Tras la revelación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó el programa espía israelí Pegasus contra activistas, opositores, correligionarios y periodistas, López Obrador –también víctima de ese espionaje– ordenó que se dieran a conocer todos los contratos de gobierno con la escandalosa plataforma. La orden ha sido acatada a medias, porque se mantiene en la opacidad la información relacionada con la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Marina.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido transparentar todos los contratos relacionados con la compra y operación del programa espía Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, una tecnología intrusiva que en México fue usada para seleccionar 15 mil números telefónicos como posibles blancos de espionaje.
Sin embargo, la instrucción presidencial para dar a conocer los contratos públicos que el gobierno federal ha firmado para el uso de Pegasus dejaron fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que adquirió en 2011 el programa que es capaz de infectar cualquier teléfono móvil para después convertirlo en un arma de espionaje contra su propio dueño.
El aval presidencial al silencio de la Secretaría de la Defensa sobre la compra y operación de Pegasus entre 2011 y 2018 ocurre pese a que Pegasus Project, una investigación colaborativa en la que participaron 80 periodistas y 17 medios de todo el mundo, tras la filtración de 50 mil registros telefónicos que fueron seleccionados como blancos de espionaje por esa plataforma, logró identificar a la Sedena como uno de los mayores usuarios de ese spyware en México
Además, el segundo mayor usuario de Pegasus en nuestro país, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sucesor del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), tampoco ha acatado la instrucción de López Obrador de transparentar los contratos que celebró entre 2013 y 2018 para la adquisición del programa espía y la compra de licencias que permitieron su uso constante durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En suma: una semana después de que se diera a conocer que la plataforma Pegasus ingresó los números telefónicos de al menos 50 personas del círculo íntimo de López Obrador –incluyendo a sus hijos y esposa– como objetivos de espionaje, todavía no se ha hecho público ningún contrato relacionado directamente con la compra y operación del software creado, según NSO, para ayudar a los gobiernos en su lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Los contratos de la Sedena
El manejo de la información relativa a Pegasus ha sido tan discrecional, que el actual titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval González, ni siquiera ha tenido que explicar la compra que realizó esa dependencia del programa espía entre septiembre de 2010 y finales de 2012, documentada por el reportero Zózimo Camacho en mayo de 2012.
Los cinco contratos divulgados por Contralínea señalan que el primer sistema Pegasus adquirido por la Sedena tuvo un costo superior a los 8 mil millones de pesos y que se habría instalado en cerca de 200 computadoras, mismas que estaban al servicio de inteligencia militar.
Once años después de esta primera revelación, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en el más absoluto sigilo el uso que ha dado al programa espía, y lo único que se ha conocido es una factura expedida por la Sedena para el pago a la empresa Proyectos y Diseños VME, por la renovación de licencias de Pegasus, por el concepto de “servicio de monitoreo remoto de información”.
Dicha factura fue publicada por Aristegui Noticias el 10 de julio de 2017, junto a otros documentos fiscales que amparan la compra de licencias para actualizar Pegasus por parte del Cisen y de la Procuraduría General de la República, que inicialmente compró el programa espía a otro proveedor, Tech Bull, por la cantidad de 32 millones de dólares.
La Sedena tampoco ha explicado todos los pagos que realizó entre 2011 y 2018 a la red de empresas fachada que formaban parte del Corporativo KBH, en algunos casos para las actualizaciones del sistema Pegasus y en otros para la compra de bienes y servicios tan dispares, como la compra de juguetes y el mantenimiento de aviones Hércules.
De hecho, la Sedena es la dependencia del gobierno mexicano que mayores tratos tuvo con el empresario de origen israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, principal intermediario de NSO Group para la venta de Pegasus en México y fundador del Corporativo KBH, un entramado de 30 empresas fachada creadas en México, Panamá y Estados Unidos.
Una revisión exhaustiva realizada por Proceso, con auxilio del portal QuienEsQuien.Wiki, de Proyecto Poder, indica que durante el sexenio de Peña Nieto la Sedena otorgó a diferentes empresas de Corporativo KBH al menos 40 contratos por un monto global de 10.8 millones de pesos, así como uno adicional para la actualización de Pegasus, por 1 millón 113 mil dólares, la mayoría por adjudicación directa o invitación restringida a tres proveedores.
La empresa que recibió el mayor número de contratos, la mayoría por conceptos distintos a la adquisición y actualización de Pegasus, fue Proyectos y Diseños VME que sólo entre 2015 y 2017 obtuvo 28 contratos por 5.1 millones de pesos, todos por conceptos diferentes a la compra y actualización del software espía.
Proyectos y Diseños VME tenía como representante legal a Tania Pamela Velázquez Díaz, quien a su vez aparece registrada como empleada de esa misma empresa ante el IMSS.
Entre los 20 mil documentos que un extrabajador de KBH, identificado a lo largo de la investigación como Cazador de Cazadores, entregó a Pegasus Project, para exhibir a las empresas fachada de Uri Ansbacher, se encuentran varios formatos de cartas que la empresa Proyectos y Diseños VME enviaba al que fuera director general de Administración de la Sedena el sexenio pasado, el general Fernando Joaquín Ávila Lizárraga, para acreditar que esa compañía se encontraba al corriente en el pago de sus impuestos y de que todos sus papeles estaban en regla.
Otro de los formatos de cartas que Proyectos y Diseños VME tenía listos para obtener contratos públicos es la denominada “Carta de Nacionalidad Mexicana”, que sirve para acreditar que los socios y el registro de la compañía se rigen bajo las leyes mexicanas por ser originarios de nuestro país.
“Declaro bajo protesta de decir verdad que tanto las personas físicas como la persona moral son de nacionalidad mexicana como lo demuestra el Registro Federal de Contribuyentes PYD130128FN5”, señala el documento con los logotipos de Proyectos y Diseños VME que está listo para ser firmado por Tania Pamela Velázquez Díaz.
La empresa ubica como su domicilio fiscal un edificio ubicado en Ejército Nacional 718 en la colonia Polanco, dirección que comparten otras empresas fachada de la red de compañías ligadas a la venta del programa espía Pegasus en México.
En el reportaje Pegasus Project: la red de empresas que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto, Proceso y Aristegui Noticias pudieron acreditar que la empresa Proyectos y Diseños VME transfirió a NSO Group 1 millón 600 mil dólares mediante dos traspasos realizados con ayuda de casas de bolsa.
La primera transferencia ocurrió el 21 de octubre de 2016 mediante Vector Casa de Bolsa por 1 millón de dólares y el segundo se realizó el 18 de octubre de ese mismo año con el apoyo de Casa de Bolsa Ve por Más, por un monto de 600 mil dólares, de acuerdo con la documentación entregada por Cazador de Cazadores a lo largo de una investigación que se ha extendido cuatro años.
Este semanario localizó al menos 12 contratos más de la Sedena con otras dos empresas ligadas a Corporativo KBH: nueve de ellos con KBH Track, por un monto de 5.5 millones de pesos otorgados entre 2016 y 2017, y tres más con Air Cap, S.A. de C.V., por 254 mil pesos.
Marina y Cisen
Las otras dependencias que tampoco han transparentado sus contratos con empresas ligadas a la venta de Pegasus en México son la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y el CNI, pese a la instrucción presidencial.
Este semanario localizó al menos 10 contratos de la Semar con compañías ligadas con Uri Ansbacher, como BSD Security Systems, KBH Aviation y BSD High Tech Supplies Trading, por conceptos como chalecos antibalas y mantenimiento de aeronaves.
En la conferencia matutina del 28 de julio reciente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que en una primera búsqueda se habían localizado 31 contratos otorgados a la red de empresas relacionadas con KBH durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los cuales sumaban un gasto total de mil 970 millones de pesos y 61 millones 393 mil dólares.
Sobre dichos contratos, Rodríguez dio a conocer la firma de cuatro que fueron otorgados por el Cisen a Proyectos y Diseños VME para la actualización y operación de Pegasus entre 2016 y 2017, por un monto de 414 millones 424 mil pesos.
Sin embargo, en el sitio de Transparencia Pegasus, implementado por la página web de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no aparece el contrato original para la adquisición del software espía ni tampoco se han transparentado los contratos en sí: sólo se dan a conocer los montos, el año y el objeto de la relación contractual: “Servicios de actualización de infraestructura tecnológica” o “servicios de actualización y mantenimiento de infraestructura de comunicación (de) móviles”.
Pese a que otras dependencias gubernamentales, como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también otorgaron contratos de obra pública y compra de bienes a Corporativo KBH, específicamente a las empresas Proyectos y Diseños VME y a Comercializadora Antsua, tampoco se han transparentado.
Ante la dosificación de la información y las dudas que ha generado la instrucción presidencial de transparentar la información sobre el software Pegasus, las organizaciones Artículo 19, R3d en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, que han representado a las víctimas de espionaje desde 2017, dieron a conocer un posicionamiento en el que solicitan al gobierno de López Obrador aclarar si todos los contratos otorgados por dependencias federales a las empresas de Grupo KBH están relacionados con Pegasus.
“Se sugiere que existió una simulación en el objeto de contratos que oficialmente aparentan referirse a la compra de insumos, como medicamentos o uniformes, pero que en realidad corresponden a la adquisición de licencias de uso del malware Pegasus.
“¿La sugerencia descrita parte de una suposición, o el gobierno federal cuenta con elementos para acreditar que la compra de insumos diversos no sucedió y que dichas dependencias adquirieron u operaron el malware Pegasus?”, cuestionaron en su comunicado dirigido a las autoridades.
Otra de las preocupaciones de las víctimas de Pegasus y de las organizaciones defensoras de derechos humanos es saber qué ocurrió con toda la información que fue extraída de los teléfonos de las personas que fueron atacados con el spyware, ya que hasta el momento se desconoce si esa información se conserva en alguna dependencia o si fue destruida por parte de los operadores de la plataforma espía.
“¿Se ha identificado si funcionarios públicos involucrados en la contratación u operación del malware Pegasus en gobiernos anteriores permanecen en el gobierno federal o en otras dependencias federales o locales? ¿Se han identificado los expedientes con la información de las víctimas, obtenida a través del sistema Pegasus?”, concluye el cuestionamiento de R3d, Artículo 19 y Social TIC.
