Después de la eliminación del Seguro Popular, de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los pacientes de enfermedades como cáncer prácticamente están sentenciados, debido a que la mayoría no puede cubrir los altos cosos que representan los tratamientos. Como el Insabi “no cubre nada”, dicen los pacientes, y el gobierno del estado “tampoco”, las ONG se han convertido en la última esperanza. Sin embargo, sus recursos son escasos.
GUADALAJARA, Jal.- A un año y medio de la desaparición del Seguro Popular, miles de enfermos de cáncer dejaron de recibir apoyos para cubrir sus tratamientos, en los cuales el costo de una caja de medicamento llega a ascender a 100 mil pesos. Al no contar con recursos, los enfermos acuden a su última opción: las organizaciones civiles que intentan cubrir el boquete dejado por la autoridad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció en 2020 el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Sin embargo, el Insabi “no cubre nada”, coinciden pacientes entrevistados. Además de la situación causada por el gobierno federal, se suman los bajos recursos que el gobierno de Jalisco destina para ayudar a los enfermos, la escasez de los medicamentos y el alza en el precio de los mismos.
Para 2021 la federación destinó para salud 688 mil 667 millones de pesos –35 mil 461 millones de pesos más que en 2020–, de cuyo monto salen los recursos del Ramo 12 “para la detección oportuna y atención del cáncer infantil”, se lee en el documento aprobado por la Cámara de Diputados.
En el mismo documento sobre el Ramo 12 se especificó que para atender en todo el país el cáncer de mama –principal causa de muerte en México–, cérvico-uterino y cérvico-uterino en estado avanzado, así como el pulmonar en mujeres, se cuenta con un total de 707.7 millones de pesos.
De acuerdo con la información oficial, de 2020 a 2021 el dinero para el Ramo 12 creció cerca de 657 millones de pesos.
A escala estatal, tras la desaparición del Seguro Popular, el gobernador de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro, decidió firmar en febrero último un convenio de colaboración, no de adhesión, con el Insabi, para no comprometer recursos ni infraestructura médica, explicó en su momento.
Para este 2021 Alfaro aprobó que el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) recibiera 147 millones 138 mil pesos para la “atención integral y especializada a toda la población que presente neoplasias”, 118 millones 565 mil 114 pesos más que lo presupuestado en 2020.
Pese a dicho incremento presupuestal, lo destinado por el emecista en realidad es menor ante los 243 millones 20 mil 433 pesos que el entonces gobernador priista Aristóteles Sandoval erogó en 2017 para tratar a los pacientes con cáncer.
En ese contexto nacional y estatal, las denuncias de los pacientes y las organizaciones civiles son continuas por la falta de apoyos y recursos.
Auxilio de las ONG
Originario de Los Mochis, Sinaloa, Jesús Miguel Ángel Yáñez Solís recibió en 2018 la noticia de que padecía cáncer linfoma de Hodgkin. Por estar afiliado al Seguro Popular le dieron 20 sesiones de radiaciones en el hospital privado San Javier, sin pagar un peso; de no contar con el apoyo, su familia habría gastado 250 mil pesos.
Sin embargo, en enero de 2020 le informaron a su mamá, Vanesa Solís, que el Seguro Popular desaparecería. “Para calmar a la gente nos dijeron que el Insabi iba a suplir al Seguro Popular, que no nos preocupáramos por nada, y que se cubrirían las cuotas, pero la realidad no fue así, menos tratándose de hematología porque nada cubre”, lamentó.
A Miguel le tenían que aplicar un tratamiento de ocho mil 900 pesos cada 15 días durante seis meses, un monto total que asciende a 106 mil 800 pesos sólo en medicina.
Un enfermo de cáncer también debe sufragar varios estudios de laboratorio previo a recibir su ciclo de quimioterapia. El costo de estos estudios oscila entre mil y 10 mil pesos. Cuando se trata de estudios de imagenología, los costos van desde 8 mil a 30 mil pesos.
Además, cuando el paciente está grave se requerirá de hospitalización; la tarifa diaria en el Hospital Civil de Guadalajara (HCG), un nosocomio de asistencia social, es de 600 pesos. Si el paciente no habita en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la familia destina su poco dinero para transporte foráneo, local y albergue.
Vanesa era ama de casa y su esposo, chofer de una funeraria, por lo que les era imposible cubrir el gasto. En mayo de 2020 Miguel comenzó su tratamiento en el HCG Fray Antonio Alcalde, pero ante la falta de recursos Vanesa acudió a Mi Gran Esperanza, AC, que dio una parte del costo del primer tratamiento, así como insumos.
El resto del medicamento fue donado por Sergio Ramírez Hernández, quien fue dueño de la funeraria Moreh, donde labora su esposo. Al final, Miguel falleció el 17 de noviembre último, a los 18 años, y el empresario murió un mes después.
“Antes no batallábamos con el pendiente de qué vamos a hacer, pero cuando nos quitaron el Seguro Popular estuvimos buscando hasta que dimos con las fundaciones. Sin ellas, no sé qué hubiera sido de nosotros”, comentó Vanesa.
Otra víctima de la desaparición del Seguro Popular es Leticia Torres, a quien le detectaron cáncer de mama. Ella se atiende en el HCG Fray Antonio Alcalde, donde es común que falten las medicinas; ante ese problema solicitó apoyo a las asociaciones, donde no siempre pueden ayudar.
En dos ocasiones ha tenido que comprar sus medicamentos; debido a su costo de más de 50 mil pesos cada uno, pidió la cooperación entre amigos y familiares e hizo rifas.
Calculó que para recuperar su salud se ha gastado desde abril de 2020 a la fecha más de 200 mil pesos, considerando que tuvo que hacerse una mastectomía en un hospital privado. Su tratamiento consiste en aplicarse quimioterapia cada 21 días durante un año, esto implicaría destinar más de 600 mil pesos.
Leticia tenía su negocio de cocina económica en Ciudad Guzmán; su enfermedad le impidió seguir; ahora con dificultad puede caminar.
Medicinas más caras
Alejandro de Jesús Barbosa Padilla, director de Nariz Roja, una organización civil que nació hace 11 años, explicó que durante la operación del Seguro Popular pocas veces llegó a faltar algún medicamento por la escasez de materia prima o porque no se habían cerrado los tratos de compra con los laboratorios. No obstante, con la entrada del Insabi, lamentó, se ha visto un cambio drástico.
“El Insabi solamente es un logotipo con un arqueólogo de encargado –Juan Antonio Ferrer Aguilar–, de Tabasco curiosamente, que no tiene idea de lo que es el servicio en el sector salud.”
El Seguro Popular, expuso, se desmanteló con la finalidad de comenzar una nueva historia con el Insabi, pero en realidad representa una “tragedia, porque a la gente la han dejado en la indefensión total”, en especial a los enfermos de cáncer y con padecimientos renales.
Insiste en que desde el comienzo del Insabi no hay tratamientos de quimioterapia ni de radioterapia. “Aquí en Jalisco la única máquina que da radioterapia, que está en cancerología, es viejísima y se descompone a cada rato. En cambio, la tecnología que hay en las instituciones privadas va directo al problema”.
Antes de la entrada del Insabi, a los beneficiarios del Seguro Popular que padecían cáncer se les enviaba a terapias privadas. “Hoy no hay eso. No hay trasplante de médula, esa es la última oportunidad que tiene un niño o un adulto con leucemia para poderse curar; están detenidas las dos áreas de trasplantes, tanto de adultos como de niños, por la falta de recursos”.
Consideró que el HCG y los Centros de Salud generaron una codependencia con el Seguro Popular. Cuando desapareció el seguro no hubo más presupuesto para las instituciones. “Hoy los hospitales no tienen quimioterapias” no sólo en Jalisco, es en todo el país, sin importar si dependen del Insabi o si en el estado gobierna Morena.
“No es un tema de partidos políticos ni de afiliación o no al Insabi, es un tema de voluntad por parte del gobierno federal que se peleó con la farmacéutica mexicana, en particular con Pisa, y nos dejaron sin medicina (…) Si iban a hacer eso, debieron tener un plan B”, denunció.
Recordó que el Seguro Popular cubría 100% el tratamiento a las mujeres con cáncer de mama, cérvico-uterino, al igual que hombres con cáncer de próstata, testicular, colón-recto; en niños, cubría 95% de los casos, cuando se les detectaba por vez primera. Ahora el Insabi aporta la mitad o una cuarta parte de los tratamientos.
Otro punto negativo es que el medicamento que compra el gobierno federal para tratar el cáncer proviene de India, Turquía, Argentina, Brasil y pocos de Estados Unidos y Europa. Además, llega en cantidades mínimas, por su alto costo.
“Lo que les costaba aquí 100 pesos, la de la India cuesta dos mil 900 pesos”. Además no se tiene la “certeza de quiénes son estos laboratorios (…) No están comprando televisores, que se pueda reclamar, estamos hablando de vidas humanas”.
Alejandro Barbosa relató que habló con un oncólogo sobre los medicamentos con el Insabi y éste le explicó que las medicinas que se están aplicando a los pacientes traen altos índices de toxicidad en comparación con los medicamentos anteriores.
Para dimensionar el problema, Barbosa refirió que en 2018 Nariz Roja contó con medio millón de pesos, dinero suficiente para ayudar a 250 personas –niños, la gran mayoría– en cuestiones asistenciales.
Pero en 2020 los beneficiarios subieron a mil, entre niños y adultos a quienes se les destinaron 9 millones de pesos para comprar medicinas contra el cáncer.
Mencionó que 90% de la población con cáncer en México es mayor de edad y que “las 19 claves de medicinas que faltan para los niños, 15 las usan los adultos”.
Oídos sordos del gobernador
El presidente de la organización civil Cómplices, AC, José Carlos Izaguirre, dijo que el 26 de enero último entregaron una carta al gobernador Enrique Alfaro, para exponerle que a principio de año llegó información de “nuestras redes de pacientes” y 60 organizaciones en el país, respecto de que en Oaxaca, Tabasco, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México faltan medicamentos oncológicos, atención médica especializada y la aplicación de quimioterapias.
Además, expusieron que las recetas se surten con menos dosis de las indicadas y las citas de diagnóstico de primera vez se otorgan para dentro de tres meses. Lamentó que el “acceso a la atención del cáncer se ha convertido en un privilegio y no en un derecho”.
Cómplices, que opera desde 2012, solicitó más apoyo a Enrique Alfaro y una “mejor planeación de la compra de insumos con mucha más anticipación, para no caer en procesos precipitados. Nos habían informado en diciembre de 2019 que ya no tendríamos problemas, casi seis meses después nos encontramos con un gran desabasto”.
La organización solicitó información sobre cómo Jalisco se coordinó con la federación para la compra y abasto de tratamientos, si se importarían los medicamentos, la lista completa de los mismos, el calendario de distribución en las clínicas, entre otros asuntos. Nunca hubo respuesta del gobernador.
En entrevista, Izaguirre mencionó que con la desaparición del Seguro Popular se incrementaron las solicitudes de apoyo de enfermos de cáncer: antes captaban 10 pacientes semanales y ahora aumentó a 50; se trata de personas sin seguridad social, pero también de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado debido al desabasto de medicamentos o porque están rebasados los servicios en sus clínicas.
Considera que el desabasto es causado por “la compra desorganizada y centralizada” de medicamentos del Insabi vía la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos”.
Calcula que son más de 161 medicamentos oncológicos que no están en el mercado, y los que se consiguen tienen un alto costo, porque hay que importarlos.
La directora de Galilea, AC, Paulina Chávez, también reporta un aumento en la cifra de solicitudes de ayuda desde el inicio del gobierno de la 4T, que empezó a recortar servicios sin previo aviso.
Los primeros afectados fueron los enfermos de insuficiencia renal crónica degenerativa, un sector que no es tan escuchado como los niños y mujeres con cáncer, dice.
Coincide con los dirigentes de las otras organizaciones en que, a la par que aumentaron las solicitudes de ayuda, se encarecieron los medicamentos, lo cual, en su caso, causó que las solicitudes de apoyo contra la insuficiencia renal y cáncer se incrementaran hasta en 60%.
