Refractario a las críticas y en plena veda electoral, López Obrador exacerba sus diferendos con el INE y el Tribunal Electoral y amenaza con reformarlos. De manera coincidente, la Sala Superior de este último órgano tiene en etapa de instrucción casos que atañen al presidente: uno le imputa promoción personalizada, vulneración del principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos; y dos más implican a sus familiares: a su hermano Pío, por recibir dinero en efectivo para presuntas actividades proselitistas; y a su prima Manuela del Carmen Obrador, por supuestamente “usurpar” una candidatura indígena al Congreso federal.
La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, así como el acuerdo para evitar la sobrerrepresentación, radicalizó las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido que fundó, Morena, frente a las instituciones electorales: de plano las reprobó, acusó “un acto de provocación” y “un atentado contra la democracia”, abordando una vez más la dinámica electoral que los mismos órganos que descalifica le vedaron.
Confrontado con el Instituto Nacional Electoral (INE) desde los primeros días de su gobierno, esta vez el mandatario consideró que, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ambas instancias fueron creadas para que no haya democracia, las acusó de conspiradoras y de plano anunció una reforma electoral.
Las reacciones del mandatario ocurrieron luego de que el 27 de abril el TEPJF confirmó las decisiones del INE sobre los dos candidatos y la sobrerrepresentación y se suman a la cauda de declaraciones que la dirigencia de Morena ha desplegado contra la institucionalidad electoral donde ambos, partido y presidente, enfrentan sendos procesos.
Desde hace meses, el órgano de justicia electoral tiene en instrucción casos que son cercanos al mandatario federal.
Por ejemplo, su hermano Pío Lorenzo López Obrador intenta revertir los acuerdos de los días 2 y 3 de septiembre de 2020, cuando la Unidad Técnica de Fiscalización del INE admitió el caso, la acumulación de procedimientos y el emplazamiento de responsables (expedientes SUP-RAP-105/2020 y 109/2020) relacionados con la recepción de dinero en efectivo presuntamente para actividades proselitistas.
Se trata del caso de los videos y audio publicados por el portal Latinus, en el que Pío López Obrador recibe un sobre con dinero en efectivo de manos de David León Romero, la tercera semana de agosto pasado, y que fueron admitidos a trámite por el INE (expedientes UTF/13/2020, INE/Q-UTF/14/2020 e INE/Q-COF-UFT/15/2020), mientras que el hermano del presidente alegaba prescripción.
No es el único caso que toca el entorno familiar del mandatario.
Manuela del Carmen Obrador Narváez es prima del presidente, diputada morenista por el primer distrito de Chiapas, con sede en Palenque, y está buscando su reelección.
Sin embargo, hay inconformidad en Morena por su designación. Cresencia Díaz Vázquez, una profesora indígena de primaria, reclama que en ese distrito debe asignarse una candidatura a personas indígenas y por eso señala a la pariente del mandatario de usurpadora. Cresencia ha litigado el asunto que se encuentra en instrucción en Sala Superior del TEPJF (expediente SUP-REC-301/2021)
El caso original, radicado en la sala regional de Xalapa, concluyó un cambio: asignar la suplencia de Manuela Obrador a una persona indígena (expediente SX-JDC-590/2021), un fallo con el que Cresencia no quedó conforme y se fue a la Sala Superior. De eso surgió una nueva inconformidad en quien, postulada originalmente como suplente, Dalila Rosas Medel, fue defenestrada y ahora impugna la postulación completa (expediente SUP-REC-301/2021).
En medio de las descalificaciones a la institucionalidad electoral, los asuntos están en vías de resolverse en la sala superior del TEPJF.
Las mañaneras
Hasta el 27 de abril, las decisiones del TEPJF habían resultado favorables al interés del presidente López Obrador quien, además de una obstinada apología del candidato defenestrado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, había descalificado el acuerdo del INE para evitar la sobrerrepresentación.
Sin embargo, casos como la veda de las conferencias de prensa matutinas acordada por el INE fueron revertidos por el TEPJF, si bien con restricciones para evitar promoción de programas, propaganda gubernamental o alusiones al proceso electoral que pudieran influir en las preferencias de los votantes.
El mandatario ya venía diciendo que querían callarlo, que era un acto de censura e inclusive, que se debía defender de las alusiones de sus opositores, en diferentes oportunidades, desde finales del año pasado; entre estas, las expresiones del 23 de diciembre, cuando hizo alusión a los partidos de oposición, uno de los primeros casos en ser controvertido destacadamente por el PRD, integrante de la coalición Va por México, que integra con el PRI y el PAN.
En la lista de expedientes en instrucción, el TEPJF tiene pendientes de resolver en la Sala Superior el caso por infracciones a la promoción personalizada, vulneración del principio de imparcialidad, llamado al voto y uso indebido de recursos públicos, imputados al presidente (expediente SUP-REP-11(2021).
Se trata del primer asunto que llega a la Sala Superior por sus dichos, inclusive realizados a partir del 4 de abril, cuando se inició el periodo de campaña que corresponde a la veda electoral.
Por ejemplo, el pasado 22 de abril el presidente fue apercibido por el INE, una medida cautelar por posible desacato de la veda electoral, luego de que el 16 de abril, en la conferencia de prensa matutina, abordó aspectos de sus programas sociales y de índole electoral, ambos temas expresamente prohibidos por la veda.
El mandatario insistió y, de acuerdo con el INE, hubo expresiones del presidente que constituyeron desacato a la medida cautelar, bajo la siguiente invocación del acuerdo ACQyD-INE-68/2021: “Se considera justificado, oportuno y necesario ordenar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias”.
Caso contrario, sería sujeto de amonestación pública.
El asunto de las mañaneras anticipa nuevos casos por llegar a la justicia electoral y es el origen de la polémica declaración del consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, quien en entrevista con Carmen Aristegui el pasado 27 de abril expuso que los dichos del mandatario sobre programas tenían que ver con las preguntas de reporteros, a los que se les debía tapar la boca, frase por la que luego se disculpó.
El ejército de la 4T
Desde que López Obrador llamó a los gobernadores de los estados a signar un Acuerdo por la Democracia, aquellos que forman parte de la Alianza Federalista de Gobernadores repusieron que aceptaban el llamado siempre y cuando el mandatario retirara a los Servidores de la Nación del Plan Nacional de Vacunación.
Para entonces el presidente había instruido el retiro de la operación de programas sociales, inclusive adelantando ministraciones para adultos mayores y becarios; pero incluyó, según pudo confirmar Proceso, a propuesta del coordinador general de Programas de Desarrollo, a los Servidores de la Nación en la vacunación.
Gabriel García Hernández ha sido señalado por militantes de Morena de influir en los procesos de selección de candidatos de manera directa y a través de su incondicional, el senador Alejandro Peña, quien preside la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido.
La propia Coordinación de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República es objeto actualmente de tres expedientes abiertos en la Sala Superior del TEPJF, que acumulan tres episodios por los cuales se le responsabiliza de eventos y publicaciones certificadas ya por la autoridad instructora –el INE–, en las que se advierte la participación de Servidores de la Nación.
Dentro de esas mismas causas (expedientes SUP-REP-125/2021, 147/2021 y 148/2021) existe la mención sobre un discurso de Gabriel García, correspondiente al 6 de marzo.
Con un total de cuatro casos en la Sala Superior, más el acumulado de primeras instancias, ante la definición del TEPJF respecto a las candidaturas de Raúl Morón, Salgado Macedonio y la sobrerrepresentación, la primera reacción del presidente fue plantear una reforma administrativa, anular los organismos autónomos y, en el caso del INE, mandarlo al Poder Judicial.
Luego hizo un llamado a los ciudadanos frente a las decisiones de la justicia electoral descalificando su actuación sin tocar la parte legal:
“Fíjense la paradoja: en el caso del INE y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia. Pues no. Aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia.
“Me van a decir: ‘¿y por qué están ustedes en el gobierno?’. Por el pueblo, no por esos órganos, a pesar de esos órganos. Por eso le digo a la gente: no estamos pensando que esa es, como dicen, la última instancia, ¡no! La decisión final la tienen los ciudadanos, el voto libre, secreto, y hay que participar.”
