Representantes de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, cuyos casos ya obtuvieron sentencia de la Corte Interamericana, denuncian que pese a recibir las notificaciones y estar obligado a cumplirlas, el gobierno federal sólo atendió algunas y lo hizo parcialmente, por lo que a decir de representantes de las familias afectadas, “raya en el desacato”. Esto los obliga a pedir la intervención de las instancias internacionales para que se cumplan cabalmente las resoluciones de casos como el de Pasta de Conchos; la desaparición de los jóvenes Alvarado, de Chihuahua, y las mujeres agredidas en San Salvador Atenco.
La falta de respuesta a víctimas que recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos revela que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es distinto al de sus antecesores.
Peor aun, la decisión del mandatario de desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que era operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), muestra sus estragos en el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Botones de muestra son las sentencias contra México por la tortura sexual a 11 mujeres en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y por la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado, de Chihuahua, cometida por miembros del Ejército en diciembre de 2009, ambas resoluciones notificadas por el tribunal regional en el primer mes de la administración de López Obrador.
Sucede lo mismo con el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emprendido por más de mil 100 familiares de 65 mineros fallecidos por el derrumbe de una mina en Pasta de Conchos, Coahuila, 63 de ellos atrapados en los escombros.
Ante el incumplimiento de las resoluciones de los casos Atenco y Alvarado –dos de las 10 resoluciones contra México emitidas por la CoIDH desde 2009– las representaciones legales de las víctimas de ambos casos solicitaron al tribunal regional que convoque al Estado a audiencias públicas para que explique su falta de respuesta que raya en el desacato, de acuerdo con documentos enviados al tribunal y consultados por este medio.
En el caso de Pasta de Conchos, los representantes legales solicitaron a la CIDH que convoque a una reunión de trabajo con representantes del Estado mexicano, ante la falta de reconocimiento de los más de mil 100 peticionarios.
El 2 de mayo, a unas horas de que se cumplieran 15 años de la represión a una movilización ciudadana en San Salvador Atenco, y poco más de haberse reunido por única ocasión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, cuatro mujeres en representación de 11 agraviadas que acudieron al tribunal regional denunciaron que, de nueve lineamientos establecidos en la sentencia, sólo dos se han cumplido.
Esto, enfatizaron, mantiene el caso en la impunidad, sin que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) haga efectiva su facultad de atracción de la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
“Nos agobia mucho que la respuesta de las autoridades sea ‘nosotros no fuimos’. Nuestra frustración y franca consternación es que, en la vía de los hechos, no han respondido a una sentencia que es obligatoria para el Estado mexicano”, advirtió en conferencia de prensa Italia Méndez Moreno.
Tras revisar el tercer informe del Estado a la CoIDH del 23 de marzo, en el escrito firmado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro para la Justicia Internacional en representación de las víctimas, enviado un mes después, se destaca que el Estado no ha garantizado servicios de salud médica y psicológica, bajo el argumento de la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar, a lo que se suma la desaparición del FAARI: “En la práctica dicha reforma ha generado dificultades y retrasos para acceder a recursos de la CEAV, a consecuencia de diversos cambios administrativos”.
De igual forma acusan al Estado de no atender las medidas de no repetición ordenadas en la sentencia, como el perfeccionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura, un diagnóstico nacional sobre esa práctica, así como la instrumentación de un observatorio independiente de monitoreo de uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y estatal, aplicable para la Guardia Nacional y al Estado de México, para lo cual la CoIDH fijó un plazo de dos años a partir de la notificación de la sentencia.
Especial preocupación manifiestan los representantes de las víctimas por la negativa del Estado a la creación de un observatorio independiente con participación de la sociedad civil, con los argumentos de que un organismo de esa naturaleza “podría ser violatorio a la confidencialidad de las investigaciones” y de que podría invadir las competencias de las “instituciones y órganos encargados (órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública, entre otros) de la vigilancia en el actuar de los elementos de seguridad pública”, como se lee en el informe enviado por el Estado a la CoIDH.
Resistencia de la Sedena
El incumplimiento del Estado mexicano es aún más grave en el caso de la sentencia por la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, integrantes de la familia Alvarado.
En el reporte de respuesta al tercer informe del Estado, las organizaciones que representan a la familia, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Mexicanos en el Exilio, exponen el “incumplimiento de la mayoría de las medidas de reparación ordenadas” por el tribunal regional.
En el propio documento del Estado, fechado el 24 de diciembre de 2020, el Estado mexicano sólo hace mención de tres de 10 disposiciones establecidas en la sentencia, y ni quiera esas fueron atendidas plenamente.
Los representantes de las familias de los desaparecidos señalan graves deficiencias: “La excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la rotación de funcionarios y funcionarias involucradas en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de covid-19, han sido factores determinantes para no avanzar de manera sustantiva en el caso”.
En este caso, la FGR aún no tiene un plan de investigación que incluya acciones como “una inspección al 35º Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes”, al que pertenecían los perpetradores, mientas que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) está abocada en la elaboración de un análisis de contexto que oriente al destino final de los jóvenes.
Como parte de las medidas de no repetición, a la CNB le corresponde elaborar el registro de las desapariciones forzadas en el país, punto de la sentencia que no ha sido cumplido.
Y aunque el caso Alvarado no es el único ante la Corte Interamericana en el que se ha señalado como responsable al Ejército, es el primero en que se obliga al Estado mexicano a que, en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, estén presentes “altos funcionarios del Estado, incluyendo de la Sedena, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del gobierno de Chihuahua”, además de las víctimas, pero la dependencia que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval “se rehúsa a participar”.
Por ello, en el escrito los representantes advierten su preocupación por “el contexto adverso” para cumplir la sentencia, dado que López Obrador “ha empoderado a las Fuerzas Armadas en México” con una amplia presencia que rebasa incluso las tareas de seguridad, y la negociación del gobierno mexicano con el de Estados Unidos para liberar al extitular de la Sedena Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en Los Ángeles por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que en México la FGR determinó el no ejercicio de acción penal en su contra.
Como una muestra más de la resistencia de la Sedena, los representantes resaltan que fue hasta el 28 de enero de este año que la dependencia publicó la sentencia en la página web.
Sin embargo, a diferencia de otras sentencias de la CoIDH en las que está involucrado personal castrense (la desaparición del luchador social Rosendo Radilla, los abusos contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la violación sexual a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández), la del caso Alvarado está antecedida por una leyenda que contraviene la resolución del tribunal regional, pues atribuye los hechos a “un grupo de personas vestidas como militares (camuflaje beige, armas largas, en dos vehículos particulares)”.
Al respecto, los representantes puntualizan: “El contexto es adverso en México para garantizar que las Fuerzas Armadas den cumplimiento de la sentencia, y sobre todo, concienciar al Estado mexicano que la razón de ser del presente caso fue precisamente esa: evidenciar las graves violaciones de derechos humanos que se generan al dar a las Fuerzas Armadas atribuciones que no les corresponden. El auspicio por parte del Ejecutivo Federal, de esta situación, conlleva un flagrante incumplimiento con la sentencia emitida por este alto Tribunal”.
María de Jesús Alvarado, hermana de Nitza Paola, recuerda: “Cuando se conoció la sentencia (diciembre de 2018) confiábamos que pronto íbamos a saber qué fue de nuestros familiares, porque desde 2010 Andrés Manuel conoce nuestro caso, yo personalmente acudí a su oficina en la colonia Roma para explicarle, y en la campaña de 2018 Andrés Manuel me invitó a que hablara de nuestros familiares en un mitin en la Plaza de los Lagartos en El Paso, Texas”.
Desde su exilio en Estados Unidos, María de Jesús advierte que entre los Alvarado prevalece “una gran decepción y tristeza, porque (el presidente) se ha rodeado de militares y no tiene interés en cumplir la sentencia, aunque sabe que es su obligación hacerlo”.
Pasta de Conchos: justicia
postergada
Un caso más que ilustra las contradicciones del discurso oficial de respeto a los derechos humanos es el de Pasta de Conchos, al que hizo referencia López Obrador el 20 de mayo, al señalar que su gobierno ha ejercido 2 mil millones de pesos en el rescate de los 63 cuerpos atrapados en la mina, y que “se ha atendido” a todos los familiares de los mineros.
Eso fue desmentido por integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), quienes un día antes habían notificado a la CIDH que el gobierno de López Obrado ha marginado a los peticionarios ante el organismo, quienes en 2010 acudieron a Washington a iniciar el litigio
internacional.
Ante la pretensión gubernamental de llegar a una solución amistosa para cerrar el caso, los peticionarios solicitaron a la CIDH una reunión de trabajo “en lo posible presencial y en la mina”, en la que se reconozca a los peticionarios en el litigio, quienes son los autorizados para admitir “una solución amistosa que cumpla con los estándares interamericanos en materia de reparación integral”.
A la molestia por la exclusión de los familiares de las víctimas por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Encinas y encargada de atender los litigios internacionales, se suma la omisión del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se le encomendó el rescate de los 63 mineros.
El 23 de octubre de 2020 la OFPC y el Centro Prodh solicitaron a Bartlett una reunión para coadyuvar en la “ruta crítica para la obra de rescate” de los cuerpos y en establecer las medidas de no repetición en la región, en atención al litigio que ambas organizaciones iniciaron ante la CIDH.
En la carta, de la que este medio tiene copia, se advierte que la OFPC cuenta con “más de una década documentando los eventos mortales en las minas de carbón (más de 100 muertes posteriores a Pasta de Conchos), monitoreando cada empresa extractiva y centro de trabajo”, experiencia que puso a disposición de Bartlett, quien hasta ahora no ha dado respuesta a esa misiva.
María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana –uno de los trabajadores atrapados en esa mina–, recuerda cuando acudió a la sede de la CIDH en 2010 y cuando buscó en 2012 a López Obrador, de paso por Coahuila en su segunda campaña presidencial:
“Él me prometió que, de llegar a la Presidencia, haría el rescate de los cuerpos; ahora que llegó, no me han permitido estar en las reuniones, no se me permitió entrar a la mina el 23 de octubre que vino López Obrador. Cuando fui a Washington a pedir justicia, sólo les dieron paso a 52 viudas. Algunas de ellas firmaron porque los cuerpos no se rescataran, sino que se hiciera un memorial y que les dieran una indemnización.Yo no quiero dinero, sólo quiero recuperar lo que haya quedado de mi hijo, para darle cristiana sepultura.”
Elvira Martínez Espinoza, viuda de Vladimir Muñoz, una de las aproximadamente 15 esposas de mineros que firmaron la petición ante la CIDH, resalta que desde agosto del año pasado el gobierno federal emprendió una estrategia para excluir a los peticionarios:
“La lucha que llevamos a la CIDH más de mil 100 familiares fue por el rescate de los cuerpos y porque queremos justicia. Lo que pedimos es que se nos reconozca como peticionarios. Si no es así, llegaremos a la Corte Interamericana”, puntualiza.
