El hartazgo ante los violentos cacicazgos de las zonas indígenas de Chiapas –situación denunciada desde hace tres años por la diócesis de San Cristóbal– hizo crisis el pasado 7 de julio, cuando la población de Pantelhó se rebeló y formó el grupo de autodefensa Los Machetes, para oponerse a la violencia del grupo de los Herrera. Ahora la situación se complica, cuando más de 20 personas de ese grupo caciquil están en calidad de desaparecidas.
PANTELHÓ, Chis.- Este pueblo es apenas una muestra de lo que ocurre en toda la región indígena chiapaneca, donde los grupos del crimen organizado y el poder político municipal se han fusionado desde hace años.
Desde el 25 de mayo de 2018 la diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertó de lo que se veía venir; en una primera carta señaló que en la región indígena de los Altos, Norte, Selva y Sierra de Chiapas se habían posicionado grupos ligados a actividades ilícitas y se habían entremezclado ya con cuestiones político-electorales para el control de municipios y del territorio.
El documento –firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el entonces vicario de justicia y paz, Gonzalo Ituarte Verduzco– confirmaba “la existencia y actuación de grupos armados ilegales al servicio de caciques y otros poderes en muchos municipios de los Altos de Chiapas”.
“La población tiene miedo o desconfianza a denunciar ante las autoridades, pues se duda que actúen en defensa de los intereses del pueblo o hasta pongan en riesgo a los denunciantes”, decían obispo y vicario.
Y eso pasaba: cualquiera que se atreviera a denunciar a los Herrera en Pantelhó era amenazado y obligado a retirar su denuncia o a abandonar su casa y sus tierras… o eran asesinados.
En cartas como esa del 25 de mayo de 2018 se insistió en la existencia de esos grupos civiles armados y de cómo los partidos políticos dividían y confrontaban a las comunidades indígenas, que antes vivían en unión y armonía.
En otra carta, ahora del 27 de mayo de 2019, el Comité Diocesano de la Pastoral Social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pedía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador atender los problemas de los pueblos indígenas y “no repetir los vicios de sexenios anteriores”.
En el documento –en el que abundaron sobre los riesgos de los megaproyectos–, solicitaron la aplicación de programas y recursos para unir y fortalecer los lazos comunitarios y no para dividirlos y confrontarlos.
Expresiones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, formado por feligreses de 14 de los municipios de esta diócesis, se crearon para enfrentar y denunciar, entre otras cosas, la acción de grupos que amenazaban sus territorios.
El 23 de abril de 2020 de nueva cuenta el obispo Aguilar y su entonces vicario de justicia y paz, Jose Luis Bezares Selvas, denunciaron las amenazas de grupos civiles armados contra personajes como el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis, quien es identificado como un fiel acompañante de los pueblos y comunidades organizadas.
En esa ocasión alertaron de los riesgos de grupos civiles armados y la violencia que generaban entre los pueblos y las comunidades de los municipios de la región tsotsil, como Chenalhó, Aldama, Simojovel, Chalchihuitán, Pantelhó, Chamula, Amatán, El Bosque y Huitiupán.
Pero también en otros más, como en la zona chol de Tila, Salto de Agua y Palenque, o en la región chab de Chilón y Sitalá. O bien en la región tseltal de Oxchuc y Ocosingo. Otros de sus territorios, como Chicomuselo, Comalapa y Las Margaritas, Venustiano Carranza, Teopisca, Las Rosas y Socoltenango. Y hasta en San Cristóbal de Las Casas.
En la carta del pasado 6 de julio, el obispo Aguilar Martínez y su equipo diocesano –un día después del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista de la parroquia de Pantelhó y expresidente de la Sociedad Civil Las Abejas, y difundida un día antes de que se conociera públicamente la irrupción armada de las autodefensas de El Machete–, una vez más insistieron en la gravedad de lo que ahí pasaba.
“Varios habitantes del municipio de Pantelhó han denunciado que desde hace varios años vienen sufriendo las amenazas de personas de la autoridad municipal coludidas con el crimen organizado en la cabecera municipal y diferentes comunidades del municipio de Pantelhó. Así como asesinatos de personas que han quedado sin que se aplique justicia.”
Los desaparecidos
La rebelión indígena del pasado 7 de julio, expresada con el grupo de autodefensa El Machete y respaldada por más de 80 comunidades indígenas tsotsiles y tseltales, fue apenas el inicio para liberar a este municipio de los Altos de Chiapas de un grupo organizado que saqueó los recursos públicos municipales del ayuntamiento, de filiación perredista.
A casi un mes de haber estallado el conflicto en Pantelhó, las autoridades estatales y federales en Chiapas apenas empezaron los primeros acercamientos con los indígenas tsotsiles y tseltales, bases de apoyo de El Machete, para conocer sus demandas y saber los pormenores de lo que durante casi 20 años los llevó a sufrir amenazas, intimidaciones, asesinatos y desapariciones por un cacicazgo político local que los mantuvo a raya.
El pasado martes 3 se instaló en Pantelhó una mesa de diálogo con funcionarios estatales y federales para plantear sus demandas, entre las que destacan la captura y desaparición del grupo de sicarios Los Herrerra, que operaba en este lugar, y la expulsión de las autoridades municipales constitucionales, para así ellos instalar su propio gobierno.
Por parte de los pueblos y comunidades indígenas se sentaron en la mesa de diálogo una comisión de 20 personas integrada por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, representantes y agentes de las diversas comunidades, así como Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En la comisión gubernamental llegaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, como Leonel Reyes y José Juan Ulloa Pérez; por parte del gobierno federal estuvo la coordinadora de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Subsecretaría de Gobernación, Josefina Bravo.
En esa mesa de diálogo del pueblo de Pantelhó con los gobiernos federal y estatal, los indígenas –a nombre de las más de 80 comunidades– expusieron sus demandas; entre ellas “que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay un problema, que es la existencia de un crimen organizado en el ayuntamiento”.
A su vez, pidieron también justicia para las víctimas de ese grupo del crimen organizado, que implica la investigación, detención y castigo a los responsables de los crímenes perpetrados.
La comisión de diálogo de Pantelhó pidió a los gobiernos estatal y federal ser reconocidos como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por el método de usos y costumbres.
También exigieron la auditoría a los recursos públicos que le han sido asignados al ayuntamiento de este municipio de Pantelhó en el periodo de Santos López Hernández y Delia Yanet Velazco Flores, de 2018 a la fecha.
Los indígenas tsotsiles pidieron al gobierno estatal y federal prohibir las cantinas y venta de drogas, es decir que se declare al municipio de Pantelhó libre de alcohol y drogas.
También demandaron la renuncia de la actual alcalde interina, Delia Yaneth Velasco Flores. Y advirtieron que no van a permitir que su esposo, el alcalde electo Raquel Trujillo Morales, asuma el cargo el 1 de octubre próximo.
Los representantes y agentes de las más de 80 comunidades se rebelaron contra el grupo armado que operaba desde esta cabecera municipal, que encabezaban los hermanos Dayli de los Santos y Rubén Estanislao Herrerra Gutiérrez. El grupo armado fue creado por el padre de ambos, Austreberto Herrera Abarca, preso desde agosto de 2019.
Los Herrera controlaban el ayuntamiento, del que Austreberto era juez municipal desde hacía más de 15 años. Decidía quién era el alcalde en funciones y controlaba los recursos municipales. Las comunidades no podían protestar o exigir obra pública porque eran amenazados o asesinados, denunciaron los pobladores, hasta el 7 de julio, cuando decidieron echarlos de la cabecera municipal.
Hoy Pantelhó, está sitiado o tomado por grupos de civiles que patrullan las calles, pero además hay miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
Los indígenas que ahora tienen el control de Pantelhó han advertido, desde que se inició el conflicto, que ellos no se alzaron contra ellos ni contra el gobierno estatal o federal, sino en particular contra el grupo criminal y el ayuntamiento.
Un tema que preocupa a Josefina Bravo es el de 21 personas detenidas por el grupo de autodefensa los pasados 26 y 27 de julio.
Las 21 personas que fueron sacadas de sus viviendas de manera forzada son vinculadas, según sus captores, al grupo de Los Herrera o bien al “narcoayuntamiento perredista”.
Fueron llevados a la plaza central, donde fueron maniatados y expuestos públicamente el 27 de julio; más tarde fueron sacados de la cabecera municipal. Hasta ahora se ignora el paradero de todos ellos. Y ni las autodefensas El Machete ni los miembros de la comisión indígena de diálogo han querido decir nada sobre estas personas.
Mientras tanto, sus familiares buscan la forma –dentro de la mesa de diálogo– de que se exija que sean liberados o al menos puestos a disposición de alguna autoridad.
