En mayo de 2017 Grupo Carso eliminó de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las acciones de su subsidiaria CICSA para integrar sus operaciones a la empresa controladora de los negocios de Carlos Slim.
En 2020, gracias a su participación en la construcción de las plataformas petroleras Maloob E y Maloob I de Pemex en la Sonda de Campeche, entre otros proyectos, CICSA incrementó sus ventas 25.6%. Al primer trimestre de 2021 y debido a su participación en el Tren Maya, CICSA incrementó sus ingresos 74% respecto al mismo periodo de 2020.
Durante los primeros días de mayo, luego del desplome de la Línea 12, los títulos de Grupo Carso cayeron a niveles de 55.68 pesos. Sin embargo, el 22 de junio –luego de la reunión entre Carlos Slim y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para acordar una nueva participación del grupo en la rehabilitación del tramo de la Línea Dorada, tal y como ya lo había hecho en 2017–, los títulos de la controladora de empresas industriales siguieron recuperándose para cerrar el 29 de julio en niveles de 64.61.
Después de la reunión de Slim con el presidente López Obrador en junio pasado, los títulos de Carso han mantenido su recuperación con una ganancia de 4%. En el mercado de valores, el Grupo Carso mantiene en circulación 2 mil 258 millones 306 mil 438 títulos.
Hasta ahora, sin embargo, Carso no ha informado de manera oficial a los inversionistas del mercado de valores sobre el costo de la nueva rehabilitación de la Línea Dorada ni sobre las contingencias legales que podría enfrentar ante la posible demanda de los afectados por el desplome de la Línea 12.
La Ley del Mercado de Valores establece que las empresas que obtienen recursos de inversionistas del mercado de capitales tienen obligación de transmitir a sus accionistas toda aquella información relevante que impacte sus operaciones y sus ingresos. Hasta ahora, Carso no ha considerado necesario hacerlo.
Ingeniería civil y relaciones políticas
Expertos en analizar compañías constructoras que cotizan en el mercado de valores indican que las obras de infraestructura que realizan estas firmas con los gobiernos en turno pocas veces tienen un desenlace libre de pasivos o complicaciones, ante el enmarañado de relaciones y compromisos políticos que conllevan.
En consecuencia, las firmas constructoras generalmente destinan recursos para crear reservas y exploran esquemas de responsabilidad compartida, como la contratación de coaseguros. Al llegar a formar parte de sus operaciones regulares, sin embargo, pocas veces destacan este tipo de coberturas en sus informes.
El costo de la Línea 12, originalmente estimado en 17 mil 500 millones de pesos, se incrementó a 26 mil millones. Entre 2013 y 2014 el consorcio fue citado en al menos tres ocasiones por autoridades y el Congreso local para examinar su responsabilidad en las fallas de origen de la obra, que acusó por más de un año el cese de operaciones en 11 de sus 20 estaciones a partir de marzo del 2014, tras haber sido inaugurada y puesta en servicio apenas el 30 de octubre de 2012. La gravedad de las inconsistencias de obra provocó que autoridades judiciales emitieran una sentencia contra el consorcio, obligándolo a pagar una multa por 2 mil 121 millones de pesos por retrasos, trabajos no ejecutados y daños y perjuicios.
El 3 de mayo pasado colapsó una trabe que daba soporte a las vías de la Línea Dorada a la altura de la estación Olivos, ocasionando la muerte de 26 personas y cerca de un centenar de heridos.
El 28 de julio pasado, Spínola García, director de finanzas y administración de Grupo Carso, dijo en una conferencia de prensa que la compañía está preparada para cerrar un convenio con el gobierno de la Ciudad de México y rehabilitar el tramo de la Línea 12 donde se involucró directamente, que abarca una extensión de 6.7 kilómetros, incluyendo el tramo Tezonco-Olivos, donde ocurrió el accidente.
“Incursionar en la operación de servicios públicos casi siempre deriva en cuestiones políticas, donde el cumplimiento de los requerimientos técnicos se ve rebasado por fechas de entrega a veces apresuradas”, señala uno de los especialistas entrevistados, quienes pidieron el anonimato como condición para expresar sus opiniones.
Spínola García dijo que no podía entregar más información sobre las causas del colapso de la L12 ni sobre los peritajes preliminares del accidente del 3 de mayo por tratarse de una investigación legal que sigue abierta.
“Es posible que CICSA pague una parte de la reparación y lo más probable es que haya un seguro del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro”, menciona otra fuente.
En su reporte financiero del segundo trimestre, Carso dice que el objetivo de su empresa CICSA es seguir participando en próximas licitaciones de proyectos en sectores estratégicos en México, donde menciona proyectos de agua, edificación, hidrocarburos, industrial, infraestructura y telecomunicaciones.
CICSA clasifica a través de cinco sectores su actividad, que abarca la instalación de ductos, fabricación y servicios para la industria química y petrolera, proyectos de infraestructura, construcción civil y vivienda.
Si bien sus ventas consolidadas retrocedieron 2.8% –pasaron de 6 mil 245 a 6 mil 70 millones de pesos entre el segundo trimestre de 2020 a igual periodo de 2021–, las ventas en infraestructura, donde está inscrita la Línea 12, repuntaron casi 20%, para llegar a mil 33 millones. (Con información de María Luisa Aguilar).
