El desabasto de medicinas es un problema que pinta para largo, de acuerdo con fuentes consultadas por este semanario. La falta de medicamentos detonada por el pleito que el gobierno federal mantiene con los laboratorios, principalmente con PISA, es un pendiente que el gobierno de la 4T trata de solventar con adjudicaciones directas e importaciones. Para el catedrático del ITAM Rodolfo de la Torre, el subjercicio y la falta de información sobre los presuntos ahorros que presume el gobierno son la otra cara del problema.
La compra y distribución consolidada de medicamentos en México está bajo fuego. A casi dos años de que el gobierno federal eliminó a los proveedores que, durante los últimos gobiernos del PRI y del PAN, compraban, financiaban y entregaban medicamentos a todos los hospitales del sector público, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) aún enfrenta problemas para cumplir en tiempo y forma los alcances del acuerdo firmado con el gobierno federal, para hacerse cargo de la adquisición integrada de medicamentos hasta 2024.
Por ello, el organismo de la ONU intentó que el gobierno mexicano reconsiderara las posiciones del Laboratorio PISA para la compra de fármacos contra el cáncer.
Proceso confirmó que, al recibir las posiciones de Laboratorios PISA para vender medicamentos oncológicos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la UNOPS consultó al gobierno federal sobre la posibilidad de analizar y considerar las propuestas del grupo con sede en Jalisco, que fue inhabilitado y cuya participación en las compras de gobierno ha disminuido sustancialmente luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió a finales de 2019 la operación de sus plantas ante el incumplimiento de algunas medidas sanitarias en sus instalaciones.
Ahora PISA cuenta con una planta nueva en Jalisco, con registros sanitarios en orden y, en teoría, estaría lista para comenzar a producir los medicamentos oncológicos. Además, tanto PISA como su filial DIMESA, proveedora de los servicios de mezclas para los medicamentos oncológicos, obtuvieron amparos de los tribunales de justicia administrativa contra los procesos de inhabilitación promovidos por la Secretaría de la Función Pública.
Estos fueron algunos de los argumentos que la UNOPS expuso ante el Insabi para que le permitieran analizar las propuestas que PISA presentó sobre la adquisición de medicamentos oncológicos para la compra consolidada de entidades federales, con miras al abastecimiento en el año 2021, lo que permitiría adquirir los medicamentos en el mercado interno y reducir las importaciones.
No obstante, el Insabi rechazó esta posibilidad. “Sí hubo desencuentros con los funcionarios de la UNOPS por este motivo”, aseguró una fuente del sector salud.
En su informe anual, incluso, el Insabi fijó su posición en un informe de sus actividades en 2020 y recordó que en 2019 los Laboratorios PISA aparecen como empresa monopólica del mercado de medicamentos oncológicos. En la licitación de 2019 fue el mayor adjudicado, con un monto de 888.3 millones de pesos y un total de 75 millones 443 mil 313 piezas correspondientes a 65 claves.
Para la licitación de 2020, a Laboratorios PISA se le adjudicó 9.6% del total de las claves licitadas. Alertó también “que existe la posibilidad de repetir la historia de los oncológicos, ya que son estos laboratorios los únicos proveedores nacionales con registro vigente, certificado de buenas prácticas de fabricación vigente y sin suspensión de actividades”.
Y agregó que de “las claves oncológicas consideradas en la demanda 2021 para cisplatino, citarabina, daunorubicina, fluorouracilo e idarubicina existen sólo dos fuentes de proveedores”.
Aún más, para el caso de etopósido, otro fármaco oncológico, los dos posibles proveedores son Laboratorios PISA y Fresenius Kabi México. Para rituximab los dos proveedores son Laboratorios PISA y Sandoz y para temozolomida y vincristina los dos proveedores son Laboratorios PISA y Ulsa Tech.
“Esto implica un alto riesgo de volver a generar un monopolio para claves de alto impacto en salud y social”, insistió el Insabi, reconociendo que PISA es el principal proveedor de medicamentos contra el cáncer para niños y adultos.
En Laboratorios PISA directivos de su dirección comercial confirmaron que la empresa ya tenía lista la planta para comenzar a producir oncológicos, que sí participaron en la convocatoria de la UNOPS y que esperan los resultados del proceso. Sin embargo, las compras de medicamentos contra el cáncer seguirían el mismo camino de los últimos meses y la intención del Insabi y del sector salud es seguir importando los medicamentos oncológicos.
PISA espera que la UNOPS tome en cuenta sus propuestas. Sin embargo, el 27 de mayo pasado, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que “ya se tienen las compras de los medicamentos oncológicos, no van a faltar y, repito, se compraron en Corea del Sur, en Alemania, en Cuba y Argentina”.
Sin respuesta
PISA, pese a la recomendación de la UNOPS, está fuera de las compras de medicamentos oncológicos, al menos para los siguientes 12 meses. Mientras tanto, padres de niños con cáncer exigieron una vez más al gobierno federal que les garantice el acceso a los fármacos.
El martes 15, representantes de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos acudieron a Palacio Nacional a entregar un oficio a la Presidencia de la República, en él informan que sus hijos no cuentan con medicamentos.
Omar Hernández, integrante de esa organización, aseguró que el pasado 15 de junio bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar contra la escasez de fármacos para quimioterapias y que luego de esperar más de cuatro horas en Palacio Nacional no fueron atendidos ni escuchados.
Este semanario confirmó que la asociación de padres de familia, que surgió para exigir el abasto de fármacos oncológicos en los hospitales del sector salud, mantiene comunicación con el laboratorio PISA.
Con más de dos meses de retraso, la UNOPS busca avanzar en el proceso final de la licitación internacional para medicamentos genéricos y material de curación para 2021, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los institutos de salud de los estados han tenido que realizar compras extraordinarias usando, incluso, el esquema de adjudicaciones directas o la compra de medicamentos sin registro sanitario, en un intento por evitar el desabasto en los centros de salud y hospitalarios. La Secretaría de Salud tuvo, incluso, que adquirir de manera directa a la compañía DL Médica lotes de hasta 10 millones de jeringas vía el Centro Nacional para la Salud de Infancia y la Adolescencia para la aplicación de la vacuna contra el covid-19.
Y aunque la Secretaría de Salud dio a conocer que, como parte del avance de la millonaria licitación de la UNOPS, se “compraron” 730 claves con la participación de 171 empresas de 17 países y que se “adjudicaron” pedidos a 144 empresas de siete naciones, en el sector farmacéutico aseguraron que las compras no se han consolidado porque los contratos simplemente no se firmaban, situación que cambió durante la primera quincena de junio cuando comenzaron las firmas de contratos anuales.
La Secretaría de Salud aseguró que el monto de esa operación sumó 43 mil 278 millones de pesos, con un ahorro de 11 mil 880 millones de pesos, pero documentos de la UNOPS confirman que el proceso aún no está concluido y que la entrega de medicamentos seguirá con retrasos.
A finales de mayo la UNOPS envió a los laboratorios en México cuyas claves de medicamentos resultaron ganadoras en el proceso de licitación, una carta en la que les advertía que no debían iniciar ningún proceso de producción hasta que los contratos estuvieran firmados, lo que representaría varias semanas adicionales de retraso en la producción y distribución.
De acuerdo con fuentes del sector farmacéutico, para la licitación internacional de medicamentos genéricos y materiales de curación, la UNOPS no recibió durante los últimos 30 días las garantías necesarias para la compra de medicamentos, pese a que, desde el 20 de octubre, la Secretaría de Hacienda marcó la ruta crítica para los pagos de la mayor compra consolidada del gobierno federal. “Se entregó una carta de crédito que buscó apoyar esta operación”, dijo una fuente de la SHCP.
Hasta ahora la UNOPS ha logrado la compra de medicamentos por 32 mil millones de pesos, para la adquisición de 384 claves de medicamentos de patentes que se distribuirán en 2021. Sin embargo, la distribución es el otro eslabón perdido en el nuevo esquema que impulsa el gobierno federal, lo que ha generado que muchos de esos fármacos esperen en bodegas para su entrega y distribución, confirmaron directivos de varios laboratorios. La entrega de medicamentos se enfrenta, de esta manera, al desmantelamiento de las redes y rutas logísticas que crearon especialmente para sus negocios con el sector salud empresas como Fármacos Especializados, DIMESA y Pentamed.
La industria farmacéutica calcula que el cambio en los esquemas de compras de medicamentos causó que en 2020 se dejaran de surtir más de 15.9 millones de recetas del IMSS y al menos 1 millón en el ISSSTE, lo que afectó el tratamiento de enfermedades crónicas.
Ahora el sector salud, pacientes y la industria farmacéutica esperan que la UNOPS dé a conocer la convocatoria para licitar medicamentos genéricos, de patente y material de curación para 2022.
El reto será garantizar los recursos en tiempo y forma porque las empresas que el gobierno federal sacó de las compras de gobierno también desarrollaron un esquema de intermediación ante el sector público. Ellos surtían las claves, representaban a los laboratorios sin importar que el pago de sus facturas pudiera extenderse más allá de 45 días. Según la Secretaría de Hacienda, las compras de gobierno alcanzan los 100 mil millones de pesos, una de las adquisiciones más importantes.
El mecanismo financiero previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluye una carta de crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como instrumento de pago que respaldará el convenio de la UNOPS, así como su intermediación ante las farmacéuticas, que es depositada en el banco corresponsal que designa la UNOPS.
Esta operación presupuestal involucra las compras consolidadas para el Insabi (los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina), así como del IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, además de los Centros de Prevención y Readaptación Social, el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Hacienda anunció que estos entes públicos, cuyas compras de medicamentos se consolidan vía la UNOPS, liquidarán de su presupuesto las entregas de medicamentos amparadas por la carta de crédito del Bancomext, mientras que el INSABI es el encargado de acumular la demanda de medicamentos y de garantizar su distribución.
Sin embargo, entre enero y mayo últimos la entrega de recursos se retrasó ante la necesidad de justificar administrativamente el esquema en cada entidad involucrada, confirmaron fuentes relacionadas con esta operación financiera.
El riesgo
Catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y responsable de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Rodolfo de la Torre considera que el sector salud exhibe un grave problema de subejercicios. Se acumulan, advierte, más de 26 meses en el rezago de los presupuestos para inversión.
Desde hace más de cinco años, explicó, el sector salud presenta una tendencia preocupante, cuyo impacto se profundiza ante el problema de suministro de medicamentos.
“Sabíamos que los medicamentos eran caros, que no se tenían negociaciones favorables, pero eso no se había traducido en los problemas de desabasto que se enfrentan ahora. Por ahora no podemos juzgar los procedimientos o los posibles ahorros porque no se cuenta con suficiente información”, dijo el especialista.
La cifra que debería preocupar a todos, dice De la Torre, es el porcentaje de la población en México que no tiene acceso a medicamentos o a sistemas de salud, porque hace una década se ubicaba en 13% y ahora la cifra ya ronda el 20 por ciento.
El gasto en salud, sin embargo, exhibe un estancamiento respecto del Producto Interno Bruto (PIB), con sólo 2.5%, cuando hasta hace algunos años el monto de recursos se acercaba al 3%, detalló.
De la Torre advierte, por lo tanto, que el exceso de asignaciones directas representa un deterioro en la eficiencia con la cual podría administrarse el presupuesto con el que cuenta el sector salud.
“La competencia que podría desarrollarse entre proveedores no se aprovecha, los presupuestos se elevan en un afán por destruir un sistema para imponer otro, sin un objetivo claro de mejora”, agregó.
