Las cifras son contundentes: en el actual proceso electoral 34 candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados; las amenazas, secuestros, robos y atentados contra políticos y aspirantes suman 476 (64% más que en el periodo pasado) y 146 candidatos hacen campaña con protección policiaca o de la Guardia Nacional. Mientras el presidente López Obrador considera que la violencia electoral es magnificada por los medios, los especialistas ven que se enmarca en luchas locales por el poder político o en disputas por territorio entre grupos del crimen organizado, los cuales ya están influyendo en estos comicios en función de sus intereses.
El asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, en pleno acto proselitista el pasado martes 25, ocurrió una semana después de que en ese mismo municipio Juan Guzmán Ramírez, candidato del PRI-PRD a una diputación local, resultó herido en un atentado.
El lunes 17, la dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario en Guanajuato, Rosario Cañada Melecio, había denunciado públicamente la infiltración del crimen organizado en los comicios en siete municipios del sur del estado, donde se encuentra Moroleón.
Guanajuato es sólo una muestra de un fenómeno multifactorial que está ensombreciendo las campañas electorales rumbo al 6 de junio: la violencia política, la cual se manifiesta en asesinatos, atentados, secuestros y amenazas contra candidatas y candidatos a cargos de elección popular, en muchos casos cometidos por grupos del crimen organizado o que responden a disputas políticas por el poder local.
Considerados los comicios más grandes de la historia porque se renovarán 21 mil cargos en el país, se trata también del que se perfila para ser el proceso electoral más violento en la historia reciente, que hasta ahora es el de 2017-2018, cuando fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos, de acuerdo con el conteo de la consultoría Etellekt, mediante el monitoreo de fuentes abiertas.
En la contienda actual van 34 asesinatos de aspirantes, del 7 de septiembre de 2020 al corte del martes 25, día de la ejecución de Barragán, según la misma compañía consultora. Mientras que se han registrado 88 asesinatos de políticos al 25 de mayo, en las presidenciales de 2018 el saldo final fue de 152. Aunque el gobierno federal, a través de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, reconoce el asesinato de 13 candidatas y candidatos en su informe al corte del viernes 21.
Sin embargo, Etellekt, que dirige Rubén Salazar, señala que en el balance total de agresiones, si se toman en cuenta amenazas, secuestros, intimidaciones, robos y atentados, hasta el 30 de abril pasado estos comicios habían superado en 64% las cifras de violencia hasta el mismo corte del periodo electoral pasado, con más de 476 agresiones contra políticos, 282 contra aspirantes y candidatos.
Amalia Pulido, profesora investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, explica en entrevista que estamos viviendo una crisis de violencia política y que ésta podría ser la elección más violenta desde los ochenta, sobre todo porque es una elección intermedia, en condiciones complicadas por la pandemia del covid-19.
En el pasado fueron asesinatos abiertamente perpetrados por temas políticos. El primer asesinato electoral de la época reciente, en vísperas de las votaciones federales de 1988, fue el de los perredistas Francisco Javier Ovando y Ramón Gil, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, quienes eran responsables del cómputo electoral de la coalición Frente Democrático Nacional.
Los noventa quedaron marcados por el asesinato en 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República; y el país fue sacudido en 2010 por el homicidio del aspirante del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que los medios de comunicación magnifican la violencia durante el proceso electoral para enrarecer el ambiente –“es amarillismo”, dijo–, los especialistas ven que se enmarca en una disputa por el territorio de grupos del crimen organizado a nivel local o en luchas entre candidatos por el poder en regiones históricamente conflictivas.
“La violencia política es un mecanismo que se utiliza para incidir, influir o manipular los procesos electorales”, dice la doctora en ciencia política por la Universidad del Norte de Texas con especialización en política comparada y métodos cuantitativos.
De acuerdo con Etellekt, de los 34 asesinatos de candidatas y candidatos, 29 buscaban competir en el ámbito municipal y 89% eran opositores al gobierno local en turno.
La sombra del narco
El lunes 24, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno; y PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que se suspenderían las campañas de candidatos de la coalición Va por México en algunas regiones del Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, debido a las amenazas de grupos del crimen organizado.
El miércoles 26, tras el asesinato de la candidata de MC en Guanajuato, López Obrador consideró que “muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo, no participe, y cuando hay abstención, dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco”.
La violencia política electoral a sangre y fuego está desatada y no distingue entre partidos. En un análisis sobre estas elecciones de la firma Lantia Intelligence, que toma en cuenta variables específicas como conflictos locales y presencia del crimen organizado, desde junio de 2020 hasta abril de 2021 el mayor número de actores políticos asesinados y agredidos pertenecen a Morena. Mientras que en el recuento de Etellekt, PRI y Morena empatan.
En el reporte de Lantia Intelligence los estados más afectados por la violencia político-electoral son Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Oaxaca, aunque en abril, por ejemplo, 19 entidades federativas y 42 municipios registraron al menos un evento de violencia relacionada con las elecciones.
Eduardo Guerrero, director general de Lantia Intelligence, dice en entrevista que desde los últimos ocho años se observa un patrón de intervención sistemática de los grupos criminales en ciertas regiones del país durante los comicios.
Pero cada caso debe ser estudiado en su contexto local. Por ejemplo, Guerrero comenta que el caso de Veracruz es claramente ya un patrón, donde la violencia es perpetrada por grupos criminales. En Guerrero la violencia responde a rivalidades criminales locales y a esquemas de complicidad entre autoridades y estos grupos, mientras que en Oaxaca se debe a conflictos políticos locales, a la aparición de nuevas fuerzas políticas y al rompimiento de algunas figuras tradicionales con sus partidos políticos.
“El crimen organizado está construyendo ya un cogobierno invisible, pero muy potente, con una gran capacidad de presión, sobre todo en cómo se conducen los alcaldes y los gobernadores en materia de seguridad”, señala el doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago.
Explica que en muchos casos los grupos criminales, en complicidad con autoridades locales, buscan controlar la seguridad pública, aunque también en algunos lugares tienen el ojo puesto en la obra pública y en la tesorería municipal.
De acuerdo con el informe de abril pasado de Lantia Intelligence, distintas organizaciones criminales están influyendo en la jornada electoral en regiones del país para manipular el proceso a su conveniencia. Se trata de organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y mafias locales.
También Lantia ha registrado que, hasta abril, cerca de 60% de las víctimas no pertenecían al partido en el gobierno del municipio por el que competían.
Estrategia insuficiente
El pasado 4 de marzo el gobierno federal puso en marcha una estrategia de contención de la violencia en el contexto electoral con la instalación de Mesas de Paz, compuestas por autoridades federales y estatales, en las 32 entidades federativas y además en 266 regiones del país.
Para ello instaló un centro de control en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, en la Ciudad de México, en la que participan la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional, donde las 24 horas del día se reciben llamadas de emergencia de candidatas y candidatos y se monitorean medios de comunicación y redes sociales para detectar noticias de ataques. Además, el centro de control mantiene contacto con las mesas de paz estatales y regionales.
En el más reciente reporte, con fecha del 21 de mayo, la SSPC, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, se ha brindado protección a 148 candidatas y candidatos: 80 tienen protección de policías estatales, 48 de elementos de la Guardia Nacional, 14 de policías municipales, cuatro que son resguardados tanto por la Guardia Nacional como por policías estatales; uno por efetivos de la Secretaría de Marina y otro más por la Fiscalía General de la República.
En su informe, señalan que la mayoría de los casos que han atendido se encuentran en San Luis Potosí, con 20; Estado de México, con 11; Tamaulipas, con nueve; Guanajuato, con siete; Guerrero, con seis, y Jalisco, con cinco. En tanto, había recibido 398 llamadas de auxilio, de ellas 187 por amenazas y 101 por agresiones. De las 398 se abrieron 148 carpetas de investigación.
Pero para la doctora Pulido el número de casos que terminaron en asesinatos muestra que no se está dando un oportuno seguimiento a las amenazas y tendría que abarcar la identificación de las regiones que son foco rojo, así como un análisis cualitativo, con un termómetro de lo que está aconteciendo en los municipios.
“Lo de Moroleón es un claro ejemplo, porque días antes intentaron matar a un diputado en la misma región, y una semana después asesinan a la candidata de Movimiento Ciudadano en el mismo municipio; es decir, llama la atención que no tengan identificadas estas zonas como de alto riesgo, cuando ya ocurrió un evento de violencia política y cuando sabes que ahí hay fuerte presencia del crimen organizado. Ha faltado capacidad del Estado para brindar protección a los candidatos”, lamenta.
