Desde 2014, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos advirtió sobre la presencia de migrantes en la frontera México-Guatemala sin que nadie los detuviera, sobre la trata de mujeres en bares y cantinas y la posibilidad del ingreso de terroristas por esa zona. Hasta ahora ninguna autoridad ha logrado detener este fenómeno al que se suma el tráfico de drogas, ganado y mercancías, así como la proliferación de pistas clandestinas de aterrizaje. Esa región y lo que en ella sucede es nodal para entender el fenómeno migratorio, sobre el cual centrará su atención la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris durante su visita a México este martes 8.
SANTA TERESA LLANO GRANDE, COMALA, CHIS.- En los casi 960 kilómetros de esta porosa frontera, la presencia del Ejército, la Guardia Nacional así como de agentes de sanidad animal, aduanales, hacendarios y de migración es patente.
Todos limitan su atención a los ocho cruces formales, pese a que en esta línea divisoria hay otros 56 informales de vehículos y cientos de puntos ciegos. Y es precisamente por estos sitios donde mexicanos, guatemaltecos y personas de otras naciones se internan a nuestro país. Nadie los ve cuando se deslazan a pie; nadie les pide papeles.
En esta zona todos los días aterrizan avionetas en pistas clandestinas con migrantes que después son hacinados en camiones de doble fondo o tráileres para trasladarlos a Estados Unidos; también se internan a territorio mexicano reses sin registro ni control sanitario, así como cargamentos de azúcar y tambos de combustible en precarios camiones.
Muchos de esos migrantes huyen de la violencia y la pobreza en sus países. Quieren llegar a Estados Unidos a toda costa. Hasta el jueves 3, 41 mil habían solicitado refugio, según informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación.
De ellos, más de 19 mil proceden de Honduras, 7 mil de Haití, 3 mil 700 de Cuba, 3 mil de El Salvador, 2 mil de Venezuela y otros tantos de Guatemala; el resto son de Nicaragua, Chile, Brasil, Colombia y otros países.
Los pueblos y ciudades cercanos a la franja fronteriza albergan a mujeres de todas las latitudes, sobre todo de Centroamérica; muchas se prostituyen en bares y cantinas; otras buscan empleo doméstico, mientras sus compañeros son explotados como jornaleros agrícolas.
A la par, cientos de miles de familias en ambos lados de la frontera México-Guatemala sobreviven en comunidades enclavadas en zonas remotas, olvidadas por el gobierno. A ellos se les confinó en una línea fronteriza que sólo es efectiva donde el río marca el límite de ambas naciones.
En la región del Suchiate y La Mesilla, Comalapa, así como en localidades como Bacantum, municipio de Mazapa de Madero, el peso se cotiza en 2.40 quetzales. Los comerciantes mexicanos tienen decenas de bodegas donde almacenan la mercancía que les venden sus pares guatemaltecos, quienes multiplican sus ganancias ante la devaluada divisa mexicana.
Los cruces que nadie ve
De los 960 kilómetros de frontera, 572.4 son terrestres y 383.6 son ríos que dividen a México de Guatemala: el Usumacinta, que nace en El Petén guatemalteco, es el más largo y caudaloso: 305.5 kilómetros. El Suchiate, que desemboca en el Pacífico mexicano, tiene 81.1 kilómetros; en temporada de sequía cualquier persona lo pasa caminando.
En esta franja que va del Gancho, donde desemboca el Suchiate, a Campeche, se encuentran los cruces aduanales El Ceibo, Tabasco; Frontera Corozal, Carmen Xhan, Ciudad Cuauhtémoc-Las Champas, Unión Juárez, Talismán, Suchiate II y Ciudad Hidalgo, Chiapas. Entre esos tramos pululan decenas de cruces donde nadie sabe qué pasa ni quién transita.
Hasta 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía registrados 56 cruces vehiculares informales, donde lo que entra y sale no es sometido a revisión alguna. La mayoría de esos pasos ciegos –37, según los cálculos de esa dependencia– están en Chiapas, 14 en Tabasco y cinco en Campeche. En el tramo de Nuevo Orizaba a Carmen Xhan y hasta La Mesilla, abundan esos puntos ciegos y cruces informales.
Ante la imposibilidad de vigilar la frontera y sellarla, los cuerpos policiacos, militares, aduanales y migratorios se limitan a colocar garitas tierra adentro, en tramos carreteros de México.
Proceso visitó uno de los puntos. La entrada está cinco kilómetros antes del cruce formal de Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla. Los camiones circulan en ambas direcciones por la desviación llamada El Jocote. La siguiente comunidad es El Sabinalito, donde desde hace muchos años los pobladores cobran su cuota de 100 pesos a cada camión de carga que pasa por ahí.
Más adelante está Santa Teresa Llano Grande. El reportero se internó sin problema en territorio guatemalteco, muy próximo a la comunidad de Guailá.
Acá, en Santa Teresa Llano Grande –6.5 kilómetros montañas arriba de la aduana de Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla–, los pobladores cobran una cuota diferenciada: los camiones cargados de gas pagan 200 pesos; los que transportan abarrotes, 100; vehículos particulares, 50 o 25 quetzales; los que llevan puercos, 300 pesos.
Todo lo recaudado es para la comunidad, para arreglar sus calles o para los servicios públicos que necesitan, dice uno de los guardias. Y agrega: “Las autoridades municipales de Comalapa nunca nos apoyan”.
Desde Comitán, pasando por el municipio de La Trinitaria y toda la carretera rumbo a Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Comalapa, proliferan los puntos de venta clandestina de gasolina.
En las gasolineras oficiales el combustible se cotiza en poco más de 20 pesos; en estos puntos los automovilistas la consiguen en 17 pesos.
En la zona urbana de Comitán hay 170 puntos –verdaderas bombas de tiempo–, dice un empresario gasolinero. La red de tráfico de gasolina es muy fuerte y viene de Veracruz y Tabasco.
“Meten el combustible a Guatemala y lo regresan ‘bautizado’ o alterado por estos cruces informales para que la fórmula ya sea diferente a la gasolina que salió de México.
“Es una mafia muy fuerte y muy grande. Goza de impunidad, pues sus integrantes se mochan con los cuerpos policiacos y autoridades militares y civiles. Mejor no te metas. A mí, ni me menciones”, recomienda al reportero.
Pistas clandestinas
Las imágenes satelitales desde Google Earth revelan los puntos ciegos en esta frontera, incluidas las pistas clandestinas ubicadas en lo más intrincado de los centros poblacionales guatemaltecos.
Otras imágenes aéreas tomadas por las autoridades mexicanas también muestran pistas clandestinas en plena Selva Lacandona y muy cerca de la frontera. Ahí suelen aterrizar aerotaxis turísticos, como la avioneta Cessna con matrícula N1700-F.
Esa nave, con un presunto cargamento de cocaína procedente de Colombia, aterrizó el pasado 28 de mayo en la pista de las inmediaciones de la zona arqueológica de Bonampak, que el año pasado dejó de estar bajo control del Instituto Nacional de Antropología e Historia; ahora la administra un grupo de lacandones de la zona. Hasta el cierre de edición las autoridades federales no habían informado sobre ese evento.
En la Costa y Soconusco de Chiapas, hace meses las autoridades federales encontraron aeronaves siniestradas que presuntamente fueron usadas para bajar drogas.
En noviembre pasado inhabilitaron una pista en el ejido San Mateo del municipio de La Concordia y el 13 de mayo último clausuraron el aeródromo La Valentina, en Cahuacán, Tapachula, donde aseguraron dos aeronaves y aprehendieron a dos personas relacionados en esos vuelos clandestinos.
El 29 de agosto pasado por la noche, elementos del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional aseguraron en Palenque, Chiapas, una aeronave procedente de Colombia con un cargamento de cocaína.
Meses antes, el 16 diciembre de 2019, el ejército de Guatemala detectó un avión que descargaba más de dos toneladas de cocaína en las inmediaciones del Parque Nacional Laguna del Tigre, en la parte extrema norte de El Petén. Quien coordinaba el desembarque era el director de protección civil municipal del ayuntamiento de Candelaria, Campeche, Miguel Acosta González.
En octubre de 2020 la Fuerza Aérea Mexicana detectó y persiguió a una avioneta Cessna con 400 kilos de droga cuando sobrevolaba territorio de Oaxaca, hasta que se estrelló en la comunidad de La Botija, Amealco, Querétaro.
Aviones y avionetas cruzan el espacio aéreo mexicano por la frontera sur mexicana con frecuencia. En la región del Soconusco las autoridades mexicanas han desmantelado narcolaboratorios donde se elaboraban metanfetaminas.
Rutas diferenciadas
Todos los días cientos de cabezas de ganado son introducidas por lancha a territorio chiapaneco por Benemérito de Las Américas y Frontera Corozal, colindante con El Petén guatemalteco.
También llegan cientos de toneladas de azúcar. El 24 de febrero fue interceptado un tráiler con 40 toneladas del dulce en el municipio de Ixtacomitán, cuando se dirigía a Culiacán, Sinaloa.
Las rutas del tráfico de gasolina, ganado y mercancías procedentes de Centroamérica no siempre coinciden con las de los migrantes. Las primeras suben por los 200 kilómetros desde Benemérito de Las Américas y Frontera Corozal por la carretera fronteriza rumbo a Palenque y salen por Tabasco; las segundas van de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla, rumbo a Cosoleacaque, Veracruz.
Pero también está la central, que entra por Motozintla, La Concordia, municipios como Jaltenango, Villaflores, sale por Parral y coincide con la autopista hacia Cosoleacaque. Pero la ruta más concurrida es la que entra por la región de Suchiate, sube por Tapachula, el Soconusco y la carretera costera, para internarse en territorio oaxaqueño.
Pese al despliegue de la Guardia Nacional, cuerpos policiacos, militares y civiles, encabezados por el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, la ola migratoria masiva no se detiene.
El jueves 3, agentes de la Fiscalía General de la República en Chiapas, con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal, Protección Civil del Estado y el INM rescataron a 194 migrantes centroamericanos al catear un inmueble ubicado en el kilómetro 165+100 del tramo carretero de Ocozocoautla de Espinoza; también aseguraron 12 camiones, automóviles y una motocicleta.
De las 56 mil detenciones de migrantes en el país, poco más de 22 mil ocurrieron en Chiapas, Tabasco y Campeche, que tienen frontera con Guatemala. Esas intercepciones masivas han saturado las estaciones migratorias, como la sede estatal del cuartel de la Guardia Nacional en Chiapa de Corzo, donde ya ha habido dos amotinamientos en lo que va del año.
En su informe de 2014, de 46 páginas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) auguraba el crecimiento del crimen organizado y advertía que nada detendría la oleada migratoria en esta región del sur de México.
A los expertos del Programa de Migración y Seguridad Fronteriza de WOLA les llamó la atención la presencia de migrantes en ambos lados de la frontera México-Guatemala sin que nadie los detuviera; también les sorprendió lo que se recaba por la trata de mujeres en bares y cantinas y las camionetas de lujo en los pueblos marginados, pero sobre todo la posibilidad del ingreso de terroristas por esa frontera.
El documento entregado a la Casa Blanca advertía: “A pesar del aumento de la presencia de agentes de seguridad federales, ninguno de los residentes de la zona fronteriza con quienes hablamos piensa que el narcotráfico se haya visto afectado de forma significativa. Las narcoavionetas siguen aterrizando, las lanchas siguen llegando a la costa y las drogas son descargadas sin demasiada oposición por parte de las autoridades. A pesar de la notoriedad de la región como una de las principales rutas del tráfico de cocaína del mundo, las autoridades incautan muy poca”.
WOLA también alertó: “Un nuevo enfoque de seguridad que refuerce los actuales incentivos y que –mediante nuevos equipos, tecnología, entrenamiento y personal– fortalezca instituciones problemáticas sin reformarlas, será más perjudicial que beneficioso. Los migrantes también seguirán siendo presa fácil de los grupos criminales mientras que el gobierno mexicano siga sin investigar y enjuiciar a aquellos que cometan delitos en contra de ellos ni proteger a aquellos que prestan asistencia a esta población vulnerable”.
