Encabezado por Ulises Ruiz, un grupo de militantes realizó un plantón ante la sede el PRI para pedir la destitución de su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. El evento provocó un zafarrancho que puso en evidencia la crisis “coyuntural” que vive el partido tras los comicios del 6 de junio. Seguidores y detractores del presidente priista niegan que el partido esté en extinción y hablan de la necesidad de refundarlo para hacer de él una verdadera opción de izquierda. La diferencia, dicen, está en el método: los primeros exigen la renuncia del CEN; los segundos, superar las diferencias en una asamblea.
Horas antes del zafarrancho del 29 de junio, que dejó un herido de bala, la sede nacional del PRI recibió un contingente decidido a establecer un plantón para exigir la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del partido; entre un hecho y otro también llegó al lugar un grupo de apoyo a Moreno. Los inconformes iban encabezados por Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, quien tuvo un cruce de declaraciones con el líder partidista después de los hechos de violencia.
A tres años de la debacle electoral que sacó a ese partido de la Presidencia, y a tres semanas de la elección en la que perdió ocho gubernaturas, el episodio, aun sin ser una crisis interna, proyectó algunas de las peores prácticas políticas asociadas a la historia del PRI:
El acarreo de unos y otros; un grupo de choque, cuya actuación nadie reivindica y, en el terreno declarativo, señalamientos por el pasado represor de Ulises Ruiz, quien, en respuesta, acusó nepotismo en candidaturas plurinominales, así como un presunto desvío de 400 millones de pesos de las arcas de Campeche, advirtiendo un proceso penal sobre el exgobernador de esa entidad que hoy dirige el partido.
La autoría intelectual de la trifulca no es clara. Moreno acusa a Ulises Ruiz de haberla orquestado; y éste responde que se trata de un “montaje” para imputarlo política y penalmente para desestimar su “movimiento” que, sin embargo, contrasta con la actuación identificada en las imágenes de los hechos ocurridos en la calle Héroes Ferrocarrileros.
En las entrevistas concedidas por la exdiputada Nayelly Gutiérrez Gijón, quien junto con Ruiz encabeza el plantón en la sede priista, son identificables dos personajes en su entorno, quienes portaban palos durante el encontronazo. Además, entre los agresores destacan Antonio Baltierra, líder del Sindicato de Meseros de Ecatepec, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Mario Machuca, líder croquista en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, organización que a nivel nacional preside Isaías González Cuevas. Ambos participan también en el plantón encabezado por Ruiz y Gijón.
Sin embargo, Ruiz no admite la autoría y, en entrevista con Proceso, insiste en que fue un montaje: “Yo en el momento que me enteré (asegura que no se dio cuenta de los hechos pues él estaba sobre la avenida Insurgentes y el zafarrancho ocurrió en el otro extremo, cerca de la alcaldía, Cuauhtémoc) descalifiqué esos hechos. No tengo nada que ver en ese asunto y si Alejandro tiene pruebas de lo contrario, que las presente ante la autoridad y detengan a los que lo hicieron.
“Pero decir ‘es comando de fulano y están armados’, es un montaje que pretende dar y sobre todo descalificar el plantón que tiene un planteamiento de fondo: su renuncia, (la instalación de) una dirigencia interina para elegir nueva dirigencia y avanzar hacia la refundación del partido.”
Y abunda que existe un “pacto de impunidad” por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no toca a Enrique Peña Nieto, mientras que Moreno Cárdenas no toca al mandatario. También afirma que 10 gobernadores priistas operaron a favor del hoy presidente de la República en 2018 y, finalmente, que hay una conducta “obsequiosa” de los legisladores del PRI con las iniciativas del Ejecutivo.
Además, sostiene que cuatro familias acapararon las candidaturas a diputados plurinominales y, finalmente, habla de un desvío de 400 millones de pesos con fines electorales en el gobierno de Campeche por el que Moreno Cárdenas puede ir a la cárcel.
–¿Quiénes son las cuatro familias? –se le pregunta.
–Alejandro Moreno, quien metió a sus novias, novios, amigos y colaboradores; gente del Verde que no son del PRI, como el hijo de Murat (Eduardo Enrique); Rubén Moreira, su esposa (la secretaria general del partido Carolina Viggiano), su secretario particular y un hijo de ella; así como Emilio Gamboa, con colaboradores… y prestanombres de varios de ellos.
Ruiz insiste en cuestionar el respaldo de la bancada del PRI a las iniciativas de López Obrador, y se dirige al recién reelecto diputado y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, quien será el coordinador parlamentario en la próxima
legislatura.
En los comicios del 6 de junio, el PRI aumentó su votación respecto a los de 2018: tendrá 71 diputados en la próxima legislatura, un incremento importante, pues actualmente tiene sólo 46. Ese resultado es un avance, dice Moreira, quien admite en entrevista la derrota en ocho estados, si bien espera el resultado de la judicialización pendiente por Nuevo León.
–¿Hay una crisis en el partido? –se le pregunta.
–No. Nosotros tenemos un proceso histórico de mediano y largo plazos, en el que concluimos que el PRI empezó a tener dificultades con su base por plegarse a las políticas neoliberales del sexenio pasado. Hoy los resultados nos animan a decir que se ha mejorado. Ulises sigue una ruta personal, una búsqueda de poder, ajena a la idea de fortalecer la institución.
–¿En qué consiste?
–En una ambición personal y búsqueda de notoriedad, obviamente, a través de una acción criminal en contra de miembros del partido.
Al margen del episodio violento, las acusaciones cruzadas y la coyuntura por los resultados electorales, una posición presente en todas las posturas es respecto al futuro del partido.
El fantasma que recorre al partido
Desde 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la Presidencia, el fantasma de la extinción recorre esporádicamente sus filas, admite Dulce María Sauri Riancho, quien en aquellos años fue dirigente del partido.
“La sensación de extinción y los pronósticos que había cuando se consumara el 1 de diciembre de 2000 la salida del presidente Zedillo eran esos, salir después de casi 70 años de gobierno. Esa sensación se recreó en 2006, con un resultado electoral adverso con presencia reducida en las cámaras de Diputados y Senadores.
“Estamos ahora en un momento de esa sensación. Pero me parece que no sólo el PRI, sino en general los partidos políticos en México tienen que revisarse, renovarse”, responde Sauri a pregunta expresa.
Desde entonces el PRI ha vivido altibajos. Una revisión de resultados históricos lo refleja: en 2000 tenía 19 gubernaturas y en las elecciones obtuvo 211 diputados y 60 senadores; en 2006, 17 gubernaturas, 39 senadores y 123 diputados, y para 2012 ganó 21 gubernaturas, 61 senadores y 241 diputados, en una elección en la que recuperó la Presidencia.
Pero en 2018 el descalabro fue como nunca: con 14 gobernadores perdió dos (Jalisco y Yucatán), alcanzó apenas nueve senadores y 46 diputados. Finalmente, de mantenerse los resultados electorales del 6 de junio último, le quedarán a finales de este año sólo cuatro gobernadores (Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca), con una presencia legislativa de 71 diputados.
Para Sauri el análisis de los resultados electorales implica dos aspectos: “Echar las campanas al vuelo o al luto” por el 6 de junio, mediante “un análisis puntual, cuidadoso y detallado de lo que las urnas están diciendo”.
Y el resultado es que en términos porcentuales tuvo un porcentaje mayor de votos, alrededor de 1% de lo que tuvo en 2018 para diputados federales. Eso es campana al vuelo. Y toque de luto es la derrota en las 15 gubernaturas, donde perdió las ocho entidades con gobernadores priistas.
Además considera que el análisis debe hacerse por territorios, pues hubo una importante recuperación de espacios en el Valle de México, Nuevo León e Hidalgo, este último donde el próximo año habrá elecciones de gobernador.
“En este contexto de lo inmediato es donde viene la toma de la sede del PRI. Cuando el PRI ha resultado derrotado en las elecciones se han generado incidentes de esta naturaleza. A mí me tocó vivir varios después de la elección de 2000… Grupos de militantes que ven como salida al problema la renuncia de la dirigencia o de quienes tomaron decisiones equivocadas”, dice.
Para Sauri Riancho la toma del edificio sede es una coyuntura y parte de las reacciones que pueden darse tras una elección como la reciente.
“Situaciones como ésta las tuve en varios momentos que se dan entre derrota electoral, la salida del presidente Zedillo y los primeros meses de 2001. En aquella ocasión en lugar de rehuir, lo que hicimos fue enfrentarla y hablarla, hicimos una muy prolongada sesión del Consejo Político Nacional, que era de 320 personas, nos encerramos en Ixtapan de la Sal tres días, dijimos lo que teníamos que decir y nos convencimos de que el futuro era crear una movilización interna en la Asamblea Nacional. Después fuimos por la renovación de la asamblea.
“El partido no sólo salió entero de ese trance complicado, sino fortalecido. Fue un trabajo de meses para construir una propuesta conjunta. Yo no puedo decir que lo que se hizo hace 20 años sirva ahora, pero sí que los problemas hay que hablarlos, debatirlos y convencer”, dice.
En su experiencia como dirigente del PRI en 2000, la hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados plantea otro punto para el mediano plazo:
“Con base en esa evaluación debe tenerse presente que, cuando se realice la próxima asamblea nacional, el PRI tiene que buscar una salida para seguir siendo opción de gobierno, una propuesta cercana a los grandes sectores de la sociedad que identifico con las amplias clases medias de México.
“Tiene que trabajarse en una propuesta atractiva con plena conciencia de que es partido de oposición y que tiene dos momentos importantes: la elección de 2022 en Oaxaca e Hidalgo, y la de 2023, en el Estado de México y Coahuila.”
Un sentimiento no superado
La idea de superar el sentimiento de extinción, así como de recuperar competitividad en procesos electorales, es coincidente en los entrevistados en un aspecto, viejo el vocablo anclado al origen y que da nombre al partido: institucionalidad.
La diferencia entre las posturas estriba en que el movimiento de Ulises Ruiz, destacado sólo por el plantón en la sede partidista, exige la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional para iniciar la “refundación” en asamblea, mientras que los otros entrevistados plantean seguir los cauces institucionales. Otra coincidencia es en la forma en que deben ser oposición:
Según Ruiz, tanto Moreno como Moreira evitan acusaciones por desvíos de recursos pues “se la pusieron fácil a López Obrador: votas o bote”.
Moreira, a quien se considera cercano al dirigente Alejandro Moreno y es marido de la secretaria general del partido, Carolina Viggiano Austria, hace la diferencia: “Dulce María Sauri tiene su propio criterio y es válido; Ulises Ruiz recorre una ruta de interés personal”.
La posición de Moreira es que Moreno fue electo por cuatro años en 2019, mediante una consulta abierta a la base de un PRI ya en crisis tras la debacle de 2018, consecuencia de haberse plegado “a la política neoliberal del sexenio pasado”.
“De 2012 a 2018 hubo nueve cambios de dirigencia que hoy resentimos. Además, hubo un alejamiento de la base a partir de presentar una política neoliberal extrema que nos hizo perder base en el campo y en el sector popular urbano. En la parte neoliberal del sexenio pasado está la causa de las derrotas, pero el alejamiento de la base data de más tiempo y yo diría que, quienes buscan encontrar la causa de un resultado en 60 días de campaña, están en un extremo reduccionista.”
Para Moreira ese es el fondo, pero hay más: en 2019, cuando arribó Moreno a la dirigencia nacional, la mayoría de los consejos políticos estatales y comités estatales estaban vencidos, es decir, elegidos para plazos ya superados; había un padrón de militantes sin soporte que los llevó incluso a pagar multas; las multas –entre éstas una de 80 millones– por filtración del padrón electoral y la deuda contraída entre las dirigencias de Enrique Ochoa Reza y René Juárez Cisneros, cercana a los 600 millones de pesos.
Según el legislador, eso se revirtió con Moreno: se eligieron los 32 comités estatales y se renovaron los consejos políticos; limpiaron el padrón de militantes, y se está pagando la deuda.
El jueves 1 las dirigencias estatales, así como los sectores y organizaciones, se reunieron para realizar un análisis de la elección del 6 de junio. El encuentro fue un espaldarazo de la estructura priista a la dirigencia de Moreno, frente al plantón que encabeza Ruiz.
Señalado como el articulador del apoyo a iniciativas de López Obrador, Moreira minimiza el plantón del oaxaqueño: no tiene un sector ni organización, ni comité ni consejo político estatal. Es un movimiento personal, dice, con gente pagada.
Cuestionado al respecto, Moreira niega un “pacto de impunidad” con el lopezobradorismo: “Si voté. Pero no fui el único que votó así, fue la mitad de la bancada. Hubo un voto sobre agentes extranjeros… Yo fui el único priista que votó porque creo que es correcto. Uno puede tener diferencias con el presidente de la República, pero hay temas que constitucionalmente proceden”, dice.
Afirma que la próxima legislatura “superará el divorcio entre bancada y dirigencia nacional”, cuya instrucción es seguir con la alianza con el PAN y PRD, y finalmente precisa el destino partidista para los próximos años: “El PRI debe ser una izquierda moderna que esté en favor de los derechos de las personas, del medio ambiente, de presupuestos socialmente aplicados. Una izquierda que vuelva a los compromisos con su base histórica y no olvide a los sectores golpeados por el neoliberalismo”.
