El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció el viernes 6 a la extensión de su mandato que permite la reforma impulsada por el Congreso y apoyada por el gobierno federal. Sin embargo, esa fue una salida política al conflicto en el máximo tribunal del país, porque el polémico artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que da vida al beneficio, sigue vigente y puede ser usado en un futuro, advierten fuentes del Poder Judicial y organizaciones como el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
La fallida iniciativa presidencial para que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ampliara su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta el 30 de noviembre de 2024, causó una fractura al interior del máximo tribunal que no se resolvió con la renuncia del propio implicado al beneficio que le otorgaba la reforma judicial.
Por el contrario, en el pleno de la SCJN existe una abierta inconformidad contra el titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien optó por una salida política al conflicto jurídico, creado desde la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para que Zaldívar se hiciera cargo de la reforma judicial hasta el final del sexenio, pese a que sólo fue elegido para presidir el máximo tribunal por un periodo de cuatro años, que concluye el 30 de diciembre de 2022.
El debate para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar dos años también evidenció que el presidente de la Corte perdió el respaldo del bloque de ministros que lo apoyaron para dirigirla, así como al Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que esta semana enfrentó su propia crisis institucional.
Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido con el voto de siete ministros, pero a la hora de cabildear para lograr la ampliación de su mandato –prevista en el artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– ya no aseguró el sufragio de cuatro de los siete ministros que votaron en su favor el 2 de enero de 2019, mientras que otros dos votos los perdió con los relevos que desde esa fecha se han dado en la Suprema Corte.
Sin respaldo
Entre los aliados que Zaldívar perdió en menos de tres años se encuentran Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes marcaron su distancia en octubre de 2020, cuando votaron contra la constitucionalidad de la consulta para esclarecer hechos del pasado, por considerarla violatoria de los derechos humanos.
Otro de esos siete votos lo perdió con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, ocurrida el 3 de octubre de 2018 en el contexto de las investigaciones que realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el depósito de 107 millones de pesos en sus cuentas bancarias, movimientos financieros que aparentemente no estaban justificados.
Otro sufragio perdido fue el de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien el 18 de febrero de 2019 pasó a situación de retiro al concluir el periodo de 15 años para el cual fue electa en 2004.
El ministro presidente tampoco pudo sumar el voto de las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, ni del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes fueron designados por el Senado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de enero de 2019.
Fuentes consultadas por Proceso señalan que la ministra Ríos Farjat y el ministro González Alcántara Carrancá estaban contra la ampliación de mandato de Zaldívar, por lo que iban a hacer valer su autonomía frente a los llamados del Poder Ejecutivo federal para que el actual presidente de la Suprema Corte siguiera en el cargo dos años adicionales.
Al menos tres ministros más, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas, autor del proyecto de resolución sobre este tema, también estaban contra la constitucionalidad del artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial.
En otras palabras, existía una mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la misma en su artículo 13 transitorio que ampliaba el mandato de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de 2022 a 2024.
Viraje
El viernes 6 Zaldívar convocó a una conferencia de prensa para informar que renunciaba de manera anticipada a la ampliación de su mandato que el Congreso de la Unión aprobó el 15 de abril último, de última hora y fuera de cualquier negociación, como parte de la reforma judicial.
La conferencia fue realizada en medio de la crisis que padece el TEPJF por la destitución de su presidente, José Luis Vargas Valdez, por lo que en un principio los medios de comunicación creyeron que iba a estar relacionada con ese tema.
Sin embargo, Zaldívar sorprendió a la prensa y a los propios ministros de la Corte al anunciar que se iba a desistir de la ampliación de mandato previsto en el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, con el argumento de quiere concentrarse en la lucha contra la corrupción y el nepotismo en tribunales y juzgados federales.
En artículos de opinión, entrevistas de radio y redes sociales, Zaldívar había defendido su derecho a no pronunciarse sobre la ampliación de mandato, esgrimiendo que, como juzgador federal, debía reservarse su opinión a un debate en el Pleno de la Corte sobre el artículo 13 transitorio.
Por ello, el 8 de junio último presentó ante la Suprema Corte una consulta extraordinaria para revisar la constitucionalidad de dicha reforma que extiende su mandato por dos años como titular de la SCJN y el de los consejeros de la Judicatura Federal por un año adicional.
Zaldívar admitió en esa ocasión que el artículo 13 transitorio había generado “un ambiente de desconfianza” e incertidumbre sobre la independencia judicial y la división de poderes, por lo que pidió zanjar el tema por la vía jurídica.
“Una vez que ha sido publicada y que ha entrado en vigor la reforma, a fin de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial federal, se hace necesario buscar una salida inmediata que permita retomar el foco en la implementación de la reforma.
“Por ello, con fundamento en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dadas las circunstancias apremiantes del caso, presentaré al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial debe proceder en relación con el artículo décimo tercero transitorio”, dijo el presidente de la Corte.
No obstante, en su conferencia del viernes 6, la posición de Zaldívar cambió de manera drástica: él mismo reconoció que su renuncia anticipada a la ampliación de mandato era una salida política para un problema jurídico que todavía persiste y que de todas formas se deberá votar en el Pleno de la Suprema Corte.
En esa misma aparición ante los medios, el titular del PJF también admitió que su cambio de posición se dio luego de conocer el proyecto de sentencia del ministro Franco González Salas a la consulta extraordinaria sobre el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, el cual se pronuncia por decretar la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato para el presidente de la Corte y los consejeros de la Judicatura.
“Mi decisión ya está tomada con independencia de lo que resuelva la Corte, desde luego hoy el ministro Franco, de conformidad con lo que se comprometió y además me avisó hace días que así sería, va a presentar el proyecto sobre el procedimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica, el lunes yo comentaré con mis compañeros cuándo quieren que se vea este tema, y después se verán obviamente las acciones de inconstitucionalidad, pero desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado”, explicó Zaldívar.
Así, tras su posición inicial y sus diálogos con otros ministros para conocer si contaba con el respaldo o no para la ampliación de mandato, Zaldívar prefirió reconsiderar y evitar una inminente derrota ante el Pleno de la Corte, en una sesión pública en la cual ni siquiera estaba garantizada su participación, debido a que algunos de sus pares estaban analizando la posibilidad de presentar un impedimento en su contra, según fuentes del Máximo Tribunal.
Resolución pendiente
El Pleno de la SCJN está obligado a resolver el proyecto del ministro Franco González Salas y las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados federales de oposición contra el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, advirtió el lunes 9 el Consejo Nacional de Litigio Estratégico mediante un comunicado.
El organismo en el cual participan juristas y empresarios, como Miguel Carbonell y Gustavo de Hoyos, entre otros, se pronunció por dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte sobre la ampliación de mandato para los consejeros de la Judicatura Federal que también se verían beneficiados por la citada reforma.
Fuentes del máximo tribunal coincidieron con la posición de la organización civil, destacando que es obligado resolver ambas acciones de inconstitucionalidad y el proyecto del ministro Franco sobre la consulta extraordinaria, en virtud de que el artículo transitorio todavía está vigente y hay impugnaciones en curso que deben resolverse de manera jurídica.
En el proyecto del ministro José Fernando Franco sobre la consulta extraordinaria planteada por su homólogo Arturo Zaldívar se concluye que, en aras de la supremacía constitucional, la división de poderes y la autonomía e independencia judicial, se debe declarar la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, por ser contrario a lo marcado de manera expresa por los artículos 97, párrafo quinto y 100, párrafo quinto, de la Constitución.
Por lo anterior, el proyecto de sentencia plantea no aplicar dicho artículo “para quienes ocupan actualmente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura”, quienes deberán concluir sus funciones en la fecha prevista desde el día de su nombramiento.
La salida sobre este entuerto que enredó al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, por cinco meses, también fue respaldada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, organización que desde el inicio de la polémica no dudó en cuestionar la intromisión del Poder Legislativo en la vida interna del Poder Judicial.
Los juzgadores federales señalaron que la decisión de Zaldívar “de concluir su periodo como tal, en el tiempo para el que fue electo” permitirá al Poder Judicial de la Federación “reencauzar la constitucionalidad de la vida interna de nuestro máximo tribunal, que es vital para el fortalecimiento y la viabilidad de nuestra democracia”.
El comunicado de la asociación coincidió con el llamado del propio Zaldívar a los impartidores de justicia para que la reforma judicial avance de la mano de los jueces y magistrados federales.
“Esta encomienda la vamos a realizar de la mano de la inmensa mayoría de los jueces federales y magistrados federales en una alianza para tener un mejor Poder Judicial, porque un mejor Poder Judicial no sólo es en beneficio de la gente, es también en beneficio de las personas juzgadoras y de todos los servidores públicos del Poder Judicial Federal”, concluyó.
