La iniciativa periodística Pegasus Project, en la que participaron Proceso y 16 medios de 10 países, revela la red de espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto contra opositores, activistas y periodistas mediante el Cisen, la AIC y la Sedena, que entre 2016 y 2017 utilizaron el programa espía Pegasus, de origen israelí, de acuerdo con una lista de 15 mil números telefónicos hallados en sus bases de datos. Pese a que Andrés Manuel López Obrador, su familia y políticos cercanos fueron objeto de escrutinio mediante ese programa, el gobierno de la 4T no ha sido transparente para determinar en qué estado se encuentra ese aparato de espionaje ni qué dependencias aún tienen la licencia para operarlo.
Con el poderoso spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, el expresidente de México Enrique Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sus respectivos grupos políticos aprovecharon las agencias de inteligencia del Estado, su infraestructura tecnológica y sus partidas presupuestarias secretas para realizar operaciones masivas de espionaje contra decenas de periodistas, al menos 120 defensores de derechos humanos y contra poco más de 700 opositores políticos.
Fueron tan evidentes y agresivos los abusos cometidos por las agencias del gobierno federal mediante la poderosa herramienta tecnológica, que en 2017, después del escándalo conocido como Gobierno Espía, NSO Group prefirió no renovar las licencias que había vendido por decenas de millones de dólares a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Una fuente que conoce las operaciones de NSO Group en México explica que la empresa israelí, incluso, se negó a vender su programa espía Pegasus a la Policía Federal, pues consideró que la institución, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), era “una de las entidades más corruptas en México”; el rechazo se dio pese a que la corporación de seguridad estaba interesada en la plataforma de espionaje y dispuesta a ofrecer un alto precio por ella.
A lo largo de la semana última, la investigación internacional Pegasus Project, en la que participaron Proceso y otros 16 medios de 10 países, bajo la coordinación de Forbidden Stories y con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, reveló que entre el verano de 2016 y finales de 2017 el Cisen, la AIC y la Sedena seleccionaron más de 15 mil números telefónicos en sus plataformas de Pegasus, en lo que sería el paso preliminar para un eventual ataque espía.
La cifra de números telefónicos representa prácticamente una tercera parte de los más de 50 mil registros de plataformas de Pegasus de 10 países clientes de NSO Group a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional.
La información retrata al gobierno de Peña Nieto como el usuario más fiel de ese sistema de espionaje, por encima de monarquías u otros regímenes autoritarios, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Azerbaiyán, Hungría o India, que también usaron Pegasus para atacar voces críticas, así como a rivales políticos y a por lo menos 13 jefes de Estado.
Pegasus le permite a una agencia gubernamental acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de una persona, incluyendo mensajes –SMS, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería– y correos electrónicos; con el programa, el usuario tiene la posibilidad de vigilar la geolocalización del objetivo en cualquier momento y grabar sus llamadas; además puede activar el micrófono y la cámara cuando lo desee.
Víctimas
Después de meses de investigación y análisis de los 15 mil registros se encontraron entre los blancos de espionaje del gobierno de Peña Nieto a periodistas, incluyendo a seis de la revista Proceso: Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco, Arturo Rodríguez, Alejandro Caballero, Álvaro Delgado y Jenaro Villamil.
También están los números telefónicos de Carmen Aristegui –otra participante del Pegasus Project–, integrantes de su equipo de investigación, así como su hijo y una hermana; de igual manera, los fundadores de la organización Quinto Elemento Lab –Marcela Turati, Alejandra Xanic, Ignacio Rodríguez Reyna y Daniel Lizárraga– y Cecilio Pineda, periodista guerrerense asesinado en marzo de 2017, apenas un mes después de ser seleccionado en la plataforma de Pegasus.
Asimismo fueron identificados los números de miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Cristina Bautista y Melitón Ortega, abogados de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y familiares de dos estudiantes desaparecidos.
De igual manera, decenas de líderes de organizaciones indígenas –como Carlos González García, integrante de la coordinación nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) y esposo de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy– y los números telefónicos de defensores de derechos humanos, activistas que acompañan a personas amenazadas o víctimas, así como de decenas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Esta vigilancia ilegal masiva se expandió a lo largo del sexenio durante el cual México se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo –la organización internacional Artículo 19 registró 2 mil 502 agresiones contra periodistas, entre ellas 47 asesinatos–, y donde al menos 161 defensores de derechos humanos fueron asesinados.
Acecho político
Entre los objetivos políticos del espionaje destacaron más de 50 integrantes del primer círculo familiar y político del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sus tres hijos mayores (Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán) y tres hermanos (Pío, Arturo y Martín), así como 15 personas que tienen o han tenido cargos clave en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, como Julio Scherer Ibarra, Gabriel García Hernández, Alejandro Esquer Verdugo, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Romo Garza, César Yáñez Centeno, Manuel Bartlett Díaz, Rocío Nahle García, Delfina Gómez Álvarez, Alfonso Durazo Montaño y el senador Ricardo Monreal Ávila.
También fueron seleccionados los números telefónicos de los líderes de Morena Berta Luján, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado; del PAN, Gustavo Madero Muñoz, Ricardo Anaya Cortés, Damian Zepeda Vidales y Marko Cortés Mendoza; y del PRD, así como 55 gobernadores de todos los partidos políticos, seleccionados por el Cisen y la Sedena.
Figuran en las listas de Pegasus los números del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo; excandidatos presidenciales y varias figuras de primer nivel del PRI, como Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y Alfredo del Mazo Maza.
A las figuras políticas se sumaron decenas de casos de acechos a sus colaboradores particulares, familiares, parejas, secretarios, voceros y operadores políticos.
Resulta imposible afirmar que en todos los casos mencionados las selecciones en las plataformas de Pegasus derivaron en ataques, y que éstas lograron instalar el programa en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces, para conseguir la infección se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.
“El Gallo”
Los expertos de NSO Group han mejorado su sistema y ahora logran infectar un teléfono mediante ataques “zero clic”, los cuales no necesitan de ninguna interacción con el dueño del teléfono, y son totalmente indetectables.
El uso ilegal de Pegasus en el sexenio de Peña Nieto apunta a las responsabilidades de los grupos más cercanos del expresidente y a Osorio Chong, quienes controlaban algunas de las herramientas de espionaje más sofisticadas del Estado mexicano.
En la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Alberto Bazbaz Sacal –exprocurador de Peña Nieto en el Estado de México y que estuvo a cargo del desastroso caso de la niña Paulette– podía acceder a toda la información bancaria o financiera de cualquier persona; por otra parte, Tomás Zerón de Lucio, su otrora jefe de Inteligencia en la procuraduría, controlaba a su antojo Pegasus, entre otros programas espía, en la AIC.
Al frente de la UIF, Bazbaz y su equipo armaron expedientes sobre opositores políticos y voces críticas al gobierno de Peña Nieto para encontrarles posibles puntos débiles; los integraron en una carpeta llamada “Los Maléficos”, en la cual figuraban objetivos que eran encabezados por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, identificado como “El Gallo”.
La carpeta también incluía a otros personajes, como Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Víctor Trujillo y Carmen Aristegui.
Osorio Chong, por su parte, recuperó el poderoso aparato de espionaje de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, el “superpolicía” de Felipe Calderón Hinojosa, cuyas funciones fueron absorbidas por la Segob desde el arranque del gobierno de Peña Nieto. El hidalguense nombró a su incondicional Eugenio Ímaz Gispert al frente el Cisen.
El 31 de mayo de 2016, Ímaz firmó un contrato por 203 millones de pesos con Proyectos y Desarrollos VME, la empresa que en aquel entonces vendía Pegasus en el país. A partir de ese momento la agencia apareció como responsable de la mayor parte de las operaciones de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, de acuerdo con Pegasus Project.
Vuelta a la opacidad
Ante las revelaciones de Pegasus Project sobre la magnitud del espionaje ilegal operado en el sexenio pasado, López Obrador y su gobierno federal tuvieron una reacción ambigua: mientras el presidente abrió el camino para transparentar estas prácticas y algunos contratos, las dependencias federales no parecieron muy dispuestas a investigar a fondo estas prácticas ni los contratos del Cisen o de la Sedena con la empresa israelí.
Así, en la conferencia matutina del martes 20 –un día después que los medios nacionales e internacionales de Pegasus Project publicaron la historia del espionaje a López Obrador a través de más de 50 de sus personajes cercanos–, el mandatario minimizó la gravedad del espionaje ilegal y rápidamente concentró el tema hacia su persona y hacia el pasado, pues resaltó que la Dirección Federal de Seguridad, antecedente del Cisen, lo espiaba ya a finales de los setenta.
“Cuarenta y tres años. Entonces, imagínense si yo voy a estar presentando denuncia por eso”, dijo el mandatario, quien derivó el tema hacia una cuestión de derroche de dinero. “Independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje”, dijo.
Tras reconocer que ignoraba si alguna dependencia de su administración había celebrado un contrato con NSO Group, mencionó que “lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie” y que si existiera tal contrato, “hay que cancelarlo”. “Yo no creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión”, agregó.
El viernes 23 Proceso volvió a preguntar al presidente sobre la manera en que su gobierno investigará lo revelado por Pegasus Project. López Obrador dijo que se entregarán a la Fiscalía General de la República todos los contratos de Pegasus firmados por el Cisen, la entonces PGR y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Nada dijo sobre la Sedena.
Pese a las promesas del presidente de que se realizaría una investigación a fondo y transparente sobre Pegasus, algunas dependencias parecen ignorar sus instrucciones.
En un primer momento, el CNI, que sustituyó al Cisen, se negó a entregar a la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales dos contratos que el Cisen otorgó en 2016 de manera directa a la empresa vendedora de Pegasus.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le obligó a divulgar al menos una parte de estos contratos, y el CNI entregó documentos con amplias partes testadas, y sin anexo, pero que corresponden a la presunta adquisición de Pegasus.
En respuesta a un cuestionario que le envió Proceso antes de la publicación de Pegasus Project, el CNI contestó a tres preguntas: “En los archivos de este organismo no se tiene registro ni antecedente alguno de contratos relacionados con Pegasus”. La contestación, pese a que en mayo de 2020 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que depende el CNI, aseveró en una tarjeta informativa que el Cisen había operado Pegasus de 2014 a 2017.
Omisiones y confusiones
Al día siguiente, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en la conferencia matutina del mandatario donde expuso un esquema general llamado “Pegasus”, sobre la red de empresas vinculadas a Uri Emmanuel Ansbacher que vendieron el programa espía y otros insumos –como uniformes o drones– a dependencias del gobierno de Peña Nieto y de gobiernos estatales, y en estas operaciones se movieron cerca de 6 mil millones de pesos y otros 7 millones de dólares.
En la mañana de ese mismo día, los periodistas de Proceso, Juan Omar Fierro, y de Aristegui Noticias, Carmen Aristegui y Sebastián Barragán, dieron los detalles de esa red en un amplio reportaje publicado en ambos medios; ese trabajo, producto de meses de labores y basado en más de 20 mil documentos, identificaba más de 30 empresas “fachada” ligadas a la red de Pegasus en México, Estados Unidos y Panamá, de las cuales salieron depósitos hacia las cuentas bancarias de NSO Group y de Shalev Hulio, uno de los fundadores de la empresa israelí.
Los esquemas de Nieto Castillo revelaron los vínculos financieros, irregularidades financieras y “discrepancias fiscales” detectadas entre las empresas de esa red, y confirmaron las salidas de millones de dólares hacia Israel, precisamente hacia la cuenta en el Bank Leumi de Tel Aviv, abierta a nombre de NSO Group Technologies Ltd.
Nieto recalcó que dichas empresas incurrieron en presuntos “actos de corrupción” y en ventas con sobreprecio al gobierno federal “durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto”, con presuntas contrataciones de empresas que facturan operaciones simuladas para deducir impuestos y no pagarlos al Estado mexicano
También confirmaba que Grupo Tech Bull, sociedad “fachada” de Balam Seguridad Privada que vendió Pegasus a Zerón por 32 millones de dólares en octubre de 2014, fue creada por dos jóvenes “mirreyes”, uno originario de israel, Asaf Zanzuri, y otro, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, cercano a Emilio Gamboa Patrón, como lo documentaron Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en junio de 2017.
La presentación de Nieto fue un poco confusa; el funcionario mezcló diversos temas, contratos y empresas, dando a entender que todos los montos pagados a esas empresas lo fueron por la adquisición de Pegasus, cuando en la mayoría de los casos no ocurrió así. Además, el titular de la UIF omitió elementos clave sobre contratos y relaciones de algunas empresas vendedoras de Pegasus con el Cisen y la Sedena.
Así, si bien señaló que durante el sexenio de Peña Nieto la empresa Productos y Diseños VME estuvo involucrada en la “venta, mantenimiento y actualización del sistema de espionaje Pegasus al gobierno mexicano”, no mencionó que esa misma empresa cobró al Cisen más 211 millones de pesos entre el 31 de mayo y el 1 de agosto de 2016 por el sistema Pegasus, mediante contratos firmados personalmente por Ímaz, ni detalló que la Sedena también la contrató para renovar licencias.
Sólo del escaso número de contratos que la prensa ha dado a conocer desde 2012 se sabe que el Estado mexicano ha gastado más de 6 mil 405 millones de pesos y 33 millones 129 mil dólares en Pegasus, pero el costo total fue mayor, pues la PGR, el Cisen y la Sedena –especialmente las últimas dos instituciones– nunca han transparentado todos los contratos.
