La Secretaría de la Defensa Nacional inicia una reorganización administrativa y operativa y como parte de ella la Guardia Nacional será la “tercera fuerza armada” del país, revela un documento interno de la Sedena fechado el pasado 4 de mayo, el cual ya preveía lo que el presidente López Obrador anunció después: realizar dicho cambio mediante una reforma constitucional. Así –advierten expertos– no sólo se anularían los recursos de inconstitucionalidad que enfrenta la propuesta del Ejecutivo para militarizar la seguridad pública, sino que, de plano, se abandonaría por tiempo indefinido el carácter supeditado de la GN a la autoridad civil.
En Chiapas, habitantes de Pantelhó catean casas; detienen a presuntos delincuentes; queman negocios, domicilios y autos; y obligan al repliegue de los militares y las fuerzas estatales. En Magdalena de Kino, Sonora, facciones rivales del Cártel de Sinaloa se enfrentan para controlar territorios, queman casas, destruyen negocios… En Tamaulipas los cárteles y bandas armadas que controlan varias zonas del estado se dan el lujo de anunciar treguas “para generar la paz”. Y en Michoacán, el Cártel de Jalisco Nueva Generación reanuda su ofensiva en Tepalcatepec con ataques simultáneos, pese al despliegue del Ejército, de las policías estatal y municipal y de la Guardia Nacional (GN).
Con un despliegue de prácticamente 100 mil efectivos en 222 coordinaciones regionales en todo el país (99 mil 946, según el Informe de Seguridad del pasado 21 de julio) y la misión de encabezar el combate a la delincuencia y pacificar al país antes de que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la GN y su consolidación van a contrarreloj y sin resultados que avalen el gasto que se ha hecho en su formación.
Mientras las cifras de violencia, homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas siguen al alza, López Obrador hizo dos anuncios inesperados y, según expertos, inconstitucionales: le dará a la GN una partida extra de 50 mil millones de pesos y construirá 234 cuarteles más para esta corporación, que se sumarán a los 266 originalmente planeados, buscando tener 500 instalaciones de este tipo al final del sexenio.
Estas decisiones, aunadas a otros anuncios presidenciales relacionados con la GN y su futuro inmediato –como el de incorporarla a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y darle a dicha secretaría el control operativo de la institución– configuran escenarios de “fragilidad” y “trampas jurídicas”, según expertos, porque el presidente sabe que si en 2024 su partido pierde la Presidencia, la corporación podría ser borrada de un plumazo.
Aun más; un documento elaborado por la Sedena y difundido desde la VII Región Militar el pasado 4 de mayo revela que la secretaría entrará a una fase de reorganización en la que la GN pasará a ser la “tercera fuerza armada” de la institución, por encima de la Fuerza Aérea.
El documento Reorganización de la Sedena anticipa dos etapas de transformaciones administrativas y operativas. La llegada de la GN como tercera fuerza armada se prevé en la segunda fase de los cambios, entre los que destacan la creación de un Estado Mayor Conjunto, de una Comandancia del Ejército en el Primer Cuerpo del Ejército –con sede en la Ciudad de México–, interacción con el Comando Norte, diseño de la Visión Estratégica Mutua México-Estados Unidos y la creación de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.
El texto señala que en la segunda etapa se incorporará a la GN “como fuerza armada” y recuerda que “la Sedena ya ejerce la coordinación operativa” de la corporación. La incorporación se proyecta en dos etapas; la primera, en 2021, prevé “presentar al presidente el proyecto de iniciativa de reforma constitucional, remitir el proyecto a la Cámara de Diputados, cabildeo en el Congreso y promulgación de la reforma constitucional”.
La segunda etapa, que deberá cumplirse en 2022, plantea “publicar la legislación secundaria, materializar las adecuaciones orgánicas y administrativas y revista de entrada de la Guardia Nacional como fuerza armada adscrita a la Sedena”.
Trampas
“En el fondo, lo que López Obrador nos está diciendo o anticipando no es la idea de incrustar a la Guardia Nacional en la Sedena y tampoco la de darle así, sin más, 50 mil millones de pesos de presupuesto; lo que en realidad está diciendo es que va a buscar por todas las vías posibles la modificación de los artículos transitorios para que ese cuerpo siga siendo alimentado, equipado, adiestrado y controlado por el Ejército, mucho más allá de los cinco años a los que se comprometió originalmente”, sostiene Alejandro Hope Pinson, especialista en políticas de seguridad pública, narcotráfico y drogas.
Lo de los 50 mil millones de pesos extra que el presidente anunció para acelerar la consolidación de la GN es también otra falacia, dice. “Estamos ante una maniobra que en el fondo lleva una negociación política para extender más allá el plazo de cinco años de presencia militar en las calles, argumentando precisamente que se necesita más tiempo para consolidarla y dar resultados”.
Bernardo León Olea, abogado constitucionalista y catedrático de la Escuela Libre de Derecho, considera que estos anuncios, desde el punto de vista jurídico, “con las condiciones actuales, serían totalmente inconstitucionales e ilegales, porque se violarían disposiciones legales y acuerdos dentro y fuera del país que deben ser respetados; acuerdos en materia de derechos humanos y disposiciones que se firmaron al momento de crear la Guardia Nacional.
“El decreto y las reformas que crearon a la corporación también obligaban a la federación a impulsar y consolidar a los cuerpos policiacos en todo el país y eso no está ocurriendo, se les está dejando de lado, se les está olvidando”, explica.
Pero en esto hay una trampa, señala el asesor en derecho constitucional al hablar sobre los 50 mil millones de pesos que el presidente anunció para apuntalar a la GN, “porque en realidad ese dinero sería para el Ejército, ya que la Guardia Nacional es una instancia de formación, entrenamiento, equipamiento y operación militar, funcionando bajo una máscara”.
El jurista recuerda una sentencia del 28 de noviembre de 2018 –Espinoza y Alvarado vs. México– de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la forma en que deben actuar los militares, de manera subordinada y complementaria a la autoridad civil.
“Esto significa que los militares –Ejército, Marina, Fuerza Aérea– deben estar bajo el mando de civiles cuando desempeñen labores de seguridad pública como apoyo a los cuerpos policiacos; pero si al final la Guardia Nacional va a pertenecer a la Sedena y sus jefes van a ser militares, ¿dónde quedó esa parte de la ley, esa sentencia dictada por la Corte Interamericana?”, pregunta León Olea.
Y abunda: “Aquí está lo grave del tema: si se reforma la Constitución y se lleva a la Guardia Nacional a formar parte de la Sedena, se eliminarían en el acto las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte en contra del acuerdo militarista y de la militarización de la seguridad pública y que están pendientes de resolverse”.
El abogado ve en los 50 mil millones de pesos anunciados por AMLO una especie de “premio” a la subordinación que la GN tendría una vez inserta en la estructura de la Sedena.
Aun más, agrega León: mientras a la Secretaría de Gobernación se le redujo este año alrededor de 4.9% del presupuesto –pasó de 5 mil 892 a 5 mil 800 millones de pesos–, a la Sedena se le aumentó 15.7%; mientras que a la Marina se le subió 2.1% lo asignado, a la Fiscalía General de la República se le incrementó sólo 0.3% y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se le aumentó 1.9%.
A la Guardia Nacional, en cambio, se le dio un incremento de 17.7% para este año, lo que nos muestra que ya se estaba pensando en estos escenarios, añade el especialista.
Más dinero
En su gira de trabajo por Veracruz, López Obrador anunció el 25 de julio el incremento al presupuesto de la GN para terminar de apuntalar su consolidación como cuerpo de seguridad encargado de abatir los niveles de violencia que van al alza en el país. El modelo de Guardia Nacional que se busca es como el de las guardias civiles de España, Italia o Francia, dijo.
“Quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos. Vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional, desde luego, formados, capacitados. Vamos también a construir más instalaciones; originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminados un poco más de 180 cuarteles…
“Entonces, vamos a fortalecer la Guardia Nacional, se va a llegar a cerca de 500 instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio, porque esto es también muy importante, la presencia territorial; no una corporación que se mueve y que va a un estado cuando hay problemas o cuando se agrava el asunto de la inseguridad, de la violencia. No. Que permanentemente estén en el territorio, en las distintas regiones”, agregaba el presidente.
El presidente reveló entonces su plan de mediano plazo para que la GN se convierta en una rama castrense: “La gente sí quiere que haya Guardia Nacional, nos piden que haya Guardia Nacional en todos lados, pero sólo se cuenta hasta ahora con 100 mil elementos, entonces van a ser más elementos, y una vez que tengamos ya desarrollado todo el plan, que va a ser para 2023, que vamos a tener ya todas las instalaciones, todos los elementos bien formados, profesionales, con disciplina, que es muy importante, pues va a pasar a formar parte de la Guardia Nacional de una rama, como la Fuerza Aérea, de la Secretaría de la Defensa, para que se garantice la seguridad de la gente. Es todo un desafío, es un reto”, aseguró.
López Obrador reiteró su intención de enviar el próximo año un paquete de reformas constitucionales, entre las que destaca una para que la GN pase a formar parte de la Sedena. No dio más detalles sobre cuándo y en qué estructura administrativa se dará el incremento anunciado, el cual casi duplica la asignación presupuestal recibida este año por la GN y que es de 27 mil 961 millones 271 mil 330 pesos.
Los recursos para la GN están integrados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el Ramo 36, “Seguridad y Protección Ciudadana”, de la SSPC, en el programa 006: “Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos”.
La reforma constitucional que colocaría a la GN como parte orgánica de la Sedena la convertiría en una instancia netamente militar, pasando a formar parte de los Cuerpos Especiales del Ejército Mexicano. Esto significaría que los 50 mil millones de pesos adicionales anunciados por López Obrador irían al presupuesto de la Defensa Nacional, la cual ejerce este año 112 mil 557 millones 168 mil 656 pesos.
Con ello, la Sedena se convertiría en la secretaría que recibirá el mayor presupuesto en la historia del país dentro de las dependencias del ramo de la seguridad.
Imparable
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en 2020 se registraron 36 mil 579 homicidios en México, un promedio de 29 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Dicha tasa “es igual a la registrada en 2019”, año en el que no se tomaban en cuenta aún los efectos de la pandemia en el conteo de muertes violentas.
Ese año, tomado como referencia por el Inegi, se cometieron 36 mil 661 homicidios, lo que significa que en un año sólo se redujo en 82 casos la cifra de asesinatos cometidos en el país. En este orden, el registro indica que 70% de los homicidios se cometió con armas de fuego, sumando 25 mil 178 decesos. Las cifras siguen siendo alarmantes, sobre todo si se toma en cuenta que los datos recabados por el Inegi en 2020 se obtuvieron en un año de pandemia, en el que el grueso de la actividad económica y comercial, así como la movilidad humana, descendieron drásticamente.
En tanto, el informe mensual de seguridad del gobierno federal presentado el pasado 21 de julio asegura que el homicidio doloso “se ha contenido”, señalando que de enero a junio de este año “disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior”. El mismo reporte mensual para el periodo enero-mayo de este año aseguraba que el homicidio doloso había disminuido 2.9%, siempre comparado respecto al mismo periodo de 2020.
Sin embargo, el informe más reciente señala que el total de homicidios dolosos en el país durante los primeros seis meses del año fue de 16 mil 937, con seis estados concentrando 50.2% de las víctimas. En tanto, el reporte de enero a mayo señalaba que el total de homicidios dolosos era de 14 mil 243, con seis estados concentrando 50.4% de los casos. Esto significa que en un mes hubo 2 mil 694 asesinatos más en el país, con un promedio de 89 homicidios por día.
El domingo 4 de julio el país vivió su segunda jornada más violenta en lo que va del gobierno de López Obrador, al registrar 115 homicidios dolosos, en una fecha en la que sólo en ocho estados no se registraron muertes violentas. La misma cifra de 115 asesinatos ya se había registrado en los reportes diarios del gabinete de seguridad el pasado 25 de abril.
Mayo fue reconocido por la SSPC como el mes más violento en su momento, con 2 mil 963 homicidios dolosos y un incremento de 3.56% en los asesinatos, respecto al mes anterior.
