Señor director:
Le rogamos publicar la siguiente carta, dirigida a Andrés Manuel López Obrador.
La reciente jornada electoral nos dejó en San Luis Potosí ante una alarmante circunstancia que incluso se ha llegado a calificar como el primer narco-Estado. Tenemos la certeza de que, como presidente de la República, conoce igual o mejor la situación que padecemos.
Investigaciones en curso –algunas concluidas– a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República han documentado ampliamente los ilícitos en que ha incurrido Ricardo Gallardo Cardona con el apoyo de su familia. Tan conoce usted la situación que pidió públicamente que durante las campañas se evitara ejercer acción penal contra algún candidato, como es nuestro caso. Las campañas ya terminaron.
El resultado del proceso electoral potosino es dudoso. Lo precedieron prácticas reprobables, desvíos de recursos en dádivas para condicionar a la población con claro fin antidemocrático, que se completaron en los periodos de precampañas y campañas con agravantes, como la entrega de una tarjeta (La Cumplidora), que condicionó los apoyos sociales a votar por Gallardo Cardona.
Delitos electorales que usted señaló para candidatos de otros estados. Una manipulación electoral que, como ejemplo, dio un resultado atípico en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de donde es originario Gallardo Cardona, donde de cada tres electores que votaron por Gallardo Cardona sólo dos lo hicieron por su candidata a presidenta municipal. Resulta obvia la presencia de un voto que si fue diferenciado, es porque fue manipulado. Una manipulación electoral producto de un exceso en el límite constitucional de gastos permitidos para Gallardo Cardona como abanderado del PT y PVEM, en más de 18% lo que, por sí solo, constituye una causalidad para anular la elección.
Situación que, además de las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre posibles nexos con el narcotráfico y financiamiento ilícito de la campaña, tendrá que considerar la autoridad de cara al dictamen de validez de la elección, cuya fecha límite es el próximo 11 de septiembre.
La trayectoria delictiva y de corrupción de Gallardo Cardona y su familia es larga. Comenzó con la llegada de Ricardo Gallardo Juárez a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez el 1 de octubre de 2009, fecha desde la cual firmó contrato con la Clínica de Especialidades Wong, para el servicio médico a los empleados municipales y que se utilizó para triangular recursos a las empresas de los Gallardo, como quedó acreditado en la resolución del juicio de amparo 16/2015 del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito.
Gallardo Cardona fue liberado porque la entonces Procuraduría General de la República lo acusó de un delito distinto al que cometió, pero nunca lo exoneró.
San Luis Potosí hoy está a un paso de ser gobernado por un personaje cuyos delitos no han sido sancionados, pese a que continúa con sus actos de corrupción amparado en congraciarse con la Cuarta Transformación por su posición en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Gallardo Cardona escogió como aliado para sus chantajes al Partido Verde Ecologista de México, cuyo historial usted bien conoce. Diría usted: “Dios los hace y ellos se juntan”.
Por todos estos antecedentes, y los muchos más que seguramente conoce, le solicitamos:
1. Reactivar y acelerar el ejercicio de las acciones tendientes a la judicialización de los expedientes que sobre Ricardo Gallardo Cardona estaban por iniciar previo a la jornada electoral, como lo ofreció, además de instruir que se dé cauce a una decena de denuncias, tanto de la autoridad municipal como apoyadas por varias centenas de firmas recolectadas en la plaza pública, que se encuentran en trámite en la Fiscalía General de la República.
2. Llevar sus constantes pronunciamientos en favor de la legalidad a la exigencia de un llamado al respeto a la Constitución, para que en San Luis Potosí se reconozca que se incurrió en una causal para que se anule la elección y se convoque a un proceso extraordinario.
3. Evitar reconocimientos tácitos o implícitos sobre la validez del proceso electoral potosino que tengan la apariencia de que le da su apoyo a Ricardo Gallardo Cardona como presunto gobernador electo, por todos los antecedentes del personaje que usted bien conoce desde el 11 de marzo de 2018, cuando en un encuentro con empresarios durante una de sus visitas como candidato presidencial respondió que le sobrarían agallas para enfrentar a los Gallardo. “Imagínense si he enfrentado a Salinas y a Fox y a Calderón y a Peña, que no vaya a poder enfrentar a mafiosillos”, dijo.
4. Evitar dar la espalda a la tranquilidad y la paz de los potosinos al supeditar la entrega de la administración gubernamental estatal, cual moneda de cambio, por el apoyo que a todas luces le ofrece el PVEM, en un intercambio en el que se sacrifica a toda la comunidad de un estado. Es inaceptable y contradictorio que se obstruya la procuración de justicia a la que la ley lo obliga a componendas que manchan el sentido genuino de los principios que usted defiende y describe como parte de la Cuarta Transformación.
5. Hacer un pronunciamiento claro, fundamentado y convincente en el sentido de que actuará en favor del bien común de los potosinos, en contraposición al latente sacrificio al que se pretende someter a todo un pueblo por componendas con un partido que se ha caracterizado por el chantaje a quien llega a ocupar el Poder Ejecutivo federal.
Confiamos en que habrá de hacer honor a su consigna de no mentir, no robar y no traicionar, en que contribuirá para evitar que la máxima autoridad estatal quede en manos de quienes tanto daño patrimonial y de seguridad le han hecho a los potosinos y en que pondrá su mejor voluntad para frenar la tragedia social a la que hoy está expuesta la población de todo el estado de San Luis Potosí.
Entendemos que, de no hacerlo, nos quedará clara su postura de aval y complicidad con el grupo gangsteril caciquil que, aunque a usted no le habría costado mucho combatir por ser unos “mafiosillos”, hoy dan muestras de ser quienes le ponen las condiciones para apoderarse de la administración pública de un estado.
Atentamente,
Por el Frente Ciudadano Anticorrupción: Carolina López, Blanca Romo N., Luis M. Jiménez G., Manuel Nava Calvillo y 89 firmas más.
