Estudiantes, académicos y egresados de la Universidad de Las Américas Puebla exigen la liberación del campus y anteponer el bienestar de la comunidad universitaria a cualquier interés particular. Pero los integrantes del nuevo patronato de la Fundación de esa institución privada endosan al rector, Luis Ernesto Derbez, las irregularidades administrativas y financieras detectadas; hablan incluso de su relevo y ya presentaron tres demandas contra él y otros directivos. Derbez alega que se trata de una campaña de mentiras y desinformación y pide al gobernador Miguel Barbosa Huerta sentarse a dialogar.
PUEBLA, PUE.- El nuevo patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (Fudlap), nombrado por el gobierno de Puebla, advierte sobre la inminente destitución del rector Luis Ernesto Derbez Bautista, tras la presentación de tres denuncias penales en su contra; adelanta incluso que ya evalúa las alternativas para nombrar a su relevo en la rectoría de esa institución.
El martes 6, siete días después de tomar posesión de las instalaciones, los integrantes del nuevo órgano informaron en rueda de prensa sobre las “primeras irregulares” detectadas en las auditorías que iniciaron a la universidad privada.
Rodrigo Gurza Cárdenas, quien se presentó como abogado del nuevo patronato, expuso que interpuso tres denuncias contra Derbez Bautista y directivos de la casa de estudios. Una de ellas es por el presunto robo de documentos y equipo de cómputo que contenía información de la universidad y que, asegura, fueron sustraídos el 29 de junio, cuando un operativo judicial y policiaco dio posesión a los nuevos patronos.
Explicó también que en cajas que pudieron recuperar ese día encontraron información que dio pie a la segunda y tercera demandas: una presentada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos; la otra, ante la Fiscalía General de Puebla por administración fraudulenta.
En diversas entrevistas el abogado se refirió a Derbez como “exrector”, aunque Adalberto Ramos Huerta, secretario del nuevo órgano, aclaró que la directiva de la Udlap aún está en funciones, pero ante los “hallazgos preliminares” de las auditorías, es “difícil que continúe”; el patronato ya evalúa “alternativas de nuevo rector”, comenta a Proceso.
Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) emitió un comunicado en el cual acusa al gobierno de Puebla de intentar quedarse con la institución educativa privada y con los recursos que genera:
“De manera ilegal, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que depende del gobierno del Estado, busca imponer a diversas personas en el patronato de la Udlap, con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución”.
El viernes 9 la Fundación anunció que miembros de su patronato y de la Fudlap decidieron emprender ante la Secretaría de Economía una controversia bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, por lo que consideran incumplimiento por parte del gobierno mexicano.
Su intención es “recuperar los daños económicos resultantes de una investigación penal abierta ilícitamente, la emisión de órdenes de aprehensión, los intentos de destruir los Patronatos de la Fundación (Mary Street Jenkins) y de la Fudlap, y el intento de confiscación de activos pertenecientes a la Fundación, incluyendo la toma de posesión de la Universidad de las Américas por parte del gobierno de Puebla y sus representantes, cuyo transparente objetivo es la usurpación de la Fundación y sus activos”.
Llamados al diálogo
Desde el lunes 5, el secretario de Educación del Estado, Melitón Lozano, validó al nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del gobierno de Puebla, pues sostuvo una reunión con sus integrantes.
En tanto, Derbez Bautista insistió en desconocer a ese órgano, al que acusa de haber “invadido” con las fuerzas armadas el campus de la Udlap. Confió en que el anterior órgano, que estaba en funciones, retomará la institución, una vez que se resuelvan los incidentes de violación a las suspensiones que presentaron ante el Poder Judicial de la federación.
En rueda de prensa, respaldado por vicerrectores, académicos e integrantes de los consejos Empresarial y Estudiantil de la universidad, el rector calificó las denuncias presentadas en su contra como parte de una campaña “de mentiras y desinformación” e hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta para abrir un diálogo que coadyuve a la solución del conflicto y evitar más daños a la institución educativa.
En la misma rueda de prensa, Gilberto Marín Quintero, presidente de Grupo Alquimara y uno de los empresarios más acaudalados de Puebla, también pidió a Barbosa Huerta sentarse a dialogar, a fin de evitar causar daños a la imagen de la Udlap; a terceros, como lo son maestros, estudiantes y padres de familia, así como a la economía de Puebla.
“¿Ustedes saben lo que le puede pasar a Puebla si la Udlap sigue en este problema? ¿Queremos ver las calles llenas de estudiantes, en Casa Aguayo, y armar un desmadre?”, expresó el empresario en clara alusión a las movilizaciones de marzo de 2020, cuando más de 10 mil jóvenes marcharon para exigir al gobierno de Barbosa seguridad y justicia por el asesinato de tres estudiantes de medicina.
El mandatario reaccionó molesto ante esta advertencia y dejó en claro que no habrá “ningún acuerdo” que no pase por el retorno a Puebla de la Fundación Mary Street Jenkins –actualmente con domicilio en Jalisco– junto con los 750 millones de dólares, en capital y bienes que –según ha denunciado– se llevaron a paraísos fiscales.
“Aquí no admitimos desmadres, aplicamos la ley, que les quede claro”, subrayó Barbosa. “¿Quieren un gobierno que siga viendo las chingaderas como se hicieron en Puebla? Yo ni hago desmadres, ni hago chingaderas, los que las hacen son ellos”.
Y se sumó a las acusaciones contra Derbez, al asegurar que fue él quien concibió, planeó y operó políticamente el desfalco de la FMSJ.
Las denuncias
El abogado Rodrigo Gurza Cárdenas aclaró que las denuncias que el “nuevo” patronato de la Fudlap presentó contra Derbez son independientes a las que antes se interpusieron por el saqueo de la FMSJ.
Explicó que las irregularidades detectadas se refieren al desvío de recursos de la Udlap, a través de una triangulación, hacia diversas empresas en las cuales el rector es socio con los vicerrectores de Administración y Finanzas, Mónica Ruiz Huerta y Mario Vallejo Pérez, respectivamente, así como de Jesús Salvador Mijangos Patiño, director de Asuntos Jurídicos de la misma universidad privada.
Estos supuestos malos manejos implican también a los abogados Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas, representantes de la FMSJ, y a los hermanos Roberto, Margarita, Juan Carlos y María Elodia Jenkins de Landa, así como a su madre, Elodia de Landa.
Al responder a esta acusación, Derbez admitió ser socio junto con directivos de la Udlap, de la sociedad civil Jenkins Graduate School, y que esa institución tiene también como socios capitalistas a las empresas Consultoría en Instituciones de Educación Superior y Asesoría en Dirección de Instituciones Educativas, donde son socios los abogados de la FMSJ, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
Rechazó que existan irregularidades en la operación de estas instituciones y afirmó que la Jenkins Graduate School ofrece programas de maestrías y especialidades en la Ciudad de México y es enlace con la Udlap en la capital del país.
Sin embargo, el abogado del patronato advirtió que, de las denuncias presentadas, podrían resultar órdenes de aprehensión en contra del rector, vicerrectores y directivos de la Udlap, así como abogados e integrantes de la familia Jenkins, quienes ya tienen dos órdenes de detención pendientes.
En la rueda de prensa virtual del martes 6, el rector mostró que en las cuentas bancarias de la Udlap, antes de ser congeladas por las autoridades, había 695 millones de pesos.
Advirtió que están por vencer pagos a la nómina de empleados y proveedores, impuestos, seguridad social y contribuciones por un monto de 56.5 millones de pesos, así como pagos a créditos contraídos, por lo cual responsabilizó a las autoridades de las consecuencias legales y financieras que se puedan derivar por incumplimiento, así como de “cualquier mal uso de los recursos financieros que se haga”.
En cambio, el patronato nombrado por el gobierno ha asegurado que lo único que se busca es que la Udlap opere de “manera correcta”, con un patronato que no sea perseguido por la ley y sin afectar al claustro de maestros, ni a estudiantes.
Aunque hasta ahora, la JCIAP no ha aclarado el procedimiento que siguió, ni los méritos para nombrar a los integrantes de ese patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, de quien, a la fecha, sólo sabe que es licenciado en ingeniería industrial por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Mientras tanto, estudiantes, académicos y egresados de la Udlap convocaron a través de las redes sociales a una marcha el sábado 10 para exigir la “liberación” del campus y a que se “anteponga el bienestar de la comunidad universitaria antes de cualquier interés particular”.
