El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó calificar de atentado terrorista la matanza de civiles ocurrida el sábado 19 en Reynosa “porque –dijo– eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que corresponden a México”. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, considera necesario que desde todas las esferas de gobierno se reconozca que lo ocurrido fue un acto de terrorismo y se actúe en consecuencia. En entrevista, el ombudsman local tampoco descarta que paramilitares, y no narcos, sean los autores del atentado.
En Tamaulipas la población ha vuelto a encerrarse en sus casas por el virus de la violencia que azota a esa entidad desde 2009, cuando se dio la ruptura definitiva entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, un hecho que ha convertido a ese estado en tierra de matanzas, desapariciones y con una inseguridad permanente.
Conocedor de un largo inventario de agravios contra la población, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, no duda en calificar el ataque del sábado 19 contra inocentes en la ciudad fronteriza de Reynosa como “un acto de terrorismo”, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó usar ese término en su conferencia matutina del jueves 24.
“Es importante aclarar que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo, como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que sólo corresponden a México. Son cuestiones delicadas. Entonces, por eso vamos a investigar”, señaló.
Por el contrario, López Obrador dijo que el asesinato de los civiles “fue un acto de provocación, desde luego, muy reprobable porque perdieron la vida inocentes, pero tenemos que saber qué originó esta acción, porque no hubo un enfrentamiento, dispararon contra la gente inocente”.
Sin embargo, Ramos responde directamente a López Obrador: “Sí es terrorismo; que le pregunte a cualquiera de los ciudadanos que vive en el estado.
“El presidente no está en Tamulipas, para empezar; el presidente puede ser la persona más informada y más importante en el servicio público, pero no está viviendo en Tamaulipas. Para un ciudadano de Reynosa sí fue un acto terrorista y ellos le van a responder que sí, que vivieron un acto terrorista, no es la forma de actuar de un grupo criminal”, destaca.
El defensor de derechos humanos, que ha resultado incómodo para el gobierno estatal y para las fuerzas federales de seguridad, considera que el ataque contra civiles también refleja la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales que se vive en la entidad desde que la Fiscalía General de la República inició un proceso penal contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presuntos sobornos que habría recibido en el marco del caso Odebrecht.
“Fue un ataque terrorista contra la población civil; me parece que este acto va más allá de cualquier grupo criminal, no hay antecedentes de un ataque de este tipo; tenemos en el estado dos décadas de violencia y no se había visto un ataque de esta naturaleza en tiempos electorales y con un número tan elevado de víctimas, cifra que pudo ser menor si las autoridades estatales y federales hubieran reaccionado a tiempo”, afirma.
Ramos va más allá en su denuncia: considera que la matanza de civiles puede ser obra de un grupo paramilitar relacionado con el gobierno de Tamaulipas, por lo que también desconfía de la versión oficial que señala que este ataque fue perpetrado por un grupo delictivo de otra región fronteriza para tratar de “calentar la plaza”.
“Me reservo la versión oficial del gobernador de que los autores fueron integrantes de una célula del crimen organizado, sigo creyendo que pudo ser un grupo paramilitar, un grupo creado por el propio gobierno estatal para intimidar a las nuevas autoridades que ganaron el proceso electoral del 6 de junio”, expone.
Carreteras de desaparición
En el primer semestre de 2021 la población tamaulipeca ha sumado tres eventos que evidencian la deficiente respuesta de los gobiernos federal y estatal frente a la inseguridad: la masacre de 19 migrantes en el municipio de Camargo, el 22 de enero último; la matanza ocurrida en Reynosa y la desaparición de al menos 53 personas en las carreteras que conectan Nuevo León con Tamaulipas y Estados Unidos.
Las fiscalías generales de Justicia de Nuevo León y Tamaulipas informaron el viernes 25 que entre enero de 2020 y el 24 de junio de 2021 se han iniciado 65 carpetas de investigación por la desaparición de personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, además de que fueron localizadas otras 34 personas reportadas como “no localizadas” por sus familiares.
En su comunicado conjunto, ambas fiscalías no dieron ningún dato adicional sobre la situación de los desaparecidos y tampoco aclararon si las personas que fueron localizadas aparecieron con vida ni en qué circunstancias.
No obstante, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) reporta que sólo en lo que va del año han contabilizado la desaparición de 53 personas en esa carretera federal, 36 mediante denuncias que han recibido directamente de sus familiares y 17 más que se han dado a conocer por las fiscalías de Tamaulipas y Nuevo León, vía alertas de búsqueda.
Fundadora de Fundenl, Leticia Hidalgo señala que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene 70 reportes de personas desaparecidas en las carreteras de Nuevo León y Tamaulipas.
Sobre la falta de información en el comunicado oficial de las dependencias, advierte que eso responde a que no existe una investigación real. “No es que eviten dar detalles, es que no los tienen porque no han investigado”.
“El problema principal es que para las fiscalías siguen siendo carpetas de investigación, pero se trata de hijos, padres, hermanos, primos; son nuestros desaparecidos, no son papeles, no son reportes, no son carpetas de investigación y tampoco son fichas de búsqueda. Es una mala práctica de las autoridades”, denuncia.
Pese a que Fudenl viene denunciando esta última ola de desapariciones desde mediados de mayo, fue hasta después de la matanza de Reynosa que las fiscalías de Tamaulipas y Nuevo León anunciaron una mesa de coordinación para investigar todos los casos.
Ramos señala que las matanzas de Camargo y Reynosa, así como la ola de desapariciones en las carreteras tamaulipecas, también es un reflejo de la confrontación que se vive entre los gobiernos federal y estatal por el caso García Cabeza de Vaca.
“La violencia en Tamaulipas es permanente, pero lo que está sucediendo también se debe al distanciamiento que existe por la persecución legal que se le sigue al gobernador de Tamaulipas por asuntos de delincuencia organizada y este vacío de autoridad que deja el mandatario estatal en su confrontación con el gobierno federal, es aprovechado por los delincuentes para hacer presencia y para actuar con impunidad”, sentencia.
Para Fundenl, el problema se originó en 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, pero que se ha ido agravando debido a que nunca se atendió la situación de inseguridad en la carretera hacia Nuevo Laredo.
Leticia Hidalgo detalla que los puntos de mayor riesgo en el trayecto son la caseta de San Carlos, en el municipio de Vallecillo, y en Sabinas Hidalgo, aún en territorio nuevoleonés, así como en la antigua caseta aduanal del kilómetro 26 de Nuevo Laredo y en la colonia Alijadores, ya al ingresar en Tamaulipas.
El aumento en el número de desapariciones causó que en Twitter se reviviera la etiqueta #ReynosaFollow, un canal ciudadano de comunicación que comenzó a usarse en el sexenio de Calderón, cuando Tamaulipas experimentaba narcobloqueos y enfrentamientos casi diarios por los choques entre sicarios del Cártel del Golfo con Los Zetas y entre esos dos grupos delictivos con fuerzas federales de seguridad, principalmente del Ejército y la Armada de México
Las dudas
Ante la tardía respuesta de autoridades estatales y federales el día de la matanza en Reynosa, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su intervención inmediata, por lo que el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra ya revisa la situación de crisis que atraviesa Tamaulipas.
Ramos señala que es urgente que la CNDH o el gobierno federal brinden protección a los ocho sobrevivientes del ataque armado que el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, ha atribuido al grupo delictivo Los Metros, una facción del Cártel del Golfo.
Sin embargo, el defensor de derechos humanos cuestiona la versión que la fiscalía de Tamaulipas dio a conocer sobre este caso en la semana que termina y en la cual se afirma que los sicarios de ese grupo delictivo buscaban “calentar la plaza” que controlan organizaciones rivales.
“Es mentira que hubo varias células (criminales) atacando diferentes sectores al mismo tiempo; fue un grupo, probablemente en dos vehículos, no más, que recorrieron colonia tras colonia con la tranquilidad de que no iban a ser detenidos”, dice.
En este sentido, expone que la apertura del expediente de queja que se le ha solicitado a la CNDH tiene el propósito de que ese organismo investigue por qué ninguna autoridad respondió a los llamados de auxilio que la población hizo al número de emergencia 911.
Ramos reconoce que aun cuando no se puede descartar la versión oficial de que intervino un grupo delictivo, ésta ya comenzó a tener contradicciones porque por lo menos una de las personas que fue presentada como autor de la matanza corresponde a un ciudadano que tenía reporte de desaparición desde abril.
Además, recuerda que el gobierno de Tamaulipas ya ha mentido en otros casos relevantes, como sucedió con el asesinato de 19 migrantes guatemaltecos en Camargo, a quienes se intentó hacer pasar por integrantes de un grupo delictivo que habían sido asesinados por sicarios rivales, cuando en realidad murieron a manos de policías estatales.
“La queja que se le ha solicitado a la CNDH es para que la comisión solicite toda la documentación de bitácoras, de llamadas, de registros del C-4, para demostrar que hubo una grave omisión de las dos instancias de gobierno, la estatal y la federal, en momentos de un acto terrorista”, concluye. –Con información de Luciano Campos.
