Familiares de personas desaparecidas y colectivos que los acompañan quieren aprovechar la consulta de este domingo 1 para empujar, en principio, comisiones de la verdad sobre violaciones de los derechos humanos. Sostienen que en el fondo no se trata de enjuiciar a los expresidentes –como promueven López Obrador y Morena–, sino impulsar procesos de “justicia transicional” que otorguen a las víctimas verdad, justicia y reparación de daños.
Mencionadas en la pregunta que será sometida a la primera consulta popular en México, este domingo 1, las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos permanecen expectantes ante los resultados del ejercicio que ha generado un intenso debate.
En entrevistas por separado, Alicia de los Ríos, del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua; Nadín Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; y Grace Fernández Morán, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, reconocen la relevancia de la consulta popular como una demanda añeja de las víctimas, pese a que la redacción del cuestionamiento es ambigua.
Coinciden en que el movimiento de víctimas tiene su propio sendero y no depende del resultado de esta primera experiencia, en la que se llama a considerar pertinente o no “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas” de sexenios pasados, “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, como dice la pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En días previos a la consulta, colectivos defensores de derechos humanos fijaron posicionamientos que no se contraponen con el ejercicio, pero dejaron claro que el fondo debe relacionarse con la creación de comisiones de la verdad y no con el enjuiciamiento a expresidentes, como lo promovieron el presidente López Obrador y su partido.
En sendas cartas, colectivos de familiares de desaparecidos de Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Querétaro, Jalisco, Morelos, Coahuila, Baja California Sur y Tamaulipas, así como organizaciones civiles que acompañan a víctimas, exigieron que la consulta se materialice en la creación de comisiones de la verdad y mecanismos efectivos de justicia.
Colectivos como el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Coahuila, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas, recordaron por separado los saldos ominosos que siguen sin respuesta:
“El reconocimiento oficial de 89 mil 488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio de 2021”, de las cuales 21 mil 546 personas desaparecieron durante el presente sexenio; mil 749 fosas clandestinas de las que se han recuperado 3 mil 25 cuerpos, de los cuales sólo “se han retornado a casa 822”, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
De igual forma, en las fiscalías del país habría al menos 38 mil cuerpos sin identificar hasta 2019; 340 mil personas desplazadas “por diferentes tipos de violencias”, a los que se sumaron 3 mil 873 de enero a junio del presente año; mientras que en los primeros seis meses de 2021 se registraron oficialmente 543 feminicidios.
Al llamar a construir comisiones de la verdad para visibilizar las “atrocidades”, los colectivos de víctimas alertan: “Detrás de cada masacre o víctima que se reporta vienen sus familias a incorporarse a nuestro doloroso camino. Esto tiene que parar”.
Hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida en 1978, Alicia de los Ríos Merino, con quien comparte nombre, la defensora de Chihuahua reconoce que entre el movimiento de familiares de víctimas de la política contrainsurgente durante la segunda mitad del siglo XX “no hay una opinión homogénea, aunque la mayoría está por la participación en la consulta popular.
“Hay que recordar que los presidentes son los que ordenan las grandes acciones donde intervienen elementos castrenses; por eso en términos generales estamos por la consulta, porque para nosotros significa la construcción pública de la memoria para las nuevas generaciones, sacar estos temas del olvido y ponerlos en el escenario público”, dice De los Ríos Merino.
Al señalar que “es responsabilidad del Ejecutivo” hablar de juicio a expresidentes cuando la pregunta a consultar no los menciona, De los Ríos resalta que desde marzo pasado al menos 20 colectivos de víctimas de violaciones graves cometidas entre 1965 y los noventa han emprendido un trabajo colectivo de construcción de la memoria con el respaldo del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
Por eso, apunta, si bien el ejercicio plebiscitario es importante, no modifica ese proceso “para establecer mecanismos de esclarecimiento histórico del periodo de la contrainsurgencia”.
Para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, el gran obstáculo para alcanzar verdad y justicia es “una normatividad interna que no se ha actualizado en términos del derecho internacional de derechos humanos”, de ahí que “la memoria y poner el tema en la opinión pública es muy importante”, puntualiza De los Ríos.
Exigencia de justicia
Reyes Maldonado lamenta que la propaganda de la consulta por parte de autoridades federales y estatales vinculadas a Morena mantiene invisibilizadas las violaciones graves a derechos humanos que, “desafortunadamente, se siguen cometiendo independiente del partido que esté en el poder y eso lo hemos visto antes y ahora”.
Abunda: “La impunidad, que ha sido sistemática en el país, es lo que ha permitido que esos crímenes se sigan cometiendo, de ahí la indignación muy válida de todos los colectivos que tenemos un ser querido desaparecido, porque decimos con o sin consulta la exigencia por verdad, justicia, castigo a los responsables, que son muchos, no sólo los expresidentes, ha sido la misma desde hace décadas en el país”.
Hija de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario, desaparecido junto con Gabriel Cruz Sánchez en Oaxaca, desde mayo de 2007, Nadín reconoce que la consulta ha generado controversia entre algunos colectivos de víctimas, al considerar que el acceso a verdad y justicia es un derecho que no tiene que ser sometido a votación, y que sólo se necesita voluntad política para lograrlo.
“Si se quiere tomar un caso para demostrar su voluntad, ahí está el de nuestros familiares (Reyes Amaya y Cruz Sánchez). Hemos ganado en tribunales que se obligue a la Secretaría de la Defensa y a la Fiscalía General de la República a esclarecer su paradero, pero impugnaron la resolución alegando que no tienen entre sus atribuciones buscar a nuestros desaparecidos; el caso fue enviado a la Suprema Corte.
“Desde 2019 el subsecretario Encinas se comprometió con nosotros a que las instancias federales se desistieran de la impugnación, pero después no volvió a tomarnos ni una llamada; el caso fue archivado por la Suprema Corte después de que en febrero ya estaba enlistado para debatirse”, relata Reyes Maldonado.
Tras insistir en que el Estado cuenta con elementos necesarios para enjuiciar a responsables de graves violaciones a derechos humanos en casos tan documentados como el suyo, la defensora considera que la consulta popular es “un termómetro de la opinión de la gente, más allá de si se alcanza o no el porcentaje necesario para que sea vinculante. Para nosotros la apuesta es seguir organizándonos como pueblo, presionar, pero para que se enjuicie a los responsables de los agravios que hemos sufrido, no a unos cuantos, porque son muchos quienes han provocado las graves violaciones a derechos humanos”.
A su vez Grace Fernández Morán, exintegrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mantiene una posición expectante sobre el ejercicio al que están convocados los más de 93 millones de ciudadanos incluidos en el padrón electoral.
Hermana de Dan Jeremeel Fernández, desaparecido en 2010 por miembros del Ejército en Torreón, Grace ha participado junto con su madre, Yolanda Morán, en la construcción de políticas públicas encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación forense.
Para la defensora, también integrante de Buscando Desaparecidos México, “la falta de voluntad política” ha colocado a los familiares de víctimas en la necesidad de rastrear a los suyos en campo y “con sus propias uñas”, en una tragedia que va por las 90 mil víctimas; pero en la consulta fueron excluidos para formular la pregunta que se someterá a votación.
“La pregunta la hicieron sin nosotros; hay que esperar la respuesta, pero sobre todo la interpretación de la respuesta, justo para no desgastarnos en algo que no nos consultaron pero que sí nos va a perjudicar”, dice Fernández Morán.
Después de “lidiar” con funcionarios de la actual administración federal para lograr avances en las políticas públicas para la búsqueda de personas e identificación forense, Grace Fernández expresa sus dudas sobre la respuesta que darán el gobierno federal y el Congreso de la Unión, mandatados por la Suprema Corte para encausar la consulta.
“Mi preocupación es que la consulta se convierta en una justificación ideal para que el presidente diga: ‘Hice lo que el pueblo quiso, pero no lo pude cumplimentar porque la propia ley no me lo permite’, y entonces pudiera estar cerrando las puertas a procesos realmente importantes que venimos impulsando desde hace muchos años, mecanismos de justicia transicional que no solamente se centra en el enjuiciamiento a expresidentes”, apunta la defensora.
