El 21 de junio del año pasado, en la comunidad oaxaqueña de Huazantlán del Río ocurrió la matanza de 15 indígenas huaves. Fueron apaleados, apedreados y quemados vivos. El origen de esta tragedia está en la disputa entre dos grupos comunitarios por el control de esta zona del Istmo de Tehuantepec que es clave por varias razones: en ella se planea desarrollar varios megaproyectos –parques eólicos y el corredor interoceánico, entre otros–, además que por ahí pasa el tráfico de indocumentados y es una región de huachicoleo. A más de un año de la masacre, no ha habido justicia.
Oaxaca, Oax.- El silencio del gobierno sólo se compara con el del cementerio donde fueron enterrados 15 indígenas ikoots (huaves) agredidos a palos y pedradas y quemados vivos en Huazantlán del Río, un municipio envuelto en un conflicto donde se mezclan el tráfico de migrantes, la posesión de la tierra y la instalación de torres eólicas en 2 mil hectáreas ejidales.
A más de un año de la matanza, María del Rosario Guerra Salazar, una de las sobrevivientes, recrimina al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¿Qué espera el gobierno, ¡que nos maten a todos!?”, “¿Hasta cuándo va a actuar la autoridad?”
María del Rosario ahora está desplazada de la comunidad huave junto con otras 60 personas por un conflicto intercomunitario; entre los desplazados hay familiares de las víctimas de la masacre, quienes además están amenazados por las autoridades municipales de Huazantlán, que “nos quieren asesinar para no dejar ni un testigo de la masacre”.
El pasado 21 de junio, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, los sobrevivientes de la masacre en Huazantlán del Río reclamaron que la Fiscalía General de Oaxaca no avanza en las investigaciones.
En tanto, el asesor jurídico del Comité de Víctimas de la Masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río, Juan Carlos Pascual Diego, narra en entrevista con Proceso su peregrinar para exigir justicia:
“En noviembre pasado el Comité de Víctimas fue a Palacio Nacional. No nos atendieron. Fuimos a la Secretaría de Gobernación. No nos atendieron. En nuestra desesperación fuimos a la Nunciatura Apostólica y ante la embajada de Estados Unidos. Sólo nos dieron una palmada. Fuimos al Congreso de la Unión y nos ignoraron, siempre con la justificación de la pandemia.
“Fuimos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México: jamás obtuvimos respuesta. Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco hay gran avance, pese a que se trata de delitos de lesa humanidad por la cantidad de víctimas y la saña con la que fueron privadas de la vida.”
Pascual Diego refiere que esta omisión más bien es un acto de discriminación y desprecio a los indígenas. Pone como ejemplo la matanza de la familia LeBarón, el 4 de noviembre de 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado dieron muerte a nueve personas en el municipio de Bavispe, Sonora. En ese caso, dice, el gobierno puso toda la atención, hay detenidos, hay una investigación seria y expedita.
“Pero, ¿qué pasa con la masacre de 15 indígenas ikoots? ¿La saña con que fueron asesinados en Huazantlán del Río no merece justicia?” Y añade: “Será porque los LeBarón eran blancos y extranjeros y los ikoots son nacionales e indígenas.
Okas Marissa
A Okas Marissa Rangel Oviedo la mataron la negligencia oficial, el desprecio social por ser indígena y la incapacidad gubernamental, pero terminó de enterrarla la impunidad.
Esta ikoot de 23 años advirtió de la tragedia al presentar su queja en la Defensoría de los Derechos Humanos el 5 de mayo de 2020, pero su grito no se escuchó sino hasta 49 días después, el 21 de junio, cuando fue noticia nacional al ser asesinada junto con otros 14 indígenas.
Okas Marissa estuvo marcada por la discriminación desde su niñez. Por los rastros de la poliomielitis y por la epilepsia que padecía fue blanco de burlas en su etapa escolar. A temprana edad fue madre de Ashly Isabel y de María Fernanda, ahora de siete y cinco años. Para sostener a sus hijas se dedicó a vender productos de la región, pero también luchaba por el reconocimiento de la mujer en su comunidad, donde la repudiaron por ser madre soltera.
Okas Marissa, Estela Virgen, María del Rosario Guerra Salazar y la señora Luz fueron encarceladas el 2 de mayo de 2020 por oponerse al grupo del agente municipal de Huazantlán al pretender participar en las elecciones para elegir autoridad.
El grito de alarma se dio el 5 de mayo, cuando Okas relató, afuera de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la forma como fue encarcelada en esa comunidad de Santa María del Mar:
“Me jalaron de los cabellos a mí y a mi niña de tres años. Nos metieron a la cárcel. Esa señora, Teófila Ochoa González, con el señor José Luis Chávez, quien fungía como agente municipal, y nos tuvieron ahí encerradas. A mí y a mi nena; mi nena es una chiquita. Me fueron a sacar (de mi casa) con mi nena. Muchos (hombres) tenían la cara tapada y con sus armas apuntándome para que nos llevaran a la cárcel.”
Al ser ignoradas por las autoridades luego de ser encarceladas sin motivo alguno, decidieron iniciar el 22 de mayo un plantón en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al pueblo de San Mateo del Mar.
María del Rosario Guerra Salazar, sobreviviente de la masacre, sin contener las lágrimas narra a Proceso: “Esto empezó el 2 de mayo, cuando nos detienen injustamente. Junto con Okas venimos a poner la denuncia para que nos dieran medidas cautelares porque existían amenazas en su contra y, dos semanas después que no vimos resultados tomamos la decisión de hacer un plantón para exigir nuestros derechos”.
Ese 21 de junio de 2020 “estábamos en la agencia de Huazantlán del Río en plantón y como a las 7:40 de la tarde llega gente de José Luis Chávez y empiezan a rodearnos. Son como unas 300 personas. Empezaron a aventarnos piedras y palos y salí a platicar con ellos para decirles que no queríamos violencia; no hicieron caso.
“La Guardia Nacional llegó en ese momento pero no hizo nada. Pensamos que venía a ayudarnos. Los seguidores de José Luis Chávez empezaron a golpearnos hasta matar a 15 de nuestros compañeros. Yo estaba con ellos. A mí me golpearon y a ella (Okas Marissa) también. Nos encerraron en una bodega y nos dijeron que nos iban a matar y a quemar. Como 20 minutos quedamos encerrados.
“Después llegó la (policía) estatal, lanzó gas lacrimógeno y abrió la puerta (de la bodega); salí y le hablé a Okas, pero no pude sacarla porque fui agredida por un hombre que me ahorcaba; llegó una mujer de la estatal y me rescató, me llevó a la patrulla. Volteé a ver a Okas y a los otros compañeros: los estaban golpeando en el piso.
“Tardaron como una hora en sacarme de la comunidad porque querían quemarme. Alcanzaron a arrojar gasolina a la patrulla y le prendieron fuego, pero a mí me sacaron. Al llegar a la fiscalía me informaron que habían quemado vivos a mis compañeros.”
Al preguntarle por qué hubo tanta saña contra Okas, María del Rosario sintetiza: “Por el hecho de ser mujer”.
Okas Marissa y Argelia Hernández Villanueva, a quienes el gobierno les negó medidas cautelares, ya pasaron a engrosar las estadísticas de feminicidio.
El Comité de Víctimas y Sobrevivientes de la Masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río acusó que los asesinos están plenamente identificados y entre ellos se encuentra el agente municipal José Luis Chávez Salinas –un militar retirado que encabezó la agresión–, así como Laura Fiallo Sandoval, Iván Mateo López, Máximo Leyva Piamonte, Agustín Oviedo, Camerino Dávalos Larrínzar, Teófila Ochoa, Emanuel Villaseñor Bustillos, Israel Oviedo Aldama y Ramiro Escudo Comonfort, quienes continúan libres.
Medidas legales
El 3 de mayo de 2020 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/190/(21)/OAX/2020, luego que se conocieron hechos de violencia el 2 de mayo en la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, San Mateo del Mar; también se tuvo conocimiento que producto de estos hechos violentos una persona murió y fueron incendiados diversos inmuebles. Este fue el inicio de la escalada de violencia que culminó con la matanza del 21 de junio.
Asimismo, la DDHPO, en atención a la queja interpuesta por las ciudadanas María del Rosario G. S., Luz Elba P. H., Estela Virgen O. M. y Okas R. O. el 5 de mayo de 2020 (quienes acudieron a la capital del estado y a esta Defensoría), solicitó acciones específicas a través del expediente DDHPO/746/(21)/OAX/2020, donde se pidió al presidente municipal de San Mateo del Mar un informe de los hechos (el encarcelamiento de las mujeres), así como las medidas para que servidores públicos señalados de ese encarcelamiento arbitrario se abstuvieran de causar agravios a las quejosas.
Respecto de los hechos, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado, mediante oficio CADH/0426/2020 de 6 de mayo de 2020 informó que en la Fiscalía General del Estado se iniciaron las carpetas de investigación 14495/FIST/SALINA/2020 y 14516/FIST/SALINA/2020 para determinar conforme a derecho las responsabilidades o probables delitos en que se haya incurrido. Asimismo refirió que el agente del Ministerio Público dictó medidas de protección a favor de las víctimas J.O.F. y J.L.CH. y de sus familiares, por lo que de inmediato se ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública dar cumplimiento a las mismas.
Sin embargo, la noche del 21 y la madrugada del 22 de junio de 2020 ocurrió la matanza, por lo que se abrió el expediente DDHPO/764/(21)/OAX/2020, emitiéndose medidas cautelares que han sido incumplidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación y sólo ha hablado con los sobrevivientes en dos ocasiones. No ha pasado nada.
Problema multifactorial
Un análisis de Servicios para una Educación Alternativa refiere que el proyecto eólico que tenía previsto la empresa Mareña Renovable en la franja de San Mateo y Santa María del Mar (y en la Barra de Santa Teresa, perteneciente a la población de San Dionisio del Mar) fue lo que desató un conflicto agrario entre las comunidades por la disputa de mil 500 hectáreas de San Mateo del Mar, cuyos habitantes se oponen al proyecto. Aquí comenzó a romperse el tejido comunitario, lo que finalmente desembocó en la matanza.
En 2003 la trasnacional española Preneal comenzó a desarrollar el proyecto eólico en el área y en 2006 el contrato que la comunidad ikoot de Santa María del Mar firmó con la empresa reservó 2 mil hectáreas para instalar 30 aerogeneradores. Este contrato, vendido después a Mareña Renovables, agudizó el conflicto agrario con la comunidad vecina.
La oposición a esa trasnacional impidió la instalación del parque eólico.
En San Mateo del Mar se agudizó la lucha política por el poder entre simpatizantes del presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y el grupo denominado Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots, encabezado por el agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas.
Ambos grupos se acusan mutuamente de agresiones y de operar como grupo delincuencial para controlar el municipio de San Mateo del Mar, cuya ubicación es clave para el tráfico de indocumentados, el almacenamiento de combustible robado y para facilitar la instalación de megaproyectos, como los parques eólicos o el corredor interoceánico.
Antes de la masacre se suscitaron hechos violentos que encendieron las alarmas, pero el gobierno estatal los ignoró.
El 3 de mayo de 2020 se perpetraron dos ataques armados –cometidos presuntamente por gente del alcalde– que dejaron un muerto, así como dos viviendas, cuatro vehículos de motor, una camioneta y dos mototaxis incendiados.
Y el domingo 21 de junio ambos grupos solicitaron la presencia de los cuerpos de seguridad, alegando que hubo un primer incidente al mediodía en un filtro de sanidad –por el covid-19– instalado en la comunidad de la Reforma, a 10 minutos de San Mateo del Mar, que habría dejado varias personas heridas por arma de fuego.
Los hechos comenzaron alrededor del mediodía de ese domingo, cuando una caravana de la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots se trasladaba a una asamblea comunitaria; al pasar por el filtro sanitario fue agredida con armas de fuego.
“Fuimos detenidos a la altura de la agencia de Reforma, lugar en donde supuestamente había un filtro sanitario; encontramos sobre la carretera llantas incendiadas por doquier que nos impedían el paso; atrincherados entre las llamas, hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego, hiriendo a varias personas que estaban en las camionetas.
“Ante este cobarde atentado ponemos de manifiesto nuestra más enérgica protesta al gobierno estatal y federal, debido a que hemos alertado en tiempo y forma del peligro que se cierne sobre nuestra comunidad ikoots. La complicidad del supuesto presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, y el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez sigue cobrando víctimas entre los ikoots y las autoridades federales se cruzan las manos ante estas injusticias”, advirtieron integrantes de la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots.
Sin embargo, el ayuntamiento denunció la “artera agresión de la cual fueron víctimas mujeres encargadas del módulo de sanitización”. De estos hechos violentos, resaltó que resultaron heridas de gravedad dos mujeres y dos hombres, entre ellas regidoras del ayuntamiento.
Después sobrevino la masacre.
Apenas el domingo 27 de junio de 2021 se realizó una asamblea general extraordinaria para la elección del agente municipal de Huazantlán del Río, donde José Luis Chávez Salinas ganó casi por unanimidad (585 votos).
