La designación de Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente interino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sustitución de José Luis Vargas Valdez, ha sido como un mejoralito para la fractura que padece el órgano jurisdiccional. La solución, si bien permite que se desahoguen las impugnaciones interpuestas tras las elecciones federales del 6 de junio último, no bastará para apaciguar el convulso proceso para renovar la presidencia del tribunal, cuya convocatoria está programada para el 1 de septiembre.
La solución a la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es temporal y, con la elección de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el cuarto presidente del órgano en menos de una semana, los juzgadores se proponen resolver la marea de impugnaciones de las elecciones del 6 de junio último.
Con ese respiro, y una vez resuelto el grueso de los recursos, entonces sí los magistrados deberán recorrer el procedimiento de selección del nuevo presidente, que se iniciará con la emisión de convocatoria el próximo 1 de septiembre para renovar una vez más la presidencia del órgano jurisdiccional.
La premura por resolver el desencuentro entre los magistrados electorales es explicable: el viernes 13 la Sala Superior del órgano de justicia electoral enfrentaba un alud de mil 468 impugnaciones pendientes, de las cuales 108 son por la elección federal.
Lo anterior es el acumulado de asuntos que se encuentran en instrucción en la Sala Superior y los que van en camino a ésta, procedentes de las siete salas regionales y la especializada.
Una consulta realizada a los asuntos en instrucción del TEPJF, al cierre de esta edición, permite observar que sólo en la Sala Superior hay 440 casos por resolver, 81 de los cuales son impugnaciones a la elección de diputados federales que deben quedar resueltos antes del 31 de agosto, a fin de que, un día después, entre en funciones la LXV Legislatura. A estos se suman 27 expedientes adicionales que aún no llegan.
Con esa carga de trabajo, cada día cuenta de manera que la crisis detonada el miércoles 4, con la destitución de José Luis Vargas Valdez por cinco de los siete magistrados, atoró, además de las impugnaciones a la elección federal, aquellas que podrían regresar el registro a algunos de los partidos que lo perdieron –destacadamente, Fuerza por México, que mantiene 10% de las impugnaciones– y las que tienen que ver con la elección de las gubernaturas de Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Guerrero y Michoacán.
Además, los casos de Campeche y Michoacán están pendientes de escalar de la sala regional a la Superior del TEPJF.
De ahí que, apenas resuelto el enfrentamiento entre los magistrados la madrugada del martes 10, su primera acción como colegiado ese mismo día fue sortear los expedientes de las gubernaturas.
Cronología de la crisis
Desde su integración en 2016 el tribunal ha sido conflictivo no sólo por diferencia de criterios, sino por auténticas animadversiones entre sus siete magistrados electorales, una expresión frecuente desde finales de abril, cuando decidían sobre las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
Bautizados como el G-5 (Grupo de los 5), los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe de la Mata Pizaña, detonaron la rebelión contra el hoy expresidente José Luis Vargas Valdez, solicitando el miércoles 4 revisar su desempeño, soterradamente acusándolo de representar la injerencia del Ejecutivo.
La sesión de ese día, iniciada con el reclamo por la expresión del magistrado Vargas “yo no voto en manada”, que fue recriminada desde la sesión previa del 30 de julio último, derivó en un llamado a revisar el desempeño del entonces presidente del TEPJF, quien suspendió la sesión reconvocada por los cinco rebeldes que acordaron destituirlo.
Entonces eligieron en su calidad de decana a la magistrada Janine Otálora, quien a su vez llamó a votación, resultando electo presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
Hasta ahora, esa ha sido la versión pública del desencuentro, pero, de acuerdo con tres fuentes consultadas, el origen del conflicto fue que, aun sin asignar los asuntos relativos a las gubernaturas impugnadas, Vargas Valdez ya presionaba por desestimarlos.
El jueves 5 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desayunó en Palacio Nacional sin que la conversación sostenida entre él, como titular del Poder Judicial, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, fuera del todo transparente.
Lo que sí era claro desde la conferencia mañanera del mandatario en esa fecha es que Rodríguez Mondragón era un perfil sin simpatía en Palacio Nacional, dada la proximidad que se le atribuye con varios calderonistas, destacadamente con Roberto Gil Zuarth. En lo público, el rechazo presidencial se fundó en la exhibición de un tuit apócrifo en el cual el magistrado supuestamente descalificaba en malos términos al presidente López Obrador.
A su vez, desde el Legislativo, el senador Ricardo Monreal reclamaba a la misma hora del desayuno entre titulares del Ejecutivo y el Judicial, la reinstalación de Vargas Valdez, quien se ha ganado fama de ser un magistrado complaciente con el gobernante en turno.
Por la tarde del mismo 5 de agosto, Zaldívar Lelo de Larrea recibió a los inconformes, quienes le expusieron sus cuitas ante el ministro y éste, por su parte, expuso el viernes 6 en conferencia de prensa el sentido público de la reunión, advirtiendo tres aspectos:
Que tenían buena disposición para retomar la ruta institucional, que la posición de Vargas Valdez era insostenible y le recomendaba “respetuosamente” dar “un paso a lado” e, implícitamente, que la disolución del actual pleno en el TEPJF no estaba en los planes inmediatos, tema que el presidente López Obrador perfilaba en sus declaraciones considerando que renunciar a sus puestos en la Sala Superior era la decisión necesaria hasta “por dignidad”.
En el encuentro del G-5 con el ministro Zaldívar se habría perfilado que fuera electa la magistrada Otálora en lugar de Rodríguez Mondragón para resolver el conflicto. La idea era no sólo resolver el conflicto interno, sino también evitar el desgaste con el Ejecutivo.
El fin de semana transcurrió sin noticias y no fue hasta el lunes 9 que Rodríguez Mondragón emitió un comunicado donde confirmó lo que vía filtraciones ya se perfilaba: que él mismo se haría a un lado, renunciando a la Presidencia del TEPJF, en virtud de que su elección se realizó sin el pleno de siete ministros (estuvieron ausentes Vargas Valdez y Mónica Soto).
Con lo anterior, el camino de Otálora estaba despejado para ser elegida presidenta por segunda ocasión del Tribunal… pero no hubo acuerdo.
En una sesión privada sobre la cual nada han querido decir los magistrados electorales, el desacuerdo se prolongó horas. Iniciada el lunes 9 fue hasta la madrugada del martes 10 cuando se alcanzó un acuerdo: el presidente sería, por segunda ocasión, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Lo será hasta que la nueva convocatoria establezca un plazo para la nueva elección de presidente que, como se ha expuesto, está programada para emitirse el próximo 1 de septiembre.
En ese contexto, López Obrador reaccionó horas después en su conferencia de prensa, afirmando que los magistrados lo habían decepcionado, que no se chupaba el dedo, que había corrupción en la justicia electoral y se volvió a pronunciar por la renovación total del órgano.
Expresión persistente en diferentes oportunidades, el martes 10, en una de sus primeras apariciones públicas tras ser elegido presidente de la Sala Superior, el magistrado Fuentes Barrera reiteró lo que sus pares han dicho desde finales de abril, cuando iniciaron los señalamientos de presión desde el Ejecutivo sobre las sentencias, si bien es cierto, dejando a salvo el derecho del mandatario a expresar lo que desee:
“Ni a mí ni a ninguno de los integrantes del TEPJF nos doblega ninguna injerencia ni ninguna presión externa”.
Conflictivo tribunal
En cinco años el TEPJF ha tenido cinco presidentes, cuando debería llevar dos, un reflejo de su conflictividad de origen, profundizada durante la sustanciación de asuntos electorales que, presuntamente, tienen injerencias políticas.
La integración de la Sala Superior ocurrió en 2016. Como se sabe, los magistrados electorales son electos en el Senado.
En aquel 2016, a partir de un reparto de los entonces grupos parlamentarios mayoritarios, PRI, PAN y PRD, el Tribunal Electoral quedó integrado de la siguiente manera: el PRI, con la operación de Emilio Gamboa, consiguió colocar a José Luis Vargas, Felipe Fuentes y Mónica Soto, como magistrados electorales; el PAN, con Roberto Gil, colocó a Reyes Rodríguez Mondragón y a Felipe de la Mata; en tanto el PRD consiguió a Indalfer Infante y a Janine Otálora.
En principio, las designaciones fueron variables en el tiempo: Otálora, De la Mata y Soto fueron elegidos para nueve años, mientras que el resto para periodos de entre tres y cuatro años.
De repente, ya con la protesta de ley ante el Senado, Emilio Gamboa y Roberto Gil acordaron una ampliación de plazo para que los magistrados Vargas e Infante permanecieran siete años, mientras que Fuentes y Rodríguez, ocho.
Paradójico episodio, Morena controvirtió ante la SCJN la ampliación de los periodos de los magistrados electorales, acusando en el discurso público una maniobra “del PRIAN” para mantener el control de la justicia electoral. En la Suprema Corte hubo votación dividida de cinco en favor de la nulidad de la extensión y seis en favor de que permaneciera la decisión del Senado.
Entre los ministros que se pronunciaron por anular la extensión estaba el hoy presidente Arturo Zaldívar, recientemente protagonista de un intento de extensión ahora promovida por Morena, en su caso como presidente de la Corte, a la que en medio de las polémicas terminaría declinando el viernes 6.
Viciada de origen y conflictiva para el morenismo dada su integración, la primera crisis en el TEPJF ocurrió en 2018 sobre la nulidad de la elección de gobernador en Puebla, cuya solución fue la sonora renuncia de Otálora a la presidencia, siendo sustituida por Felipe Fuentes, quien terminó su periodo en noviembre último.
El 5 de noviembre pasado fue electo presidente José Luis Vargas Valdez, quien, sin embargo, acumulaba para entonces una cauda de señalamientos por enriquecimiento inexplicable y, hasta entonces, una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la Republica, así como escándalos por los excesos en gastos a cargo del tribunal.
Tensa, cada una de las sesiones terminó haciendo crisis en abril pasado, cuando Vargas Valdez presionó a sus pares para que mantuvieran las candidaturas de los morenistas Raúl Morón, en Michoacán, y Félix Salgado Macedonio, en Guerrero. La expresión pública de ese conflicto fue el reclamo vía un comunicado por el aplazamiento de la sesión en la cual se revisaría ese caso y dando las primeras declaraciones sobre no dejarse doblegar por presiones o injerencias externas.
