Las anomalías exhibidas por la Fiscalía General de la República en la investigación sobre el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya le dieron a éste y a su partido argumentos para quejarse de una persecución política. De hecho, los legisladores Juan Carlos Romero Hicks y Xóchitl Gálvez le atribuyen a López Obrador una “tremenda presión” para cazar a Anaya. El motivo, según el imputado, es evitar que sea candidato presidencial en 2024.
Las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el seguimiento a la denuncia interpuesta hace más de un año por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, revivieron la notoriedad política del excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés.
Sin cargo público y despojado de la injerencia que tuvo en el PAN, el queretano de 42 años inició la cuarta semana de agosto con una tanda de comunicaciones difundidas en video y texto en sus redes sociales, acusando una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dice, quiere encarcelarlo para evitar su postulación a la Presidencia en 2024.
El escándalo surgió en medio de la realineación política que encauza el activismo opositor con la prolongación de la alianza PRI-PAN-PRD, que de ser electoral se formalizó como legislativa el mismo día que se difundió el primer video de Anaya Cortés, dando visos de que esos partidos seguirán actuando en un bloque, como demuestra la visita de sus dirigentes a la OEA el 23 de agosto para denunciar la intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio.
La víspera, el Legislativo dio un avance de lo que será su actuación en los próximos años al impedir en la Comisión Permanente que la reglamentación de la revocación de mandato –que pretendía lograr rápido el presidente López Obrador para celebrarla en 2022– se viera obstaculizada.
Sin embargo, el dirigente del PAN, Marko Cortés, lo mismo que otros miembros del partido, e incluso el propio Anaya, han evitado referirse a esa o cualquier otra coyuntura para explicar el motivo de la “persecución” que señalan en sus respectivas declaraciones.
“Anaya es una de las personas más visibles de la oposición en México, claro en su crítica al presidente de la República; cualquier persona concluye lo mismo”, responde al cuestionarlo al respecto el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.
El también exgobernador de Guanajuato, que termina su coordinación este martes 31, es uno de los legisladores que el pasado miércoles 25 acudió a la FGR para exigir acceso al expediente de Anaya, uno de los aspectos que se han considerado violación al debido proceso y que motivaron un primer revés a la fiscalía, en virtud de que el acusado no pudo enfrentar la acusación.
En entrevista, Romero Hicks se refiere a las declaraciones que a lo largo de la semana emitió López Obrador: “Miente, provoca y se hace victima. Exhibe conductas que muestran está desconectado de la realidad y en lugar de asumirse como un jefe de Estado lo que hace es dividir a los mexicanos”.
El asunto fue ampliamente abordado a lo largo de la semana por el mandatario desde su primera reacción en Twitter el mismo día del primer mensaje de Anaya, deslindándose de las pesquisas ministeriales y conminándolo a no dejar el país y enfrentar la justicia si es inocente.
Las alocuciones del mandatario, que en todo momento insiste en que la FGR es autónoma y él nada tiene que ver con la comparecencia programada para el jueves (finalmente se aplazó), acicatearon una discusión en la que los líderes de la oposición, destacadamente del PAN, expresaron su apoyo al excandidato presidencial.
En tanto, desde la tribuna de Palacio Nacional se profundizaba el desaguisado con amplias referencias al pasado pero con la advertencia de que el presidente no juzgaría sobre el caso Anaya, pues correspondía a la FGR realizar las investigaciones.
Historial de desencuentros
Desde la campaña presidencial de 2018, las referencias de López Obrador a Anaya fueron más amplias que las destinadas al candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.
En los debates de candidatos presidenciales, López Obrador rechazó las referencias que Anaya Cortés intentaba espetarle, en una ocasión acercándose físicamente, y que fue resuelto por el hoy presidente poniendo a salvo su cartera. Fue en esos debates donde lo apodó “Ricky Riquín Canallín” y, en el celebrado el 20 de mayo de 2018, mostró una portada de Proceso en la que se expuso el caso que por entonces indagaba el gobierno peñanietista sobre el enriquecimiento del panista entre 2013 y 2016.
El 3 de mayo de aquel año arreciaron los comentarios del tres veces candidato presidencial por la supuesta petición que un grupo de magnates, encabezados por Claudio X. González Laporte, hizo al entonces presidente Enrique Peña Nieto para que Meade declinara a favor del panista.
La supuesta negativa de Peña Nieto motivó que en varias ocasiones, López Obrador reconociera que su antecesor no haya intervenido en la elección. El asunto fue mencionado por el hoy presidente desde finales del año pasado, cuando dijo que el tiempo le daba la razón, pues el activismo de Claudio X. González Guajardo, hijo de González Laporte, y el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, impulsó la coalición Va por México.
Finalmente la indagatoria sobre Anaya por los negocios inmobiliarios iniciada el sexenio pasado se cerró. Días antes de que concluyera la administración peñanietista, la entonces Procuraduría General de la República dio carpetazo al asunto por lavado de dinero por falta de pruebas suficientes.
Tras un breve periodo fuera de escena, Anaya regresó a la arena política a finales de 2020, criticando al gobierno de López Obrador prácticamente en todos sus mensajes, entre otras cosas por el manejo del covid–19, por el saludo a la madre del Chapo Guzmán, las políticas sociales y la conducción económica durante una gira por el país durante 2021.
Desde Palacio Nacional, las expresiones del mandatario se limitaron a unas cuantas ocasiones, en las que aludió, sin mencionar su nombre, a los panistas que presuntamente recibieron sobornos por aprobar la reforma energética de Peña Nieto, entre otros episodios, al iniciar la tercera semana de agosto de 2020, como reacción a la filtración de un video donde se observa a operadores de ese partido recibiendo maletas con dinero en efectivo.
“Este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”, dijo el mandatario.
Es este último asunto el que se concatena con la denuncia de Emilio Lozoya y por el que Anaya es investigado, no sin tropiezos de la FGR.
La “persecución” y el desaseo
El pasado 19 de agosto, al cumplirse un año de la filtración de la denuncia –presentada el 11 del mismo mes de 2020– en la que Lozoya Austin señaló a 70 personas involucradas en actos de corrupción, la FGR arreció sus acciones y llamó a declarar a Anaya el jueves 27 de agosto.
A decir del panista, desde hace un mes hubo un primer intento de imputarlo pero había errores en la carpeta de investigación (“estaba hecho con las patas”, dijo), por lo que intentaron subsanar las deficiencias y finalmente se declararon listos para avanzar con la denuncia “del corrupto y mentiroso Lozoya” y “dos testigos balines”.
En un video difundido el sábado 21 de agosto anunció que dejaba el país. Expuso: “López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo…
“A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y un mentiroso… y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero.”
Las expresiones de Anaya remiten a la tercera semana de agosto de 2020, cuando inició la serie de revelaciones con la filtración de un video en el que se observa cómo Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular de Francisco Domínguez en el Senado y luego en el gobierno de Querétaro, así como Rafael Caraveo, colaborador de Jorge Luis Lavalle, reciben bolsas de dinero en efectivo, presuntamente como soborno para que sus jefes aprobaran la reforma energética de Peña Nieto.
A la revelación de ese video, clave en las indagatorias de estos días, siguió la mencionada filtración de la denuncia de Lozoya dos días después, para cerrar la semana –entre otros escándalos– con la publicación en el portal Latinus de videos y audios en los que Pío López Obrador recibe efectivo de manos de David León Romero, episodio no aclarado al que se sumaría otro video en el que otro hermano del mandatario, Jesús Martín, recibe dinero en efectivo.
“Me presentaré el día que sean llamados a declarar los hermanos de López Obrador”, dijo Anaya el pasado miércoles 25.
Como anticipó desde su primer video, Anaya estaba fuera del país. La polémica se dio porque no se le otorgó acceso a la carpeta de investigación y, en medio de las especulaciones sobre el caso, el miércoles la FGR difundió un comunicado que terminó revirtiéndosele en la opinión pública.
Una primera pifia fue señalar que la prueba era la votación de Anaya sobre la reforma energética y una fecha en la que el indiciado no era diputado, pues había solicitado licencia para contender por la secretaría general del PAN.
Romero Hicks sostiene que tanto la negativa a entregar el expediente como ese tipo de argumentación falaz, ponen en evidencia que López Obrador ejerce una presión tremenda sobre la FGR para que avance el asunto, de manera que la institución pidió al juez una audiencia cuando ni siquiera tenía la carpeta de investigación terminada.
“Violación al debido proceso”, insiste Romero Hicks para luego observar que el Juzgado había instruido a la fiscalía para que entregara la carpeta dos días antes. La consecuencia fue que la audiencia tuvo que posponerse hasta octubre.
La senadora panista Xóchitl Gálvez, también integrante del grupo de legisladores que acudió a la FGR a exigir acceso al expediente, advierte: “Siempre estaré de acuerdo en que se castigue la corrupción, venga de donde venga y trátese de quien se trate”, pero sostiene que en este caso las deficiencias en el proceso reflejan la “persecución”.
Para Gálvez, el “verdadero corrupto está en su casa” (la mansión de Lomas de Bezares), pues quien recibió el dinero de Odebrecht fue Lozoya a cambio de contratos y no de la reforma energética. Ese dinero, recuerda, fue a parar a Tochos, la empresa de Lozoya, y de ahí a otras cuentas, algo que la FGR puede rastrear con facilidad.
“Lo que sucede es que el presidente se convirtió en ministerio público y fiscal, y ya lo declaró corrupto”, agrega.
Gálvez asegura coincidir con el presidente López Obrador en la necesidad de erradicar la corrupción, pero cuestiona las condiciones de esa posición presidencial reiterada a diario, con la forma en la que se han abordado asuntos como la Línea 12 o los videos de los hermanos, entre otros asuntos que desde la tribuna legislativa ha denunciado.
Menciona el asunto de las dos propiedades heredadas de la madre y la suegra de Anaya como un asunto que propicia el miedo, pues hace sentir que el gobierno es autoritario. Y en efecto, a diferencia de otros casos en los que existe un rastreo de cuentas y depósitos identificados en su oportunidad por la Unidad de Inteligencia Financiera, con la información disponible hasta ahora la imputación menciona un par de propiedades.
“Lo que llama la atención es que Lozoya despotrica con beneficio de oportunidad, mientras Peña Nieto feliz de la vida. Creo que hay un pacto de impunidad, que no lo van a tocar y enfocan las baterías, con una tónica amenazante, a los opositores. Pareciera que es persecución política contra sus adversarios”, reitera la senadora.
Finalmente, con la audiencia diferida, Gálvez plantea: “El presidente está peleando todas las mañanas para que los temas no sean esos: salud, salida de capitales… Él necesita pelear con alguien. Ahorita es Anaya y la próxima semana no sé quién va a ser”.
