En los últimos tres meses, el gremio gasero, sobre todo los comisionistas que abastecen el gas doméstico y las principales empresas que controlan su importación desde hace lustros, han protestado porque el gobierno federal intenta controlar su oligopolio. El anuncio de la creación de una distribuidora estatal –Gas Bienestar–, por parte de gobierno, así como la fijación de un tope en el precio y la sustitución del gas LP por gas natural encendió los ánimos la semana pasada. Lo peor de esta guerra larvada es el fuego amigo de los legisladores morenistas, quienes han intentado frenar al nuevo competidor.
Frente al histórico incremento en los precios del gas LP y la resistencia de los participantes en este mercado a regresar a un esquema de precios controlados y máximos por región, el gobierno federal analiza las ventajas –en tarifas y competencia– de promover políticas públicas dirigidas a aumentar el consumo en el ámbito nacional del gas natural que se suministra a través de ductos, porque resulta más barato.
Sin embargo, los diputados de Morena frenaron la expansión de un competidor, las compañías de gas natural, que podrían haber rivalizado con los grupos que controlan el mercado del gas LP gracias a esquemas de colusión.
Cabe recordar que en una de sus primeras acciones como presidente (2006-2012), el panista Felipe Calderón autorizó un incremento de tres pesos al gas LP para que las empresas que controlaban este sector desde los gobiernos priistas mantuvieran sus márgenes de ganancia durante toda su administración, pese al esquema de control de precios.
En suma, PRI, PRD, PAN y ahora Morena han fortalecido al pulpo gasero.
En su conferencia matutina del 5 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno analiza la posibilidad de migrar del consumo de gas LP al de gas natural, pues ahora se cuenta con reservas de este combustible y no hay necesidad de importarlo. Esa migración incluye a hospitales, centros deportivos del gobierno, oficinas y escuelas.
El mercado de gas LP en México sucumbió en el último año a la presión alcista de precios en los mercados internacionales ante el impulso cobrado por la reactivación económica a nivel global, a lo que se suma una caída de inventarios no vista en los últimos cinco años y el hecho de que 70% de la producción proviene del exterior a través de importaciones tanto de Pemex como de particulares.
Así, a partir del domingo 1 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso la nueva directriz de precios máximos de gas LP para la venta, con un impacto en 145 zonas del país.
Eso encendió, según la Confederación Patronal de la República Mexicana, los focos rojos en el abasto oportuno del producto por parte de comisionistas en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla e Hidalgo. Habrá desabasto y quiebre de empresas, alertó el sindicato patronal.
El pasado 3 de mayo, el llamado Gremio Gasero Nacional inició un paro nacional de tres días que representó pérdidas de entre 10 mil y 20 mil toneladas por día sólo en el Valle de México, explicó el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, Carlos Serrano.
“Hubo una afectación económica por dejar de operar, pero hubo una afectación todavía mayor por dejar de operar con un precio que no registra y no reconoce los costos completos (de) la distribución”, sostiene Serrano. A esa jornada se sumaron los comisionistas que abastecen gas LP a los hogares.
Ante una amenaza similar a la de mayo, López Obrador advierte que los comisionistas no doblarán a su gobierno; declaró incluso que la Guardia Nacional puede intervenir para poner orden en el suministro del mercado.
El objetivo del control de precios en el gas es evitar que los importadores, quienes concentran 70% de las importaciones y participan en la distribución, trasladen el incremento a los consumidores para conservar sus márgenes, como sucedió en el sexenio de Calderón.
Ahora, además de fijar un techo a los precios, López Obrador anunció la creación de una distribuidora estatal, Gas Bienestar, así como el cambio al gas natural como opción para abaratar el combustible que, en los ponderadores para la medición de la inflación a junio, mostró el mayor incremento: 30.58% respecto al sexto mes del año pasado.
“Si logramos introducir gas natural podríamos alcanzar dos cosas: una, que es más barato para garantizar precios más bajos para la gente. Y dos, hacer el compromiso de arreglar completamente las calles”, dijo.
Expuso que los camiones repartidores de gas LP producen los baches que existen en muchas ciudades del país. “Esto ayudaría a que ya no se requieran 4 mil o 5 mil unidades para distribuir cilindros; (con respecto) al precio, podríamos vender mucho más barato. No lo descartamos eso, lo estamos analizando”, adelantó.
Morena y la base social en el gas LP
Las propuestas de López Obrador para el suministro de gas natural a través de ductos contrastan con la narrativa que durante años defendieron los legisladores en la Ciudad de México; ellos se opusieron incluso al tendido de ductos.
Es el caso de Citlali Hernández, la actual secretaria general de Morena. En mayo de 2017, como diputada en un distrito de Iztacalco, encabezó la oposición en varias colonias de esa demarcación al tendido de gasoductos.
Desestimó también los proyectos para conectar a esta infraestructura los Centros de Desarrollo Infantil, unidades habitacionales y mercados públicos en colonias como Agrícola Pantitlán, Agrícola Oriental y Granjas México.
Hernández intervino en varias ocasiones para frenar proyectos de gas natural en la Ciudad de México, donde se registró el mayor incremento al precio del gas LP luego de la reforma al sector energético.
Ella y su equipo de trabajo de la entonces Asamblea de Representantes detuvieron el tendido de varios ductos para la distribución de gas natural, refieren vecinos de estas colonias. Hernández atendía las peticiones de integrantes de comités vecinales que se oponían a la construcción de ductos para el transporte de gas natural. La dirigente de Morena fue consultada por Proceso sobre este tema, pero no hizo comentarios.
En muchas zonas de la Ciudad de México, vecinos que intervienen en órganos de participación ciudadana también trabajaban como comisionistas en camiones repartidores de gas, según una revisión de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) en varias colonias.
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el mercado del gas LP “el impacto de la presión competitiva que ejerce un competidor adicional puede generar importantes reducciones de precio en los mercados más concentrados”. No sucedió en 2017 en muchas colonias de la Ciudad de México.
Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de El Colegio de México advierten sobre la forma en que operaban los Comités Ciudadanos durante la transición democrática en la Ciudad de México, pues eran vulnerables a los intereses políticos –principalmente del PRD y Morena– y privados, como los de las distribuidoras de gas LP que buscaban proteger sus mercados de la competencia. La figura desapareció con los cambios a la Ley de Participación Ciudadana y ahora operan las llamadas Copacos.
En alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco y Xochimilco, vecinos que son empleados de la industria del gas LP o dueños de pipas distribuidoras defienden la presencia de este negocio y sus mercados, como lo hicieron de manera abierta en el paro del pasado 3 de agosto.
En estas demarcaciones también coexiste la distribución de gas en pipas y tanques que se obtiene de manera irregular y que ha sido denunciado por la propia Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo.
Comisionistas legales de gas LP, así como los que obtienen ese combustible de manera irregular fueron integrantes de desaparecidos Comités Ciudadanos y hoy lo son de las Copacos; se han convertido en actores que, de la mano de políticos, influyen en el ánimo vecinal respecto a nuevos energéticos que les representen una competencia.
Maraña de intereses
La figura de los comisionistas, según los investigadores de la Cofece consultados para este reportaje, surgió antes de que se liberalizara el mercado porque los dueños de las plantas de gas LP concentraban sus esfuerzos directos en las zonas más cercanas para reducir sus costos frente a un precio máximo.
A los comisionistas, por lo tanto, se les vendía gas natural para las regiones con precios controlados menos atractivos. La Cofece ha calculado cómo cambia el precio del gas LP en función de la distancia entre el mercado de los consumidores finales y la planta distribuidora. Aunque se cuenta con ductos para transportar gas LP, la Cofece también encontró que los grupos empresariales en este sector subutilizan esta infraestructura desde hace varios gobiernos. No les interesa transportar gas LP por ductos, prefieren conservar el negocio de los comisionistas.
En enero de 2007, por ejemplo, el entonces presidente Felipe Calderón autorizó un incremento de tres pesos que benefició a los dueños de plantas de gas como Zeta, Grupo Tomza, Gas Uribe, Gas Vela. Su margen de ganancia aumentó y el impacto del precio se trasladó a los consumidores, de acuerdo con información de la CRE.
Durante los años que estuvo vigente la política de precios máximos al usuario final, su cálculo para cada una de las 145 regiones tomaba en cuenta los precios de producción o importación, los costos del flete y un margen de comercialización que suponía que el área de cobertura de las plantas de distribución justamente era su región de precios, de acuerdo con el estudio de la Cofece titulado Transición hacia mercados competidos de energía: gas LP.
“Esta política propiciaba que las plantas de distribución dirigieran su oferta principalmente a la región de precios máximos en la que se ubicaban, mientras que la participación de los distribuidores de otras regiones era mínima”, según establecen los economistas del organismo antimonopolios en ese documento.
Con una investigación en marcha por colusión en el mercado del gas LP, la Cofece detectó que “los distribuidores, generalmente, forman parte de algún grupo económico más amplio, por lo que, en ciertas regiones de precios máximos, con aparentemente muchos distribuidores, en realidad podrían estar abastecidas por pocos grupos económicos”.
Y, precisa: debido a que no existía información sobre el volumen de las ventas que las plantas de distribución en cada centro de consumo, se asume que los distribuidores únicamente participaban, antes de la liberalización, en la región de precios máximos en la que se ubicaban sus plantas de distribución.
La mayor competencia, por lo tanto, en una región representaba una disminución en precio de 6.56%, según los cálculos de la Cofece. Por ello, para distribuidores y comisionistas ha sido clave evitar la competencia en el mercado del gas doméstico.
La respuesta del Grupo Tomza, uno de los más grandes en el mercado, fue reducir el pago a sus comisionistas quienes, en la ciudad de Puebla, se unieron al paro nacional porque la empresa decidió bajar de 130 a 20 pesos el margen por tanque.
Los comisionistas pueden ser los propietarios de los camiones que, según López Obrador, dañan el pavimento de las ciudades. Y, precisamente, en el caso de Grupo Tomza, la Cofece aceptó una denuncia de la compañía Blue Propane por prácticas monopólicas en el mercado de Baja California, luego de que se denunciaron regulaciones en el municipio de Tijuana que impiden la instalación de otros competidores.
Hasta el 31 de marzo de 2020, entre las empresas autorizadas para importar gas LP se encontraban Super Gas de Ciudad Juárez, Super Gas de Piedras Negras, Almacenadora de Gas Windstar, Generadores de Energía del Noroeste, Importadora de Gas y Petróleo del Golfo, Compañía Importadora de Gas, Petróleo de Juárez, Texmexgas, Compañía Importadora de Gas y Petróleo de Tijuana, Trafigura México, International Oil Trading and Strategic Services, Gas Real, Damigas, Mach Internacional, Blue Propane, Zagas de Peñasco, Pemex Transformación Industrial, Gas Agra, Movenergy, Cosala Logistics Shipping, Damigas, Distribuidora de Gas Saga.
Sin embargo, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) varios de esos importadores forman parte de otra lista, la de los 82 exportadores e importadores que no cumplieron con el reglamento de comercio exterior.
Gas de Tijuana encabeza la lista de distribuidores de gas LP que importan esta molécula para su venta en el mercado doméstico; también se encuentran Texmexgas, Gas Silza, Gas Campanita, cuyos accionistas buscaban participar en el mercado de la gasolina.
Aunque la CRE sólo registra 50 permisos de autorización bajo la figura de comisionistas, conocidos también como hombre-camión, en México hay cerca de 4 mil de ellos, quienes prestan el servicio sin una regulación de por medio, principalmente en el centro del país, a través de un esquema llamado zonas de reparto controladas, lo que provoca distorsión en los precios en el mercado interno.
La autoridad regulatoria indica que mientras en 2018 los precios de referencia internacional del gas LP cayeron 33.6%, los precios al usuario final se incrementaron 1.1% en el mismo periodo.
En el siguiente año los precios de referencia internacional disminuyeron 29.2%, con precios al usuario final que reflejaron un descenso de 8.3%. Hasta 2020, sin embargo, los precios de referencia internacional escalaron 80.9%, con precios al usuario final en el mercado doméstico que repuntaron 16.7%.
El precio de referencia internacional alcanzó mínimos de 3.14 pesos por kilo el 23 de marzo de 2020 y máximos de 9.27 pesos el 30 de diciembre de ese año.
La CRE asegura que a pesar de las fluctuaciones de la referencia internacional del gas LP, ésta se ha mantenido alrededor del mismo nivel en un periodo de cuatro años, lo que no ha sido así en el caso de los precios al usuario final, lo que significa que los beneficios de la estabilidad o las disminuciones de precio no han sido al consumidor.
Por su parte, la Cofece identifica cinco grupos que importan gas LP y que se encuentran integrados, pero no ofrece nombres porque las investigaciones que podrían confirmar la existencia de colusiones en este oligopolio están en marcha. Admite, sin embargo, que su modelo de negocios incentivaría o facilitaría conductas anticompetitivas para desplazar rivales o bloquear ingreso al mercado. El control del mercado quedó expuesto el 3 de agosto mientras en el SAT se revisa el cumplimiento tributario de los grandes importadores de este combustible.
Los comisionistas regresaron a distribuir gas LP respetando el tope máximo impuesto por la CRE, pero la guerra está en marcha. En algunas zonas de la Ciudad de México un tanque de 20 kilos, con todo y propina, llegó a venderse en 600 pesos.
