Presas de la zozobra durante cuatro semanas, pobladores de Pantelhó desplazados se niegan a regresar por temor a represalias del grupo de autodefensas El Machete, que hoy controla la cabecera municipal. Muchos temen que se reinicien las disputas de éstos y las autoridades contra los Herrera, quienes durante años impusieron el terror en ese entorno. Ese éxodo provocado por la inestabilidad preocupa a organizaciones civiles y a obispos católicos, que piden a las autoridades garantías para las comunidades afectadas por la violencia, mientras atienden a los refugiados en los albergues.
PANTELHÓ, CHIS.- Luego de la irrupción, el 7 de julio pasado, del grupo de autodefensas El Machete y tras las explosiones de bombas instaladas por el grupo armado de los Herrera en este entorno, miles de hombres, mujeres y niños –la mayoría de ellos ladinos o caxlanes– se refugiaron en municipios aledaños donde sobreviven como desplazados.
Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército tomaron Pantelhó, por lo que algunas familias empezaron a retornar. Pero el 26 y 27 de julio miles de indígenas de las diversas comunidades, así como bases de apoyo de las autodefensas, irrumpieron en la zona, donde quemaron casas y negocios de personas vinculadas a los Herrera, así como lo que llaman el “narcoayuntamiento”. Y hasta el cierre de edición tenían el pueblo bajo su control.
Tsotsiles y tzeltales de muchas de las más de 80 comunidades no sólo tomaron la sede del gobierno municipal, también instalaron retenes en los accesos al pueblo, ante la mirada atónita de la Guardia Nacional y las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se replegaron para evitar un choque con los encapuchados armados con palos y machetes.
Al menos 21 personas fueron sacadas de forma violenta de sus domicilios, expuestos al escarnio en la plaza pública, amarrados y llevados a una comunidad de las montañas de Pantelhó donde permanecen retenidos; algunos refieren que se los llevaron a San José Buenavista Tercero, bastión de las autodefensas.
Las casas de Austreberto Herrera y sus hijos Rubén Estanislao y Dayli de los Santos Herrera Gutiérrez fueron las primeras en arder; luego la de la alcaldesa Deli Yaneth Velasco Flores y su esposo, Raquel Trujillo Morales.
Los indígenas manifestaron en público tener el control de Pantelhó y advirtieron que no quieren ahí “al grupo criminal de los Herrera y sus sicarios”, y formaron una comisión de 20 personas de diversas comunidades de católicos y no católicos, encabezados por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, para mediar con las autoridades estatal y federal.
El conflicto, dijeron, no es entre indígenas y mestizos, sino contra los Herrera y el “narcoayuntamiento” perredista, por lo que pidieron a todos los pobladores regresar a sus casas y sus negocios. No obstante algunos viven atemorizados, fuera de sus propiedades, muchas de las cuales fueron saqueadas y quemadas, sobre todo las de los enemigos de las autodefensas.
Muchas personas inocentes han quedado atrapadas en un fuego cruzado. Hoy, hombres, mujeres y niños se encuentran en albergues temporales en los municipios vecinos; algunos se desplazaron incluso a San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez para huir de la violencia.
Algunas familias, cuyos integrantes piden omitir su identidad, aseguran que no tienen garantías de seguridad para un retorno, porque ahora las autodefensas impondrán su ley con cuotas y amenazas. Viven en la zozobra.
Este conflicto ya desató una crisis humanitaria en Chiapas. Los desplazados por la violencia en la región de los Altos de Chiapas, en particular los de Pantelhó, preocupan sobremanera a las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que trabajan en la región.
Se multiplican los albergues
Los sucesos del 7 y 8 de julio en Pantelhó obligaron a miles de personas a dejar sus casas y huir con lo poco que pudieron tomar para salvar sus vidas. Unos se fueron a Sitalá, Chenalhó, San Juan Cancuc y otras comunidades aledañas, en busca de refugio. Y lo hallaron con familiares y amigos; en iglesias, donde sacerdotes y representantes de organizaciones civiles les proporcionaron vivienda y alimentos.
La organización Melel Xojobal, A.C., dirigida por Jenifer Hazza, fue de las primeras en lanzar el SOS a la comunidad nacional e internacional para pedir la solidaridad de todos. A sus integrantes les preocupan las condiciones de los niños, niñas y adolescentes del sector con el que han trabajado desde su fundación.
Este organismo empezó a monitorear la llegada a San Cristóbal de Las Casas de familias completas en busca de ayuda desde el pasado 9 de julio. Estima que más de 3 mil personas fueron desplazadas de manera forzada de Pantelhó y hoy se encuentran refugiadas en comunidades de Sitalá, Tila, San Juan Cancuc y Chenalhó, entre otros.
En San Cristóbal de Las Casas, dicen los integrantes de Melel Xojobal, han observado alrededor de mil 200 desplazados, de los cuales más de la mitad son infantes y adolescentes, con mayor presencia de mujeres; también hay bebés de hasta seis meses. Muchos de los pequeños aún buscan a sus familiares; desconocen si sus padres lograron salir de Pantelhó, donde estaban incomunicados.
Los responsables de los espacios habilitados como albergues –recintos religiosos, asociaciones civiles y casas particulares– solicitan alimentos perecederos y no perecederos, así como pañales, fórmulas para bebé, ropa, cobijas, colchonetas, toallas sanitarias, leña, artículos de higiene personal. Se afanan también en instrumentar actividades lúdicas, educativas y recreativas de contención emocional para las niñas, niños y adolescentes.
Algunas instalaciones religiosas tienen capacidad para albergar hasta 200 personas, aunque la contingencia derivada de la pandemia restringe de manera notable la capacidad por parte de las instituciones del Estado; quieren evitar cadenas de contagio por el covid-19.
La organización dirigida por Jenifer Hazza también documentó que algunas de las familias que llegaron a San Cristóbal de Las Casas cuentan con familiares y amistades en la ciudad, aunque eso no garantiza que tengan los recursos necesarios para resistir la contingencia mientras se solucione el conflicto en las comunidades de Pantelhó.
Violencia sin fin
Melel Xojobal, adscrita a la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas y de la Red por los Derechos de la Infancia en México, denunció la omisión y retrasos por parte del estado para brindar atención urgente a la población desplazada, así como la falta de coordinación entre las instituciones para proteger y garantizar sus derechos.
En su informe, la organización advierte que la violencia en Pantelhó no es un caso aislado, sino parte de una larga serie de conflictos derivados de una sistemática presencia y operación de grupos criminales en la región que –con la aquiescencia del estado– insisten en tomar el control del territorio.
Eso, subraya el documento, provoca muertes, heridos, desaparecidos e inestabilidad social en las comunidades. La violencia generada por el crimen organizado, la presencia paramilitar y otras fuerzas criminales han expulsado y desestabilizado a las comunidades de la región de los Altos de Chiapas, afectando más gravemente a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.
De marzo a la fecha, por ejemplo, se han registrado 12 asesinatos, incluido el de un menor; “nos preocupa la omisión e incapacidad del estado para garantizar la seguridad y la vida de las y los pobladores y encontrar soluciones pacíficas ante la violencia generalizada en las comunidades; reiteramos que la militarización de los territorios no es la vía para resolver los conflictos”, apunta el informe.
Y añade: las niñas, niños y adolescentes refugiados en los albergues de San Cristóbal de Las Casas presentan síntomas de angustia, miedo e insomnio ante los recuerdos de los sonidos de las bombas y balas; también presentan malestares de salud como tos, molestias estomacales y una constante preocupación sobre cuándo regresarán a sus hogares.
La organización de Hazza urge a los gobiernos estatal y federal a hacer cumplir lo establecido en la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas y el marco jurídico internacional que rige su actuar. El propósito, insiste, es asegurar sus derechos a la alimentación, vivienda, salud, así como la garantía del retorno seguro con sus familias a sus comunidades sin la presencia restrictiva de las fuerzas de seguridad.
Las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos condenaron también la violencia y los enfrentamientos armados en Pantelhó, que provocaron el desplazamiento de familias enteras. La de Chiapas ya abrió un expediente y emitió medidas cautelares a fin de salvaguardar la integridad de los tsotsiles de Pantelhó.
Preocupadas por la inestabilidad en la zona, ambas comisiones exigieron al gobierno estatal garantías para los desplazados, preservar el estado de derecho e instrumentar con eficiencia, oportunidad e imparcialidad las investigaciones que permitan ubicar y procesar a los probables responsables de la violencia.
El exhorto de los obispos
Los obispos Jaime Calderón, de la diócesis de Tapachula; Rodrigo Aguilar, de la de San Cristóbal de Las Casas, y su auxiliar Luis Manuel López; Fabio Martínez Casilla, de la de Tuxtla y su auxiliar José Luis Mendoza Corzo lamentaron la violencia e inseguridad, así como la incertidumbre de los pobladores de Pantelhó y Chenalhó, quienes dejaron sus viviendas.
Si bien movilizaron de inmediato a miembros de la organización católica Caritas, para proveerle ayuda a los desplazados, señalaron que les preocupa la situación que se vive en la región.
Ante la posibilidad de que la situación se agrave, solicitaron apoyo de la feligresía católica: “No tenemos un número exacto de desplazados, pero consideramos que hasta ahora se han rebasado los 3 mil. Pedimos que quienes tienen conocimiento de hermanos en esta situación puedan comunicarlo a las parroquias para poder atenderles en su inmediata necesidad”.
También lo hicieron ante los gobiernos estatal y federal para que intervengan urgentemente a fin de resolver el conflicto de raíz; denunciaron que “esta situación se ha vuelto caldo de cultivo para que fuerzas alternas al gobierno se disputen territorios y causen el terror y desplazamiento de comunidades”.
En Chenalhó hay 3 mil 500 desplazados. Según Alfredo Pérez, director de protección civil en ese municipio; en Acteal, Acteal Alto, Yacteclum, Centro Canonal, San José Majomut, Tzajalucum, Quextic, Quextic Centro, poblado Quextic y en la cabecera municipal no se han cuantificado los desplazados.
Y aclara que además de esa categoría, hay “afectados”, es decir, los que aun cuando permanecen en sus parcelas no pueden salir a trabajar a sus milpas por temor a los balazos y bombazos que sacuden a Pantelhó.
Durante la sesión del Comité Estatal de Emergencias del miércoles 21, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas presentó un informe de atención a personas en situación de desplazamiento derivado del conflicto social en el municipio de Pantelhó.
En su informe, la dependencia precisa que a partir del fin de semana antepasado comenzó a entregar ayuda humanitaria a las familias procedentes de Chenalhó y Pantelhó. Los primeros en recibirla fueron los de la comunidad Yabteclum y a las personas que se encontraban en la Casa de la Cultura de Chenalhó.
Luego se hizo extensiva a 335 familias reubicadas en las comunidades San José Majomut, Tsajalhucum, Acteal Centro y Javaltón, del municipio de Chenalhó, originarias de la Esperanza, Quexti, Chimix y Acteal Alto, municipio de Chenalhó y San Clemente, municipio de Pantelhó; asimismo, se activó de un refugio temporal en San Cristóbal de Las Casas.
Aunque la Secretaría General de Gobierno dio a conocer el retorno paulatino de los desplazados, lo cierto es que son más los pobladores que se niegan a regresar. Temen que las hostilidades entre las autodefensas y los Herrera se reinicien.
