Casi tres meses después de la tragedia de la Línea 12 del Metro, los abogados de 18 víctimas no han tenido acceso a las carpetas de investigación y a los dictámenes periciales del caso. Para subsanar esa falta solicitaron una reunión con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien rechazó verlos. Al “ninguneo” de la fiscal los abogados añaden la “revictimización” que, aseguran, han sufrido sus representados por parte de funcionarios locales.
Una semana antes de cumplirse tres meses de la tragedia de la Línea 12 del Metro, abogados de 18 víctimas solicitaron una reunión con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos. Su propósito: facilitar su reconocimiento como parte coadyuvante ante el Ministerio Público y con ello, tener acceso a las carpetas de investigación del caso y colaborar para que se haga una investigación “objetiva y exhaustiva”. Fueron rechazados.
Además, en el proceso de identificación como víctimas ante esa institución, cuya obligación es procurar justicia, las personas lesionadas o que perdieron a un familiar por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado cercano a la estación Olivos, han recibido tratos revictimizantes y se ha violado la garantía de respeto a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
El pasado 20 de julio, Cristopher Estupiñán y Juan Antonio Medina, representantes de las víctimas e integrantes del despacho Carbino Legal, presentaron ante la FGJCDMX una solicitud escrita para reunirse con Godoy Ramos con el propósito de “tratar diversos aspectos relacionados con el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el colapso de la Línea 12 del Metro de esta ciudad ocurrido el 3 de mayo de 2021, mismos que consideramos de gran trascendencia”, señala el documento. El caso está identificado en la carpeta de investigación FITLH/UAT-TLH-1/UI-1S/D/00631/05-2021.
Seis días después, el lunes 26, los abogados recibieron por correo la respuesta que los remitía a la Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac. Eso sí, con carácter “urgente”. Ante la respuesta, el litigante duda: “Vamos a ver qué nos dice el coordinador de Tláhuac, pero no creemos que nos vaya a decir mucho, porque es un tema en que la decisión la va a tomar la fiscal, no un delegado de la Fiscalía de Tláhuac. No está a ese nivel”.
Revictimización
La intención de los abogados de reunirse con la exdiputada local por el partido Morena, explica Estupiñán Martínez, es hacerle saber los obstáculos que han enfrentado con el Ministerio Público que lleva el caso.
De entrada, acusa, no les han dicho ni el nombre del funcionario encargado de la investigación. Además, les ha negado el acceso a la carpeta de investigación que contiene los hechos hasta ahora investigados, así como diversos dictámenes realizados, con el argumento de que “no tenemos derecho al mismo; lo cual, por supuesto, es inconstitucional”.
También les argumentaron que debían “mantener la secrecía” de la indagatoria. Pero el litigante aclara que ese razonamiento “no aplica para las asociaciones jurídicas ni para las víctimas y sus abogados, sólo es hacia terceros. Y, en todo caso, nosotros tenemos una obligación legal, profesional y de carácter penal de no revelar información de una investigación”.
Pero no es sólo eso. También han tenido experiencias negativas en el proceso de comparecencias de las 18 personas o familiares afectados que hasta ahora representan, para que puedan ser reconocidas en calidad de víctimas. Es un requisito para que los abogados sean designados oficialmente como sus asesores jurídicos o coadyuvantes.
Primero, porque sólo les aceptan comparecencias de dos en dos personas, por lo que hasta ahora llevan 10 de 18. Luego, por el maltrato a las víctimas. “A uno de nuestros familiares defendido que está en silla de ruedas por las lesiones que sufrió en la caída de la trabe, no lo atendieron porque el Ministerio Público tuvo una cita en el Registro Civil y canceló de último momento. Aparentemente no le avisaron, como si no tuvieran más personal que les pudiera haber tomado la comparecencia”. Ese día, la víctima faltó a su sesión de rehabilitación y pasó dificultades para trasladarse en silla de ruedas desde el oriente de la ciudad hasta la sede principal de la Fiscalía local en el centro, hecho que le llevó más de una hora y media.
“Planeábamos poder hablar al respecto con la fiscal general, Ernestina Godoy, para lograr una sintonía y poder, en concordancia, realizar una asesoría jurídica activa y proponer actos de investigación, así como realizar los propios, con nuestros dictámenes periciales”, dice. No obstante, agrega: “Básicamente nos fue negada la audiencia con la fiscal sin justificación más que una simple remisión, como si no fuera importante recibirnos”.
Para el abogado de Carbino Legal, maestro en derecho económico por la Universidad Panamericana, esa negativa es “una falta de respeto” que violenta los derechos de las víctimas y les impide tener una representación legal “que participe activamente en la búsqueda de la verdad y la justicia, que es un derecho constitucional. La Fiscalía les está negando ese derecho a las víctimas”.
Como parte de esa participación, explica el especialista, los abogados coadyuvantes pueden proponer al Ministerio Público actos de investigación como la realización de peritajes, presentación de testigos, llamados a declaraciones y demás elementos que contribuyan a identificar a los probables responsables y acreditar los elementos del delito. Además, el respeto al derecho de las víctimas a la coadyuvancia ayuda a garantizar que estén presentes en todo el proceso penal hasta que se logre la reparación del daño completa e integral.
Y aunque aclara que su intención “no es pelearnos con la Fiscalía” para lograr la coadyuvancia, de continuar esta negativa a que les den acceso a la carpeta de investigación y a los indicios asegurados en la llamada “Zona Cero”, buscarán obtener un amparo y solicitar audiencia con los jueces de control correspondientes.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados permitiendo que la Fiscalía, por debajo de la mesa, en lo oscurito, realice sus líneas de investigación. Nosotros tenemos que garantizar una investigación exhaustiva, aunque sea una obligación del Ministerio Público la acción penal. Tenemos que ver que en realidad se agoten las líneas de investigación pertinentes y se logre que todos los involucrados y probables responsables sean imputados”, afirma.
El 11 de mayo, una semana después de la tragedia que enlutó no sólo a la alcaldía Tláhuac sino a la Ciudad de México y al país, Godoy informó que la FGJCDMX abrió dos carpetas de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
En videoconferencia, aseguró que en seis semanas –es decir, hacia la penúltima semana de junio–, presentaría los primeros resultados del peritaje que realiza la FGJCDMX. Sin embargo, un mes después de ese plazo que ella misma fijó, no ha habido ninguna presentación. Lo único que ha informado la institución es el reporte de algunas de las diligencias realizadas y la aseveración de que realiza la investigación documental de todo el historial de la Línea 12, desde los proyectos de diseño –elaborados en 2007–, hasta antes de la noche fatal del 3 de mayo.
Demandas paralelas
En su edición 2330 Proceso adelantó que el despacho Carbino Legal preparaba tres demandas por el colapso de la Línea 12 del Metro. Una es en materia civil contra las empresas constructoras Carso, ICA y Alstom, que incluso podría llegar a tribunales de Estados Unidos.
La segunda es en materia penal ante la FGJCDMX por los delitos de homicidio, lesiones y delitos contra el servicio público. Y la tercera es de carácter administrativo, en la Secretaría de la Contraloría General del gobierno local, por el delito de daño patrimonial.
Estupiñán explica que no han presentado estas demandas debido a que aún se encuentran en la etapa de recabar los dictámenes clínicos y psicológicos de las víctimas; así como los documentos para concluir las reclamaciones de las indemnizaciones que ha ofrecido el gobierno capitalino mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la única con la que sí han tenido buena comunicación y coordinación.
Detalla que ha sido un proceso lento, debido a que las víctimas están en terapias de rehabilitación y demás tratamientos de su salud física y mental, además de que muchos viven lejos y se les dificulta reunirse con los representantes legales.
“Varios de ellos tienen fracturas expuestas de fémur, fracturas de cadera, uno acaba de salir de cirugía, otros están en proceso de rehabilitación para volver a caminar. Otros tienen hemorragias de riñón derivadas de los golpes que tuvieron. Muchos tienen secuelas psicológicas, no pueden dormir, tienen pesadillas, se despiertan en madrugada. Todos están muy afectados psicológicamente”, describe.
Además, recientemente consiguieron a un perito especializado que realizará sus propios peritajes, aunque para ello se necesita forzosamente tener acceso a la carpeta de investigación y a los indicios que los peritos de la Fiscalía recogieron en el lugar de los hechos.
“Estos procesos legales son lentos, mas estos tan complejos, con tantos involucrados y tantos intereses, que son todavía más tardados. Las personas (afectadas) no tienen la culpa, están inquietos, pero saben que estamos trabajando y avanzando lo más posible”, asegura.
El abogado cierra la entrevista con una reflexión dirigida a Godoy y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum: “Es una burla y totalmente irrespetuoso para las víctimas de la Línea 12 que la fiscal reciba a la madre de la youtuber YosStop, una persona implicada en un delito grave por el que está en prisión preventiva y que no es ningún ejemplo para la sociedad, mientras que a las víctimas de esta tragedia les está dando la espalda. No sé si está esperando que la jefa de gobierno le dé la indicación de que nos reciba como abogados, aunque en eso no pareciera que hay mucha autonomía de parte de la fiscalía y el Gobierno de la Ciudad de México”.
