Desde al menos cuatro sexenios, las fuerzas federales y estatales han mostrado su ineficacia en el combate a la delincuencia organizada para lograr la paz en Tamaulipas, estado que por su posición geográfica es codiciado por los cárteles para el trasiego de droga, armas y personas.
Al menos desde el gobierno de Vicente Fox diversas corporaciones militares y de seguridad pública han tenido la misión de enfrentar al crimen organizado y derrotarlo, pero hasta ahora ha sido una batalla perdida.
Sexenio tras sexenio los cárteles y sus brazos armados han exhibido la nulidad de resultados de parte de soldados, marinos, policías federales y recientemente de efectivos de la Guardia Nacional. La actual estrategia federal de “abrazos, no balazos”, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha podido acabar con la estela de homicidios.
Desde Palacio Nacional, el presidente asegura que “no hay guerra” entre cárteles y afirma que “se puede hablar de paz y tranquilidad” en México. Sin embargo, la realidad exhibe a comandos que salen de cacería para asesinar a inocentes, como el sábado 19 en Reynosa, Tamaulipas, cuyos actos crueles dejaron un saldo de 14 civiles muertos.
La reciente matanza en la urbe fronteriza se suma a la enorme lista de hechos violentos que los habitantes de Reynosa han padecido desde al menos hace cuatro sexenios, sin que algún presidente haya logrado la paz.
Aunque algunos actos violentos de los cárteles se cometieron en los ochenta, la situación se recrudeció entre 1994 y 2004, periodo que incluye la gubernatura de Tomás Yarrington. En 2005, el presidente Vicente Fox inició el operativo policial “México Seguro”, que sería el primero que estaría enfocado a combatir la violencia generada por los grupos delictivos.
En su edición 1368, Proceso publicó un texto titulado “Tamaulipas: las narcodesapariciones”, en el cual se señala la desaparición de 51 personas entre 2002 y 2003, así como el homicidio de 59 durante 2002, la mayoría atribuidas a la disputa por el territorio del Cártel del Golfo, dirigido entonces por Osiel Cárdenas Guillén, convirtiendo a esa frontera en la región más violenta de México.
En 2003 el gobierno federal capturó a Cárdenas Guillén y en 2007 lo extraditó a Estados Unidos, dejando al cártel en manos de su hermano Antonio Cárdenas y de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, expolicía de Matamoros.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, ante el supuesto debilitamiento del Cártel del Golfo, Los Zetas, brazo armado de Osiel Cárdenas, organizan secuestros, imponen impuestos de protección, cobran deudas y controlan extorsiones, secuestros y desapariciones; además, cooptan corporaciones policiacas y ejecutan con extrema violencia a sus enemigos.
La crueldad de Los Zetas –grupo criminal fundado por exmilitares– los llevó a controlar el suministro de cocaína y las rutas de tráfico conocidas como “plazas”.
La herida de San Fernando
En junio de 2004 un grupo de sicarios –presuntos zetas– ingresó a San Fernando y sus integrantes se hospedaron en domicilios particulares y hoteles. Con sus rifles de asalto y montados en vehículos de lujo recorrieron las disparejas calles del poblado sembrando el terror del cual fue víctima la familia del periodista local Antonio Dávila Lucio.
“San Fernando está tomado por esa gente. Hoy pueden cachetear a alguien aquí en la calle, mañana pueden desaparecer a otro o robarle su vehículo, como lo han hecho con los paisanos que residen en Estados Unidos y que han empezado a llegar para la temporada de fin de año (…) No hay quien les haga o diga algo. Quien se resiste, se muere”.
Los capos con mayor facilidad eludían los operativos locales y por ello Luis Roberto Gutiérrez Flores, excomandante de la VIII Zona Militar con sede en Reynosa, fue designado secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador.
Pero Reynosa ya era en un punto estratégico para la delincuencia organizada para la trata de personas, delitos fiscales y trasiego de drogas y armas. La presencia de los cuerpos federales disuadió a los gatilleros que tenían aterrorizada la ciudad. No obstante, los habitantes de Reynosa han sido testigos de numerosos levantones en bares, restaurantes, discotecas y carreteras.
Asalto al Ritz
Otro hecho violento que sacudió a Tamaulipas fue el ocurrido el 7 de enero de 2005, cuando un comando irrumpió en el hotel Ritz, a dos calles de la presidencia municipal de Matamoros, y se llevó a 60 huéspedes –la mayoría, de Ojinaga, Chihuahua–, que fueron interrogados por los sicarios y después liberados.
Tras el anuncio del entonces presidente Fox de que su gobierno iniciaría la “madre de todas las batallas contra el narcotráfico”, Ramón Martín Huerta, titular de la Policía Federal Preventiva, desplegó un operativo en el que tomaron parte 650 efectivos policiacos y militares que desfilaron por las principales calles de Reynosa antes de distribuirse al resto de la frontera tamaulipeca. Pese al despliegue policial, la crisis de seguridad en Tamaulipas continuó (Proceso 1474).
Autoridades federales y estatales no sólo empezaron a reconocer el fracaso del programa México Seguro, que el 11 de junio de 2005 puso en marcha el gobierno de Vicente Fox, como una respuesta “frontal” a la violencia del crimen organizado, sino que diversos funcionarios se responsabilizan mutuamente de su inoperancia.
Para entonces, el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, respondió que la falta de resultados del programa se debía a que las autoridades de Tamaulipas no habían concluido la depuración de sus cuerpos policíacos.
En el gobierno de Felipe Calderón se agravó la crisis de violencia. Desde que en enero de 2008 su gobierno puso en marcha el Operativo Noreste en Tamaulipas la delincuencia organizada desplegó una contra estrategia en la cual los habitantes de las ciudades fronterizas son las principales víctimas…
Grupos de pistoleros del Cártel del Golfo irrumpieron de manera simultánea en restaurantes y discotecas para cometer asaltos. De acuerdo con los testigos, los comandos estaban embozados y portaban armas largas, incluso algunos vestían uniformes parecidos a los del Ejército y de la entonces Agencia Federal de Investigación. También asaltaban residencias de familias adineradas de los municipios fronterizos (Proceso 1639).
Desde entonces, especialistas en temas de seguridad consideraron que los ataques de los cárteles a la población civil tenían como fines exhibir la inoperancia de las estrategias federales y recuperar el dinero perdido por los decomisos de droga y armas, así como por las dificultades que enfrentaban para cruzar droga hacia Estados Unidos.
Además, al infundir terror en la sociedad obligaban a ésta a exigir la salida del Ejército, y sí: la población llegó a exigir el retiro de los militares, ya sea por su falta de resultados o por las mismas agresiones que cometieron contra civiles inocentes.
Los excesos de los soldados también causaron molestia al episcopado mexicano, que presentó una queja porque el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz y tres de sus colaboradores fueron golpeados por militares. En ese entonces el gobierno federal había desplegado 2 mil 500 efectivos militares, marinos y federales en ese estado (Proceso 1639).
La pugna por Reynosa iniciada en 2008 entre el Cártel del Golfo y sus exaliados Los Zetas se transformó en una herida atroz para la ciudad fronteriza. Desde entonces no han cesado los combates en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, principalmente.
El 18 de abril de 2010 Reynosa vivió una jornada de psicosis, luego de que se esparció el rumor de una amenaza directa a la población: “Si no se van los marinos, empieza el secuestro de niños”, decían mantas colocadas en el libramiento a Monterrey y la avenida Tecnológico. Luego un grupo de hombres armados y encapuchados entró a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Reynosa, para “levantar” a tres estudiantes y a media mañana cerró varias calles que conducen a esa institución (Proceso 1745).
Daño social
Para octubre de 2010 el terror paraliza a autoridades, empresarios, políticos y a la ciudadanía tamaulipeca por igual. La gente evitaba salir a la calle por temor a encontrarse con una balacera.
La noticia en torno a la matanza de 72 inmigrantes en un rancho del municipio de San Fernando, que comenzó a difundirse el 24 de agosto de ese año, sorprendió al mundo, pero no a los tamaulipecos. Los vecinos de la zona comentaron entonces que el hallazgo no es ni 10% de lo que sucede en la localidad.
Tenía siete meses que el Cártel del Golfo, en alianza con La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, le declaró la guerra a sus antiguos aliados: Los Zetas. Desde entonces, el terror alcanzó a todos los sectores sociales y a la mayoría de los municipios del estado. En Tamaulipas sólo la discreción salva la vida.
Entre el 27 y 29 de agosto de 2010 los grupos delictivos perpetraron siete ataques con explosivos: dos con coche-bomba, tres con bombas en lugares públicos cercanos al puente internacional de Reynosa, uno más frente a las oficinas de la policía en Tampico y otro con granadas en la base de la Naval en Matamoros (Proceso 1766).
Para 2011 todos estos meses de violencia y caos afectaron la salud mental de los tamaulipecos. Silvano Martínez Cano, jefe del Departamento de Salud Mental del estado, denunció que la inseguridad ha “desquiciado” a los tamaulipecos llenándolos de miedo, estrés y depresión.
En 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los cárteles cumplían más de una década de complicidad con funcionarios en Tamaulipas, permitiéndoles controlar la universidad autónoma del estado, hoteles, casinos y empresas de espectáculos. También incursionaron en el robo de ganado, operaron carnicerías y controlaron la distribución de pollo, tortillas y cerveza (Proceso 1943).
En el sexenio de López Obrador la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha ayudado en los resultados de las fuerzas federales. La incursión de Reynosa del pasado sábado 19, en la cual asesinaron a 14 inocentes, es una muestra del poder e impunidad que tienen los cárteles.
