Contra lo que afirma el gobierno mexicano, ninguna de las corporaciones policiacas en América Latina forma parte de las fuerzas militares. Entrevistados por este semanario, especialistas en seguridad tachan de “falaz” e “inexacto” el discurso de López Obrador y enfatizan que una policía sometida al mando castrense es una receta perfecta para el desastre.
BOGOTÁ.- El reiterado argumento oficial de que la eventual incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una tercera arma de la institución sería equivalente a lo que ocurre con los cuerpos de policía en otras naciones de América Latina es “inexacto” o “falaz”, según el caso, aseguran expertos en seguridad consultados por Proceso.
Esto, explica el especialista chileno en seguridad y defensa Guillermo Holzmann, porque ninguna institución policiaca latinoamericana a cargo de la seguridad pública forma parte de las fuerzas militares.
“No hay antecedentes de esto. El consenso académico y político en la región, basado en la evidencia, es que los policías no deben mezclarse con los militares y que los militares no pueden hacer funciones de policía, salvo en casos excepcionales. Esto es una tendencia y una regla en América Latina”, dice Holzmann.
Por tanto, asegura el maestro en ciencia política de la Universidad de Chile, lo que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al impulsar la incorporación de la GN a la Sedena “es romper la regla e irse a una excepción”.
Las policías nacionales de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile (Carabineros) son de naturaleza civil y en ningún caso forman parte de las fuerzas militares ni mucho menos constituyen un arma de las instituciones castrenses, como busca la iniciativa de López Obrador.
En Brasil, ni la Policía Militar, que cumple funciones de seguridad pública, forma parte de las fuerzas armadas o del Ministerio de Defensa, y en Argentina tanto la Policía Federal, que es civil, como la militarizada Gendarmería están adscritas al Ministerio de Seguridad.
Equiparar la eventual incorporación de la GN a la Sedena con la naturaleza de las policías en otros países de América Latina es “una falacia y un sofisma”, asegura Holzmann, integrante de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.
Colombia es el único caso de la región en el que la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, pero es un cuerpo de naturaleza civil, no militar. Para subrayar esa característica la institución cambió el mes pasado sus uniformes, que eran verde olivo, a azul marino.
Además, luego de su cuestionado papel en las protestas sociales que estallaron el 28 de abril pasado, en las que murieron decenas de manifestantes a manos de la fuerza pública, la Policía Nacional de Colombia inició un proceso de reforma que será discutido en el Congreso y que prevé su incorporación al Viceministerio de Seguridad Pública para formalizar su carácter civil.
“López Obrador va a contracorriente de esta tendencia –señala Holzmann– y de la doctrina policial prevaleciente en el siglo XXI, que está marcada por su naturaleza civil, por la eficiencia de sus operaciones, su profesionalismo y sus funciones como cuerpo preventivo e investigativo, muy alejado de las funciones de defensa de la soberanía que tienen las fuerzas militares.”
Incluso en Brasil, donde la seguridad pública está a cargo de la Policía Militar, este cuerpo opera en forma autónoma en cada uno de los 26 estados y está subordinado a los gobernadores, no a los jefes de las regiones militares ni a los altos mandos del Ejército.
En la práctica, las policías militares de Brasil cumplen funciones de policías estatales y en cada entidad federativa y en el Distrito Federal tienen diferentes estructuras, reglamentos y hasta uniformes, aunque las tareas de investigación judicial de los delitos del fuero común las ejercen los Departamentos de Policía Civil de los estados.
Además existe la Policía Federal, que persigue delitos como el tráfico de drogas y el terrorismo; ejerce el control de las fronteras y está adscrita el Ministerio de Justicia. Ninguna policía brasileña forma parte del Ministerio de Defensa.
En Venezuela existe la Guardia Nacional Bolivariana, que forma parte de la fuerza armada, pero las funciones de ese cuerpo no son la seguridad pública sino la vigilancia fronteriza y la cooperación con otros organismos de seguridad en el mantenimiento del orden interno. Cuenta con unos 20 mil efectivos.
La Policía Nacional Bolivariana es, en cambio, la institución de Venezuela encargada de la seguridad pública. Cuenta con unos 35 mil efectivos, la constitución la define como un cuerpo civil y está adscrita al Ministerio del Interior, no al de Defensa.
Receta para el desastre
Para la abogada venezolana Rocío San Miguel, es “un grave error de López Obrador” apostar por la militarización de la lucha contra la inseguridad pública.
“Todos los casos latinoamericanos de cuerpos de seguridad intermedios, entre policiacos y militares, terminan en desastre, y esto es así porque siempre acaba por imponerse la supremacía de lo militar sobre lo policial”, dice la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa.
La politóloga colombiana y especialista en temas de seguridad nacional y ciudadana Maria Victoria Llorente, considera que “en el mundo ideal la policía debería estar bajo un mando civil y en una estructura civil, porque la seguridad pública es una responsabilidad civil”.
El maestro en estudios latinoamericanos y en seguridad pública Jorge Luis Valencia sostiene que es “inexacto” comparar lo que se quiere hacer en México con la Guardia Nacional con las reformas que se han realizado a las policías en otras naciones latinoamericanas.
Vargas, quien participó en un estudio regional de la ONU sobre reformas a las policías, señala que “hay una clara tendencia a desmilitarizar a las instituciones policiacas y a reforzar su carácter civil”.
La militarización de estos cuerpos, asegura, “no contribuye a su profesionalización, a una actuación apegada al respeto a los derechos humanos y a sus relaciones con la comunidad para reforzar las acciones preventivas”. Señala que, además, una policía militarizada “facilita su utilización como vigía del orden político”.
Perú y Ecuador tienen policías nacionales cuyas funciones son preservar la seguridad ciudadana y el orden interno con estándares de operación técnicos y profesionales. En ambos casos son instituciones de naturaleza civil y están adscritas a los ministerios del Interior, en el caso peruano, y de Gobierno, en el caso ecuatoriano.
En Chile, el cuerpo de Carabineros, que tiene 58 mil efectivos, hace las veces de policía nacional. Se le considera una policía “militarizada” por su disciplina y la rigurosa formación de sus integrantes, pero es un organismo técnico que nunca ha pertenecido a las fuerzas armadas y que forma parte del Ministerio del Interior.
Carabineros de Chile, al igual que la policía colombiana, vive un proceso de reforma que está orientado a reforzar su carácter civil, con énfasis en el respeto riguroso de los derechos humanos, enfoques de género, fortalecimiento de la capacitación y un accionar centrado en los ciudadanos, sus derechos y su seguridad.
En el estallido social que registró Chile a finales de 2019, Carabineros fue cuestionado por amplios sectores sociales y por organismos internacionales de derechos humanos debido a la represión que desató contra los manifestantes.
La reforma de la institución policiaca, que incluye la creación de un Ministerio de Seguridad Pública del que formará parte, fue una de las exigencias de los miles de chilenos que se volcaron a las calles en 2019 para demandar menos mercado y más Estado.
En Argentina existe una clara delimitación entre las fuerzas armadas, formadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y las fuerzas de seguridad, que integran la Policía Federal (que tiene presencia nacional y articula acciones de seguridad pública con las policías provinciales), la militarizada Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria.
Holzmann señala que una de las justificaciones para implicar a los militares en el manejo de la seguridad pública es que estos “son menos corrompibles y más apegados al cumplimiento de la ley que los policías, pero en los últimos años ha surgido mucha evidencia de que eso no es tan así”.
En Colombia varios militares enfrentan procesos o han sido sentenciados por sus vínculos con grupos paramilitares dedicados al narcotráfico, mientras que altos oficiales de la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela son denominados por agencias internacionales como “el Cártel de los Soles”, por sus estrechas relaciones con las bandas criminales colombianas productoras de cocaína.
En México, el fallecido general Jesús Gutiérrez Rebollo fue sentenciado a 40 años de cárcel en 1997 por cargos de narcotráfico, y en octubre pasado fue detenido en Los Ángeles el general y extitular de la Sedena Salvador Cienfuegos, por tráfico de drogas y lavado de dinero, aunque fue liberado un mes después “por consideraciones de política exterior sensibles”.
