El 18 de mayo es un día que quedó grabado en decenas de las estudiantes de la normal rural Mactumactzá, luego de la represión policiaca que las llevó al penal El Amate. Proceso recogió varios testimonios de esas jóvenes normalistas vejadas durante horas por mujeres uniformadas, delante de sus compañeros. Las entrevistadas, que siguen el proceso en libertad, aseguran que los policías llegaron a reprimirlas cuando repartían volantes en los que sólo pedían que el nuevo examen de ingreso fuera presencial.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- “En Ayotzinapa fueron 43… ahora a sus padres les va a tocar buscar a 95”, les decían las policías estales una y otra vez a las estudiantes de la normal rural Mactumactzá detenidas el pasado 18 de mayo mientras repartían volantes en la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Ellas sólo exigían que el examen de nuevo ingreso fuera presencial.
Siete días después de su liberación, Tania y Vanessa, dos de las normalistas de primer año que omiten su verdadera identidad para evitar ser identificadas, pues su proceso sigue abierto, cuentan el terror psicológico y las agresiones físicas y sexuales sufridas entre su detención y su arribo al penal El Amate, en el municipio de Cintalapa.
El 18 de mayo, narran, salieron temprano a volantear. No desayunaron, pues pensaban regresar rápido a la normal, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Su propósito era informar sobre su exigencia de un examen en cuadernillo, para que todos los aspirantes tengan oportunidad de ingresar a la escuela, pues la mayoría proviene de zonas rurales e indígenas; algunos carecen de computadoras o no tiene internet, y otros viven en zonas sin energía eléctrica.
De los 480 estudiantes matriculados en la “Mactu”, la mayoría proviene de comunidades tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y zoques.
Dos meses antes, los normalistas solicitaron por escrito a la Secretaría de Educación del estado que el examen fuera presencial. Tras un infructuoso diálogo las autoridades argumentaron que no sería posible debido a la pandemia de covid-19; todo ello sucedió en medio de las campañas para elegir mil 126 cargos populares y con el semáforo epidemiológico estatal en verde. El 9 de mayo los estudiantes decidieron incrementar la presión con manifestaciones.
Ese día, en la caseta las patrullas comenzaron a rodear los cuatro camiones de la empresa OCC en los que se transportaban las y los normalistas. Las mujeres se encerraron en los autobuses con los choferes, mientras sus compañeros se enfrentaban con los policías.
“En ningún momento fuimos a dañar, fuimos a informar a la sociedad, pero ellos (los policías) llegaron a reprimirnos. Ellos declararon que llegaron a dialogar; no es verdad. Llegaron a reprimirnos”, asegura Tania.
Cuenta: los policías intentaron entrar a la fuerza a los autobuses. Golpeaban los cristales y le gritaban al chofer que les abriera. Un celular grabó el acoso. El video muestra que las estudiantes estaban dentro y los policías afuera. Enfoca los asientos, las ventanillas y a los uniformados; capta también el grito nervioso de una mujer que dice: “No abras, chof”; luego, sollozante exclama: “Ya nos abrieron, ya nos abrieron”.
En otro de los videos se observa a dos mujeres con cubrebocas en el toldo de un camión, graban la acción policial. “También tienen hijos”, les grita una joven, llorando. “¡Bájense!”, ordena un policía.
Tania tiene 20 años y es originaria de una comunidad tzeltal. Asegura que los policías lanzaron un proyectil y lograron romper un cristal del autobús en el que se encontraba y les arrojaron gas. Comenzaron a ahogarse, dice.
“El gas empezó a invadir el autobús, no podíamos respirar. No teníamos ni cómo cubrirnos. El cubrebocas no nos sirvió de nada.”
El chofer abrió la puerta y los policías entraron. Minutos antes Tania logró llamar a su mamá: “Le dije que se cuidara mucho, que no sabía lo que nos iba a pasar, que cuidara a mi hija, que los policías ya nos tenían rodeados, que nos iban a llevar y que no sabíamos a dónde… Tuve que colgar cuando los policías comenzaron a llegar, pero mi mamá alcanzó a escuchar los gritos”.
Las normalistas aseguran que fueron detenidas por policías hombres, pese a que la Fiscalía General del Estado asegura que las detuvieron mujeres uniformadas.
A Vanessa le tocaron el trasero, se lo apretaron. La subieron a la patrulla a jaloneos; le lastimaron el cuello. Todavía puede mostrar la marca que le dejaron. Otras estudiantes también compartieron con la reportera imágenes de las lesiones que sufrieron: moretones en brazos, espalda, cadera y piernas. A Tania la agarraron a patadas por no subirse rápido a la parte trasera de la camioneta donde estaban hacinando a las estudiantes; no podía, le temblaban las piernas.
El saldo de la detención, por los presuntos delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz e integridad corporal y patrimonial de la colectividad, fue de 91 estudiantes, 74 mujeres y 17 hombres, y cuatro indígenas desplazados de Chenalhó, entre ellos dos niños, quienes acompañaban a los normalistas en sus actividades.
Hostigamiento y abuso sexual
Cuando las normalistas llegaron a la fiscalía, las policías las manosearon, les golpearon la vagina con las dos manos en escuadra, les apretaron los senos, les metieron la mano en la ropa en busca de teléfonos u otros objetos y las desnudaron frente a policías hombres. Les decían que los tocamientos eran parte del protocolo.
“Una policía me dijo que me quitara la ropa. Yo le decía que no, porque no tenía puerta y había policías allá afuera y estaban viendo todo. Me dijo que lo tenía que hacer. Por miedo accedí. Me dio mucho coraje no poder decir nada”, dice Tania.
Durante su estancia ahí, Vanessa recibió un acoso permanente de policías que amenazaban con violarla. Una policía le ordenó quitarse toda la ropa, pese a que le dijo que tenía su periodo menstrual.
“Yo sentí mucha inseguridad porque los policías estaban ahí. No era un cuarto seguro. Cuando me levanté el brasier, la policía me metió mano… ‘No sé qué buscas –le dije–, el teléfono ya me lo quitaron’.”
La madrugada del 19 de mayo, antes de que se cumplieran 48 horas de su detención, sin avisar a sus familiares y abogados, las trasladaron junto a sus compañeros por la puerta trasera de la fiscalía al penal de El Amate, a más de 70 kilómetros de distancia. En ese momento, no sabían a dónde los trasladaban.
Era de noche y la carretera estaba muy oscura. Cuando Tania preguntó a dónde las llevaban una policía le contestó que a un lugar del que sólo podría salir si sus papás tenían mucho dinero.
“No sabíamos qué iba a pasar, si era el último día que íbamos a ver la luz de la luna, la noche. Estábamos aterradas. Algunas compañeras iban llorando”, explica.
Vanessa dice que las policías no dejaban de hablar de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una compañera le iba agarrando la mano y temblaba, y ella abrazaba la bolsa que le había dado su mamá horas antes, cuando la pudo ver unos minutos en la fiscalía. La bolsa tenía una botella de agua, papel de baño y unas galletas. “Yo pensaba, ‘¿A dónde nos van a ir a tirar?’, porque atrás venían camionetas particulares. Yo dije, ‘Sí, nos van a matar’”.
Pero las últimas palabras de su mamá la hacían fuerte: “Hija, nunca te voy a dejar y aquí voy a estar en pie de lucha con todos los papás”.
Después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó públicamente su preocupación por los abusos policiales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza, en medio de protestas de estudiantes de otras normales rurales en el país, un juez determinó que las 74 mujeres fueran vinculadas a proceso, que enfrentarían en libertad condicional.
Además dispuso como medida cautelar que tendrán que acudir a firmar cada 15 días y les impuso restricciones para participar en protestas. Luego de dos semanas, también fueron liberados con cargos los otros estudiantes y dos personas en situación de desplazamiento forzado.
Cuando Vanessa salió del penal su mamá le gritó: “Ánimo, princesa. Sí se pudo”. Ella es de Oaxaca y decidió estudiar en la “Mactu”, en Chiapas, porque su sueño es convertirse en maestra de preescolar; de otra forma no tendría los recursos para hacerlo.
Después de su detención su mamá le dijo que la quiere cambiar de escuela. Ella se negó: “Yo amo mi escuela, aquí todos somos verdaderos compañeros, y yo le dije que no me puedo ir, que son golpes que vamos a recibir porque, para hacer cambios, nos va a costar”.
Acusan represión
En los últimos días la normal fue convertida en refugio de personas desplazadas, madres y padres de las y los detenidos, así como de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de Guerrero, que llegaron a apoyar a sus compañeros por lo que consideran es una escalada en la represión del gobernador morenista Rutilio Escandón. Se intensificó el 16 de febrero de 2020, dicen, cuando los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en Iguala realizaban una caravana de búsqueda y denunciaron que fueron reprimidos con gases lacrimógenos.
El activista Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos K’untik, dice en entrevista que desde hace varios sexenios se instrumentó un plan nacional para despolitizar y debilitar a las 16 normales rurales, agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, porque ahí hay un fuerte espíritu de organización.
También señala una fuerte presión al gobierno chiapaneco por parte de la concesionaria de la autopista que bloquearon los estudiantes, Autopistas del Sureste, SA de CV, cuyo socio mayoritario es el Grupo Aldesa.
Lamenta que en el discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que en su gobierno se fortalecerá el normalismo, cuando en los hechos las 265 Escuelas Normales del país obtuvieron este 2021 un presupuesto de 170 millones de pesos, lo que representa un recorte de 78%, frente a los 783 millones de 2018.
El 30 de mayo, un día antes de que policías antimotines intentaran desalojarlos de las calles que se ubican frente a la escuela normal, todo estaba tranquilo. Niños jugaban en la cancha de basquetbol, unas mujeres lavaban ropa en los lavaderos y había música en el patio.
En uno de los salones, Martha, madre de otra joven detenida el 18 de mayo, cuenta que su hija, una alumna de excelencia, no ha dejado de vomitar y tener pesadillas desde que salió de la cárcel.
Tiene 19 años, dice, y cursa el segundo año: la familia es del municipio de Chicomuselo. Un día antes de que la joven fuera arrestada, el día 17 por la noche, le dijo: “Mami, mañana vamos a salir otra vez a repartir volantes, mañana vamos a ir a la caseta porque pasa mucha gente para dar a conocer la problemática que tenemos”.
–¡Ay, mamita! ¿por qué tanto?, si ves que no les hacen caso. A ti qué te preocupa, si tú ya estás dentro de la escuela –le dijo Martha, según cuenta.
–Mami, no debemos ser egoístas. Yo tengo la oportunidad de estar aquí y es porque hice el examen escrito y hay muchos compañeros que no tienen una computadora, no cuentan con internet. La escuela cobija a todos y tenemos que pensar en todos –le respondió su hija.
Al día siguiente Martha se enteró de la represión cuando vio en Facebook el video de las estudiantes que le gritan al policía: “Usted también tiene hijos”. Empezó a llamar a su hija, le envió mensajes de Whatsapp, pero no contestaba. Cuando logró contactar a un compañero, éste le dijo que la habían detenido.
“Yo decía, ¿por qué mi hija no corrió, por qué no corrió? ¿Por qué dejó que la agarraran? Luego pensé: si hubiera corrido, tal vez la hubieran desaparecido. Por una parte pensé: qué bueno que las agarraron juntas, porque si juntas entraron, juntas van a salir, pero si a una la hubieran agarrado sola le hubieran hecho cosas peores”, dice la señora.
Para su familia la normal rural Mactumactzá es la única oportunidad para que su hija pueda estudiar. Martha vende tostaditas en el pueblo, y tiene otros dos hijos, una niña de 13 y otro de siete años.
“Somos de bajos recursos. Una compañera nos habló de esta escuela y mi hija dijo: mamita yo voy a entrar ahí, esa escuela es muy bonita, tiene muchos beneficios, yo quiero seguir estudiando, yo quiero ser maestra”, cuenta su mamá.
Pero luego de lo que vivió el 18 de mayo pasado, su hija ya no quiere seguir estudiando aquí. Tiene miedo.
