La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. De acuerdo con información a la que accedió Proceso, García y sus familiares habrían utilizado empresas fantasma para movilizar por lo menos 40 millones de pesos que no declararon al fisco. En riesgo estaría no sólo el futuro del gobernador de Nuevo León –que debe tomar posesión en octubre–, sino el proyecto político de su partido, Movimiento Ciudadano, para las elecciones presidenciales de 2024.
Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del senador y cabeza del proyecto político de Movimiento Ciudadano para la elección presidencial de 2024 está en riesgo: la Fiscalía General de la República (FGR) lo tiene en la mira y está por consignar su expediente, en el que lo acusa de lavado de por lo menos 40 millones de pesos de 2016 a 2020 mediante una red de empresas fantasma.
De acuerdo con información a la que Proceso tuvo acceso, en el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro.
Entre los cuatro se habría establecido una red de lavado de dinero mediante empresas fantasma, en un mecanismo similar al caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada.
O semejante al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que compró un departamento usando una facturera: una empresa fantasma para transitar los recursos con los que lo pagó.
Lista negra
Los alcances judiciales de la investigación que integra la FGR por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal podrían llegar antes de que García tome posesión como gobernador de Nuevo León, en octubre.
En la investigación que realiza la FGR sobre Samuel y su familia aparecen dos empresas manufactureras ubicadas en Nuevo León: Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018; es decir empresas que han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
El SAT publica en su portal web la lista negra de las empresas catalogadas como “presuntas”, al haber sido identificadas como posibles EFOS, y “definitivas”, cuando éstas no han desvirtuado en tiempo y forma las observaciones hechas por la autoridad y por ende son confirmadas como EFOS.
El 29 de mayo de 2015 el Sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió el oficio 500-05-2015-26774 con una notificación identificando de manera definitiva a Renok en una lista de EFOS.
Mientras que la empresa Servicios y Asesorías Zulamak recibió el oficio 500-41-00-03-02-2018-5966 de fecha 31 de octubre de 2018 del SAT con una notificación definitiva, advirtiendo que al igual que Renok emitió comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Como parte del seguimiento de movimiento de recursos detectados en México, además del gobernador electo Samuel Garría, están investigados su esposa Mariana Rodriguez, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro.
En el caso de Samuel García, en el rastreo de las cuentas se detectaron 26 millones de pesos no declarados al SAT, además se registraron 2 millones y medio de pesos cuyo origen lícito o ilícito esta por comprobarse.
De esos 26 millones no declarados, el mayor monto corresponde a Mariana Rodríguez Cantú: 14 millones de pesos, y excedentes por 12 millones. El suegro, Jorge Gerardo Rodríguez, presenta alrededor de 4 millones de pesos de excedentes no declarados. El papá, Samuel Orlando García Mascorro, es el que menos movimientos irregulares presenta: aproximadamente millón y medio de pesos.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene previsto citar a los cuatro, incluido Samuel, para declarar sobre las razones de esas operaciones.
Este tipo de defraudación fiscal está previsto en los artículos 108, 109 y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación en los cuales se establecen las sanciones y en el último se menciona que “se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Además “será sancionado con las mismas penas, el que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
En la fracción IV del artículo 109 se tipifica como equiparable al delito de defraudación fiscal, la simulación de uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.
Las sanciones que menciona el artículo 108 por delito de defraudación fiscal prevén la prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 221 mil 950 pesos. Si excede ese monto pero no rebasa el millón 832 mil 920 pesos, la prisión es de dos a cinco años; pero si rebasa este último monto, la sanción es de tres a nueve años de prisión.
Precisa que cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en 50%.
Sin embargo, a partir de 2020, la Reforma Penal Fiscal permite continuar la persecución de los delitos fiscales básicos y aportará mayores herramientas para todo acto que constituya amenaza a la seguridad nacional, catalogando este tipo de delitos como delincuencia organizada.
Más acusaciones
La trayectoria política de Samuel García Sepúlveda está salpicada por diversas denuncias judiciales, hacendarias y, en últimas fechas, electorales, en las que también aparecen involucrados algunos de sus familiares.
Aunque lo negó, es sobrino de Gilberto García Medina, El June, considerado en 2001 el segundo líder del Cártel del Golfo.
El June es primo de su papá, Samuel Orlando García Mascorro. Durante la reciente campaña electoral, el candidato del PRI, Adrián de la Garza, presentó un video de una fiesta donde Samuel García, entonces de 10 años, aparece festejando a su tío.
Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo, fue denunciada porque entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 recibió al menos 60 transferencias bancarias por 1 millón 371 mil pesos, desde una empresa que ha sido reportada por operaciones irregulares.
Por otro lado Jorge Gerardo Rodríguez, suegro de Samuel García, está siendo investigado por recibir depósitos por más de 6 millones de pesos que presuntamente provienen de “empresas fantasma”.
A partir de estas denuncias, el 10 de mayo por la noche la FGR anunció que investigaba a Samuel García Sepúlveda, a su esposa Mariana Rodriguez Cantú, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez y a su padre Samuel Orlando García Mascorro, por presunto uso de dinero y aportaciones ilícitas para impulsar la campaña electoral de 2021.
Los familiares de Samuel García son investigados por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales, dijo la FGR.
“Las denuncias recibidas por la Fiscalía General de la República vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.”
Semanas antes, el 20 de abril de 2021, De la Garza interpuso una denuncia contra Samuel García por presuntamente usar recursos de procedencia ilícita para la adquisición de inmuebles.
Hasta entonces había erogado 7.6 millones de pesos más de lo que reportó haber recibido para tal fin: informó que recibió 14.8 millones de pesos y gastó 22.4 millones.
El candidato de Movimiento Ciudadano también fue denunciado por Morena el 14 mayo ante el INE por el apoyo que recibió en campaña de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.
A partir de esas denuncias fue que la pareja Samuel García y Mariana Rodríguez fue sancionada por el INE al considerar que las fotos y videos de esta última fueron propaganda.
En entrevista radiofónica, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que cualquier promoción que se haga a una campaña política en calidad de influencer, por la que se tienen ingresos, se considera una aportación empresarial y por lo tanto está prohibido en la ley.
“Ella podía haber aparecido en los spots del partido político, pero una cosa distinta es utilizar su fuente de ingresos, que es lo que la convierte en empresaria, o persona con actividad empresarial, para hacer una promoción de una campaña política, porque eso se convierte en una aportación de un ente prohibido”, explicó Córdova.
Por ello, ratificó que las empresas no pueden hacer aportaciones a las campañas. “El principal problema es que su fuente de ingresos son las redes sociales”, declaró.
Aunque el gobernador electo ha defendido que ganó “a la buena, sin trampas”, en la sesión del Consejo General del INE del jueves 22, ese instituto impuso una multa de 55.7 millones de pesos debido a las historias que la influencer Mariana Rodríguez subió a sus perfiles de redes sociales durante la pasada campaña electoral en apoyo a la candidatura de García, las cuales fueron consideradas propaganda.
La consejera Adriana Favela expuso en la sesión que en el caso del entonces candidato al gobierno de Nuevo León por MC, se identificaron 45 fotografías y mil 300 historias que Mariana Rodríguez compartió en redes sociales, como Instagram, en las que se hace alusión directa a Samuel García durante el periodo de su campaña.
Precisó que al tener calidad de persona física con actividad empresarial –su nombre está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad y lo comercializa por medio de sus historias en Instagram–, benefició al candidato Samuel García con las publicaciones que difundió a través de esa red social, por lo que le aplicó una multa de 55.7 millones de pesos.
Por su parte, Córdova precisó que el “verdadero tema” de este caso no fue la relación personal entre Mariana Rodríguez y Samuel García, sino la aportación a la campaña por parte de un ente prohibido por la legislación electoral.
Recordó que el artículo 105 del Reglamento de Fiscalización establece que no pueden hacer aportaciones a candidatos para un puesto de elección popular aquellas personas que tengan actividades mercantiles o profesionales, como Mariana Rodríguez.
Luego de la sanción que impuso el INE a Samuel García, el presidente Andrés Manuel López criticó la decisión del instituto y defendió que la esposa del gobernador electo de Nuevo León haya intervenido en la campaña.
“Deben participar como todos, sin límites, es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, es otra cosa. Yo veo más esto ‘politiquero’, porque ni siquiera diría político, la política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal para que haya seriedad”, aseguró el presidente.
El miércoles 7, cuando ya había indicios de investigaciones en su contra, Samuel García acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, quien, después de un apretón de manos, dijo: “Ya en el gobierno tenemos que actuar con responsabilidad y buscar el beneficio de los pueblos, en este caso el beneficio del pueblo de Nuevo León. Tenemos la obligación de gobernar para todos”.
