La frontera norte de Tamaulipas se ha convertido en el principal punto de cruce para los migrantes que se internan en Estados Unidos luego de pagar miles de dólares a los polleros y grupos criminales que los controlan. Ese próspero negocio –que en los últimos nueve meses ha dejado ganancias por 7 mil 500 millones de dólares– explica la cruenta disputa entre grupos de la delincuencia organizada, así como la inseguridad y violencia que sacuden a ese territorio.
De acuerdo con informes del gobierno de Estados Unidos, entre octubre de 2020 y junio de 2021 un millón 255 mil 824 migrantes ingresaron a ese país por la frontera de Tamaulipas y Texas.
Según investigaciones del gobierno mexicano, esto significa ganancias de unos 7 mil 534 millones 944 mil dólares –unos 150 mil 698 millones 880 mil pesos– para los traficantes de personas. La cifra es equivalente a la pensión que el gobierno federal otorga cada año a 8 millones de adultos mayores.
Este redituable negocio justifica la cruenta disputa permanente entre los grupos de la delincuencia organizada por el control de las zonas de cruce de migrantes; les permite financiar el desarrollo de sus actividades ilícitas, así como fortalecer a sus grupos con armas y parque vehicular.
También les sirve para pagar la nómina de sus centenares de halcones y sicarios, pero sobre todo para expandir sus operaciones y comprar “voluntades” públicas y privadas.
Información de inteligencia de corporaciones de seguridad federal y estatal detectaron que en Tamaulipas el Cártel del Noreste tiene el control en Nuevo Laredo y una parte de la Frontera Chica que comprende Mier y Miguel Alemán; el Cártel del Golfo, a través de su facción Metros, se mantiene en Miguel Alemán, Camargo y Reynosa, mientras la zona de Río Bravo, Nuevo Progreso y Matamoros son reductos de la facción Ciclones/Escorpiones.
Los datos son brutales y colocan el tema migratorio como uno de los ejes centrales en el negocio delictivo en Tamaulipas:
A estas escandalosas cifras obtenidas por el tráfico ilegal de personas se suman otros mil dólares por el último “brinco” por cruzar el Río Bravo, lo que significa para los grupos delictivos locales de esa entidad una derrama económica de mil 255 millones 824 mil dólares, 25 mil 116 millones 480 mil pesos–, cifra similar a lo que gasta cada año el gobierno federal en casi 1 millón de personas con discapacidad a través de apoyos directos.
Brincando la frontera
El 11 de marzo pasado, el demócrata por el distrito de Texas Henry Cuellar compartió en su cuenta de Twitter @RepCuellar, un video en el que se observa una gran cantidad personas formadas esperando su turno para subir a una balsa inflable para cruzar el río Bravo. Una muestra de lo que ocurre en la zona de Río Grande Valley.
En la balsa, conducida por un hombre que cubre su rostro con una capucha negra. Sólo caben seis mujeres adultas y tres niños, cuyo único equipaje es una mochila donde llevan sus escasas pertenencias.
El mes pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró en su página web que entre octubre de 2020 y junio de 2021 detuvo a 418 mil 608 migrantes en el Valle de Texas, colindante con Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y la Frontera Chica (que incluye los municipios de Miguel Alemán, Camargo y Mier).
La última semana de julio, en una reunión de las mesas ciudadanas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, se difundió un documento que señala que la criminalidad y la violencia son parte cotidiana de la lacerante situación que se vive en territorio tamaulipeco:
“Actividades lucrativas como el fenómeno de la migración explican la persistente y cruenta disputa de los grupos delictivos por el control de zonas –especialmente en la frontera– para el desarrollo de sus actividades ilícitas”, dice el documento Combatir al crimen organizado, necesario para no ceder libertad ni tranquilidad.
En los últimos ocho meses, las autoridades estatales “rescataron” a unos mil migrantes, que pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Efectivos de la Guardia Nacional (coordinación Tamaulipas) han rescatado en lo que va del año a 3 mil 517 personas en condición de migrantes, tanto en vehículos que los transportaban como en casas de seguridad a lo largo de la entidad. De ese total, 49% provenían de Honduras. Sólo entre el 28 de julio y el pasado miércoles 4 de agosto, la corporación detectó a 432 personas; la Policía Estatal rescató a cerca de 800 en territorio tamaulipeco.
Según los migrantes, sus familiares radicados en Estados Unidos les envían dinero para pagar al pollero 7 mil dólares –por el transporte, hospedaje y alimentación– si vienen de Guatemala o de Honduras. Los de otros continentes, como los originarios de Bangladesh, pagan 15 mil dólares.
La CBP calcula que por cada detenido, dos personas se internan en Estados Unidos; en otras palabras, según los cálculos de la Patrulla Fronteriza, 1 millón 255 mil 824 migrantes –hombres, mujeres y niños– cruzaron hacia Texas desde la frontera de Tamaulipas. Una jugosa ganancia para los polleros.
Si se multiplican los costos individuales por el millón 255 mil 824 migrantes que cruzaron hacia Texas entre octubre de 2020 y junio de 2021, la cifra se eleva a 7 mil 534 millones 944 mil dólares, equivalentes a 150 mil 698 millones 880 mil pesos.
Además, los migrantes deben pagar otros mil dólares por el “brinco”, lo que significa para los grupos delictivos locales de Tamaulipas que se disputan los territorios unos mil 255 millones 824 mil dólares, es decir 25 mil 116 millones 480 mil pesos, lo que gasta cada año el gobierno federal en casi 1 millón de personas con discapacidad en apoyos directos.
Eso, por lo que compete al tráfico de migrantes que son trasladados a Estados Unidos a través del río y los puentes de Tamaulipas. A ello se suman las decenas de millones de dólares por el trasiego de drogas, el segundo de los negocios ilícitos más lucrativos.
Un binomio explosivo
La violencia y la inseguridad en Tamaulipas, particularmente en la región fronteriza, es aprovechada por los grupos criminales, pues, por sus circunstancias geográficas, Matamoros, Reynosa y la Frontera Chica son los puntos más cercanos hacia Estados Unidos y tienen conexiones privilegiadas por carreteras y 17 puentes fronterizos.
No es algo nuevo: en la época de la prohibición del alcohol, Matamoros fue punto clave para el ingreso ilegal de bebidas alcohólicas procedentes de los ingenios y destiladoras de Puebla, que dieron origen a grandes fortunas “lícitas” y el empoderamiento de uno de los grupos que dieron origen al Cártel del Golfo y sus derivaciones en Los Zetas y Cártel del Noreste, que son los tres preponderantes en Tamaulipas.
El creciente tráfico de migrantes explica también la recomposición y disputas de grupos por el control territorial, como la del Puente Pharr en Reynosa, que derivó en el asesinato de 15 civiles.
Según los lugareños, por la noches y madrugadas circulan por las carreteras tamaulipecas decenas de automóviles en caravana con hasta 15 migrantes en cada vehículo. Intentan burlar puntos de revisión de las corporaciones federales y estatales.
Tamaulipas es punto final, con corredores cambiantes muchas veces a través de solitarias brechas, pero que siempre convergen en la frontera. El itinerario se inicia en Chiapas y continúa por Tabasco, Veracruz, se bifurca hacia San Luis Potosí o la zona sur tamaulipeca, pero converge en Nuevo León, especialmente Monterrey, que se ha convertido en una especie de HUB o distribuidor de migrantes, drogas y otras mercancías ilícitas.
De ahí, los migrantes suben a Nuevo Laredo, a la Frontera Chica tamaulipeca, Reynosa y Matamoros, en el negocio de ida. De vuelta, los polleros trafican armas de todo tipo y calibre, dinero, combustible y otros productos que dejan miles de millones de dólares de ganancias; muchas veces pasan por las aduanas, que están bajo custodia militar.
Todos son finalmente delitos del orden federal que provocan inseguridad y violencia en Tamaulipas, como homicidios, lesiones, robos de automóviles, extorsiones, secuestros. Son los medios para preservar la operación de los negocios de altas ganancias. Ese es el botín, la gran mezcla de negocios que deja altas utilidades, señala el informe de las mesas ciudadanas de seguridad.
Contrario a la política de abrazos no balazos implementada por el presidente López Obrador, hacia los integrantes del crimen organizado, el informe Combatir al crimen organizado, necesario para no ceder libertad ni tranquilidad señala:
El gobernador del estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca, considera que cerrar el espacio a ese botín –que deja el tráfico de migrantes– impediría el financiamiento que pueden obtener los grupos delictivos para la preservación y expansión de sus actividades, pero en especial para evitar su avance en el control territorial de zonas o ciudades y el deterioro social que eso provoca.
Asimismo, recomienda liberar y cumplimentar órdenes de aprehensión contra los líderes de la delincuencia organizada que cometen ilícitos federales, así como minar sus fuentes de financiamiento, como el tráfico ilegal de personas y sus estructuras generadoras de violencia.
