será solamente por 52.3 millones.
Nuevas imputaciones de Lozoya
En su nueva declaración ministerial, Lozoya ofreció más detalles de las instrucciones que supuestamente recibió de quien él consideraba su superior jerárquico, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, para la entrega de presuntos sobornos a quien fuera candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pero sin mencionar fechas exactas que pudieran hacerlo caer en contradicciones en futuras comparecencias.
En las carpetas de investigación también se incluyen testimonios de tres colaboradores de Lozoya cuando éste era director de Pemex: su jefe de escoltas, Norberto Gallardo Vargas; su chofer, Miguel Pérez Esquivel, y el titular de administración de su oficina, Froylán Gracia Galicia.
El testimonio de estos cuatro exservidores públicos es la base de la imputación que la FGR pretende imputar al exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, por un presunto soborno de 6.8 millones de pesos que se le habría entregado a cambio de su voto a favor de la reforma energética.
En sólo ocho páginas Lozoya menciona en 14 ocasiones a Anaya y manifiesta que en cada encuentro que tenía con éste, “yo sabía que me iba a pedir dinero, ya que él se había enterado de que se había acordado dar dinero a los senadores del PAN para aprobar la reforma energética y mencionó que él también necesitaba de apoyo y recursos económicos”.
En el caso de Videgaray es todavía más insistente, al señalar en 20 ocasiones que las entregas de dinero y las reuniones con los presuntos beneficiarios de los sobornos se realizaban por orden expresa del entonces secretario de Hacienda.
Lozoya narra que tuvo un primer encuentro con Anaya en el piso 44 de la Torre de Pemex, sin dar la fecha, y que después de eso se reunió con Videgaray.
“En la siguiente reunión que tuve con Luis Videgaray Caso me dijo que, en efecto, conforme él me había comentado previamente en su solicitud de reunirme con Ricardo Anaya, Luis Videgaray daría el apoyo económico a Ricardo Anaya para apoyar la reforma energética. Sin embargo, recalcó que el apoyo para él sería menor al de los senadores”, asegura Lozoya en su declaración.
Sobre el exsenador panista Francisco Domínguez Servién, Lozoya señala que era uno de los legisladores del blanquiazul que recibían recursos para apoyar sus aspiraciones de gobernar Querétaro, pese a la oposición de Ricardo Anaya, que aspiraba a lo mismo.
En el caso de Carlos Alberto Treviño Medina –su sucesor en Pemex, citado para la audiencia de imputación el miércoles 25–, Lozoya asegura que “los pagos ilegales” a este exservidor público, así como a José Antonio Meade y a José Antonio González Anaya, también se dieron por orden expresa:
“Luis Videgaray expresamente me dijo lo siguiente: el punto de negociación era claro, sino (sic) revisaba, cuestionaba y por lo tanto se daba continuación al contrato Etileno XXI, Luis Videgaray iba a poder obtener de Braskem/Odebrecht la cantidad de 84 millones de pesos que representaban el adeudo que dicha empresa tenía por el otorgamiento del contrato de Etileno XXI en el sexenio de Felipe Calderón.”
En una audiencia celebrada el viernes 27, la defensa de Lozoya obtuvo tres meses más para seguir fortaleciendo su teoría dentro de la causa penal 261/2019, de la que se desprenden las acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en los dos casos que ya se empiezan a perfilar de forma separada.
Por un lado se van a judicializar los casos derivados de los presuntos sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, en donde estarían los procesos penales contra exlegisladores panistas como Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca, José Luis Lavalle y Francisco Domínguez.
Por el otro, se perfilan las imputaciones por el caso de Etileno XXI. Ya se formalizó un citatorio para celebrar la audiencia inicial contra el exdirector de Pemex Carlos Treviño y todavía no se sabe si la FGR procederá contra José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
En la prórroga concedida por el juez José Artemio Zúñiga para el caso Odebrecht, por primera vez se mencionó a la hermana del exdirector de Pemex, Gilda Susana Lozoya, y su madre, Gilda Austin; un indicio de que Emilio Lozoya logró librar a su familia de las imputaciones judiciales que habían obligado a la primera a vivir en el ostracismo, tras descubrirse que en su calidad de estudiante había sido la beneficiaria de transferencias millonarias de dinero, recursos que luego Lozoya utilizó para adquirir dos residencias que se resiste a entregar a la FGR y a Pemex para garantizar el daño provocado a la petrolera. l
