En la Sierra Tarahumara los incendios provocados por grupos criminales para controlar la tala ilegal y lavar dinero han dejado decenas de asesinatos de líderes comuneros, así como más de 400 víctimas de desplazamiento forzado desde 2014, según cifras oficiales. La cantidad de personas afectadas, sin embargo, es mucho mayor.
CHIHUAHUA, Chih.– El olor a quemado invadió la Sierra Tarahumara, en el norte de México. La densa neblina causada por el humo de los incendios serpentea sobre los ríos de la región. En los cerros y barrancas se propagan hileras de fuego al pie de pinos y encinos ya chamuscados. En la carretera rumbo a Bocoyna la humareda llegó a obstruir por completo la visibilidad hasta alcanzar a las comunidades que han tenido que aprender a combatir los incendios.
Desde 2017 los cárteles de Juárez y Sinaloa incursionaron en ese “negocio” que ha devastado varios predios particulares y ejidos completos; ambos se disputan el control del territorio. Por ejemplo, Panalachi, el ejido más grande de esa región –con 447 ejidatarios–, sufre de la tala ilegal.
Las comunidades del territorio en la Sierra Tarahumara se concentran en luchar contra la incursión de los cárteles. En cada municipio de la región los grupos delictivos operan de manera distinta, pero la consecuencia es la misma: el despojo para controlar la tierra.
La situación ha generado alrededor de 30 homicidios de líderes indígenas en los últimos 20 años y cientos de familias desplazadas de manera forzada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) registra que desde 2014 a la fecha más de 420 personas en la Sierra Tarahumara han sido desplazadas de manera forzada, pero el dato es una aproximación.
Por lo menos desde 2011 han ocurrido desplazamientos masivos en la Sierra Tarahumara, sin que hayan quedado registrados en las oficinas gubernamentales. En abril de ese año un grupo de encapuchados armados llegó en camionetas para disparar hacia las casas, tiendas e iglesias del poblado de Jicamórachi, en el municipio de Uruachi, que colinda con Sonora.
En ese entonces los enfrentamientos eran entre los grupos de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, contra el Cártel de Sinaloa. Este último grupo acababa de ingresar a esa región para pelear la zona. Familias completas, incluyendo ancianos y niños, durmieron en el monte durante 10 días hasta que llegaron militares a instalarse en la escuela del pueblo para contener las agresiones. De 122 familias que habitaban Jicamórachi en aquel momento sólo se quedaron 40. El resto huyó a Sonora u otras ciudades de Chihuahua. Desde aquel día el pueblo no tiene médico.
Desplazados
La directora de la CEAVE, Irma Villanueva Nájera, explica que, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.
En 2015 la comunidad de El Manzano, en Uruachi, comenzó a padecer uno de los desplazamientos más conocidos y, por ello, ha contado con apoyo de organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria, que lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En una primera vez cerca de 35 personas de diferentes familias huyeron caminando por toda la sierra hasta encontrar apoyo para evitar que las mataran por defender el bosque de un grupo delictivo que se ha apoderado del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.
Un año después salió otro grupo de al menos 60 personas de la misma comunidad porque no habían cesado las amenazas de despojo para apoderarse del territorio. Los desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su tierra, pero cada intento ha costado la vida de alguno de sus allegados.
El último movimiento fue en 2018, cuando el Cedehm dio a conocer que las personas desplazadas de El Manzano y de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares regresaron a sus casas, resguardadas por la policía estatal.
En Uruachi no se han registrado incendios masivos intencionales, pero la población sufre la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, El Chueco, del Cártel de Sinaloa, que ha impedido el desarrollo forestal, de acuerdo con testimonios de los habitantes locales.
Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, dice que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta desde el exilio.
Homicidios
En Boycona las autoridades estatales y federales han documentado el modus operandi de los grupos armados que controlan la región: cortan los árboles y después incendian el área.
El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, ha reconocido que los territorios mencionados son zonas en disputa para el trasiego de droga y madera. En julio de 2020 dio a conocer que las ganancias de la tala clandestina se calculan entre 75 mil y 220 mil pesos por cada camión cargado con madera.
En ese contexto, en abril de 2020 fueron asesinados 10 líderes ejidales en Bocoyna, entre ellos los hermanos Joel y Adán Zamarrón, presidente y expresidente del ejido El Retiro y Gumeachi, respectivamente, así como su tío Juan Zamarrón, quien presentaba la denuncia de esos hechos cuando se decretó la pandemia, explicó el abogado y activista Jaime García Chávez. Desde entonces, las familias de esas víctimas se encuentran desplazadas.
José Carlos González fue asesinado en San Juanito. Era excomisariado ejidal de Sisoguichi, uno de los pueblos principales de Bocoyna. En la misma localidad, en marzo de 2020, fueron asesinadas seis personas más; entre las víctimas había un niño. Iban por autoridades ejidales de Panalachi.
Ese mismo día sacaron de su casa a Carlos Lozano, presidente del comisariado de Panalachi, y lo arrastraron con una camioneta hasta matarlo.
En diciembre de 2018 un grupo de la comunidad Bahinocachi del municipio de Panalachi llegó a la ciudad de Chihuahua para pedir protección a las autoridades federales y estatales por las amenazas constantes de los grupos armados que estaban destruyendo al bosque.
Desde febrero de ese año habían denunciado la aparición de 200 camiones cargados de troncos grandes y gruesos de pinos, conocidos como troceros, sin los permisos correspondientes. No habían tenido respuesta, de acuerdo con la organización que dio acompañamiento jurídico a los pobladores de ese ejido, el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas.
En 2020 la comunidad indígena Arroyo del Pajarito, del municipio de Guachochi –a tres horas de Boycona–, denunció ante el gobierno federal las amenazas que han recibido. Les respondieron que acudieran a la Fiscalía General de Chihuahua. Al final, los talamontes-sicarios, como les llaman, terminaron de deforestar la comunidad y se cambiaron a otra al norte de la cabecera.
Lavado y tráfico de madera
El encargado de la Subdelegación de Recursos Naturales de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chihuahua, Juan Carlos Segura, coincidió con que la tala se ha incrementado de manera alarmante en algunas regiones del estado y se ha convertido en la principal amenaza de los recursos forestales por el involucramiento de las organizaciones delictivas, que además impiden el acceso a las autoridades para sus labores de inspección y vigilancia.
La Profepa tiene identificados los municipios con mayor problemática porque ahí se encuentran los principales centros de industria maderera establecida: San Juanito, Bocoyna, Tomochi, Guerrero, Guachochi y Ocampo. Los encargados de las empresas son obligados a comprar madera de manera ilegal por amenazas de los grupos criminales, mencionó Segura.
“Se han descubierto rutas de transporte y comercialización en localidades, mayormente en la Sierra Tarahumara, donde se encuentran centros madereros, así como en la ciudad de Cuauhtémoc, Parral, Juárez y Santa Bárbara.”
El encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Alonso Heredia Sapién, reconoce que en el estado se lava dinero con el negocio de la madera y que esa actividad está ligada a la extorsión, amenazas, robo y asesinatos, pero la ciudadanía y los mismos funcionarios les temen a los grupos delictivos que operan en la región y por eso no hay denuncias.
El funcionario federal explica que las pérdidas por el lavado de dinero en la entidad se calculan en 2 mil 500 millones de pesos anuales, similar a lo que genera la producción forestal.
En una audiencia pública sobre tala clandestina, el 29 de junio, promovida por organizaciones defensoras del territorio, Heredia explicó que la actividad criminal es un robo directo a los ejidos, particulares o comunidades, y describió el proceso de la comercialización de la madera: la dependencia entrega una guía forestal para demostrar la autorización para cortar esa madera (para comprobar la legalidad), similar a una factura –los ejidos y aserraderos no usan facturas– y esa es alterada por quienes trafican con la madera.
Dentro de la cadena de transporte y comercialización la Semarnat entrega otro documento en los centros de almacenamiento; en ese momento le llaman “madera cerrada”. Entonces, los encargados deben solicitar un código autorizado de origen inmediato, pero las autoridades han detectado que dicho código también es alterado, porque los traficantes de madera agregan números a la cantidad transportada para reportar y justificar más volumen del autorizado. Es en ese momento cuando se concreta el lavado de dinero, que logran con amenazas, extorsión y homicidios.
“En conclusión, es un mercado ilegal, lavado y evasión fiscal” que genera desplazamientos forzados, daños a la economía y al patrimonio particular, así como múltiples violaciones a los derechos humanos, expone Heredia.
De 2014 a 2018 se deforestaron 26 mil 200 hectáreas en Chihuahua, según la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Los municipios con más aprovechamiento forestal son Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Ocampo, Temósachi, Madera y Casas Grandes.
Los aserraderos en Chihuahua también son de los más importantes en el país por la venta de troncos, fabricación y venta de muebles elaborados con pino y encino. En la barranca de Guadalupe y Calvo también extraen cedro rojo y caoba y los grupos criminales también han tomado control de ellos.
El responsable de la Conafor en Chihuahua, Manuel Chávez, reconoce el problema y dice que también a ellos les dificulta el trabajo, porque es común que los grupos delictivos roben las “guías” o permisos para transporte de madera para demostrar o simular que tienen un origen legal, ya que en muchas ocasiones hay productores coludidos.
Austeridad contra incendios
A los incendios, sequía y tala clandestina se suma un fuerte recorte presupuestal para combatir los siniestros en Chihuahua. Los recursos disponibles para 2010 ascendían a 19 millones de pesos, cantidad que fue aumentando hasta 2013, cuando la bolsa llegó a 135 millones de pesos.
Sin embargo, para 2021 el gobierno federal asignó 16.5 millones de pesos para combatir incendios en Chihuahua, de los cuales 13 millones llegaron vía municipios y 3.5 millones por reglas de operación mediante el gobierno del estado, explica Luna.
El Presupuesto de Egresos de la Federación indica que la Conafor redujo 62% los recursos de 2013 a 2020.
Chihuahua es el estado que más incendios reporta en el país. Hasta el 25 de junio de 2021 la Conafor y la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal contabilizaron 596 siniestros, con 78 mil 430 hectáreas afectadas, más de 200% en comparación con el año pasado.
Ante la situación de emergencia, asociaciones de productores y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional respondieron para contener el fuego y evitar que llegara a las comunidades, pero los productores también dejaron de recibir apoyos para brigadas porque el actual gobierno cambió las reglas de operación.
En junio último el fuego alcanzó la comunidad de San Juanito, cabecera municipal de Bocoyna. Hombres, mujeres y adolescentes acudieron a sofocarlo con lo que podían. Así, con picos y palas, ciudadanos, brigadistas y asociaciones de productores combatieron el incendio, que duró alrededor de 10 días. La situación se vivió en 11 municipios más.
Entre la evidente sequía y las fumarolas causadas por los incendios, tráileres cargados de troncos gruesos no cesan de transitar entre barrancos, valles, pueblos y ciudades, ante la mirada de los habitantes de los diferentes pueblos de la Sierra Tarahumara que sólo exclaman: “Esos troncos están hermosos y enormes. Lástima”.
Este trabajo fue realizado por Patricia Mayorga para Proceso y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
