Son más de 800 los casos de irregularidades de todo tipo que ya analiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… y vienen varios cientos más. Como nunca, el proceso electoral en curso está inundado de quejas y denuncias. Apenas comenzadas las campañas electorales, el presidente del INE prendía los focos rojos por la inusitada litigiosidad que se veía venir. Y a este panorama habrá que sumar las descalificaciones que se lanzan desde la tribuna presidencial contra los árbitros y garantes de las elecciones.
Quejas y denuncias, un registro amplio que suele detonar una vez pasada la jornada de votación, tienen en el proceso electoral en curso una inusitada incidencia: a punto de concluir el periodo de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), supera los 800 casos en instrucción y al menos 300 más están en camino, pues aún se sustancian ante la autoridad administrativa.
Desde el inicio del proceso electoral, la precoz judicialización –especialmente a partir de la designación de candidatos– no pasó inadvertida para las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Apenas iniciada la etapa proselitista, el presidente el INE, Lorenzo Córdova Vianello, alertaba que la temprana judicialización presagiaba una litigiosidad sin precedente y que eso, junto a las descalificaciones al árbitro electoral desde la tribuna presidencial y la dirigencia de Morena, podía tener el propósito de preparar el terreno para una difícil etapa poscomicial.
“Quién quita, en una de esas, el intento de tratar de construir un discurso (contra el árbitro) es para el día después de las elecciones, pero… al árbitro no le toca jugar ni especular”, deslizó Córdova en entrevista con Proceso el pasado 15 de abril.
A una semana de que se celebren las elecciones, el INE acumula 300 casos relacionados específicamente con fiscalización, en tanto que el TEPJF tiene 814 asuntos por resolver en el total de sus diferentes salas e instancias, poco a poco, sumando expedientes también relacionados con exceso de recursos junto a los que acusan actos anticipados de campaña y otras irregularidades.
Esas dos vertientes, los gastos y los actos anticipados, son de las más frecuentes causas de sanción e inclusive anulación de procesos electorales.
El papel presidencial
El protagonismo declarativo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto reiteradamente a debate la posición presidencial frente a las elecciones.
Desde el inicio de su administración, casi a diario en sus conferencias de prensa matutinas y de vez en cuando en sus giras por el país, el mandatario suele referirse a sus adversarios, las oposiciones y “los conservadores”, recuerda episodios del pasado, se explaya en lo que considera agravios contra “su movimiento”, hasta normalizar una narrativa de revisión del pasado como contrargumento a cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión.
Y no dejó de hacerlo, de manera explícita, durante el desarrollo del proceso, e inclusive, del periodo de campañas.
El elevado registro de quejas contra el presidente de la República no tiene precedente y varios especialistas en materia electoral han señalado que su conducta está poniendo en un aprieto a las autoridades electorales, tanto en el INE como en el TEPJF, que se ven frente a la eventualidad de tener que sancionar al titular del Poder Ejecutivo.
El viernes 28 el INE insistió en la instrucción al presidente para que deje de difundir propaganda gubernamental, promoción personalizada de funcionarios, de candidatos y encuestas, así como manifestaciones a favor o en contra de frentes, coaliciones electorales alianzas nacionales o locales; es decir, todas aquellas conductas en las que el mandatario ha incurrido, según el propio organismo, en 29 de las 36 conferencias mañaneras contabilizadas entre el 5 de abril y el miércoles 26.
La estadística deja mal al mandatario: con su frecuente reivindicación como demócrata y sus insistentes llamados a los gobernadores para no entrometerse en las elecciones, en 80% de sus conferencias tuvo expresiones indebidas, acumulando un total de 469 minutos de dichos que pudieran influir en las preferencias electorales.
López Obrador ha sido objeto de denuncias por parte de sus opositores, señaladamente el PAN y el PRD, desde el pasado diciembre, cuando unas declaraciones sobre sus opositores motivaron la inconformidad perredista, que fue desechada.
La conducta intentó ser limitada mediante un acuerdo del INE sobre suspender las conferencias de prensa mañaneras que, sin embargo, el TEPJF rechazó, no sin antes establecer una serie de límites a las expresiones del presidente y de todo servidor público, que luego han sido señaladas de no respetarse tanto por él como por funcionarios de su administración, como es el caso concreto de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quien esta semana le ordenaron borrar mensajes de sus redes sociales sobre logros en la política energética, pues entre las limitaciones destaca la de no publicitar acciones de gobierno.
Pero estrictamente en materia electoral, entre los episodios más recientes destacan las expresiones del mandatario que motivaron, primero, medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas del INE el 19 de abril, y luego, el 22 siguiente, un exhorto por reincidencia.
Entre otros casos, el jueves 20 López Obrador dijo que la oposición quería ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para “repartirse y robarse” el presupuesto, una expresión que motivó la queja del PAN, que consideró los dichos presidenciales como una transgresión al Artículo 134 constitucional.
Pero es el PRD es el más litigioso de los partidos opositores y si bien ha perdido casos, como el de las declaraciones de diciembre, obtuvo una sentencia favorable del TEPJF, apenas el pasado jueves 27, en relación con la queja por el “informe” de los 100 días del tercer año de gobierno.
El caso había sido desechado por el INE, que en su Sala Superior resolvió que hubo “propaganda personalizada”, además de hacer una serie de pronunciamientos, entre éstos el exhorto al mandatario para que se apegue a la legalidad.
Además, López Obrador fue denunciado por sus declaraciones sobre Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD, en Nuevo León, a quien acusó de usar, de manera ilegal, tarjetas con promesa de recursos económicos.
Las conductas presuntamente ilegales apuntadas por el presidente fueron tomadas luego por la Fiscalía General de la República, que anunció el lunes 17 que tenía dos carpetas de investigación: una sobre el priista mencionado y otra sobre el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, relacionada en este último caso con triangulaciones de fondos identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Los casos contra el mandatario se siguen acumulando y perfilan desde ahora elecciones próximas a judicializarse y se prevé que la disputa electoral se extenderá varios meses.
Los dineros, las acciones
Si bien la intromisión presidencial es y será uno de los motivos de judicialización, independientemente de cuál sea el resultado en el caso de Nuevo León, las imputaciones que se hacen a los dos candidatos punteros en las encuestas de esa entidad están generalizadas más allá de cruces declarativos y denuncias entre partidos opositores.
Apenas el jueves 27 la Secretaría de Hacienda dio a conocer, por conducto de la directora de Asuntos Normativos, Mireya Valverde, que en virtud del convenio de colaboración que existe entre la UIF y el INE, se tenía un resultado preliminar: 170 reportes de operaciones irregulares en el sistema financiero en campañas políticas, de las cuales 33 tienen una calificación especial, esto es que resultan particularmente llamativas y propensas a ser investigadas a fondo.
Hasta el viernes 28 el TEPJF acumula 814 expedientes en instrucción, la mayoría relativos a designación de candidaturas de los diferentes partidos políticos, señaladamente en los procesos internos de Morena, que inclusive comprometen candidaturas de sustitución en aquellos lugares donde se canceló el registro.
Por ejemplo, luego de que las instituciones electorales cancelaran el registro de Raúl Morón como candidato a gobernador en Michoacán, Morena designó como sustituto a Alfredo Ramírez Bedolla quien, sin embargo, está impugnado.
Un caso similar es el de Luis Fernando Salazar, candidato a la presidencia municipal de Torreón, defenestrado a principios de mayo y cuyo relevo fue su padre, del mismo nombre, sin militancia en Morena y conocido por sus posiciones ultraconservadoras en la región. Ahí, militantes de Morena impugnaron el registro, como también sucede en decenas de casos por candidaturas tanto de presidentes municipales, regidores, síndicos y, destacadamente, de diputados locales.
Y es que hasta ahora los casos más abundantes corresponden a las disputas intrapartidistas, pero poco a poco empiezan a acumularse los de actos anticipados de campaña que fueron denunciados en siete ocasiones en las últimas semanas.
Además hay casos por expresiones calumniosas o de descalificación al menos en cinco lugares, cuya materia es auténticamente escandalosa. Un ejemplo: en Aguascalientes, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia a la presidencia municipal ha llevado hasta la última instancia una queja por la difusión de spots de Movimiento Ciudadano en los que se le califica de pervertido, de pertenecer a una secta que “marca mujeres como ganado” y le imputa trata de mujeres.
Los 814 casos en instrucción en el TEPJF no incluyen aún los 170 informes sobre movimientos irregulares en el sistema financiero ni las quejas que en torno a la jornada electoral puedan presentarse.
Así, en el proceso electoral más grande que haya vivido el país, la judicialización también se plantea como la más grande que se haya registrado en estrados.
