Inamovible en su convicción del retorno presencial a clases para el lunes 30, Andrés Manuel López Obrador desoye las voces de los especialistas, quienes critican al gobierno federal y a la SEP por la falta de una estrategia que garantice la seguridad de los educandos, sobre todo ahora que la ola de contagios afecta también a menores y adolescentes. Peor aún resulta que se pretenda endosar la carga de ese retorno a los padres de familia, a quienes la SEP les pide firmar una responsiva para que sus hijos puedan ingresar a los planteles.
La fecha fatal para el retorno presencial a las aulas de 30 millones de educandos de educación básica –25 millones en escuelas públicas y 5 millones en privadas– es el lunes 30. La decisión se oficializó precisamente cuando la ola de contagios por covid es la más alta desde febrero de 2020; peor aún, el gobierno federal les ha encomendado esa tarea a los padres de familia y a los profesores.
Los aludidos, así como pedagogos y especialistas advierten sobre la falta de condiciones materiales, sanitarias y de conectividad para hacerlo. En año y medio de pandemia las autoridades no diseñaron ninguna estrategia para atender esas contingencias; hoy, dicen, algunos planteles están en situación calamitosa. Y eso, insisten, es tarea del gobierno.
En un foro organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal en julio de 2020, Marcos Bucio, entonces subsecretario de Educación Básica de la SEP, admitió que 46 mil 515 escuelas públicas (23% del total), carecían incluso de agua. Trece meses después la situación persiste.
Pese a ello y de que no se respetó el compromiso de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases en las Escuelas de Educación Básica –retornar a las aulas cuando estuviera el semáforo verde–, el jueves 12 –día en que casi se llegó a los 25 mil contagios, cifra récord de los últimos 15 meses– el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró: “Llueva o truene” el regreso a clases presenciales es el 30 de agosto.
Ese mismo jueves 12 la titular de la SEP, Delfina Gómez, y el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, firmaron un acuerdo para el retorno a las aulas.
Días antes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del gobierno federal, dio cifras escalofriantes: la transmisión de covid en menores creció 401% entre junio y lo que va de agosto.
Creado en 2015 y encabezado por el presidente de la República e integrado por ocho dependencias federales, los gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República, este sistema reconoció que ya habían fallecido 41 niños y adolescentes por el virus del SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. De ellos, 18 tenían una edad de entre cero y cinco años; 11, entre seis y 11 años, y 12, entre 12 y 17 años.
Paulina Amozurrutia, madre de familia y coordinadora nacional del Movimiento Educación con Rumbo, presentó un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dentro del expediente 1016/2021, en el cual requirió a la SEP presentar de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos del covid ante el anunciado regreso presencial a clases.
La dependencia que encabeza Delfina Gómez respondió al Juzgado de Distrito que no contaba con las atribuciones para hacerlo, pues eso le correspondía a la Secretaría de Salud.
Amozurrutia, también directora general de Seamos Héroes y coordinadora nacional de Unión Mujer, declaró a los medios el miércoles 11 que es grave la posición de la SEP. Consideró que las reglas que ha dado a conocer para el regreso de los niños a clases son desarticuladas; no toman en cuenta el derecho de los niños no sólo de ser educados, sino a la salud y a la supervivencia.
“Imagínense el grado de contagio que se puede dar si no se revisan previamente y con seguridad, con una evaluación pertinente, las instalaciones; si no se capacita a los maestros. Están arriesgando mucho a los niños y estas decisiones arbitrarias y sin estructura el gobierno se las está pasando a las familias”, señaló.
El incremento de contagios y muertes, entre los niños en particular, generó miedo e incertidumbre entre las familias y estudiantes de los distintos niveles educativos.
Una encuesta realizada a finales de julio y presentada la primera quincena de agosto por la empresa de medición de audiencias Parametría refleja que las familias con hijos en primaria y kínder son las que tienen un porcentaje mayor de rechazo del retorno presencial a clases, con 45%. En ese nivel educativo se concentra el mayor número de alumnos, con 18 millones en escuelas públicas.
En secundaria y preparatoria, 39% no quiere regresar a clases presenciales y a nivel universitario es 37%, según la medición de Parametría.
Retorno riesgoso
El jueves 12, en presencia de López Obrador, la titular de la SEP y el del SNTE confirmaron el regreso a clases presenciales para el 30 de agosto; y endosaron a los padres de familia y mentores la responsabilidad en esa tarea. Mostraron una carta que, les dijeron, deben firmar para que sus hijos la presenten para ingresar a clases.
El documento generó múltiples críticas en las redes sociales, por lo que la SEP lo modificó. Al final quedó de la siguiente forma: “Manifiesto mi compromiso de Aceptar el Retorno Seguro a clases de mi hijo/hija en la modalidad: virtual o presencial… Si o No”.
Sólo dejaron los compromisos de corresponsabilidad de revisar que el menor no esté contagiado de covid, vigilar el uso constante de gel antibacterial, lavado de manos y utilizar cubrebocas. Además de notificar al colegio en caso de presentar síntomas de coronavirus.
No obstante, en su conferencia matutina del viernes 13, López Obrador insistió: “Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No. Debemos enfrentar las adversidades, ‘los caminos de la vida no son como imaginaba’”, dijo.
La profesora Patricia Ganem Alarcón –fundadora y consejera de Suma por la Educación, organización de la sociedad civil encargada de dar seguimiento a la política educativa– señala que la posición oficial y la carta de responsabilidad son injustas para las familias y profesores, porque el gobierno es quien debe garantizar la seguridad sanitaria y de equipo para el regreso a clases presenciales.
Concede que es factible un retorno presencial en comunidades donde el contagio ha sido menor o nulo, pero no deja de advertir: por el momento no existen las condiciones por falta de apoyos gubernamentales y el crecimiento de casos de covid en las últimas semanas.
“Me parece que hay menos condiciones de movilidad, del apoyo gubernamental, de equipamiento suficiente en las escuelas y tecnológico para que el maestro pueda tener algunos niños en sus casas y a otros presenciales. Si sumamos todo lo que debe tenerse, por supuesto que no. Pero insisto: en las comunidades que sí lo tengan, vayamos poco a poco abriendo, sin que las escuelas que no lo hagan vayan a recibir sanciones, reprimendas u observaciones del sindicato ni del gobierno, porque han estado ausentes”, dice a Proceso.
Integrante de la Red de Mujeres por la Educación y Consejera del Consejo Ciudadano de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, Ganem Alarcón destacó que el gobierno no sólo debe atender los requerimientos necesarios sino crear un programa especial para recuperar a los millones de estudiantes que ya no ingresaron al ciclo actual.
Y agrega: “La labor del gobierno es rescatarlos y dar las condiciones tecnológicas y sanitarias para el regreso a clases presenciales, así como ver las necesidades por sectores y no sólo con esas instrucciones que a veces me parecen insultantes para un sector que ha vivido solo y ha sacado a los niños”.
Derechos vulnerados
Un tema que no se incluyó en la apertura de las aulas para las clases presenciales es el de los derechos de los niños. Para algunos expertos, las afectaciones a millones de niñas, niños y adolescentes por el confinamiento derivado de la pandemia, hacen urgente el retorno a las escuelas tomando en consideración las opiniones y sugerencias de las comunidades educativas y de los propios estudiantes.
En entrevistas por separado, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y Juan Martín Pérez García, coordinador regional de #Tejiendo Redes Infancia, alertan que el Estado mexicano debe atender las recomendaciones de organismos como la UNESCO, UNICEF y la OMS para un retorno “gradual bajo medidas de bioseguridad y tiene que ser sin discriminación”.
Ramírez resalta que desde el año pasado Redim ha documentado que “las afectaciones en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista físico, cognitivo, pero también emocional y social por la no asistencia a clases son mayores que el regreso a las aulas”.
Apunta que, si bien es comprensible la preocupación de las familias por la presencia del covid y la variante delta, se debe entrar en la lógica de cómo hacerlo. Sin embargo, advierte que no se ha aprovechado todo este tiempo para hacer una revisión de las escuelas, detectar las necesidades y hacer las adecuaciones para las escuelas que no cuentan con agua, o no tienen suficiente ventilación o espacio para mantener una sana distancia.
Al destacar que entre las estrategias a seguir también tiene que considerarse la vacunación de niños mayores de 12 años, que ya fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Ramírez recuerda que la urgencia de retornar a los espacios educativos tiene que ver con la “calidad protectora de las escuelas”, tras registrarse durante el confinamiento un incremento significativo de la violencia familiar y sobre todo contra mujeres, niñas y adolescentes, así como de la pornografía infantil.
Para la directora ejecutiva de Redim resulta reveladora la encuesta que dio a conocer recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que se advierte que siete de cada 10 niños desean volver a las escuelas.
“Se requiere información oficial, mensajes de funcionarios dirigidos a niñas y niños, atendiendo a su derecho a la información y con ello aperturar canales para la libertad de expresión de sus temores o no para volver a las escuelas y cuáles son sus propuestas, que pueden ser muy buenas”, puntualiza la defensora.
Pérez García recuerda que México es el último país en América Latina que está en vías de que 30 millones de alumnos retornen a las escuelas, ante la prevalencia de una cultura adultocéntrica, “se abrieron cines, los gimnasios, las plazas comerciales y se dejó al último a niñas y niños”,
Atendiendo a recomendaciones de la ONU, el experto sostiene que ya no podemos imaginar el retorno como antes de la pandemia. Ahora estamos hablando de escuelas híbridas, el establecimiento escolar se debe convertir en un punto de encuentro de la comunidad educativa, como referente para ir por asesorías, ir por material encontrarse ahí, de asistencia voluntaria, como es el estándar internacional, de que cada familia tiene que determinar su condición de bioseguridad, pero sin que eso signifique discriminación”.
Destaca que es indispensable como sociedad superar la idea del riesgo cero, en las escuelas habrá contagios, como los hay en los centros comerciales, “pero el Estado tiene que tener respuestas para controlarlos”.
Considera que las estrategias gubernamentales tienen que responder además a recuperar a los 5 millones de niñas, niños y personas jóvenes que dejaron la escuela durante la pandemia.
“De eso no se ha hablado y esto es lo urgente. Se tiene que garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños, garantizar el contacto con la comunidad educativa para que tome decisiones propias, y que el Estado proporcione respuestas, pero sin discriminación.”
