Pese a que la administración de Claudia Sheinbaum ya comenzó a indemnizar y a otorgar beneficios a las familias afectadas por el colapso de una trabe en el tramo elevado de la Línea 12, el despacho de abogados con sede en Monterrey que asumió la representación legal de las víctimas advierte que demandará al gobierno capitalino, las tres constructoras de la línea y a cuanta empresa esté involucrada en la construcción y la supervisión de la obra. El litigante Miguel Ángel Alcalde dice que para ello se basará en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la ciudad.
El “acuerdo” entre la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el magnate dueño de Carso, Carlos Slim, para que éste ayude económicamente a rehabilitar la Línea 12 del Metro, no le evitará conflictos legales a la autoridad de la Ciudad de México, como lo anunció el tabasqueño el miércoles 23.
El despacho de abogados Carbino Legal prepara tres acciones jurídicas contra el gobierno capitalino y las empresas Carso, ICA y Alstom –constructoras de la “Línea Dorada”–, en representación de 18 víctimas fallecidas o lesionadas, más las que se sumen en el camino.
Miguel Ángel Alcalde Huerta, socio de la firma con sede en Monterrey, explica en entrevista con Proceso la estrategia legal con la que defenderán a las víctimas en búsqueda de la indemnización y reparación del daño justas: una demanda administrativa, una civil y una penal.
Maestro en derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, explica que el caso administrativo se presentará en máximo tres semanas, aunque por ley tendrían hasta un año para hacerlo. La demanda se interpondrá ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y se basará en la Ley de Responsabilidad Patrimonial local.
Según su interpretación, dicha ley señala que “si el Estado comete irregularidades y le causa un daño al gobernado, tiene una responsabilidad patrimonial y debe responder y reparar el daño”. Y subraya: “Aquí la actividad irregular es la puesta en operación de una estructura que no cumplía los requisitos, la falta de mantenimiento y de inspección, y la certificación de una obra que no estaba bien hecha. El gobierno le falló a las víctimas y debe costarle”.
El sujeto denunciado será el gobierno capitalino y las dependencias involucradas en el diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de la Línea 12, independientemente de quién haya estado a cargo en cada momento. Entre ellas, menciona la Jefatura de Gobierno, las secretarías de Obras y Servicios y de Protección Civil, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y las alcaldías donde se ubica la línea.
“Señalaremos a todas las dependencias que consideremos que tuvieron una falla. Es tema del gobierno decidir cuál tuvo falla y cuál no. La falla está ahí y me pagas”, dice Alcalde Huerta.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial local fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008. La firmaron los entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y los secretarios de Obras, Jorge Arganis, y de Finanzas, Mario Delgado, quienes ya estaban involucrados en la construcción de la Línea 12, cuya primera piedra se colocó un mes antes, el 28 de septiembre.
De acuerdo con Alcalde Huerta, reclamarán el pago por el daño moral y físico a las víctimas, así como daños punitivos. Detalla que entre las situaciones que tomarán para calcular el monto del pago está el ingreso o sueldo que dejaron de percibir las personas fallecidas para sus dependientes económicos.
En el caso de quienes perdieron alguna extremidad, recuerda que la Ley Federal del Trabajo establece un proceso para calcular el valor de la indemnización “dependiendo la extremidad que perdió” o si les quedaron secuelas que no les permitirán desempeñar el mismo trabajo que realizaban para ganarse la vida.
El litigante asegura que la mencionada ley tiene un mecanismo para calcular las cantidades por exigir, pero adelanta que serán “de millones de pesos” y deberán ser cubiertas con el presupuesto que el gobierno local debe tener para el pago de indemnizaciones por actividad irregular. “Eso está en la ley. Entonces, hay recursos para cubrir esto. Además, la vida no se puede valuar ni escatimar”.
Sin embargo, advierte que esta demanda podría durar años y escalar hasta el máximo tribunal del país, pues la resolución de la Contraloría se puede impugnar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y de ahí a un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación.
“Prevemos que va a ser una batalla larga, de dos o tres años. Ojalá nos sorprendan las autoridades y no lo sea, por el bien de las víctimas… Es posible que, por las características del asunto, termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
También defensor de damnificados por el derrumbe de edificios tras el sismo de 2017 en la capital, Alcalde Huerta afirma que, además de buscar justicia para las víctimas, la intención es “crear un parteaguas en el tema de las construcciones irregulares, pues es un problema generalizado en todo México. Sigue sucediendo porque no hay consecuencias, porque si se hace una obra de mala manera no se lleva a nadie ante un juez y al Estado no le cuesta. Nuestra estrategia es integral, primero por las víctimas, pero también para que no se repita la situación en ninguna parte del país”.
La otra indemnización
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Ciudad de México, dirigida por Armando Ocampo, hasta el 25 de junio se ha indemnizado a 103 familias afectadas, de las cuales 23 perdieron a un integrante y el resto tuvo familiares lesionados.
Esos pagos ascendieron a 650 mil pesos, en particular a las familias de víctimas mortales, como parte de la póliza 07000122 de Grupo Mexicano de Seguros, contratado por la administración de Florencia Serranía en el Metro por adjudicación directa, según el Acuerdo-03/EXT-03/2020.
En una tarjeta informativa, la CEAV dice a Proceso que se han generado 114 acciones asociadas a vivienda: 69 entregas de casas-habitación nuevas del Instituto de Vivienda y la cancelación de 19 créditos de vivienda preexistentes. También se han otorgado 253 becas a menores –por entre 2 mil 124 pesos y 6 mil 376 pesos mensuales– para alimentación, salud y educación; y se ha empleado a 167 personas en el sector público y privado.
La dependencia subrayó que se mantiene “comunicación y seguimiento directo con todas las familias a través de un servidor público designado como enlace con cada familia” y 66 personas lesionadas son atendidas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, “de forma gratuita y absoluta, hasta en tanto recuperen en su totalidad la salud”.
Sin embargo, de acuerdo con el abogado por el Tecnológico de Monterrey y socio de Carbino Legal, esos pagos y beneficios recibidos por las víctimas “no tienen nada que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado” y aceptarlas no les impide sumarse a la defensa que ellos emprenderán.
“Sabemos que en algunos casos sí presionaron a la gente para que firmara –puntualiza–, pero les dijimos ‘fírmenlas, no pasa nada. Si el gobierno cree que por firmar esa cuestión ya ustedes van a renunciar a las indemnizaciones, está muy equivocado. El derecho les asiste, no hay riesgo de eso. Fírmenlas’.”
Demandas civil y penal
El pasado miércoles 9, representantes de Carbino Legal, firma especializada en asuntos fiscales, inmobiliarios y laborales, y The Webster Law Firm de Houston, Texas, experto en casos de heridos o fallecidos en accidentes de trenes derivados de negligencia, realizaron una conferencia de prensa. En compañía de 14 víctimas a quienes ya representaban, anunciaron que demandarían a Carso, ICA y Alstom en Estados Unidos, pues cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo que hay jurisdicción de los tribunales estadunidenses.
Alcalde Huerta, miembro activo de la Asociación de la Barra de Nueva York y exintegrante de firmas internacionales como Baker McKenzie y EY, aclara que aún valoran la participación de los socios estadunidenses de Carbino Legal en su estrategia. Pero asegura que la demanda civil contra las empresas sí la presentarán en México e incluirán a cualquier otra involucrada en la supervisión y mantenimiento de la Línea 12.
Sin embargo, enfatiza que deben esperar a que la empresa noruega DNV, contratada por el gobierno de Sheinbaum, presente el tercer y último informe de su peritaje el próximo 30 de agosto. Según el primer informe preliminar, presentado el miércoles 16, el colapso de la trabe se debió a “una falla estructural” asociada a seis deficiencias en el proceso de construcción. El segundo informe se presentará el 14 de julio.
El especialista subraya que, si se hace una buena investigación y se determina que las constructoras son responsables, la Contraloría General local, a cargo de Juan José Serrano, estará obligada a inhabilitarlas para que no puedan tener contratos con el gobierno capitalino.
Respecto a la demanda penal que el despacho presentará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de Homicidio, Lesiones y Delitos contra el Servicio Público, Alcalde Huerta explica que su equipo hace su propia investigación y ya solicitaron a la institución que los reconozca como asesores jurídicos de sus 18 clientes, “en calidad de víctimas de los hechos delictivos” y así les dé acceso a las carpetas de investigación sobre el caso.
“Vamos a vigilar que las carpetas de investigación se armen conforme a derecho y de manera adecuada, que no sea una simulación”, afirma. Además, buscarán asesoría del Colegio de Ingenieros Civiles de México y otros especialistas para el peritaje que desarrollan por su parte.
El despacho preguntó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, dirigida por Rafael Chong, si se abrió una indagatoria sobre el caso. “Si no la tienen, vamos a promover una denuncia porque hay actos que pueden caer en esa hipótesis (de corrupción) y se tienen que investigar”.
“Contubernio negligente”
El pasado 11 de mayo, la fiscal Ernestina Godoy dijo que los primeros resultados del peritaje que la Fiscalía General de Justicia local hace sobre el colapso de la trabe de la Línea 12 serían presentados “en seis semanas”. Ese plazo se cumplió la semana pasada sin que se informara al respecto.
Proceso preguntó en el área de Comunicación Social de la Fiscalía por la presentación de dicho informe y la respuesta fue: “Se llevará más tiempo porque se realiza la revisión documental de toda la información que hay sobre la Línea 12; por ejemplo, contratos, licitaciones, planos, bitácoras y todo lo relacionado con su construcción; además de los dictámenes periciales” realizados tras la tragedia del 3 de mayo.
La dependencia agregó que las denuncias que ha recibido por el caso, tanto de víctimas como de ciudadanos, se concentran en las dos carpetas de investigación que abrió desde que ocurrieron los hechos: una por los delitos de homicidio y lesiones y la otra por daño a la propiedad.
Por lo pronto, el abogado Alcalde Huerta compara la respuesta de las autoridades de la Ciudad de México frente a la tragedia de la L12, con la de las autoridades de Piamonte, Italia, tras la caída de una cabina de teleférico el 22 de mayo pasado, que provocó la muerte de 14 personas y lesiones graves a un niño de cinco años.
En Italia, el 25 de mayo fueron arrestados el dueño de la empresa que opera el teleférico, su director y el jefe de operaciones, por los delitos de homicidio múltiple doloso, desastre por negligencia y eliminación de herramientas para evitar accidentes de trabajo.
“Fue un accidente más pequeño que el de la Línea 12, pero no habían pasado ni cuatro días cuando ya había funcionarios detenidos y ya sabían lo que había ocurrido. En nuestro caso, es evidente que esa publicidad y esa transparencia que presumen no está ocurriendo. ¡Aquí el presidente sale exculpando en su conferencia a una de las constructoras!”, reclama Alcalde.
En “la mañanera” del miércoles 23, López Obrador envió un mensaje a las víctimas de la L12: “Decirle a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia y que no hace falta de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más, para decirlo con claridad, pero no en beneficio de los familiares de las víctimas, sino de ellos. Incluso, creo que un despacho estadunidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros injustos”.
En respuesta, Carbino Legal emitió un posicionamiento público en el que aclara: “No es una cuestión de lucro como peyorativamente señaló, sino que constituye una campaña por la justicia y la verdad, que trasciende a cualquier interés personal, pues nos enfrentamos a una oportunidad histórica de lograr una verdadera reparación del daño ocasionado por el contubernio negligente y generalizado que existe en las obras públicas en nuestro país”.
Y destacó que seguirá adelante con su objetivo “de garantizar el acceso a la justicia de las familias afectadas, sin temor a enfrentarnos a un Goliat institucionalizado”.
