Los candidatos y partidos que participaron en elecciones de 2021 están bajo la lupa, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó en la mayor parte de ellos las mismas trampas y artilugios del pasado: uso de empresas fantasma, transferencias de recursos públicos a sus cuentas o envío de dinero de una cuenta de campaña a otras que aparentemente no tienen relación, falta de reportes de gastos e incluso reportes con cero gastos, aunque las imágenes de los candidatos hayan aparecido en espectaculares y en redes sociales.
Al cierre de la campaña electoral, Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció que será después de las elecciones de este domingo cuando se harán públicos los casos de financiamiento ilícito que han tenido lugar en el actual proceso electoral.
Argumentó que ello es para evitar que dichas indagaciones se interpreten como apoyo o ataque por parte del gobierno federal a algún partido político. Pero apuntó que se han registrado irregularidades que obedecen al financiamiento ilegal, tales como la existencia de “empresas-fachada”. Señaló que ya se hicieron las denuncias correspondientes y se solicitó el congelamiento de esas cuentas.
El pasado 27 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) y la UIF informaron que tenían 170 reportes de operaciones inusuales en el actual proceso electoral.
La UIF precisó que, de acuerdo con el mapa de riesgo electoral, estos casos tienen que ver con financiamiento ilícito a partidos políticos, candidatos y aspirantes independientes que son revisados en conjunto con el INE.
La directora general de Asuntos Normativos de la UIF, Mireya Valverde Okón, dijo que del total de reportes, 33 casos tienen especial atención debido a que presentan mayores irregularidades en sus procesos.
Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2008 a 2013, advierte en entrevista con Proceso que “en esta elección se muestra una vez más que tanto el INE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la UIF siguen sin tener una capacidad profunda para investigar a partidos y candidatos desde el inicio de la contienda y durante la misma y no al final y después de una elección para detectar si se usaron mecanismos o recursos ilegales o del crimen organizado, tanto en el nivel nacional como internacional.
“Se trata de un dinero que puede venir de fuentes del crimen organizado que se manejan en efectivo y en otros casos de recursos públicos o de gobierno o de empresarios que al final del día no se presentan en las urnas, pero que quieren mandar y obtener un conjunto de privilegios respecto de los gobernantes que resultan electos”, precisa el exconsejero.
Simulación
En el proceso electoral de 2011-2012 Figueroa presidió las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral e integró la Comisión de Quejas y Denuncias. Analista de los procesos electorales recientes, señala que “lo que estamos viendo y viviendo en muchos sentidos es un proceso de simulación. Hay un problema del que no se quiere hablar: los procesos electorales cuestan más dinero que todo el que recibe un candidato por la vía legal. Se están gastando muchos miles de millones de pesos más de lo que se obtiene por la vía pública.
“Todos los contendientes electorales saben lo que cuesta un proceso electoral y que los recursos que se les otorgan no alcanzan en muchos casos siquiera para el mantenimiento de una estructura operativa que le permita estar en las calles”, sostiene.
Para esta elección el costo total de las fuerzas políticas que están participando, vía financiamientos federal y local, ascendió a poco más de 14 mil millones de pesos, que incluyen tanto las prerrogativas ordinarias como los gastos de campaña. Morena es el partido con mayores recursos asignados: 4 mil 283 millones de pesos, casi el doble de lo que recibirá el PRI que ahora obtendrá 2 mil 261 millones de pesos, en tanto Acción Nacional, segunda fuerza en el país, recibirá 2 mil 347 millones de pesos.
Ante este escenario, insiste Figueroa: “Ahí hay, junto con todo este proceso de financiamiento, un problema estructural del costo de las elecciones del cual nadie quiere hablar, no hay una discusión seria de cuánto cuestan los procesos electorales y seguimos en este proceso de simulación, donde se dice que las cosas cuestan 100 millones de pesos y los topes de campañas son de 10 millones”.
El exconsejero advierte que no se ha entendido que el proceso de corrupción política vinculado al acceso de dinero es una ingeniería compleja, constituida por redes que implican transacciones no sólo en el país sino también fuera.
“Implica movimientos de carácter económico muy relevantes, implica compromisos de concesiones futuras que va a pagar el pueblo. Hay una extraordinaria complejidad y dificultad en investigar este entramado y hacer un tipo de investigación nueva, paradigmática, que permita justamente ir atajando este tipo de conductas. Esto es lo que las autoridades no han hecho: desarrollar nuevos modelos de investigación que continúen después de las elecciones, hasta llegar al final de esa red de financiamiento.”
Eso que no se ha hecho, advierte Figueroa, ha permitido que otros poderes, al margen de los partidos políticos, estén determinando los recursos que se tienen para competir y para ganar.
“No hay una discusión seria sobre cómo lograr que este tipo de prácticas desaparezca. Cómo hacer que la gente sea la que decida directamente y no los candidatos. Lo que está ocurriendo es que pequeñas élites o una persona son las que deciden quién está en la boleta”, sostiene Figueroa.
Las malas cuentas de “Alito”
Con el objetivo de que las elecciones de 2021 tuvieran mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, la UIF y el INE firmaron un convenio de colaboración el 8 de febrero consistente en rastrear si un candidato está recibiendo dinero ilícito para financiar su campaña.
Con este convenio la UIF se comprometió a enviar al Instituto detalles de sus operaciones, entre los cuales podrán incluir transferencias de recursos públicos a cuentas de candidatos y partidos; envío de dinero de una cuenta de campaña a otras que aparentemente no tengan relación; entregar al INE la lista de personas relacionadas con el sujeto obligado en una investigación y datos como si es accionista de alguna empresa (o lo es alguien relacionado con él), así como informes mensuales de vuelos nacionales e internacionales.
En una revisión de lo que tres semanas antes de la votación registró el Sistema Integral de Fiscalización –con el cual cuenta el INE–, en la que precandidatos y candidatos deben registrar y proporcionar comprobantes de sus ingresos y gastos, de los 3 mil 393 candidatos a diputaciones federales en campaña, 35% de los que buscan no habían reportado ni una sola operación.
Uno de los mil 172 candidatos que no había presentado ningún reporte de ingresos o gastos de campaña es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, quien ocupa el primer lugar de la lista plurinominal de su partido en la cuarta circunscripción.
Otro caso, denunciado públicamente por Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena, es el de Octavio Pedroza, candidato por la coalición Sí Por México en San Luis Potosí, por supuesto financiamiento del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
También como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF investiga a Marciano Dzul Caamal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo para la alcaldía de Tulum.
Otro caso más es el de las diputadas del PAN Adriana Dávila, Lizbeth Mata y Mariana Dunyaska García, que presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del candidato a la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí, por su presunta intervención para que se desbloquearan cuentas de la iglesia La Luz del Mundo.
