El desafuero del diputado Mauricio Toledo exacerbó los ánimos del Partido del Trabajo: sus dirigentes lo consideran un agravio más proveniente de la 4T. Otrora consistente aliado del presidente López Obrador, este partido exhibe sus diferencias con las iniciativas que el Ejecutivo impulsa en el Congreso y advierte que no votará a favor de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ni respaldará el intento de eliminar las diputaciones plurinominales, lo que puede alterar la agenda legislativa.
El desafuero de Mauricio Toledo como diputado, resuelto en acalorada sesión el miércoles 11, evidenció el deterioro de la relación entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), aliado clave en el desempeño de la Cámara de Diputados que se renovará el próximo 1 de septiembre.
Aun con la definición de Benjamín Robles, el actual coordinador petista en la cámara, sobre no romper con Morena, el desafuero de Toledo –quien está fuera del país– motivó señalamientos de desaseo legislativo, así como venganzas desde una facción, pues señalan a Claudia Sheinbaum y su grupo de estar detrás del legislador desaforado por motivación política.
Aliado consistente de Andrés Manuel López Obrador en sus tres postulaciones a la Presidencia, el PT ha puesto sobre la mesa sus diferencias con la agenda legislativa a la que aspira el presidente desde antes del desacuerdo sobre el asunto Toledo: no votará la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ni respaldará el intento de eliminar las diputaciones plurinominales.
Reivindicando con frecuencia su “apoyo total” a López Obrador y la administración que quiso identificarse como la Cuarta Transformación, la postura anunciada por el líder moral petista, Alberto Anaya, quien coordinará la bancada que tendrá al renovarse la Cámara de Diputados, amagó desde la primera quincena de junio con la ruptura de la coalición.
El 16 de junio el PT fue enfático en expresar su rechazo a los temas mencionados, haciendo valer los 32 votos que tendrá en la próxima legislatura frente al gobierno y el partido Morena, contra el que acumula reclamos, pese a las declaraciones de apoyo incondicional.
Con intenso activismo internacionalista, la historia electoral del PT pasa por 10 elecciones federales en las que siempre se coloca al límite de perder el registro, señaladamente en 1991 y 2015, año este último en el que la anulación del distrito 1 de Aguascalientes le permitió –con el apoyo del PRD y Movimiento Ciudadano– superar apenas 3% de la votación mínima para mantenerse en el sistema electoral.
Subsistiendo a base de alianzas electorales, sin superar jamás 4% de las votaciones, en los comicios del pasado 6 de junio apenas obtuvo 3.36% de los sufragios, no ganó ninguno de los distritos en los que contendió sin coalición y sin embargo consiguió los mencionados 32 legisladores.
La respiración artificial que le proporcionó Morena no fue ajena a sobresaltos, pues la aspiración del PT era alcanzar 198 distritos en coalición, lo cual no sólo revirtió Mario Delgado, sino que, en la ampliación, apenas le dejó 45 de las 188 candidaturas que fueron en alianza, lo que fue motivo de malestar petista, que debió conseguir 255 candidatos en una semana (Proceso 2328).
Ante la renovación de la Cámara de Diputados, los votos del PT se hacen indispensables para López Obrador: la coalición tendrá alrededor de 300 diputados, de manera que sin las 36-38 curules del partido de Anaya, le alejarían aun más de los necesarios 334 votos para alcanzar mayoría absoluta.
Diferencias
El apoyo del PT a López Obrador y sus iniciativas, al aliarse con el partido mayoritario Morena, no ha sido incondicional: en el último año, al menos tres desencuentros han marcado su relación.
Al iniciar la actual legislatura, en agosto de 2018, el PT suscribió el Acuerdo Político de Unidad y Acción Legislativa, cuyo objetivo era “ratificar su respaldo absoluto al presidente López Obrador”, continuar la alianza con Morena y el PES en todos los órdenes de gobierno y tener “una agenda legislativa única”.
Ese objetivo se ha visto truncado: primero fue por la adopción de legisladores de origen perredista señalados por agravios al morenismo, destacadamente en los casos de Mauricio Toledo y de Héctor Serrano.
En el caso de Toledo, hay una serie de acusaciones por corrupción, pero uno de los episodios más recordados es la agresión sufrida por Claudia Sheinbaum al iniciar su precampaña, un ataque con un grupo de choque que reventó al menos dos de sus actividades proselitistas, una de éstas con víctima fatal.
Respecto a Serrano, ha pesado siempre el señalamiento de haber sido un operador de mano dura durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, cuyas decisiones afectaron a los morenistas en diferentes oportunidades.
La suma de esas dos curules motivó la molestia entre el morenismo, especialmente porque la administración Sheinbaum lo mantiene bajo investigación y fue la fiscalía capitalina la que solicitó el desafuero de Toledo, un proceso que fue muy accidentado por la férrea oposición petista, un diferendo que ambos partidos mantuvieron durante siete meses, hasta su culminación en días pasados.
Sin embargo, la decisión de adoptar legisladores (que incluyó al expanista postulado por el PES en 2018, José Ángel Pérez Hernández, y al morenista Manuel López Castillo) permitió al PT convertirse en el tercer grupo parlamentario con mayor presencia en la formación actual de la Cámara de Diputados, en una coyuntura en la que tenía un interés específico: la renovación de la presidencia de la Mesa Directiva para iniciar el último año legislativo, en agosto de 2020.
El PT reclamaba apoyo de Morena para asumir la presidencia, que quedó en manos del PRI bajo el liderazgo de Dulce María Sauri Riancho. Contra sus usos comunicacionales (suele emitir boletines para apoyos internacionales, respaldo a políticas y condenas por hechos trágicos), Anaya difundió un boletín elevando el tono y repudiando que se haya favorecido al PRI.
Un mes después de la confirmación de Sauri, el PT expresó su rechazo a la eliminación de fideicomisos, una iniciativa presidencial que se convirtió en uno de los motivos de más intenso desencuentro con sus opositores.
La propuesta de López Obrador se planteó (y terminaría consiguiendo) la extinción de al menos 109 fideicomisos, por considerar que son fuente de corrupción. El PT se pronunció por “rescatar los que otorguen beneficios a la población”, esto es, 36 fideicomisos que pretendía permanecieran en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
No fue todo. El PT deslizó votar contra la llamada “Ley Zaldívar”, es decir, la reforma judicial que ampliaba el periodo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una propuesta controversial respaldada por López Obrador, quien, sin embargo, terminó votando con Morena.
No obstante, el pasado 16 de junio, una de sus senadoras, Nancy de la Sierra, se sumó a los legisladores de oposición en la acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento que al final quedó sin materia, pues Zaldívar declinó el viernes 6.
Pero fue en ese contexto en el que Anaya advirtió que no respaldará la reducción de diputados plurinominales ni la iniciativa de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ser contradictoria con el espíritu legislativo que creó ese cuerpo de seguridad.
La Guardia Nacional ha sido tema persistente en las posiciones críticas del PT al gobierno, especialmente por las operaciones en la frontera sur para contener migrantes desde 2019, aunque coincidiendo en el tiempo con una postura presidencial, clave del deterioro de las relaciones entre el partido y el gobierno: la eliminación del presupuesto destinado a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), un modelo de estancias para menores auspiciado a través del PT desde su nacimiento.
Los Cendis, sin fondos
En febrero de 2019 una decisión motivó la polémica: López Obrador planteó eliminar los recursos destinados a las estancias infantiles, detonando una andanada de críticas. La posición era una, anticipada desde su campaña: erradicar todo esquema de intermediación entre gobierno y beneficiarios en todo programa social.
En la mañanera del 14 de febrero de 2019 López Obrador fue cuestionado respecto a los apoyos a organizaciones campesinas, cuando de repente soltó, sin venir a cuento, la siguiente declaración:
“Les comentaba yo lo de los Cendis: ¿cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no le vamos a dar a las estancias, porque se les va a dar a los padres? Los Cendis son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad.”
Cumplió. Hasta ese momento los Cendis recibían, según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, alrededor de 800 millones de pesos anuales. Sin embargo, en los presupuestos de 2020 y 2021 ya no tuvieron la partida que se les suministraba a través de la SEP, en la que el entonces titular, Esteban Moctezuma Barragán, registró discusiones intensas con la cúpula petista, según pudo confirmar el reportero.
El pleito por los recursos, etiquetados en el presupuesto para la partida “Expansión a la Educación Inicial”, se ha mantenido con el ascenso de Delfina Gómez a la titularidad de la SEP, pues apenas el pasado 23 de abril José Narro Céspedes, uno de los miembros de la cúpula petista, acusó a la dependencia de querer desaparecer los Cendis.
Con presencia en 14 estados, los Cendis son un proyecto de estancias infantiles y educación temprana creado por Guadalupe Rodríguez, esposa de Anaya, con presencia política en Nuevo León, donde el partido con su matiz familiar la ha convertido en diputada local en tres ocasiones, destacando su buena relación con los gobiernos priistas, en tiempos recientes, con el de Adrián de la Garza cuando fue alcalde de Monterrey.
El extenso expediente, sin embargo, quedó sepultado en instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aun cuando para entonces la instancia había conseguido una orden de aprehensión sobre Guadalupe Rodríguez y los directivos de dichas estancias en Aguascalientes. La PGR se desistió y cerró el asunto en 2018, durante el periodo de transición.
La justificación que suele dar el PT ante señalamientos sobre los Cendis es que no administra recursos y que los centros pertenecen a la SEP, prácticamente presentándose como un gestor.
Proceso solicitó una entrevista con Alberto Anaya, por medio de su secretaría particular, para abordar el tema, en el contexto de su reposicionamiento en la operación legislativa, al elegirse coordinador parlamentario. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
La desatención con el aliado histórico del presidente se patentó el pasado 16 de junio, cuando Anaya y los otros legisladores, todos miembros de la cúpula petista, como Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles, plantearon sus desacuerdos con la agenda presidencial respecto al Legislativo.
Fue Fernández Noroña, el más conocido de los tres, quien expuso: “Hubiera sido bueno que el compañero presidente (López Obrador)… platicáramos (como) compañeros y aliados estas tres reformas”, aunque expuso su apoyo a los cambios en materia energética.
El descencuentro más reciente y profundo fue el desafuero de Toledo.
Si bien, como suele hacer en cada desacuerdo, las declaraciones petistas inician reivindicando su alianza con la Presidencia, el 16 de junio, el punto sobre Toledo (que consiguió su reelección bajo las siglas del PT y podría recuperar el fuero el próximo 1 de septiembre) y la petición de desafuero –que promovió la fiscalía capitalina– fue inamovible y dura, mantenida hasta hoy por toda su bancada, proclamada por Benjamín Robles:
“Somos compañeros de Mauricio Toledo en la actual legislatura y hemos venido defendiendo que éste es un caso en el que no podemos nosotros permitir que la FGCDMX se convierta en un brazo de venganza, nosotros no coincidimos.”
Y, tras hacer una apología para afirmar su inocencia, remató: “Nosotros, en un acto de justicia, seguiremos defendiendo a Toledo y seguiremos insistiendo en que no se politice, que se utilicen como un arma de venganza las instituciones públicas”.
Así continuaron hasta la sesión del pasado miércoles 11, en la que Toledo terminó desaforado.
