Hace dos años Alejandro Moreno Cárdenas dejó la gubernatura de Campeche envuelto en el escándalo por la creciente deuda pública y señalado por su enriquecimiento inexplicable. Antes de irse a dirigir el PRI nacional, confeccionó un Sistema Estatal Anticorrupción, un ente que ha costado más de 200 millones de pesos a la entidad y que simplemente no ha dado resultados.
CAMPECHE, CAMP.– En junio de 2019 Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, abandonó la gubernatura sin rendir su cuarto informe y se fue a la Ciudad de México a presidir el PRI. Por esas fechas ya se le cuestionaba su enriquecimiento inexplicable, que incluye una multimillonaria mansión en el inexpugnable fraccionamiento Lomas del Castillo, apreciable sólo en imágenes satelitales.
Ese mismo año su correligionario Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, presentó una denuncia contra Moreno Cárdenas ante la Fiscalía General de la República, aunque no logró el ejercicio de la acción penal.
En la entidad también se le recriminaba el abultamiento de la deuda pública, que durante su gestión pasó de 812 millones 275 mil pesos a 2 mil 369 millones debido a proyectos faraónicos que se quedaron en maqueta; además de una pobreza creciente que entre el segundo y el tercer año de su cuatrienio pasó de 43.8 a 46.2%; las cifras de extrema pobreza se elevaron de 6.7 a 9.8%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Antes de irse a dirigir el PRI nacional confeccionó un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desde cuyas entrañas se trancó la emisión de una política local en la materia, que debió sentar las directrices para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en el estado.
Sin más remedio, porque la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción así lo obligaba, en julio de 2017, como jefe del Ejecutivo estatal, Moreno Cárdenas envió al Congreso, en el límite del plazo, la iniciativa para crear la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, que fue aprobada en automático. Su prima, Laura Baqueiro Ramos, quien en octubre próximo será por tercera vez diputada local, presidía la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en aquella Legislatura.
En paralelo a esa ley, y como parte de la estructura del SEA, fue necesario crear la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAE), a la que se dotó de “presupuesto propio y autonomía”, sólo que a su titular se le otorgó una permanencia de 15 años en el cargo, con lo que trascendería dos sexenios y medio.
Según la ley, es facultad del Congreso seleccionar al fiscal anticorrupción de entre los aspirantes propuestos por organizaciones ciudadanas. Sin que se diera a conocer qué organizaciones los propusieron, fueron entrevistados para el cargo 15 personas –10 varones y cinco mujeres–, entre quienes se eligió a quien desde días antes se sabía que sería el fiscal anticorrupción: José Ángel Paredes Echavarría.
El periodo de Paredes, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, concluiría en 2033, pero murió el 8 de agosto de 2019. En octubre siguiente se intentó acomodar a José Alberto Calderón Silva, primo de Alito, a quien durante su mandato tuvo al frente del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, de donde surgieron varios de los consejeros distritales electorales que estuvieron a cargo de los comicios para gobernador y diputados locales el pasado 6 de junio.
Como los otros 17 aspirantes a la FAE, Calderón cumplió con el protocolo ante el Congreso local, donde fue entrevistado por la comisión especial legislativa integrada por la priista Ana Gabriela Sánchez Preve y el entonces dirigente estatal del Partido Verde, Álvar Ortiz Azar, cuñada y sobrino de Moreno Cárdenas, respectivamente. Su imposición abortó debido a la presión mediática y ciudadana al recién nombrado gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa González –quien fungió como secretario de Gobierno de Alito–, con lo que ascendió como fiscal Silvia Moguel Ortiz, a quien Paredes tuvo como vicefiscal.
Malas cuentas
A la fecha, el SEA ha costado más de 200 millones de pesos sin ofrecer resultados en el cumplimiento de su objetivo, ya que todavía el estado carece de una política anticorrupción que marque las directrices para comenzar a ejercer la ley en la materia, y la FAE en dos años sólo judicializó un expediente, y lo hizo con deficiencias e irregularidades.
El caso se abrió en diciembre de 2020 contra Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen en el trienio 2015-2018, y dos de sus colaboradores, en atención a la denuncia que les formuló la Auditoría Superior del Estado (ASE) el día 15 de ese mes por los delitos de peculado y abuso de atribuciones.
La acusación devino días después de que el exmunícipe renunció al PAN, inconforme con la alianza electoral que ese partido pactó con el PRI y el PRD y cuando ya se mencionaba su nombre como posible candidato de Morena para disputar de nuevo el 6 de junio esa alcaldía. Así lo hizo y ganó.
En enero pasado, el juez segundo de control, Miguel Ángel Jiménez, vinculó a proceso a Gutiérrez Lazarus debido a un pago por 580 mil pesos que su administración hizo a la empresa Strategis, de Rafael Caraveo Opengo –el hombre que aparece en el video de los “moches” de Odebrecht– para litigar contra la serie de embargos a las participaciones federales que el gobierno de Alito aplicó a ese ayuntamiento por adeudos al Servicio de Administración Tributaria y al IMSS, que heredó de las tres administraciones anteriores.
Durante ese trienio fue habitual el hostigamiento político, presupuestal y judicial que Alito ejerció contra Gutiérrez Lazarus, quien en 2018 contendió para reelegirse en el cargo. No lo consiguió por un presunto fraude electoral que favoreció al priista Óscar Rosas.
La FAE judicializó el caso de Gutiérrez Lazarus, actual alcalde electo, pero no le notificó de la audiencia de imputación en su contra, con lo que violó el debido proceso. Según comentó aquel a la corresponsal, fue a través de un periódico local al que se le filtró la información como se enteró, por lo que solicitó que se le enviara el citatorio. Además, dijo, el juez tuvo que interrumpir y posponer esa primera audiencia, que se realizó de manera virtual el 6 de enero, pues la fiscalía “no tenía la carpeta de investigación”.
En la segunda audiencia, el 15 de enero, la FAE solicitó que se les dictara arraigo domiciliario y el pago de 250 mil pesos a cada uno de los imputados como reparación del daño, pero el juez sólo les impuso como medida cautelar la prohibición de salir del estado sin previo aviso.
Caso opuesto es el del exdirector del Instituto del Transporte del Estado, Candelario Salomón Cruz, uno de los exfuncionarios que más denuncias de corrupción acumula en la FAE por estafar a transportistas con la venta de permisos. A pesar de las constantes protestas de los afectados por la inacción de la FAE, las indagatorias contra el también exalcalde de Candelaria se congelaron.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción estableció los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del estado y sus municipios para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción previstos en el artículo 101 de la Constitución de Campeche.
Los infiltrados
Al SEA lo integran un Comité Coordinador (CC) y otro de Participación Ciudadana (CPC).
El primero establece los mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema anticorrupción, que tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas al respecto. El segundo debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del CC y vincularlo con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia.
También forma parte de la estructura una Secretaría Ejecutiva, que tiene carácter de organismo descentralizado y funge como órgano de apoyo técnico del CC, a efecto de proveerle los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.
El CC lo integran un representante del CPC, quien lo preside; los titulares de la ASE, de la FAE, y de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública Estatal; un representante del Consejo de la Judicatura Estatal; el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec) y el del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche.
El presidente de la Cotaipec, José Echavarría Trejo, es primo del fallecido Paredes Echavarría. Como dio a conocer el 9 de junio de 2015 el portal proceso.com.mx, en 2015 Echavarría Trejo operó la estrategia de “mapacheo” electoral en la campaña para diputado local del entonces dirigente del Partido Verde, Christian Castro Bello, el sobrino de Alito que el pasado 6 de junio disputó la gubernatura, ahora como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Y aun cuando su periodo en ese organismo concluyó en mayo, continúa en el cargo.
Por su parte, el CPC, según la ley, debe integrarse con “cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.
Ahí Moreno Cárdenas infiltró a María de los Dolores Ortiz Lanz, tía del titular de la Administración Portuaria Integral de Campeche, Carlos Eduardo Ortiz Piñeira, y del diputado Álvar Ortiz; además es hermana de Adriana Ortiz Lanz, exrectora de la Universidad Autónoma de Campeche, exdiputada federal y próxima diputada local del PRI.
El periodo de cada uno de los cinco integrantes del primer CPC era de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, y la presidencia, que es rotativa, es por un año. El periodo de Ortiz Lanz, quien ya concluyó su ciclo, fue de un año, pero su rol era crucial pues como primera presidenta operó la selección del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA. El designado fue Óscar de Jesús Pacheco López, a pesar de que incumplía uno de los principales requisitos para el cargo, pues su nombre aparecía como militante del PRI.
Ortiz Lanz se fue sin entregar a su relevo en la presidencia del CPC, Marlin Karina Garrido Balam, el supuesto documento que le entregó Pacheco López para demostrar que no era militante partidista.
Abogada, contadora pública y auditora certificada, Garrido Balam, quien concluye su periodo este mes, asumió la presidencia con el ímpetu de combatir la corrupción, pero su esmero fue frenado por Pacheco López.
Además de negarle autoridad como presidenta del SEA y usurpar sus funciones, el secretario técnico adoptó contra ella y las otras dos integrantes mujeres del CPC, Beatriz Ojeda Vidal y María del Socorro Vázquez García, una abogada y la otra contadora, posturas misóginas. En las sesiones del Comité Anticorrupción cada vez que lo presionaban para que transparentara el manejo de los recursos que tiene a su cargo y para que destrabara el proceso de aprobación de la política en la materia, solía llamarlas verduleras.
Además, las castigó reteniéndoles sus honorarios desde hace seis meses.
Garrido Balam lo denunció por violencia política de género ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violencia psicológica, económica y moral contra las integrantes del CPC; también ante la Secretaría de la Contraloría, por faltas administrativas.
