TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Emboscadas, robo de paquetería electoral, secuestros de candidatos, enfrentamientos por disputas agrarias y marchas de normalistas que exigen la libertad de sus compañeros presos, tensan el ambiente electoral y ponen en riesgo la votación en algunas regiones de Chiapas, donde el próximo 6 de junio serán elegidos 123 alcaldes, 24 diputados locales y 13 diputados federales.
A poco más de una semana de los comicios, unos 150 mil electores de cuatro municipios podrían estar en riesgo de no votar debido a la conflictividad que se desató en diversas regiones de la entidad.
Los focos rojos se encendieron en municipios como Venustiano Carranza, Aldama, Pantelhó, Tila, Oxchuc, Honduras de la Sierra y Siltepec. Añejos conflictos no resueltos, como los de Aldama y Venustiano Carranza, siguen vigentes y otros explotaron por la efervescencia electoral chiapaneca.
Hasta el martes 25, el Instituto Nacional Electoral (INE) tenía el reporte de que de no se instalarán 70 casillas en Oxchuc. Si bien es el único municipio del estado que elige a sus autoridades municipales por la vía de los usos y costumbres, el derecho a votar para diputado federal no lo ejercerán 37 mil 899 electores.
Otras ocho casillas más no se instalarán en el municipio de Honduras de la Sierra, correspondiente al distrito electoral 11 de Huehuetán, y 12 casillas (de un total de 89) no se instalarán en el municipio de Tila.
Según Arturo de León Loredo, delegado del INE en Chiapas, en Venustiano Carranza “están en riesgo 38 casillas por el conflicto social que prevalece en el municipio”.
Se trata de un viejo conflicto agrario. Comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo) mantienen una disputa con comuneros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos. La segunda es una escisión de la primera. Sus integrantes fueron expulsados en los ochenta. Si bien los de la OCEZ-Casa del Pueblo dejaron poco más de 11 mil hectáreas de su territorio a la Alianza San Bartolomé, los primeros acusan a los segundos de que se han extendido más allá de lo autorizado originalmente.
Una tercera organización, la OCEZ-Región Carranza, se adhirió a la OCEZ-Casa del Pueblo e hizo suya su demanda. Ambas organizaciones controlan la cabecera municipal de Venustiano Carranza y sus principales accesos. Han puesto retenes y cerrado negocios, bancos e instituciones públicas municipales y estatales. Los alimentos y la gasolina escasean.
La cabecera parece un pueblo fantasma cuando la OCEZ-Casa del Pueblo impone prácticamente un toque de queda. Eso ha impedido capacitar a los funcionarios de casilla, por lo que unos 46 mil 800 electores podrían quedarse sin votar para alcalde, diputados locales y federales.
En menos de un mes fueron asesinados a balazos dos integrantes de la OCEZ-Casa del Pueblo. Por su parte, la Alianza San Bartolomé y OCEZ-Región Carranza denunció la muerte de tres de sus integrantes. Acusa de ello al cacique político local, Jesús Alejo Orantes Ruiz, a quien vincula con la Alianza San Bartolomé los Llanos.
Disputas y secuestros
Pobladores de cuatro ejidos de Honduras de la Sierra irrumpieron de forma violenta en el consejo municipal de Siltepec y robaron 31 cajas con paquetería electoral para elegir al alcalde. Demandaron ser reintegrados a Siltepec. Aseguran que sin su anuencia fueron adheridos a Honduras de la Sierra, municipio creado en septiembre de 2019 a partir de la desincorporación de territorio de Siltepec.
Por la noche del jueves 27, los pobladores exhibieron en un video la paquetería electoral. Argumentaron que realizaron esta acción en protesta porque el gobierno del estado no ha mandado una iniciativa al Congreso local para legalizar su reincorporación. Ante el anuncio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas de reimprimir la papelería, advirtieron que de nueva cuenta volverán a sustraerla o impedirán que haya elecciones en Siltepec y Honduras de la Sierra. En este último municipio “existe tensión para la instalación del resto de casillas”, comentó De León Loredo.
En Aldama, un añejo conflicto agrario al parecer ya resuelto no ha frenado los ataques a balazos que sufren sus pobladores. Éstos refieren que dichos ataques proceden del sector Santa Martha, en el municipio vecino de Chenalhó.
En Tila, otro viejo conflicto agrario dividió a la población en dos sectores: Por un lado, los “ejidatarios o autónomos” indígenas choles; por el otro, los pobladores residentes en la cabecera municipal, ladinos y mestizos. De ahí fueron expulsados los poderes municipales y enviados a otra comunidad. Pero la disputa por la posesión de la tierra ejidal donde se asienta el macizo urbano sigue vigente.
Además de Tila, se ha registrado la presencia de grupos civiles armados en municipios como Pantelhó, Oxchuc y San Juan Chamula.
El candidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho, hijo del fallecido político Manuel Camacho Solís y primo hermano del senador Manuel Velasco Coello, fue retenido por indígenas el pasado domingo 16 en la comunidad Los Llanos. Le pedían 300 mil pesos para ser liberado. Accedió a dar ese monto después de que fue objeto de un simulacro de ahorcamiento.
La candidata del partido político local, Chiapas Unido en Cintalapa, Alejandra Aranda Nieto, fue retenida por indígenas tsotsiles de la comunidad de Canaan, enclavada en la región noroeste de ese municipio, en una zona colindante con el vecino estado de Oaxaca. Los pobladores le pedían 2 millones de pesos para que ella y 27 miembros de su equipo de campaña fueran liberados. No fue sino hasta la noche del domingo 23 cuando ella y sus compañeros llegaron sanos y salvos a su casa.
Sin embargo, el conflicto que más agita el ambiente en Chiapas es el de los normalistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Luego de que el martes 25 un juez de control del penal de El Amate vinculó a proceso penal a 19 jóvenes normalistas detenidos por la policía estatal el martes 18, arreciaron las protestas: el miércoles 26 realizaron una marcha; el jueves 27 pintarrajearon instalaciones del INE y del IEPC; y el viernes 28 bloquearon carreteras.
Con la consigna “si no hay liberación no habrá elección”, alertaron que podrían radicalizar sus acciones de protesta si los normalistas detenidos no son liberados antes del 6 de junio.
