Ante el elevado número de muertes en Zacatecas por enfrentamientos entre organizaciones criminales, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle, señala en entrevista que en la entidad se han vivido embates del crimen organizado durante las transiciones de gobierno. Lo que a su juicio agrava el actual son las fallidas estrategias de seguridad federales y estatales, las debilidades del sistema de procuración e impartición de justicia y el hecho de que la disputa sea entre los cárteles más poderosos del país: los de Jalisco y Sinaloa.
ZACATECAS, Zac.- Durante los últimos 17 años Zacatecas ha permanecido bajo el asedio de distintas organizaciones criminales, pero desde la guerra emprendida contra éstas en el sexenio de Felipe Calderón el estado no vivía, como actualmente, tantos días sucesivos de masacres, desplazamiento forzado y terror extremo.
La furia con la que se han enfrentado durante las últimas semanas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa ha causado numerosas muertes de ambos bandos, pero también ha dejado víctimas como paramédicos, profesionistas y menores ajenos a su causa criminal.
No hay zona del estado libre de violencia, aunque los homicidios han ocurrido principalmente en la capital, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Villanueva y Valparaíso. En este último municipio los cárteles libraron a finales de junio una batalla donde murieron 18 personas, según cifras oficiales, aunque hay versiones de que fueron más de 40.
En los últimos 10 días esos municipios acumularon más de 50 homicidios. Sólo el jueves 15 el gobierno federal informó de 10.
La acometida de estos cárteles rebasó a todas las autoridades y a las fuerzas policiaca y militar desplegadas en territorio estatal. Habitantes de Valparaíso y Jerez tuvieron que abandonar sus viviendas y bienes para resguardarse en las cabeceras municipales porque, dice uno de ellos, “aquello está tomado por los
pistoleros”.
Los informes del Grupo de Coordinación Local de Seguridad, que encabeza el gobernador priista Alejandro Tello Cristerna, reflejan la crítica situación a pesar de que su propósito sea alardear de “acciones contundentes que se despliegan a través de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas”.
En junio pasado se reconoció que el número de llamadas para denunciar delitos en el teléfono 089 (habilitado en febrero) aumentó 1,500%. Sólo en ese mes se conoció del secuestro de cinco personas y nueve casos de secuestro virtual. Y en Guadalupe, municipio conurbado con la capital, se localizó un centro de empaque y distribución de droga. Durante los operativos se decomisaron miles de dosis, principalmente de metanfetaminas y cocaína.
Pero ante el pandemónium que se desencadenó después de las elecciones del día 6 del mismo mes, el gobernador saliente optó por reconocer “los momentos complejos” que vive la entidad, para luego pedir públicamente al gobierno federal el envío de más elementos de la Guardia Nacional, que se sumarían a los 2 mil que ya están desplegados en Zacatecas.
CJNG vs Cártel de Sinaloa
En septiembre de 2020 Tello Cristerna decidió hacer cambios en su gabinete de seguridad al manifestarse el repunte en homicidios, extorsiones y secuestros. El día 9 anunció que, en acuerdo con el gobierno federal y rumbo al final de su administración, nombraba secretario de Seguridad a Arturo López Bazán, policía federal de carrera que hasta ese momento estaba en la Guardia Nacional.
López Bazán, quien también fue integrante de la Coordinación Nacional Antisecuestro, es el tercer titular de la dependencia en menos de cuatro años: Tello Cristerna inició su periodo en septiembre de 2016 con el general de brigada Froylán Carlos Cruz, quien salió en junio de 2017 entre protestas de los policías estatales; el segundo secretario fue Ismael Camberos Hernández, también con carrera de policía federal.
“Casualmente estas disputas se avivan en las transiciones políticas, cuando hay cambio de administración (estatal)”, señala a Proceso Arturo Nahle García, exprocurador y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Aunque reconoce la etapa crítica que en materia de seguridad le tocó vivir como procurador (Proceso 1788 y 1822), Nahle se refiere a la violencia de estos días como “una guerra bárbara entre los cárteles”, que atribuye al control de las rutas identificadas para el trasiego de drogas, al incremento en el consumo local y, posiblemente, “a que el Cártel de Sinaloa esté cuidando la puerta para que no se le meta el de Jalisco”.
Nahle ubica el momento de la transición sexenal entre Ricardo Monreal y Amalia García Medina, en 2004, como el de la irrupción de Los Zetas en el estado.
Desde su punto de vista, las estrategias fallidas y el aumento del narcomenudeo han favorecido la multiplicación de grupos locales y procedentes de otras regiones:
“Si Alejandro Tello recibió el estado con dos grupos delictivos, Los Zetas y el Cártel del Golfo, lo está entregando con la presencia de seis grupos, dos de ellos muy importantes que no estaban aquí hace cinco años (CJNG y el Cártel de Sinaloa); está entregando un estado donde no disminuyó el problema, sino al contrario, un estado muy, muy violentado al día de hoy.”
El exprocurador se refiere a organizaciones identificadas a nivel local, algunas de las cuales surgieron de escisiones de los propios cárteles, como Los Talibanes y el Cártel del Noreste, que se sumaron a Los Zetas y al Cártel del Golfo en distintas regiones del estado (Proceso 2327).
La presencia de dichos grupos “se ha venido reduciendo de manera significativa. Ahí siguen células de estos grupos, pero hoy por hoy los grupos importantes que están protagonizando esta disputa en Zacatecas son básicamente (los cárteles) Jalisco y Sinaloa”, sostiene.
Frente a esto no ha habido estrategia que valga, añade Nahle. “El combate frontal abierto, directo a los grupos delictivos, no dio resultados con Calderón. También durante el gobierno de Peña Nieto el Ejército estuvo en las calles, eso de que se privilegió la prevención fue puro discurso. Y ahora López Obrador, igual, en el discurso dice que ‘abrazos y no balazos’, pero la verdad es que la Guardia Nacional no fue más que la militarización de la Policía Federal, ¿no? Entonces los números nos dicen que tampoco esa estrategia está funcionando, porque el ‘muertómetro’ ahí sigue. La violencia sigue”.
Actualmente, resalta Nahle, en Zacatecas se enfrentan “los dos cárteles más poderosos en México”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado señala fallas en el sistema de procuración e impartición de justicia:
“El tema del narcomenudeo y las drogas lo vemos siempre relacionado en muchos de nuestros expedientes, en muchos de los juicios de los que conocemos, pero no vemos que se judicialicen asuntos de narcomenudeo. Todos sabemos, por ejemplo, que se ha incrementado de una manera preocupante la participación de menores de edad en la comisión de delitos, pero muy poco han crecido los asuntos en los tribunales especializados en justicia para adolescentes.”
Por otra parte, “las ejecuciones que vemos a diario; colgados, ejecutados. No digo que todos, pero un porcentaje importante de esos homicidios se dan justamente por narcomenudistas, pero esto no corresponde con los asuntos que tenemos en el Poder Judicial. Por eso no veo que (el narcomenudeo) se esté combatiendo de manera eficaz”.
“Imponen su ley”
Otro de los fenómenos advertidos en esta etapa reciente en que se multiplicaron los asesinatos y los eventos violentos, es el desplazamiento de habitantes de comunidades rurales en municipios como Jerez y Valparaíso hacia “zonas seguras”.
Nahle recuerda que a principios del sexenio del gobernador priista Miguel Alonso, varios empresarios importantes se fueron del estado a causa del aumento de secuestros atribuidos a Los Zetas, aunque posteriormente regresaron (Proceso 1871). “Pero desplazamiento así, de gente de comunidades, no lo había yo visto hasta ahora”, apunta.
Un adulto mayor de la comunidad de Juancho Rey, perteneciente a Jerez, dice que mucha gente de allá se dedica al negocio de las tortillerías, pero ahora su vida cambió: “Mucha gente no tiene a dónde irse, nada. ¿Cómo le hace? Cerraron tiendas. No se sabe de qué van a vivir. Van a buscarle, tienen familiares por ahí, en otros lugares de la República.
“Nunca en nuestra vida había tenido un hecho de inseguridad tan cabrón como éste, a mansalva matar a la gente, y ahí está lleno de pistoleros. Imponen su ley, las armas.”
El hombre apremia a que alguna autoridad entre “a sacarlos, como en Aguililla (Michoacán). Viven hasta con familias. Hay que remediar allí, somos gente de paz, trabajadora, en las tortillas, diferentes actividades, pero no andamos en esos hechos. Y ya llegamos a lo máximo: a dejar un pedazo de tierra, una casa, los animales. Dejamos todo”.
Desde el año pasado, dice, empezaron a verse en la zona “las camionetonas con individuos” bajando de la sierra a poblados como Juancho Rey, Palos Altos y Laguna Grande, donde “esos tipos llegan y se arretacan, y se agarran entre ellos allí. Dios mío, ¿Qué puede hacer uno?”.
Ricardo Bermeo, sociólogo y activista del Movimiento Zacatecanos por la Paz e integrante del consejo ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, indica que hay alarma por el aumento de desapariciones en los meses recientes, a la par de la confrontación abierta entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, como fenómeno macrocriminal asociado a los homicidios.
Mientras que de enero a principios de junio de 2020 se conoció la desaparición de 217 personas, en el mismo lapso de este año fueron 451. La mayoría de desapariciones se registró en Fresnillo, Zacatecas capital y Guadalupe.
También repunto la cifra de personas no localizadas: en el primer semestre de 2020 fueron 81; en esta mitad del año iban 267. “Una cifra tan alta da idea de que falta un análisis de contexto; no hay más información, y también por falta de presupuesto”.
Bermeo dice que uno de los retos del próximo gobernador, David Monreal, será fortalecer a la Fiscalía Especializada, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Instituto Zacatecano de Identificación Forense, pues están desbordados: “Hay poco más de 900 cuerpos sin identificar”.
Y lamenta: “Desgraciadamente estamos lejos de la paz. Esperemos que encontremos las mejores formas para llegar a ella”.
A su vez, Nahle espera que una vez iniciada la nueva administración, “este fenómeno, que está en este momento exacerbado, se calme un poco. No quisiera estar en los zapatos ni de David Monreal ni de quien vaya a ser su secretario de Seguridad Pública ni de quien vaya a ser su fiscal”.
