Desde octubre de 2018 el presidente López Obrador fue advertido del negro historial de su colaborador Gabino Morales Mendoza. La denuncia se hizo pública en un mitin en el centro histórico de San Luis Potosí, pero el mandatario lo impuso como su coordinador en ese estado. Tres años más tarde este representante del gobierno se convirtió en el superdelegado de la 4T con más denuncias en su contra (van ocho) por delitos que van de violación y acoso, pasando por amenazas y chantaje, hasta el desvío de recursos.
Gabino Morales Mendoza es el funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador más poderoso en San Luis Potosí. Es el primer responsable de la organización y aplicación de los programas sociales federales en el estado; es decir, toma decisiones sobre recursos millonarios.
Al mismo tiempo es uno de los 32 coordinadores estatales –conocidos como superdelegados– que más denuncias acumula en su contra. Se trata de acusaciones por agresiones sexuales, amenazas, hostigamiento, violencia política de género, desvío de recursos y despidos injustificados. Estos señalamientos datan de 2013, cuando era presidente de Morena en la entidad, y de 2019, durante el primer año en su actual cargo.
El reportero obtuvo copias de dos expedientes de las denuncias en su contra por delitos sexuales. Una de las carpetas de investigación, con número CDI/FGE/I/D01/03570/19, se inició en la Fiscalía General de San Luis Potosí en febrero de 2019 contra Gabino Morales Mendoza y Luis Manuel Ruiz Guzmán por una presunta violación cometida el 5 de agosto de 2013.
El denunciante, militante de Morena, declaró que la agresión ocurrió en casa de Ruiz Guzmán, quien hoy es el enlace jurídico en la Secretaría del Bienestar.
En el expediente la víctima da detalles del abuso, y explica que cuando a Morales le reclamó por las agresiones, el hoy superdelegado le respondió que “no recordaba nada”.
En cambio, Ruiz le confirmó en persona que sí pasaron esas cosas que recordaba, “pero que quedaba entre nosotros”. El denunciante intentó olvidar el abuso, pero a mediados de 2018, con terapia psicológica, entendió que había sido víctima de violación. Dicha acusación no registra avances.
La segunda denuncia contra Morales se encuentra judicializada. Es la carpeta de investigación CDI/GFE/I/D01/02317/19, iniciada en enero de 2019 por la fiscalía por posibles delitos de abuso sexual y amenazas. Sin embargo, pese a que el caso se judicializó, Morales jamás se ha presentado a declarar.
El denunciante, quien en la entrevista prefiere identificarse como Fabián, acusa a Morales de hostigarlo sexualmente. En el documento detalla que conoció a Gabino a inicios de 2013, cuando comenzaba a militar en Morena. En los siguientes años, agrega, el comportamiento del acusado lo incomodaba; y en el documento denuncia dos supuestos hechos de abuso ocurridos en 2016.
Fabián narra que a finales de 2018 descubrió que otros compañeros de su partido también sufrieron algún tipo de abuso “laboral y sexual” por parte de Gabino.
El 9 de enero de 2019 recibió amenazas desde un perfil anónimo en Facebook. En la parte final de su declaración ante las autoridades asegura que teme por la seguridad de él y la de su familia. “Gabino Morales es una persona que tiene mucho poder por el cargo que actualmente está ocupando”.
Sin avances
El peritaje psicológico de Fabián, realizado por la fiscalía, oficio DP/1010/2019, concluyó que su relato es confiable y que “sí se encontraron indicadores relacionados con una víctima de violencia sexual” e “indicadores de una alteración psicosocial con manifestaciones de depresión e inadaptación”.
En la entrevista con este semanario, Fabián asegura que cuatro personas, él incluido, sufrieron alguna agresión sexual de parte de Morales, pero aclara que sólo dos víctimas denunciaron. En su caso fue acoso “porque trataba de hacerme tocamientos sin mi consentimiento”. Tras las dos agresiones el hostigamiento fue “más punzante. Amenazas, descalificaciones hacia mi persona y trabajo profesional, hacia mi familia y mi pareja”.
Aunque el expediente está completo, la denuncia no ha prosperado. Morales no contestó cuando se le citó a una audiencia. Fabián teme “que sea un reflejo de su poder en el estado”.
De acuerdo con la carpeta del caso, el área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar solicitó a la fiscalía copia de la investigación, según el expediente 5305/2019/PPC/SEDESOL/PP116, por lo que esa dependencia y la Secretaría de la Función Pública conocen la denuncia. Consultada la fiscalía sobre el estado de la averiguación, el área de Comunicación Social respondió que “está en trámite”.
Violencia política de género
En una publicación en Facebook, del 1 de noviembre de 2012, López Obrador anunció que un joven de 23 años, Gabino Morales, había sido electo presidente de Morena en San Luis Potosí. Licenciado en administración pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Morales desempeñó ese cargo en el Comité Ejecutivo Estatal del partido hasta 2015.
Más tarde fue el enlace estatal de la dirigencia nacional y coordinó la campaña de López Obrador en la entidad. Al iniciar el actual sexenio, ese joven se convirtió en coordinador estatal de los programas sociales federales, en uno de los superdelegados, los máximos representantes del presidente en los estados.
Información obtenida vía transparencia revela que las denuncias contra los delegados estatales de programas para el desarrollo ascienden a 100. Morales es quien más registra en su contra, al menos ocho, aunque la Secretaría de la Función Pública no especificó el número exacto por tratarse de investigaciones en curso. Esto quiere decir que la dependencia no ha resuelto ninguna.
El 24 de octubre de 2019, al comparecer en la Cámara de Diputados Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública, informó que hasta ese momento 12 denuncias contra 10 súperdelegados –entre ellos, Morales– se habían iniciado por presunto uso irregular de los programas sociales.
Una acusación más contra Morales se registró el 10 de diciembre de 2018. El expediente CNHJ-SLP-626/18 anota que el 21 de junio de ese año la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena recibió quejas de Sarahí Esquivel Veloz contra Morales Mendoza y Kevin Ángelo Aguilar Piña por violencia política y violencia política de género.
La militante de Morena denunció el uso de lenguaje machista sexista, difamación sexual, amenazas de hacer público material digital de contenido íntimo, destitución del cargo de enlace estatal y denostación enfocada a que sus logros son derivados de actos sexuales.
Los acusados negaron estos hechos; tras medio año, la CNHJ resolvió sancionar a ambos con una amonestación pública y una medida de apremio consistente en un apercibimiento. Esta denuncia también se realizó ante la fiscalía estatal y se inició la carpeta de investigación CDI/22776/2018 por amenazas y hostigamiento.
El 25 de enero de 2019, de acuerdo con el expediente CNHJ-SLP-737/18, la CNHJ sancionó a Morales con la suspensión de sus derechos partidarios por seis meses, además lo apercibió después de que Martha Lissett García García, militante de Morena, también lo acusó por violencia política y violencia política de género, “aprovechándose de su posición de autoridad y jerarquía”.
El 6 de septiembre de 2018 García lo acusó de uso de lenguaje sexista y machista, y de destituirla sin justificación de dos cargos: enlace federal del VI Distrito y representante propietaria de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.
El 7 de febrero de 2019, en una conferencia de prensa, un grupo de diputadas federales de Morena, como Lorena Villavicencio y Wendy Briceño, legisladoras locales y otras militantes del partido en San Luis Potosí solicitaron a López Obrador que destituyera a Morales por estas acusaciones. Nada de esto impidió que, a inicios de abril de 2019, Gabino realizara una megafiesta por su cumpleaños 30, a la que acudieron cientos de personas, entre autoridades del gobierno estatal, magistrados, legisladores de Morena, PRI y PAN, alcaldes, empresarios y operadores políticos. Una celebración en la cual Morales mostró su poder político y que contrastó con la política de austeridad de López Obrador.
Morales fue contactado por este medio con el propósito de conocer su posición sobre las denuncias en su contra. No respondió.
Desvío del erario
El 5 de octubre de 2018, en un mitin de López Obrador en la plaza de Los Fundadores en el Centro Histórico de San Luis Potosí, morenistas exigieron a gritos que no se nombrara delegado a Gabino. “Fuera Gabino” y “Gabino es corrupto” decían las cartulinas color verde fosforecente. Lo acusaban de uso irregular de recursos.
López Obrador, sin embargo, respaldó a Morales. Lo llamó al templete, lo tomó del hombro y dijo: “Gabino Morales es nuestro coordinador aquí… Nuestro representante del gobierno federal. Es de confianza. Ya les digo: hay que dejar de pelear, hay que hacer a un lado la politiquería”. Morales mostró en todo momento una sonrisa triunfadora.
Un año después, en octubre de 2019, el diputado Ricardo del Sol Estrada interpuso ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia penal contra Morales por presunto manejo irregular de los programas sociales federales.
De acuerdo con exfuncionarios de la estructura federal en San Luis Potosí, Gabino sí desvía recursos, y señalan que tras la denuncia, unos 60 servidores de la nación fueron echados de sus cargos en agosto de 2019. Ese mismo mes diversos exservidores de la Huasteca viajaron a la Ciudad de México y levantaron una denuncia por despidos injustificados ante la Secretaría de la Función Pública.
Sergio Cruz López, exservidor de la nación, explica que vía el sistema de los programas sociales descubrieron que los recursos no eran entregados en su totalidad a los beneficiarios, a quienes informaron este hecho. Por instrucciones de Morales, dice, fueron despedidos después de que algunas personas reclamaran el monto total ante las oficinas de la Secretaría del Bienestar.
Aunque sólo unos empleados recibieron una compensación de 9 mil 300 pesos por el despido, la denuncia no prosperó. “¿El gobierno federal no se da cuenta de esto?”, cuestiona.
“El robo se hacía junto con otros servidores y la delegada regional, Briseida García Antonio. Se prestaron a corrupciones”, asegura. Esta situación, añade, se repitió en municipios como Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Tancanhuitz, Aquismón, San Martín, Matlapa, Tanlajás, Huehuetlán, Villa de Arriaga, Villa de Arista, Zaragoza, Cedral y Salinas.
Juan Rubio Trejo, excoordinador regional de Morena en la Huasteca; Juan Donjuan Muñiz, militante del partido y consejero electo del Distrito 2, y María Concepción Orta, exservidora de la nación que fue despedida el 22 de junio pasado, confirman que los desvíos se efectuaron desde 2019, sobre todo en los programas de pensiones para adultos mayores, discapacitados y becas escolares. Cuando un servidor destapa una anomalía, dice Rubio, “lo corren de manera injustificada”.
Rojas Orta menciona que Rosaura Campos Mendoza, delegada regional “que también desvía recursos”, la despidió por órdenes de Gabino al “no cumplir con sus intereses políticos”.
Traición a Morena
Los entrevistados explican que la serie de delitos e irregularidades causaron que Morales Mendoza desistiera de sus intenciones de ser candidato de Morena a gobernador de San Luis Potosí en el proceso electoral último, pretención que hizo pública. Sin embargo, Gabino no cruzó los brazos y, para protegerse de los delitos denunciados –aseguran los entrevistados–, puso la estructura política estatal en favor de Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde, quien finalmente resultó ganador. El fracaso de Morena se vio reflejado en un tercer lugar.
Sostienen que la reunión en la cual se llamó a votar por el Verde se efectuó en Villa de Arriaga, y ahí asistieron unos 100 servidores de la nación de diversos municipios, relata Rojas Orta. Ahí estaba Morales.
Rojas recuerda que se les habló de un acuerdo: “Según ellos (Mendoza y su gente), debíamos votar por diputados del Verde para que apoyaran las iniciativas de López Obrador. Nos pidieron que dijéramos a personas mayores que, si no votaban por el Verde, no iban a recibir sus pensiones de adulto mayor y de discapacidad. Para mí, era una traición”, denuncia.
Esta versión es compartida por el diputado independiente local Pedro Carrizales Becerra, El Mijis:
“Gabino comenzó a trabajar con Ricardo Gallardo y puso la estructura y voto de la 4T a su favor, a cambio de recursos y protección. A mí también me llamaron, pero no acepté”, aclara. Mendoza –continúa Carrizales– intentó “corromperlo” al inicio de la legislatura, al ofrecerle la Oficialía Mayor del Congreso local si apoyaba sus nombramientos. En un afán, dice, de obtener mayor control de Morena en el Congreso. “Así como a mí, buscó a otras compañeras de la bancada. Ahora se fue con Gallardo. En mi opinión, Gabino ha afectado mucho al partido en San Luis Potosí”, agrega.
