Tras el triunfo electoral de David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, los grupos delincuenciales que se disputan el territorio de la entidad están desatados: como si no hubiera autoridad, se enfrentan sin miramientos. Disparan así las cifras de asesinatos y acentúan el éxodo de habitantes de comunidades rurales. Ante el incremento de la violencia, Claudia Anaya Mota, excandidata de la coalición PRI-PAN-PRD, advierte: “Aquellos que pactaron con la delincuencia organizada no entendieron que hay muchos grupos, que si pactaste con uno, van a llegar a cobrar, pero los otros no se van a dejar”.
ZACATECAS.- La manta colgada bajo un puente vehicular dejó estipulada la advertencia: “Esto les va a pasar a todo el gobierno de San Luis Potosí por volteados y andar apoyando a los sinaloas. Atte. Grupo Guerrero CJNG”.
El mensaje fue dejado en el corazón del territorio zacatecano, en un puente vehicular de la avenida Arroyo de las Sirenas de la capital del estado.
A unos metros colgaban también los cadáveres de dos elementos de la Fuerza Metropolitana Estatal de San Luis Potosí, Benito Salazar Coronado y Felipe de Jesús Martínez, de los que nada se sabía desde el jueves 17, cuando su patrulla fue encontrada abandonada en una carretera del municipio de Santo Domingo, colindante con Zacatecas.
Este estado vive una convulsa transición política marcada por el furor de los grupos delincuenciales expandidos en la entidad y la región, aliados o enemigos de dos rivales que aquí se estarían enfrentando sin miramientos: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
Ambos grupos y sus socios (Golfo, Talibanes) llevaron al extremo su feroz rivalidad en el territorio zacatecano el viernes 25, en San Juan Capistrano, una alejada comunidad en la sierra de Valparaíso, municipio rodeado por Jalisco y Durango.
Fue una refriega que comenzó por la tarde del jueves 24 y terminó en la mañana del viernes 25, y que dejó 40 muertos, según un funcionario del gobierno de Zacatecas, aunque fuentes oficiales señalaron 35 muertos y la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de 18.
Frente al silencio que sobre la situación guarda el gobernador electo de la entidad, el morenista David Monreal Ávila, la excandidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya Mota, planteó en un mensaje que publicó en Twitter el 23 de junio:
“¿Ya notaste que después de la elección se incrementó la violencia? Aquellos que pactaron con la delincuencia organizada, no entendieron que hay muchos grupos, que si pactaste con uno, van a llegar a cobrar, pero los otros no se van a dejar.”
Escalada de asesinatos
Fueron horas sobrecogedoras las del amanecer de ese jueves 24, particularmente en la ciudad de Zacatecas y en Fresnillo. Y no porque rompieran la rutinaria ferocidad con la que grupos criminales han acometido éstas y otras ciudades del estado, sino por la escalada de asesinatos que en ese lapso se cometieron sólo en las dos localidades, incluyendo a los dos policías potosinos.
La patrulla 02325 de la Policía Estatal División Caminos de San Luis Potosí fue encontrada el jueves 17 vacía, apenas orillada en una carretera de Santo Domingo, municipio del Altiplano potosino que colinda con esta entidad.
Un costado de la caja trasera lucía un golpe, quizás el que fue dado para que frenaran los dos policías asignados a ese recorrido. Fueron bajados de la unidad y no se supo de ellos hasta casi una semana después, cuando aparecieron colgados bajo el puente de la capital zacatecana.
Dos cuerpos descuartizados fueron también abandonados en la vía pública en distintos rumbos de la capital. Pero en Fresnillo, la embestida alcanzó a un grupo de personas, aparentemente una familia, que dormían en una casa de la colonia Las Flores y allí mismo, entre camas y el piso, un comando les disparó. Cuatro mujeres y tres hombres murieron; una mujer y un hombre sobrevivieron, aunque con heridas.
Los atacantes se fueron dejando a cinco niñas en otra de las recámaras de la casa, ilesas.
Ese mismo día se atentó contra Jorge Eduardo Muñoz Franco, quien hasta el 27 de mayo fue director de la Comandancia de Seguridad Pública municipal en la capital.
Muñoz Franco viajaba con otras dos personas en su automóvil cerca de un parque en Guadalupe y, tras ser alcanzados, uno de ellos logró conducir el auto a la sede de la Zona Militar, donde se resguardaron y recibieron ayuda y atención médica. El exjefe de policía sobrevivió.
Éxodo ciudadano
La población del estado ha vivido meses de una violencia persistente, como lo demuestra el número de homicidios dolosos que aquí se han cometido entre enero y mayo, registrados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 461, contra 266 asesinatos cometidos en el mismo periodo de 2020, un aumento superior a 73%.
Pero para la mitad del año, en el contexto de las elecciones y el triunfo de David Monreal Ávila, fenómenos como el desplazamiento desde comunidades y sucesos como los ocurridos el jueves 24 reflejan la agitación de los grupos rivales en el territorio zacatecano y la presumible infiltración en corporaciones municipales y estatales.
Pasmado frente a estos crímenes, el denominado “Grupo de coordinación local” que preside el gobernador priista Alejandro Tello Cristerna apenas atina a reaccionar con expresiones de condena y “despliegues” operativos en los que participan corporaciones estatales y del gobierno federal, que no alcanzan a poner alto al desplazamiento delictivo por la entidad.
Esta reacción es insuficiente ante los reportes oficiales que reflejan el aumento exponencial de asesinatos. Un informe del INE documentó el desplazamiento de pobladores y la intimidación a funcionarios que cuidarían las casillas previo a la jornada electoral del domingo 6 en municipios como Jerez, Tepetongo y Monte Escobedo, que abarcan una región entre la capital y los límites con Jalisco hacia el suroeste.
Un documento del consejo distrital 02 –con cabecera en Jerez– del INE, del cual Proceso tiene copia, da cuenta de cómo a partir de la contratación de supervisoras y capacitadoras asistentes electorales, el personal del consejo recibió información de las mismas sobre lo que ocurre en la región que comprenden los tres municipios arriba citados: “Avistamiento de grupos armados; toma de instalaciones gubernamentales por grupos armados; el secuestro exprés de servidores públicos, incluido un capacitador electoral; constantes balaceras entre grupos antagónicos y entre presuntos miembros de la delincuencia organizada contra el Ejército”, hasta “retenes ilegales por gente armada”.
“Se considera una zona altamente peligrosa en la que está en juego la vida de los servidores públicos en lo particular y la ciudadanía en general”, advirtió el personal a los titulares del consejo distrital con sede en Jerez.
El 26 de mayo, el consejo fue informado de los “problemas” que habría para instalar la casilla 0662 de la comunidad El Sauz de los García (perteneciente a Jerez) puesto que “en días pasados privaron de la libertad de varias personas de la localidad (sic) lo que generó éxodo ciudadano”. También se advertía del riesgo de instalar las casillas en las comunidades de Monte de los García, Villahermosa, Ordóñez y Cieneguitas de Fernández, debido a que “los grupos delincuenciales organizados se encontraban asentados en dichas localidades.
Mientras que en la comunidad de La Candelaria, en Monte Escobedo, simplemente no había ya personas a quienes entregar el material electoral para instalar casilla alguna, puesto que “el grueso de la población está optando por huir de la comunidad”.
Este desolador panorama fue expuesto también en el caso de las comunidades de La Lechuguilla, Estancia de los Berumen, Juanchorrey y El Salitrillo, pertenecientes a Tepetongo.
Por acuerdo del consejo distrital, 11 casillas correspondientes a esas localidades no fueron instaladas el domingo 6 de junio, según acordó el consejo distrital 02 del INE el 31 de mayo, una semana antes de las elecciones en las que aquí se votó para gobernador y diputados federales, además de la renovación de los 58 ayuntamientos y el Congreso local.
Mientras esto se advertía en Jerez, en la capital del estado el entonces director de la Policía Municipal de la capital, Jorge Muñoz Franco, era removido del cargo debido a “cuestiones de seguridad” y a la revuelta que se despertó en la corporación después de que el subcomandante Juan José de la Rosa Revilla, su subalterno, murió víctima de otro atentado el 24 de mayo.
El subcomandante De la Rosa Revilla estaba en su día franco cuando le dispararon con un rifle mientras estaba en su auto en una calle de la capital.
Ese día, después de una reunión de varias horas con los elementos que armaron una protesta luego de enterarse de este homicidio, el director Jorge Eduardo Muñoz declaró a reporteros, a propósito de las capacidades de la corporación para enfrentar la violencia desatada particularmente en lo que va del año: “Sobre el estado de fuerza de la Policía Municipal de Zacatecas, evidentemente que es insuficiente. Por estrategia no puedo decir cuál es, pero es insuficiente, para la magnitud de la problemática que estamos padeciendo”.
A fin de cuentas, Muñoz fue relevado del cargo. Pero ya estaba en la mira y no se salvó de que intentaran matarlo.
El instructor
En medio de estas agitadas aguas, el lunes 21 se supo de una sorpresiva operación desplegada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado para detener al colombiano John William Casara Luna, señalado por la dependencia estatal como “un objetivo prioritario en Zacatecas”.
La secretaría anunció la captura de Casara Luna en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el secuestro agravado de un joven, quien fue encontrado asesinado a mediados de 2018 en el municipio de Pánfilo Natera. “No escatimaremos recursos para restablecer la tranquilidad social y continuar el combate frontal contra los grupos delincuenciales”, señaló la dependencia en un comunicado.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad omitió referirse a la trayectoria que durante varios años John Casara cumplió como instructor de la propia Policía Estatal y de policías municipales, por lo menos desde 2015.
Casara Luna es un agente retirado de la Policía Nacional de Colombia. Llegó a México contratado a través de la compañía privada European Security Academy, con operaciones militares y policiacas en varios países y una filial aquí. El gobierno de Enrique Peña Nieto contrató a un grupo de instructores para adiestrar a mil elementos de la Policía Federal.
En estos años Casara impartió cursos de estrategia policial y formó grupos especiales en la Policía Estatal, como un comando aeromóvil y otro de operaciones especiales, según dijo a Aristegui Noticias en 2018 Ismael Camberos, uno de los cinco titulares que ha tenido esa dependencia durante el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, quien, como lo ha ofrecido su sucesor David Monreal, prometió devolver la paz a su estado.
Tello Cristerna debió comunicarse con sus pares de Durango, José Rosas Aispuru, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, tras lo sucedido con los policías potosinos, que se sumó a decenas de víctimas ejecutadas y abandonadas en puntos limítrofes entre estos dos últimos estados en los meses recientes.
Así pasó el mismo día de la jornada electoral, cuando los cadáveres de siete hombres y dos mujeres –después identificados como de origen zacatecano– fueron encontrados en una carretera entre los municipios de Vanegas (en San Luis) y Concepción del Oro (en Zacatecas).
Sin asumir la situación similar que vive su estado, el gobernador Juan Manuel Carreras atribuyó la violencia a “una lucha de grupos armados de diferentes cárteles de la droga que se están disputando el territorio (de Fresnillo) de manera muy violenta y que está impactando ya en los municipios que tenemos frontera con Zacatecas, tanto del lado de Durango como del lado de San Luis Potosí”.
Pero la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación es irrefutable en Zacatecas, en San Luis Potosí y en otros estados de la región, como Guanajuato.
En esta última entidad, las masacres sacuden uno y otro día a su población, inerme en medio del fuego entre el Cártel Jalisco y el de Santa Rosa de Lima. Así pasó el lunes 21 en un taller de motocicletas en Salvatierra: dos hombres perseguidos por sicarios corrieron a refugiarse al negocio, pero sus atacantes entraron detrás.
Sin miramientos, mataron a ambos y a otros cinco jóvenes que arreglaban sus motos.
