Guillermo Jenkins de Landa, quien hace años emprendió una demanda contra seis de sus familiares por el desfalco multimillonario en perjuicio de la Fundación Mary Street Jenkins, comienza a ganar varias batallas legales. Su propósito, dice, es recuperar los fondos y sancionar a quienes resulten implicados en donaciones ilegales y otras maniobras administrativas contra la fundación, convertida hoy en un simple cascarón financiero. En este entramado desfilan personajes como Rafael Moreno Valle y su esposa Érika Alonso –fallecidos en 2018–, el excanciller Luis Ernesto Derbez y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
PUEBLA, PUE.- El cerco legal contra seis integrantes de la familia Jenkins, acusados de saquear más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), se cierra por tres vías.
Por un lado, el gobierno de Puebla, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), se sumó desde el año pasado a la denuncia que interpuso en 2016 Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, en contra de su madre, sus cuatro hermanos y un sobrino.
Como parte de esta denuncia, el 16 de marzo último un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados.
La segunda orden en contra de los Jenkins de Landa fue emitida el viernes 4 de junio por un juez de control de Puebla con base en una denuncia que interpuso el gobierno de Puebla, a través de la JCIAP, por el delito de fraude.
Al mismo tiempo, la Junta abrió un proceso administrativo en contra de los miembros de la familia, patronos de la FMSJ, acusados de convertir al ente filantrópico más rico del país en “un cascarón” en perjuicio de la sociedad poblana.
En los tres procesos, los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre, Elodia Sofía de Landa Irizar, y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins son señalados de haberse llevado casi la totalidad del patrimonio de la Fundación a paraísos fiscales para apropiarse la fortuna.
También se giraron órdenes de aprehensión en contra de los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, acusados de haber operado el entramado jurídico para desfondar al ente filantrópico.
El gobierno de Puebla promovió también un juicio civil para embargar cuentas y propiedades de los implicados en este caso a fin de garantizar la recuperación de los 720 millones de dólares que presuntamente desfalcaron.
Y mientras existen versiones de que en cualquier momento podría solicitarse la extradición de los señalados –quienes al parecer se encuentran en California, Estados Unidos–, el martes 15 los Jenkins de Landa emitieron un comunicado en el que aseguran ser víctimas de una campaña de desprestigio “dolosa y falsa”.
Y acusan al primogénito de la familia, Guillermo, de patrocinarla. Su intención es, dicen, apoderarse del patrimonio del ente caritativo; afirman estar “localizables” y ejercitando su derecho a “una defensa objetiva” con la promoción de amparos ante el Poder Judicial de la Federación.
Resumen su postura: “El patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins es privado, no es propiedad pública como se ha querido establecer con un sentido de apropiación y faltando a la verdad. A pesar de las controversias judiciales, la fundación y su patronato siguen haciendo su labor pues sus recursos se destinan a las labores de apoyo a la comunidad previstas en su objeto”.
Un testamento excluyente
En su denuncia, Guillermo Jenkins de Landa afirma que sus parientes idearon un andamiaje para apropiarse de la herencia que su abuelo William O. Jenkins dejó a nombre de la fundación –creada en 1954 a nombre de su abuela Mary Street Jenkins– para promover la educación, el deporte, la salud y la cultura de México y en particular de Puebla, donde es benefactora de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Colegio Americano y los clubes deportivos Alpha.
En su testamento, el empresario Jenkins desheredó a sus descendientes, bajo su premisa de que “nadie con capacidad de trabajar debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo”. Aunque tampoco los dejó en el desamparo, pues dispuso que cada uno podía recibir una pensión mensual de mil dólares que les permitiera “vivir decentemente, pero no para vivir sin trabajar”.
En las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha documentado que, el 30 de abril de 2014, la Fundación Jenkins donó 720 millones de dólares, casi la totalidad de su patrimonio, a la Fundación Bienestar de Filantropía (FBdF) de Aguascalientes.
Según el expediente, Virgilio Rincón Salas, junto con los abogados González Muñoz y Román Hernández, del despacho Rincón, Mayorga, Román, fungieron como apoderados legales y después como consejeros, cuando Bienestar de Filantropía cambió después su domicilio a Barbados y luego a Panamá.
En ese último país –según el acta 19887 del 7 de diciembre de 2015 notariada por Roberto R. Rojas C.– FBdF cambió de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FpDL) y se transformó en una “fundación de interés privado”. Como beneficiario principal del patrimonio y del producto del mismo –que antes era para obras caritativas– se designó a Guillermo Jenkins Anstead.
A la muerte de Jenkins Anstead en 2016, se sustituyó el reglamento de esa fundación para que su viuda, sus hijos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos, y los descendientes de éstos fueran los nuevos beneficiarios.
Según documentos consultados por Proceso, a Elodia de Landa se le asignó el disfrute de hasta 600 mil dólares anuales, que podrían extenderse a otros 120 mil dólares, cantidad similar a la que se otorgó a cada uno de los hijos.
En un anexo se enlistan los bienes “donados” a la FpDL y que serían para disfrute de la familia: 19 inmuebles; 21 vehículos; un helicóptero Agusta; alrededor de 60 obras de arte; acciones en las sociedades Proyectos Nuevo Siglo, Reforma Bicentenario y Katzi LLC, así como cuentas bancarias y valores, que a julio de 2016 reportaban 81 millones de dólares (65% menos que los 230 millones que en 2014 retiraron del portafolio de inversiones que la FMSJ tenía en Estados Unidos).
En su Estado de Situación Financiera de junio de 2016, la FpDL reporta un balance de 387 millones de dólares, cantidad casi un 50% menor a los 720 millones que la FMSJ donó en 2014 a Bienestar de Filantropía.
La escritura de FpDL establece la posibilidad de que el ente pueda disolverse y que el patrimonio se distribuya entre los beneficiarios; es decir, entre la familia.
También, en 2015, como parte de este andamiaje, lo que quedó de la Fundación Jenkins, la Fundación UDLAP, el Colegio Americano y el Club Alpha, entre otras, cambiaron, sin autorización de la JCIAP, su domicilio de Puebla a Jalisco.
Al amparo de Moreno Valle
Carlos Serna Rodríguez, abogado que ha representado a Guillermo Jenkins de Landa en este caso, sostiene en entrevista con Proceso que hasta 2018 las denuncias contra los Jenkins parecían encaminarse a la derrota, pese a que cada paso que siguieron para “saquear” la FMSJ lo habían documentado con actas oficiales.
Aunque Virgilio Rincón Salas, abogado de la familia, justificó en entrevista con Reforma publicada el 15 de marzo pasado que el traslado del patrimonio de la fundación se hizo para “resguardarlo” del finado exgobernador Rafael Moreno Valle –quien presuntamente quería quedarse con el dinero y con la UDLAP–, Serna sostiene que fue lo contrario.
Afirma que “en la Puebla de Moreno Valle” distintos funcionarios le hicieron saber que había instrucciones para que nada se moviera en torno a este asunto.
Así, la JCIAP, que era la facultada para intervenir, se declaró incompetente ante ocho denuncias que presentaron desde 2013 para advertir que los Jenkins de Landa habían tomado el control del patronato, expulsaron a Guillermo Jenkins de Landa, cambiaron los estatutos y empezaron a beneficiarse del patrimonio (Proceso 1965).
Además, indica que el “ambiente sumamente hostil” que Rincón Salas asegura había contra la Fundación difiere de la pública relación que Roberto Jenkins de Landa –considerado el líder de la familia– tuvo con Moreno Valle. Incluso al asistir a eventos públicos como la inauguración del Museo Internacional Barroco en 2016, al cual la FMSJ donó una maqueta de la Puebla virreinal.
“Si querían poner la fundación a salvo de Moreno Valle, como dicen, ¿por qué no se la llevaron completa a Jalisco? ¿Por qué dejaron sólo el cascarón?”, cuestiona.
También recuerda que fue el rector de la UDLAP, Ernesto Derbez Bautista, quien rechazó que hubiera una mala relación con el gobierno de Moreno Valle en una carta dirigida a Proceso el 9 de marzo de 2015.
Serna indica que fue hasta la muerte de Moreno Valle y la gobernadora Martha Érika Alonso –en diciembre de 2018– y tras los cambios de gobierno estatal y federal, que se reactivó este caso. “Son los mismos documentos vistos por nuevos ojos”, resume el abogado.
Esos “nuevos ojos”, en el caso de la FGR, son los de Alejandro Gertz Manero, quien, como rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, se enfrentó por 14 años precisamente con la Fundación Jenkins. En 2009, el hoy fiscal ganó un juicio sobre los derechos de marca, logotipo y lema que había compartido la UDLA de la Ciudad de México con la UDLAP.
Derbez, el operador político
Derbez Bautista, secretario de Economía y canciller durante el sexenio foxista, habría sido el “operador político” para facilitar la sustracción del patrimonio de la FMSJ, según el abogado.
Derbez aparece como socio de los abogados González Muñoz y Rincón Salas, en la empresa Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales.
“Cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta dice que esto se hizo bajo la colusión de hombres de poder, no sólo fueron poderosos de Puebla, sino también del gobierno de Enrique Peña Nieto”, refiere el abogado.
Revela que la Fundación Bienestar de Filantropía tenía 12 registros Federales de causantes. “Los trámites de eso –dice–, tienen que llegar a niveles muy altos”.
Según él, para la familia Jenkins de Landa no resultaba tan atractiva la Fundación UDLAP, que implica supervisión y análisis financieros complicados, por lo que habrían hecho un trato con Derbez para dejarle a esa institución como su “feudo”, donde él ha sido una especie de “rector propietario”, a cambio de conseguir la ayuda política a nivel federal.
El embargo
Otra resolución sobre este caso la emitió el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) sobre un juicio de amparo que promovió la FMSJ en contra del embargo del campus de la UDLAP, que aplicó en 2017 el SAT para asegurar el pago de un crédito fiscal por 650 millones de pesos.
Este adeudo se generó por la donación que en 2014 hizo la Fundación Jenkins a Bienestar de Filantropía, sobre el cual la institución reclamó una exención de impuestos. El TJA confirmó el embargo al concluir que la donación no se sustentó en los estatutos de la fundación, ni podía considerarse un acto de beneficencia pues Bienestar de Filantropía no tenía derechos para ser beneficiario.
Serna advierte que el proceso administrativo que ya inició la JCIAP de Puebla es considerado el más importante por su representado Guillermo Jenkins de Landa.
El abogado dice que la JCIAP ya emplazó a los seis integrantes de la familia, miembros del patronato, para que expongan su justificación sobre la donación que hicieron en 2014 a la fundación de Aguascalientes.
Considera que, si se toma en cuenta el razonamiento expuesto por el TJA, la donación de 720 millones de dólares tendrá que declararse ilegal, lo que llevaría a la anulación de todas las operaciones posteriores, incluido el cambio de domicilio a Jalisco, que igual contravino los estatutos.
Como parte de este proceso, advierte el abogado, los seis miembros de la familia tendrían que ser destituidos del patronato y la fundación, con su patrimonio, deberá retornar a Puebla. Además, dice, pedirán que Guillermo Jenkins de Landa sea restituido como patrono, luego que fue expulsado por sus parientes al oponerse a esas acciones.
“Por lo que se gastaron tendrán que responder quienes sean responsables, ya sea con su patrimonio o como proceda, según la ley”, advierte Serna, aunque afirma que encarcelar a los Jenkins nunca ha sido el objetivo de su representado.
Al cuestionarle sobre la versión de que Moreno Valle obtuvo parte de la fortuna a cambio de solapar el saqueo, Serna responde:
“¿A qué cuentas fue a parar el dinero? Es parte de las pesquisas que tendrían que hacerse, aunque no se sabe hasta dónde llegarán las investigaciones.”
