Si bien pudo evadir la prisión, hace dos años el exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat fue hallado culpable del delito de peculado en agravio de la administración pública; cuando estaba al frente del Ejecutivo estatal autorizó la compra de un tomógrafo por 13.8 millones de pesos, que nunca fue adquirido… ese dinero simplemente desapareció. Y aun así, el exmandatario está en campaña por la alcaldía aguascalentense.
AGUASCALIENTES.- “Hechos, no palabras”, se escuchó decir al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, sonriente y agitando los brazos frente a las cámaras que transmitieron el martes 25 el debate entre los aspirantes a la alcaldía de la capital, organizado por el Instituto Electoral del estado.
Reynoso Femat es uno de los nueve candidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes. Ya ocupó ese cargo entre 1999 y 2001, en el inicio de una carrera política que se ha negado a abandonar, al grado de que decidió renunciar a más de 20 años de militancia en el PAN y hoy contiende representando a Fuerza por México, organización encabezada por Pedro Haces Barba, senador suplente de Morena y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.
A Reynoso parece no pesarle en absoluto la sentencia judicial que lleva a cuestas por el delito de peculado, que cometió siendo gobernador por el PAN (2004-2010), según la denuncia presentada por su sucesor en el Poder Ejecutivo, el priista Carlos Lozano de la Torre, y las sentencias ratificadas por juzgados del estado y del Poder Judicial de la Federación.
La última –con fecha del 19 de agosto de 2019– confirma que, aunque Reynoso Femat fue exonerado de la acusación de ejercicio indebido del servicio público, fue declarado culpable por el delito de peculado en agravio de la administración pública y el gobierno del estado, por disponer de 13 millones 800 mil pesos del erario mediante la falsa adquisición de un tomógrafo computarizado para uno de los hospitales del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA).
Por esa sentencia, el exmandatario fue condenado a purgar una condena de dos años y nueve meses de prisión –que a solicitud de su abogado fue conmutada por una pena sustitutiva de trabajo comunitario–, a pagar una sanción pecuniaria equivalente a 4 mil 603 pesos y a cubrir la reparación del daño al gobierno estatal por los 13.8 millones. La sentencia estaría vigente, según la fecha de la sentencia firmada por tres magistrados de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, copia de la cual tiene Proceso.
La resolución judicial también declaró la inhabilitación de Reynoso para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de un año con seis meses, lapso que, de acuerdo con la fecha de la sentencia, se habría cumplido en febrero pasado.
Sin ser obligado a cumplir esa sentencia dentro de una prisión, y con su credencial de elector vigente y la declaración de buena fe de tener sus derechos políticos a salvo –que debió entregar como requisito–, Reynoso fue registrado ante el Instituto Electoral del estado como candidato a la presidencia municipal de la capital; hace campaña presumiendo obras y logros en su sexenio y aparecerá en las boletas del 6 de junio.
Ante los votantes de este municipio, Reynoso, el partido que lo cobija (Fuerza por México) y los organismos electorales pasan por alto ese antecedente, como soslayan también la investigación que por presunto enriquecimiento ilícito fue iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en agosto de 2010, en la que figuran tanto el exgobernador como su hijo, Luis Armando Reynoso López.
En entrevista telefónica con Proceso, el presidente del Instituto Electoral del estado, Luis Fernando Landeros Ortiz, dice que la participación del exgobernador como candidato es resultado de la visión progresista del derecho electoral, que si antes impedía a una persona contender o ser votado si contaba con un auto de formal prisión, ahora le permite competir con una sentencia condenatoria, como en este caso, que no implique una sanción privativa de la libertad o pena corporal.
“Tan es así que este ciudadano –dice refiriéndose a Reynoso Femat– sigue apareciendo en la lista nominal y en el padrón electoral del INE; su credencial de elector está vigente, es un indicio de que mantiene sus derechos.”
Landeros aclara que los requisitos de elegibilidad que se revisan en el momento del registro de quienes son candidatos se deben ser analizados por la autoridad electoral una vez pasada la jornada electoral, en caso de que ese ciudadano obtenga la victoria. Si éste es el caso, “lo estaremos analizando en su momento”.
Pero insistió en que el exgobernador cumplió tanto con hacer constar que figura en el padrón y en la lista nominal, como en entregar una manifestación de que está en pleno ejercicio de sus derechos políticos. “Las autoridades en esta materia tenemos un principio de buena fe con la manifestación del ciudadano”.
–¿Entonces aunque esté sentenciado, mientras cumple su condena en libertad puede hacer campaña? –se le pregunta.
–Así es.
El tomógrafo que nunca existió
“Ustedes saben que todo fue manipulado y en la política hay mucha manipulación jurídica. Y en el Poder Judicial hay mucha, mucha corrupción”, dijo Reynoso Femat al anunciar su participación como candidato de Fuerza por México, según cita La Jornada Aguascalientes en una nota del 20 de enero pasado, titulada “Pese a sentencia por peculado, respalda Fuerza Social a Reynoso Femat en Aguascalientes”.
La misma publicación reproduce palabras de Gerardo Islas Maldonado, presidente del partido Fuerza Social por México en ese estado, quien declaró: “Luis Armando es un hombre recto que no tiene nada que ocultar”.
Varios años antes de que Reynoso renunciara a su militancia panista y fuera postulado por Fuerza Social por México, el PAN intentó por lo menos en dos ocasiones expulsar de sus filas al exalcalde y exgobernador.
En 2010 fue acusado de favorecer la campaña del priista Carlos Lozano de la Torre y obstaculizar la de su correligionario Martín Orozco Sandoval, actual gobernador.
En 2017, tras seis años de enfrentar varios procesos penales –acusado de desvío de recursos, ejercicio indebido de la función pública y peculado–, la Comisión de Justicia del CEN del blanquiazul nuevamente declaró su expulsión, ahora por “el daño a la imagen del partido” que sus líos judiciales ocasionaban.
De ambas intentonas salió airoso tras impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La misma estrategia aplicaron sus abogados para defenderlo de los varios procesos que le fueron fincados por su sucesor, Carlos Lozano de la Torre, y el entonces procurador Felipe Muñoz, aunque no lo libraron de ser detenido en dos ocasiones: una en 2014, acusado de peculado, de la que salió libre tras pagar una fianza de 30 millones de pesos; otra en junio de 2015, acusado de defraudación fiscal por 29 millones de pesos, de la que también obtuvo libertad bajo fianza.
Pero en el caso del proceso iniciado por el delito de peculado en la falsa compra de un tomógrafo computarizado General Electric, tras un largo paso por diversos juzgados quedó firme la resolución judicial que encontró culpable a Reynoso de “distraer” un monto de 13 millones de pesos que se facturaron a una empresa de manera irregular y luego ésta transfirió el recurso a una tercera.
El tomógrafo no existió más que en el papel. Jamás fue entregado por la empresa que lo vendió, Logística y Asesoría Comercial, SA de CV; nunca hubo una licitación, como lo prevé la ley estatal, por el monto millonario de la presunta compra; no llegó al hospital en cuyo inventario quedó registrado.
La cadena de complicidades que encabezó Reynoso en octubre de 2008 pasó por el secretario de Finanzas, Raúl Cuadra García, quien comunicó al subsecretario de Ingresos, Uriel de Santos Velasco, “las instrucciones verbales” del gobernador para transferir recursos al ISEA para la supuesta compra del tomógrafo, así como por el titular de ese instituto, Ventura Vilchis Huerta, y su director administrativo, Gilberto Delgadillo Medellín.
El 3 de noviembre se otorgó un contrato que amparaba “compraventa y servicios de capacitación” entre el Instituto de Salud y la empresa Logística y Asesoría Comercial, SA de CV, con domicilio en Cancún, representada por Verónica Shadaí Espíndola Palma, a la que se pagaron los 13 millones 800 mil pesos que se dispusieron de la partida destinada a programas de atención a la salud mental. La empresa ni siquiera era proveedora registrada del gobierno.
En la sentencia se citan los diversos testimonios que funcionarios de las áreas de adquisiciones, administración y adjudicaciones dieron sobre la operación que, literalmente, “esfumó” 13.8 millones de pesos del erario por una orden del entonces gobernador Reynoso.
El propio subsecretario De Santos haría una revelación adicional cuando declaró ante el juzgado, en enero de 2012:
“Quiero manifestar que, derivado de la gestión que realizaron el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat y el exsecretario de Finanzas, CP Raúl Cuadra García, ante diputados federales, sin recordar en este momento sus nombres, gestionaron recursos extraordinarios para la terminación de la construcción del hospital, pero ese apoyo estaba condicionado por los diputados federales al pago de una comisión para éstos; derivado de ello, como el recurso se iba a destinar al sector Salud, el exgobernador y el exsecretario instruyeron al doctor Ventura Vilchis Huerta, director del ISEA, que a través del ISEA pagara la comisión y se documentara el pago, ya que lo iba a documentar con la supuesta compra del tomógrafo.”
El exfuncionario asentó en esa declaración que recibió una llamada desde la Ciudad de México, donde Reynoso y Cuadra presuntamente negociaban con diputados federales, cuyos nombres no figuran en los expedientes.
La sentencia cita también la declaración del propio secretario de Finanzas de Reynoso, Raúl Cuadra, confirmando la operación: “Solicité al señor exgobernador Luis Armando Reynoso Femat la autorización de la transferencia de recursos al ISEA, a quien le pregunté sobre la petición de Ventura Vilchis Huerta (titular del instituto) sobre la compra de dicho tomógrafo, a lo cual Luis Armando Reynoso Femat me dijo que sí, que estaba bien, que la autorizaba, para lo cual no se requería documento alguno, ya que era práctica común que dichas autorizaciones fuera verbales entre él y yo…”.
